nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (GGDD)

Puerto Montt, diez de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparecen: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la Tesorera Provincial de Chiloé nombre reservado, argumentando que la recurrida ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al retener prestaciones laborales.

Los recurrentes, todos trabajadores que prestaron servicios bajo la modalidad de subcontratación en obras del Ministerio de Obras Públicas en la Isla de Chiloé, han deducido acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por la Tesorera Provincial de Chiloé, nombre reservado, en razón de considerar que dicha institución ha incurrido en una actuación abiertamente ilegal y arbitraria, al practicar retenciones indebidas sobre montos provenientes de prestaciones laborales reconocidas y liquidadas mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada. Los actores relatan que, producto de la insolvencia de su empleador, la empresa Sociedad Constructora Zambrano y Flores Limitada, demandaron solidariamente al Fisco de Chile, habida cuenta de la inexistencia de personalidad jurídica del Ministerio de Obras Públicas, resultando en un avenimiento judicial aprobado en la causa RIT O-138-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro. Dicho avenimiento fue posteriormente formalizado mediante un decreto de pago emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, con cargo a recursos públicos.

No obstante lo anterior, al momento de concretarse la transferencia de los montos respectivos, la Tesorería General de la República procedió a efectuar retenciones totales o parciales de las cantidades que debían ser entregadas a los recurrentes, fundamentando dicha acción en la existencia de obligaciones personales pendientes, tales como deudas por concepto del Crédito con Aval del Estado (CAE) o tributos impagos, entre otros. Sostienen los recurrentes que esta conducta configura un acto de autotutela carente de fundamento legal y de toda razonabilidad jurídica, al entorpecer la ejecución de una resolución judicial dictada por tribunal competente, infringiendo con ello derechos fundamentales garantizados en la Carta Fundamental. En este sentido, denuncian la vulneración de las garantías reconocidas en el artículo 19 Nº24 (derecho de dominio sobre bienes), Nº1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica), y Nº3 inciso quinto (derecho a un procedimiento racional y justo), todos de la Constitución Política de la República.

Destacan que la Tesorería carece de facultades legales para disponer unilateralmente de remuneraciones laborales reconocidas por resolución judicial, invocando como base normativa el artículo 17 de la Ley Nº20.027, que autoriza únicamente la retención sobre devoluciones de impuesto a la renta, no así sobre ingresos laborales con carácter de sentencia judicial. Reafirman que, en el caso de deudas tributarias, la posibilidad de compensación está sujeta a los requisitos legales establecidos para dicha figura jurídica, cuya determinación y declaración corresponde únicamente a los tribunales de justicia, mediante procedimiento contencioso y contradictorio, conforme al principio de legalidad y debido proceso. Alegan, además, que las prestaciones laborales tienen un marcado carácter alimentario, constituyendo el sustento principal de los trabajadores y sus familias, lo que implica una especial protección legal. En tal sentido, invocan el artículo 57 del Código del Trabajo, que establece la inembargabilidad de las remuneraciones, con excepciones estrictamente definidas por la ley.

Adicionalmente, los recurrentes advierten que la actuación de la Tesorería se asemeja al funcionamiento de una comisión especial prohibida por el ordenamiento constitucional, en cuanto ha asumido funciones jurisdiccionales sin ser tribunal establecido por ley, decidiendo unilateralmente sobre la procedencia de la compensación y ejecutando de facto una medida de carácter patrimonial. Esto, a juicio de los actores, representa una transgresión al principio de separación de funciones del Estado, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Por todo lo anterior, solicitan que se acoja la presente acción constitucional, declarándose la ilegalidad de las retenciones practicadas, ordenándose el reintegro inmediato de los montos indebidamente detraídos, y que se imponga a la autoridad recurrida la obligación de abstenerse en lo sucesivo de efectuar actos similares que afecten las garantías fundamentales de los trabajadores.

A folio 4, se declaró admisible el recurso de protección, se pidió informe a las recurridas.

A folio 6, Conforme al informe evacuado por la recurrida Tesorería General de la República, se hace presente, en primer término, una cuestión de orden procesal relativa a la extemporaneidad del recurso de protección interpuesto. A este respecto, se indica que el acto reprochado, esto es, la compensación practicada sobre sumas ordenadas pagar por resolución administrativa dictada en cumplimiento de un avenimiento laboral aprobado judicialmente, se materializó el día 29 de agosto de 2024, generándose los egresos respectivos el 3 de septiembre y depositándose los montos resultantes en la cuenta bancaria del abogado patrocinante con fecha 5 del mismo mes. En tal virtud, y considerando que los propios recurrentes manifestaron haber tenido conocimiento cierto del acto impugnado el 11 de septiembre de 2024, resulta evidente, según la recurrida, que a dicha fecha ya existía un conocimiento efectivo desde al menos el día 5 de septiembre, circunstancia que se deduce de la diferencia entre los montos efectivamente depositados y los consignados en la resolución de pago. En consecuencia, el recurso, presentado el 11 de octubre de 2024, habría sido deducido fuera del plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, resultando extemporáneo y, por ende, inadmisible.

