nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, quince de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció nombre reservado, chilena, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, quien presentó acción constitucional de protección en contra del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la ciudad de nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por la omisión ilegal y arbitraria del registro de su ingreso al país el día 26 de enero de 2005, tras un viaje realizado a la República Argentina, lo que le ha impedido que se le conceda la Pensión Garantizada Universal (PGU) a la que he postulado, afectando sus garantías constitucionales relativas a los numerales 2º, 18º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expuso que es ciudadana chilena, nacida el 16 de noviembre de 1955 en Chile, portadora de la cédula de identidad NºRUT reservado, y con familia constituida en territorio nacional. En el área laboral, dijo que se ha dedicado a la costura y diseño de vestuario, de manera que en su momento inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos el 16 de marzo de 2005, con giro de actividades de diseño de vestuario y actividades de servicios personales N.C.P, dando término a ese giro de manera voluntaria el 30 de septiembre de 2019.

Refirió que el 23 de enero de 2005 viajó con fines turísticos, junto con su marido, tres hijos y una nieta a Argentina, por vía terrestre, en el vehículo placa patente única SL-1849, de propiedad de su cónyuge, saliendo por el paso habilitado Cardenal Samoré/Pajaritos, cumpliendo en aquel entonces con todos los controles migratorios, tanto de salida como de regreso al país. Agregó que retornaron a Chile el 26 de enero del año 2005 por el mismo paso fronterizo, Cardenal Samoré/Pajaritos, en idénticas condiciones y acompañados de su familia, todos debidamente documentados.

Dijo que, años después, en el proceso de su postulación a la Pensión Garantizada Universal (PGU), tomó conocimiento de que no se encuentra registrado su reingreso a Chile, como tampoco el reingreso a Chile de su cónyuge, hijos y nieta. Por lo que esta situación no sólo le ha generado un perjuicio y daño considerable, sino que además la actuación por parte de la autoridad recurrida es injustificada y arbitraria, pues no se condice con la realidad que se evidenció en aquel entonces, toda vez que no existió y no hubo intención alguna de eludir controles migratorios en la salida y regreso al país, sin que exista ninguna necesidad de evadir el paso habilitado.

Explicó que ha agotado las instancias administrativas y recursos que ha tenido a su alcance para resolver esta omisión de la PDI, acudiendo más de nueve veces ante la recurrida solicitando formal y verbalmente la rectificación de su ingreso a Chile en esa fecha, sin recibir respuestas concretas de dicha autoridad.

Señaló que esta situación le afecta gravemente su derecho a la seguridad social, ya que se le ha imposibilitado acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que es crucial para ella, ya que carece de otros apoyos económicos significativos que le permitan vivir de forma digna, lo que a su edad resulta indispensable pues como adulta mayor depende exclusivamente de los recursos que legítimamente ha generado con su trabajo y esfuerzo durante años.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional y se ordene a la recurrida:

1.- Subsanar el error cometido en el registro migratorio, incorporando su reingreso a Chile el día 26 de enero del año 2005, por el paso fronterizo habilitado Cardenal Samoré.

2.- Una vez corregido este registro, se considere la fecha de su postulación al beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir de abril del año 2025, fecha en la cual realizó la solicitud cumpliendo con todos los requisitos exigidos, con costas.

Acompañó a su recurso: 1.- Declaración anual de rentas correspondientes al año 2008 emitido por el Servicio de Impuestos Internos. 2.- Declaración anual de rentas correspondientes al año 2012, emitido por el Servicio de Impuestos Internos. 3.- Certificado de pago de cotizaciones previsionales de AFP Plan Vital, correspondientes a los años 2015-2021. 4.- Certificado de término de giro, emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe a la recurrida.

A folio 6 evacuó informe la Policía de Investigaciones de Chile. Indicó que con la finalidad de establecer fehacientemente los movimientos migratorios a través del complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré, se constató que el 23 de enero de 2005, hay un viaje de salida el cual se encuentra en el Registro Vista Única de Viajes de GEPOL, sin ingreso al territorio nacional de forma posterior.

