Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt

nombre reservado, diez de abril de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 13 comparece don Patricio Eleodoro Mella Cabrera, abogado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, quien en representación de la empresa BATA CHILE S.A., del ismo domicilio, recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, a fin de que se deje sin efecto el Ordinario Nº 230 de fecha 11 de febrero de 2014, pro ilegal y arbitrario, ordenando que el recurrido resuelva la solicitud de reconsideración conforme a derecho, o en su caso, se ordene que se adopten las medidas necesarias tendientes a restablecer el ejercicio de los derechos conculcados, con costas.

Menciona que con fecha 19 de diciembre de 2013, la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, impuso una multa administrativa a su representada, Resolución Nº 4433/13/77, notificada el 20 de diciembre de 2013, solicitando reconsideración de la misma con fecha 22 de enero de 2014.

Refiere que la recurrida apartándose de toda legalidad, procedió a declarar la extemporaneidad de la reconsideración formulada, sin pronunciarse sobre el fondo, privando a su representada del derecho al reclamo, ya que no hubo pronunciamiento sobre lo pedido.

Mediante Ord. Nº 230 de fecha 11 de febrero de 2014 y notificado el día 27 de febrero de 2014, se informa que no se dio curso a la solicitud por incumplimiento de los requisitos legales considerando que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la fecha de notificación.

Afirma el recurrente que la actuación de la inspección provincial del Trabajo es ilegal, porque no aplica, estando obligado a ello, el artículo 25 de la Ley nº 19.880, que por su naturaleza especial, rige por sobre las normas del Código Civil, que alude al carácter de días corridos de los plazos, este errado proceder llevó a declarar una extemporaneidad inexistente, dejando al mismo tiempo a la resolución sin fundamentos y por ello es también arbitraria.

Precisa que la actuación de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el articulo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la Rrepública, al desestimarse una solicitud, se trata a la empleadora de manera diferente o desigual respecto de los demás ciudadanos, en cuanto no se aplican los mismos textos legales que rigen los derechos de las demás personas. Asimismo, se vulnera la garantía constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales, protegida en el artículo 19 Nº3 de la Carta Fundamental, porque el órgano administrativo, se aparta de sus facultades constitucionales y legales, deviniendo en una comisión especial, no admitida en nuestro ordenamiento jurídico. Así, al resolver fuera de sus facultades, carece de competencia necesaria y por ello actúa como una comisión especial. Finalmente, se vulnera, el derecho de propiedad de su representada, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en grado de amenaza, por cuanto al no resolverse la reconsideración, quedará ejecutoriada la sanción y la empresa deberá pagar una multa ascendente aproximadamente a $10.000.000, que estiman inadmisible.

Se acompaña al recurso, copias de Resolución Nº 4433/13/77 de 19 de diciembre de 2013, Ordinario Nº 230 de fecha 11 de febrero de 2014, documentos que dan cuenta de la notificación de este último de fecha 27 de febrero de 2014.

A fojas 37 informa por la recurrida doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta en primer lugar la improcedencia del recurso en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que tenga que ser tutelada por el recurso de protección. En este sentido, sostiene que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de un acto administrativo.

El acto que se estima ilegal es un ordinario dictado por el Inspector del Trabajo de nombre reservado Subrogante que declara extemporánea la solicitud de reconsideración de la multa cursada a la recurrente, centrándose la cuestión debatida en la interpretación de la naturaleza del plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo y en consecuencia no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ordinario Nº 230 de fecha 11 de febrero de 2014 dado que el recurso de protección no es un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución en caso de actuación ilegal o arbitraria, que no es del caso, si se considera que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicadas, actividad inherente a la administración.

En segundo término trata de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario. Argumenta en este sentido que por regla general, las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a los plazos consigna expresamente que éstos se refieren a días hábiles y como el artículo 512 de dicho cuerpo normativo no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos, interpretación que es corroborada por la regla que establece el artículo 435 conforme a la cual los términos de días que establece el Título I del Libro V del Código del Trabajo se entenderán suspendidos durante los feriados, a contrario sensu, la disposición del artículo 512, pertenece a otro título del mismo Libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que establece no se suspende durante los días feriados.

Así, a juicio de la recurrida se desprende del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512 y por lo tanto no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley Nº 19.880 que se refiere a una materia en especial.

Al respecto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sostenido que si existe una norma específica que regula una materia concreta, se prefiere ésta que la de la Ley de Procedimiento por tener esta última carácter supletorio.

