nombre reservado con TESORERIA PROVINCIAL DE CASTRO

Puerto Montt, trece de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 23 de septiembre de 2017 y en folio N°1-2017, compareció don nombre reservado, Alcalde de la comuna de Ancud, en representación de la CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD, domiciliados en domicilio reservado. Recurrió de protección en contra de la TESORERÍA PROVINCIAL DE CHILOÉ, persona jurídica de Derecho Público, representada por su Tesorero Provincial don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado; por la vulneración de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la República, ocasionada por las acciones ilegales y arbitrarias que detalla, pretendiendo que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expuso que la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Ancud percibió en total la suma de $25.424.864.- pesos, los meses de enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y; enero, febrero marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, por haberse acogido a la Ley 19.853 que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XV, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena.

Sin embargo, mediante resolución exenta de la Tesorería General de la República N°39 de 11 de mayo de 2017, notificada por carta certificada el 12 de mayo del mismo año, se adoptó la decisión por la que se les ordenó el reintegro de la suma de $31.623.813.- pesos debidamente reajustados, de acuerdo a la variación que haya experimentado el índice de precios del consumidor en el periodo comprendido entre el último día del segundo mes que precedió al de la percepción de la bonificación y el último día del segundo mes que antecedió al de su pago, dentro del plazo de 60 días desde la notificación. Lo anterior, por causa de haberse constatado que la Corporación no cumplía con los requisitos legales para percibir la bonificación, pues se efectuó su cobro y percepción por trabajadores cuyas remuneraciones no eran superiores al 20% del ingreso mínimo mensual vigente en el país en los periodos respectivos, tal y como lo dispone el inciso final del artículo 2 de la Ley 19.853 y la Ley 20.655, con base en la documentación recabada.

Por lo cual, el 8 de agosto de 2017 la Corporación efectuó una presentación ante la Tesorería Provincial de Chiloé haciendo presente sus descargos, en los que sostuvo su obrar de buena fe con el convencimiento de haber requerido y percibido la bonificación en el marco de la legalidad; solicitando que se deje sin efecto la orden de reintegro, la reliquidación del monto respectivo o la condonación de la deuda. No obstante, mediante ordinario de Tesorería Provincial de Chiloé N°00406 de 24 de agosto de 2017, dicha presentación fue desestimada, porque la orden de reintegro fue dispuesta como consecuencia del resultado arrojado por fiscalización realizada en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 2 de la Ley 19.853 y el artículo 13 de la Ley 19.941, sin perjuicio de no haberse objetado los pagos en su oportunidad por lo masivo de la operación respectiva.

En consecuencia y por el oficio ordinario de Tesorería Provincial de Chiloé N°00406 de 24 de agosto de 2017 que concreta la decisión ilegal y arbitraria por la que recurre, sostuvo primero, que la recurrida ha excedido sus competencias al haber calificado hechos que debiesen constituir materia de fondo de los Tribunales de Justicia, ya que ellas sólo se limitarían a la fiscalización y eventual denuncia al Servicio Público correspondiente. Segundo, que tal fiscalización ha sido extemporánea según lo establecido en el artículo 61 de la Ley 18.768, que fija en un año la comprobación definitiva de los antecedentes por los organismos correspondientes, desde de que Tesorería los aceptase transitoriamente para el pago de la aludida bonificación. Y, tercero, que la decisión de reintegro constituiría verdaderamente un acto administrativo invalidatorio adoptado en incumplimiento de la Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos que rigen los actos administrativos, por haberse ejecutado sin audiencia del interesado.

Asimismo, arguyó que tal decisión ha sido arbitraria, pues no ha emanado de un justo y racional procedimiento legal.

Todo lo anterior vulneraría sus derechos a un debido proceso y a la defensa y; a la propiedad en los montos anteriormente percibidos.

Solicitó en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se ordene que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 30 de octubre de 2017 y en folio N°10-2017, se declaró admisible teniéndose por interpuesto el recurso de protección, ordenándose informe a la parte recurrida.

Con fecha 10 de noviembre de 2017 y en folio N°12-2017, la señora Tesorera Provincial de Chiloé doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, evacuó informe por la recurrida TESORERÍA PROVINCIAL DE CHILOÉ, solicitando derechamente el rechazo con costas de este recurso de protección.

Reconociendo la cronología de hechos expuesta por el recurrente; en lo pertinente, arguyó la legalidad del actuar de su representada y la improcedencia esta acción constitucional. Se fundó primero, en el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras del artículo 2 inciso cuarto de la Ley 19.041 y en las circulares internas N°145/2014 y N°195/2016, que la Tesorería ha impartido conforme al artículo 4 de la misma ley, dispuestas respecto de las situaciones relativas a la procedencia del beneficio; para cuyos efectos, no obsta el pago de la bonificación sin objeciones, atendida la declaración jurada de su solicitante y del carácter masivo de la operación que determinan su posterior fiscalización. Así, la Tesorería requirió antecedentes a la Corporación recurrente mediante ordinario N°137 de 22 de marzo de 2017, entre los cuales se encontraron los contratos de trabajo y finiquitos de los trabajadores por quienes se cobró la mencionada bonificación, advirtiéndose la existencia de 186 trabajadores contratados por planes de empleo, con relación laboral de breve duración (tres meses), con jornada parcial (22,5 horas) y con una remuneración equivalente al 50% del ingreso mínimo vigente a la época; y bien, el beneficio sólo se pagará en los casos en que las remuneraciones sean superiores a dicho ingreso en un 20%, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 2 de la Ley 19.853, por lo que, sólo corresponde el reintegro de los montos percibidos indebidamente.