En segundo lugar, y en cuanto al fondo del asunto, la recurrida sostiene que no concurre en la especie acto ilegal ni arbitrario alguno susceptible de ser amparado por la vía de protección. Afirma que la compensación de las sumas adeudadas por el Fisco con las deudas fiscales de los recurrentes se ajusta plenamente a derecho, conforme a las facultades legales expresas conferidas al Servicio de Tesorerías por el artículo 6º del DFL Nº1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, en relación con los artículos 30 del Decreto Ley Nº1.263, de 1975, y 1656 y 1657 del Código Civil.

Dichas normas autorizan la compensación legal de obligaciones líquidas, actualmente exigibles y recíprocas entre el Fisco y un contribuyente, sin necesidad de requerir el consentimiento de este último. Refiere además que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha validado reiteradamente este tipo de compensaciones como un ejercicio legítimo de potestades legales, no constitutivo de autotutela administrativa ni de vulneración a las garantías fundamentales protegidas por la acción constitucional.

Por último, aclara que no se ha producido una "retención" en los términos del artículo 17 de la Ley Nº20.027, norma que se refiere a medidas de retención aplicables exclusivamente en el contexto de la devolución de impuestos a la renta en beneficio directo de entidades financieras acreedoras de créditos universitarios, sino una compensación legal por deuda fiscal derivada del ejercicio de una garantía estatal previamente activada y registrada en la Cuenta Única Tributaria. En tal sentido, concluye que el actuar del Servicio de Tesorerías ha sido plenamente conforme a derecho y amparado por la normativa vigente, sin que se configure vulneración alguna de derechos fundamentales que justifique la procedencia del recurso.

A folio 7, encontrándose la causa en estado de ser vista, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que los recurrentes fundan su pretensión en la supuesta ilicitud y arbitrariedad de las retenciones practicadas sobre sumas que les fueron reconocidas como prestaciones laborales, en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada dictada en la causa RIT O-138-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro. Dichas prestaciones derivan del incumplimiento contractual de su anterior empleador, la empresa Sociedad Constructora Zambrano y Flores Ltda., y de la responsabilidad solidaria atribuida al Fisco de Chile, que culminó en un avenimiento judicialmente aprobado y posterior decreto de pago dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Aducen los recurrentes que la actuación de la Tesorería, al deducir parcial o totalmente dichos pagos, invocando la existencia de deudas personales por concepto de créditos universitarios con aval estatal (CAE) o tributos impagos, constituye una manifestación de autotutela incompatible con el Estado de Derecho. Tal conducta vulneraría directamente los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, particularmente los números 1 (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica), 3 (garantía del debido proceso legal y prohibición de comisiones especiales), y 24 (protección del derecho de dominio).

Desde el plano normativo, sostienen que la Tesorería ha excedido las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, en particular por el artículo 17 de la Ley Nº20.027, que habilita retenciones sólo sobre devoluciones de impuestos a la renta respecto de deudores del CAE, sin extenderse a otras fuentes de ingreso, como aquellas provenientes de prestaciones laborales reconocidas judicialmente. Agregan que, tratándose de remuneraciones, éstas gozan de una protección especial dada su naturaleza alimentaria, conforme al artículo 57 del Código del Trabajo, el cual establece límites precisos a su embargabilidad, permitiéndola solo en los casos expresamente previstos por la ley.

Finalmente, los recurrentes estiman que la actuación de la Tesorería no sólo vulnera la legalidad vigente, sino también transgrede principios esenciales del orden constitucional, al atribuirse facultades jurisdiccionales que competen exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia, en franca contravención al principio de separación de poderes y al derecho a ser juzgado por el juez natural.

CUARTO: Que, en su respectivo informe, la recurrida solicita el rechazo integral del recurso de protección, sosteniendo que dicha acción constitucional resulta improcedente por cuanto no concurren los presupuestos jurídicos mínimos que habiliten la procedencia de la acción de protección, en tanto no se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere garantías fundamentales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Tesorería General de la República, la acción constitucional deducida por los recurrentes adolecería de extemporaneidad, toda vez que el acto impugnado —esto es, la compensación de créditos laborales con deudas fiscales vigentes— fue ejecutado el 29 de agosto de 2024, siendo los respectivos depósitos efectuados el 5 de septiembre del mismo año. Así, considerando que la interposición del recurso tuvo lugar el 11 de octubre de 2024, se constataría el incumplimiento del plazo fatal de treinta días corridos consagrado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, presupuesto procesal que constituye un requisito de admisibilidad ineludible.

Por otra parte, en lo que concierne al fondo del asunto controvertido, la recurrida descarta la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario, fundando su posición en el ejercicio de competencias expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico. En efecto, la compensación efectuada encuentra sustento normativo en el artículo 6° del DFL N°1 de 1994, que fija el texto refundido del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y se articula con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N°1.263 de 1975 y en los artículos 1656 y 1657 del Código Civil, que regulan el instituto de la compensación legal. Tales disposiciones autorizan al Fisco para extinguir obligaciones recíprocas, líquidas y actualmente exigibles mediante esta figura jurídica, sin requerir el consentimiento de la contraparte deudora.