Recurriendo a una interpretación histórica, afirma que en el mensaje que envió el ejecutivo al Congreso Nacional de la Ley 20.087 se estableció como una de las novedades simplificar las reclamaciones administrativas, señalando que el proceso de reclamación de multa se establecía dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo y así se elimina la confusión de determinar si el plazo es de días corridos o hábiles, sin embargo en la segunda Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se modificó esta situación y se cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, sacándolo del Título I y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435 del Código del Trabajo, misma situación ocurrió con al Ley 20.260 que modificó la estructura del Código del Trabajo.

En atención al Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República de fecha 20 de noviembre de 2009, la Dirección del Trabajo dejó sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular Nº 88 de fecha 05 de julio de 2011, hecho por la Circular Nº 96 de fecha 23 de septiembre de 2009 en la parte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles dictando al efecto la Circular Nº 73, de fecha 08 de junio de 2010, retornando a la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar y por ello no fue posible admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente pues no se cumplió con el requisito de presentar la solicitud de reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, plazo que, el mismo formulario utilizado por la empresa recurrente para solicitar la reconsideración – F 10 -, indica es de días corridos.

Se transcribe a continuación, extractos del Dictamen de Contraloría General de la República Nº 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 y jurisprudencia judicial sobre la materia.

Finalmente, y de acuerdo a lo expresado en su informe, afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario en la actuación del recurrido ya que actuó amparado por la ley, que le confiere facultad para actuar como lo hizo, por lo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del recurrente.

El Ordinario Nº 230 no afecta la igualdad ante la ley ni afecta el derecho de propiedad del recurrente, pues la aplicación de la normativa e instrucciones vigentes se hace respecto de todos aquellos usuarios que realizan presentaciones o solicitudes formales ante este Servicio, utilizando criterios ajustados a la normativa vigente y uniformes para todos. La autoridad administrativa ha aplicado la ley vigente con apego a las normas legales y a los procedimientos administrativos que rige la materia.

Se acompaña al informe, copias de Ordinario Nº 230 de fecha 11 de febrero de 2014, Resolución de Multa Nº 4433/13/77, acta de notificación, solicitud de reconsideración administrativa de fecha 22 de enero de 2014, Circular Nº 73 de fecha 08 de junio de 2010 y Dictamen Nº 64.985 de Contraloría General de la República.

A fojas 45 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste señala.

Segundo: Que se ha recurrido de protección por la conculcación en el ejercicio legítimo de los derechos que le asiste a la recurrente garantizados en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso 5°y N° 24 de la Carta Fundamental con ocasión del acto ilegal y arbitrario contenido en el Ordinario N° 230 de fecha 11 de febrero de 2014, que no dio curso a tramitar la Reconsideración Administrativa de la Multa N° 4433/13/77-1-2-3-4 de fecha 19 de diciembre de 2013, por haber sido ésta presentada en forma extemporánea, transcurridos el plazo de 30 días que al efecto establece el artículo 512 del Código del Trabajo, cuyo cómputo a juicio del Servicio es de días corridos y no de días hábiles como sostiene el recurrente por aplicación supletoria de la Ley N° 19.880.

Tercero: Que según aparece de los documentos agregados a fojas 2 y 26, la Resolución de Multa N° 4433/13/77-1-2-3-4 fue cursada al recurrente el día 19 de diciembre de 2013 y notificada al representante legal del empleador al día siguiente, 20 de diciembre de 2013.

Cuarto: Que el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880 establece: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingos y los festivos”, norma que cobra aplicación con carácter de supletoria en los procedimientos administrativos especiales establecidos por la ley, como acontece en la especie con el cómputo del plazo para interponer el recurso de reconsideración de multa administrativa a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, norma supletoria especial que prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, por tratarse de un recurso presentado en la etapa administrativa.

Quinto: Que, según consta de copia de formulario acompañado a fojas 11 y fojas 31, la solicitud de reconsideración de multas fue presentado el día 22 de enero de 2014, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la resolución de multa, practicada el día 20 de diciembre de 2013.

Sexto: Que, en consecuencia, la negación de la recurrida a tramitar un recurso de reconsideración dentro del plazo legal, desconociéndolo en toda su extensión, importa un trato arbitrario y constituye una actuación ilegal que afecta la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Patricio Eleodoro Mella Cabrera, en representación de BATA CHILE S.A. y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 230 de fecha 11 de febrero de 2014, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración solicitado respecto de la Resolución de Multa N° 4433/13/77-1-2-3-4 de fecha 19 de diciembre de 2013.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 141-2014.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por don nombre reservado e integrada por la Ministra doña Teresa Mora Torres y por el Abogado Integrante don Mauricio Cárdenas García. Autoriza la Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.

nombre reservado, a diez de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede. Lorena Fresard Briones, Secretaria Titular.