Señaló que el 12 de junio de 2025, en virtud de la solicitud por vía administrativa que la recurrente hizo ante la PDI, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Osorno procedió a tomar contacto telefónico con la encargada de turno del servicio de "Migraciones de Argentina" en el complejo fronterizo Cardenal Samoré el Rincón (Argentina), la que informó que el control fronterizo en el periodo solicitado lo mantenía personal de Gendarmería Nacional Argentina, por cuanto no mantienen registros actualizados de aquella fecha.

Agregó que el mismo día, 12 de junio de 2025, desde el correo de la Avanzada Fronteriza Pajaritos se envió la consulta requerida a la Unidad de Frontera de Gendarmería Nacional Argentina, a la casilla electrónica correo reservado, con copia a la casilla correo reservado, referente a los registros migratorios que mantengan de la ciudadana chilena, requerimiento que hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

Luego, señaló que el 22 de octubre de 2025, se tomó contacto con el Segundo Comandante de Gendarmería Nacional Argentina, a cargo en el complejo fronterizo Cardenal Samoré el Rincón (Argentina), quien señaló que se encuentra igualmente a la espera de la respuesta de nivel central respecto a la solicitud mediante correo electrónico.

Expresó que, a modo de recabar más antecedentes, se solicitó a personal del Servicio de Aduanas copia del Formulario de Admisión y Salida Temporal de Vehículo N° C758345, de 23 de enero de 2005, correspondiendo a vehículo placa patente SL-1849, cuyo registro de datos personales pertenece a don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con un total de 6 pasajeros sin el detalle de sus nombres, detallando la cancelación de ingreso el día 25 de enero de 2005 a través del Complejo Fronterizo Cardenal Samoré (Avanzada Pajaritos).

Agregó que, del análisis del resto de la familia de la recurrente, sólo se registra ingreso de una de las hijas de la recurrente. Seguidamente, 22 el de octubre de 2025, se envió a través de Plataforma Institucional SIDE, Oficio N° OOR-0526378-2025, a la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, solicitud de verificación dentro de sus registros computacionales o históricos, de la existencia de los registros de movimientos migratorios faltantes del ingreso al territorio nacional, de la totalidad de las personas en vehículo placa patente SL-1849. Lo anterior se encuentra a la espera de una respuesta y resultados.

Acompañó a su informe, los siguientes documentos: 1.- Copia de Formulario de admisión y salida temporal de vehículo N° C758345, de fecha 23 de enero de 2005, en cuyo reingreso a territorio nacional se realizó el día 25 de enero de 2005, a través del Complejo Fronterizo Cardenal Samoré (Avanzada Pajaritos). 2.- Copia de correo electrónico de personal Avanzada de Policía Internacional Pajaritos a personal de Gendarmería Nacional Argentina, de fechas 12 de junio de 2025. 3.- Copia Oficio N° OOR-0526378-2025, a la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital y captura de pantalla del registro de movimiento migratorio de salida del día 23 de enero de 2005 de doña nombre reservado por la Avanzada Fronteriza Pajaritos, y del registro de movimiento migratorio de entrada del día 25 de enero de 2005 de su hija doña nombre reservado por la Avanzada Fronteriza Pajaritos.

A folio 15 acompaña documento la recurrente consistente en su certificado de matrimonio con su cónyuge, nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el motivo de la presentación del recurso de protección dice relación con la omisión de registro del ingreso al país de la recurrente el 26 de enero de 2005, desde Argentina, por el paso fronterizo habilitado Cardenal Samoré/Pajaritos. De acuerdo con lo señalado por la recurrente, la omisión es ilegal y arbitraria por cuanto efectivamente regresó el 26 de enero de 2005, mientras que Policía de Investigaciones, sin negar los hechos, solo se limita a informar que ha realizado diligencias con el paso fronterizo argentino y con otras instituciones públicas, sin poder determinar dicha circunstancia.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegado al proceso, son hechos asentados los siguientes:

a).- Que doña nombre reservado registra una salida del país por el Complejo Fronterizo Cardenal Samoré el día 23 de enero de 2005, sin registrar ingreso posterior.

Esto se acredita con lo informado por la Policía de Investigaciones de acuerdo a su Registro Vista Única de Viajes de GEPOL.

b).- Que el vehículo placa patente SL-1849, cuyo registro de datos personales pertenece a don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, registra salida del país el 23 de enero de 2005, con un total de 6 pasajeros, sin la individualización de sus nombres, detallando la cancelación de ingreso el día 25 de enero de 2005 a través del Complejo Fronterizo Cardenal Samoré.