Adicionalmente, se invoca jurisprudencia consolidada de la Excma. Corte Suprema —particularmente en los fallos roles N°195.318-2023 y N°134.274-2022— que ha refrendado la licitud del actuar del Servicio de Tesorerías en escenarios análogos, concluyendo que dicho proceder no configura autotutela ni vulnera garantías fundamentales, por cuanto se enmarca dentro del ámbito de facultades legales legítimamente ejercidas. Por último, se enfatiza que no se está en presencia de una medida de "retención" en los términos establecidos por el artículo 17 de la Ley N°20.027, la cual se circunscribe a devoluciones de impuestos a la renta a favor de instituciones financieras acreedoras, sino de una compensación fiscal vinculada al ejercicio de una garantía estatal y su consiguiente registro en la Cuenta Única Tributaria, lo que excluye la aplicación de dicho precepto en la especie.

QUINTO: Que la acción constitucional de protección deducida por los recurrentes en contra de la Tesorería General de la República se fundamenta en la alegación de supuestos actos ilegales y arbitrarios. Argumentan, particularmente, que la compensación practicada respecto de sus créditos laborales vulneraría sus derechos constitucionales, específicamente, el derecho de propiedad y la garantía del debido proceso. Sin embargo, del análisis de los antecedentes aportados, particularmente del informe rendido por la recurrida, emerge con claridad que dicha compensación encuentra explícito respaldo jurídico en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 1994, emitido por el Ministerio de Hacienda, que establece el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

Dicha disposición atribuye al Tesorero General de la República una potestad específica para efectuar compensaciones entre deudas de los contribuyentes y los créditos que estos mantengan frente al Fisco, extinguiendo recíprocamente las obligaciones hasta la concurrencia del menor valor. En consecuencia, la actuación impugnada se ajusta plenamente a las prescripciones normativas vigentes, careciendo por ende de ilegalidad o arbitrariedad alguna.

SEXTO: Que, desde una perspectiva sustantiva, el mecanismo jurídico de la compensación cuestionada se ajusta estrictamente a las condiciones establecidas en el artículo 1656 del Código Civil. Este precepto determina expresamente que la compensación opera ipso iure, prescindiendo del consentimiento expreso de las partes, siempre que concurran ciertas condiciones esenciales, específicamente la liquidez, exigibilidad y naturaleza dineraria de ambas obligaciones implicadas. Al examinar estos requisitos en relación con los antecedentes que obran en autos se constata que las obligaciones reclamadas por los recurrentes poseen un carácter líquido, cierto y exigible, acreditadas mediante sentencia judicial ejecutoriada.

Asimismo, resulta evidente que los recurrentes tenían obligaciones dinerarias recíprocas, previamente determinadas y exigibles frente al Fisco, originadas en créditos universitarios y obligaciones tributarias. En virtud de lo anterior, la compensación no sólo resulta jurídicamente admisible sino que deviene jurídicamente obligatoria, eliminando así cualquier posible imputación de arbitrariedad o ilegalidad en la actuación de la autoridad recurrida.

SÉPTIMO: Que en relación con la presunta infracción al artículo 17 de la Ley N°20.027, norma relativa a la retención en materia de créditos universitarios con garantía estatal, los recurrentes formulan una interpretación restrictiva según la cual la Tesorería estaría facultada exclusivamente para efectuar retenciones sobre devoluciones de impuestos a la renta. No obstante, dicha postura ignora la naturaleza integral del sistema normativo que regula las garantías estatales y el instituto de la compensación legal, previstos para asegurar el cumplimiento de obligaciones insolutas.

En efecto, la actuación impugnada por los recurrentes no consistió en la aplicación del mecanismo de retención tributaria específico regulado por la Ley N°20.027, sino en la ejecución legítima del instituto de la compensación legal previsto en los artículos 1656 y 1657 del Código Civil, en consonancia con el artículo 30 del Decreto Ley N°1.263 de 1975. Consecuentemente, la recurrida hizo ejercicio adecuado de una facultad normativamente reconocida en el ordenamiento jurídico, claramente diferenciada del mecanismo limitado a devoluciones tributarias, resultando inaplicable al caso en análisis la alegación de vulneración esgrimida por los recurrentes.

OCTAVO: Finalmente, respecto al elemento temporal del recurso de protección planteado, es imprescindible destacar que, según consta, los recurrentes tuvieron conocimiento efectivo y comprobable del acto administrativo impugnado con antelación a la fecha por ellos indicada, específicamente desde el día 05 de septiembre de 2024. En este contexto, al haberse interpuesto la acción constitucional el día 11 de octubre de 2024, resulta evidente que el plazo fatal de 30 días dispuesto por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia había vencido con anterioridad, configurándose así la extemporaneidad del recurso. Esta circunstancia procesal determina de forma concluyente la inviabilidad jurídica de la acción deducida respecto de la interpretación estricta de los plazos en materia constitucional.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que se RECHAZA, sin costas de la instancia, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, quien concurrió a la vista y acuerdo, por haber cesado su cometido funcionario Rol Protección N°1403-2024.