Esto se constata con la copia del Formulario de Admisión y Salida Temporal de Vehículo N° C758345 emitido por el Servicio de Aduanas.

c).- Que la recurrente es cónyuge de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado en donde consta que contrajeron matrimonio en el año 1977.

Esto se corrobora con el certificado de matrimonio acompañado.

d).- Que la recurrente doña nombre reservado, tiene inicio de actividades económicas en Chile, desde el 16 de marzo de 2005, terminando dicho giro el 30 de septiembre de 2019, registrando como domicilio el ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, además de registrar declaraciones anuales de renta en los años 2008 y 2012.

Esto se acredita con el certificado de término de giro otorgado por el Servicio de Impuestos Internos.

e).- Que la solicitud de concesión de la pensión garantizada universal realizada por doña nombre reservado fue rechazada por Instituto de Previsión Social, mediante Resolución Exenta N°198, de 29 de abril de 2025, por no contar con cuatro años de residencia en el país en los últimos cinco años.

Quinto: Que, no puede soslayarse por esta Corte que los hechos presentados a través de esta acción constitucional afectan a una persona mayor, de actuales 70 años de edad, que, debido a la no resolución de su solicitud administrativa en orden a que se registre su ingreso al país, se ha visto privada de la pensión garantizada universal.

Sexto: Que, en dicho contexto, útil es recordar que Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual fue ratificado y depositado por nuestro país el 15 de agosto de 2017, de acuerdo con su artículo 1° tiene por objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

A su vez, el artículo 3° fija como principio general aplicable a la convención la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; la igualdad y no discriminación; y la protección judicial efectiva.

Por su parte, el artículo 6° desarrolla el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, al indicar que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”; y en el artículo 31 se establece el derecho al acceso a la justicia, en donde, en su inciso tercero se consagra que “los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales”.

En este mismo sentido en la Ley 19.828 que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se estableció en su artículo 1° que este organismo “velará por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las leyes le reconocen.”

Séptimo: Que, de la normativa internacional e interna antes transcrita, es posible concluir que la demora en la respuesta a la solicitud administrativa realizada por la recurrente ante la Policía de Investigaciones en orden a que se registre su ingreso al país, ha tornado su situación de incertidumbre en ilegal y arbitraria, por cuanto ha quedado asentado que se ha visto impedida de postular a un beneficio estatal mensual, lo cual repercute negativamente en su plena integración a la sociedad, al afectar su dignidad, independencia y autonomía. En efecto, consta que las diligencias realizadas por el recurrido, de junio de 2025 y octubre de 2025, han sido insuficientes para cumplir con el deber del Estado en orden a dar un trato preferencial para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos, en los términos establecidos en la Convención.

Octavo: Que, en la especie, de los hechos asentados en el motivo cuarto, se concluye que la recurrente salió de país con fines vacacionales hacia Argentina, en el vehículo placa patente única SL-1849 el 23 de enero de 2005 a través del Complejo Fronterizo Cardenal Samoré, regresando el 25 de enero de 2005, según da cuenta el Formulario de Admisión y Salida Temporal de Vehículo N° C758345 emitido por el Servicio de Aduanas, por lo que corresponde que la Policía de Investigaciones proceda a registrar su ingreso al país con dicha fecha. En consecuencia, la omisión en corregir dicho registro migratorio consignando la fecha de ingreso al país, persistiendo en este error en el que ha incurrido desde el año 2005 ha devenido en arbitraria e ilegal en razón del tiempo transcurrido, sin que la autoridad requerida haya subsanado dicha omisión.

Noveno: Que, en cuanto a las garantías constitucionales afectadas, el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República consagra el derecho a la igualdad ante la ley. Tal garantía se estima vulnerada por cuanto la recurrente ha recibido un trato desigual en relación a otros ciudadanos chilenos que son debidamente registrados en sus salidas y regresos a nuestro país, razones que determinan que el presente arbitrio se acogerá en los términos que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, y, en consecuencia, se ordena a la recurrida consignar el ingreso al país de la recurrente de autos, por el paso Fronterizo Cardenal Samoré el 26 de enero de 2005.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1406-2025.-