Segundo, en el ejercicio de dichas competencias dentro del plazo legal de prescripción del artículo 2515 del Código Civil, computado desde la fecha de vencimiento del pago de las cotizaciones previsionales respectivas, por cuanto la bonificación constituye un crédito fiscal que puede ser solicitado en el mismo lapso.

Tercero, en que no ha mediado acto o resolución formal, por lo que no se ha producido invalidación alguna, pues la solicitud aprobación y pago de la bonificación obedece a un proceso que se ejecuta en forma automatizada al comparar la información de seguridad social con la empresa “Previred” y las entidades previsionales, más la aportada por el propio empleador, quien formula una declaración jurada relativa a lo fidedigno de los datos proporcionados y al conocimiento de las sanciones aparejadas.

Finalmente, indicó que el recurrente pudiendo haber impugnado la decisión contenida en la resolución exenta N°39 de 11 de mayo de 2017, conforme a los recursos de la Ley 19.880, no lo hizo, lo que reforzaría la improcedencia de este recurso de protección según lo anteriormente expuesto.

Con fecha 30 de noviembre y en folio N°18-2017, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la recurrente se fundamenta en la vulneración de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la República, ocasionada por la decisión ilegal y arbitraria de la Tesorería Provincial de Chiloé al ordenar el reintegro de la bonificación percibida de buena fe y al amparo de la Ley 19.853; resolviendo una materia de fondo correspondiente a los Tribunales de Justicia; obrando como comisión especial, en inobservancia de las reglas y principios del debido proceso y de la ley 19.880 y; excediendo el ámbito material y temporal de sus atribuciones fiscalizadoras.

Al informar la recurrida sostuvo su obrar razonable y legal, en el oportuno ejercicio de las competencias fiscalizadoras del artículo 2 inciso cuarto de la Ley 19.041 y en las circulares internas N°145/2014 y N°195/2016, que la Tesorería ha impartido conforme al artículo 4 de la misma ley, cuyo resultado concretado en la dictación de la resolución exenta N°39 de 11 de mayo de 2017, no fue impugnado por las vías ordinarias establecidas en la Ley 19.880.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos: 1) resolución exenta de la Tesorería General de la República N°39 y sus anexos; 2) presentación de descargos de 08 de agosto de 2017; 3) oficio ordinario de la Tesorería Provincial de Chiloé N°406.

CUARTO: Que, por su parte, la parte recurrida acompañó los siguientes instrumentos: 1) copia de resolución N°39/2017 que ordenó el reintegro de los valores percibidos indebidamente por la recurrente; 2) copia de ordinario N°137/2017 que informa fiscalización y solicita antecedentes a la recurrente; 3) copia de informe de fiscalización N°60/1017; 4) copia autentificada de nómina de trabajadores objetados y montos de reintegro por percibir remuneraciones bajo el mínimo establecido en el artículo 2 de la Ley 19.853; 5) formulario de declaración jurada por el que se solicita la bonificación establecida en el artículo 2 de la Ley 19.853; 7) sentencias pronunciadas en procesos de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, roles de ingreso N°164-2010, N°200-2010, N°663-2010 y N°48-2015; 8) Ley N°19.853; 9) circular normativa N°195/2016 de Tesorería General de la República.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Ancud percibió en total la suma de $25.424.864.- pesos, los meses de enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y; enero, febrero marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, por haberse acogido a la Ley 19.853 que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XV, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena.

2º Que, mediante resolución exenta de la Tesorería General de la República N°39 de 11 de mayo de 2017, se adoptó la decisión por la que se ordenó a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Ancud, el reintegro reajustado de la suma de $31.623.813.- pesos. Lo anterior, con base en haberse constatado que la Corporación no cumplía con los requisitos legales para percibir la bonificación, pues se efectuó su cobro y percepción por trabajadores cuyas remuneraciones no eran superiores al 20% del ingreso mínimo mensual vigente en el país en los periodos respectivos.

3º Que, pese a los descargos de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Ancud, efectuados el 8 de agosto de 2017; la Tesorería Provincial de Chiloé los desestimó y confirmó la resolución exenta N°39, mediante ordinario N°00406 de 24 de agosto de 2017, porque la orden de reintegro fue dispuesta como consecuencia del resultado arrojado por fiscalización realizada en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 2 de la Ley 19.853 y el artículo 13 de la Ley 19.941, sin perjuicio de no haberse objetado los pagos en su oportunidad por lo masivo de la operación respectiva.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos no han sido controvertidos y constan concordantemente en los instrumentos acompañados por el recurrente y por los recurridos, no han sido objetados ni observados de manera alguna; por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión técnica, sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

SEXTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SÉPTIMO: Que, debiéndose establecer en primer término la existencia de la acción lesiva de garantías constitucionales denunciada, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si la Tesorería Provincial de Chiloé ha excedido o no el ámbito de sus competencias, pues sobre este punto ha versado la controversia.

En cuanto al aspecto sustantivo de las competencias fiscalizadoras de las que es titular la recurrida, el tenor literal del inciso cuarto del artículo 2 de la ley 19.853 dispone: “La fiscalización del beneficio establecido en esta ley corresponderá al Servicio de Tesorerías. Para estos efectos, dicho Servicio podrá requerir a los empleadores la entrega de los antecedentes que estime pertinentes a través de cualquier medio de soporte” – referido a la bonificación establecida para los empleadores actuales o futuros de la Primera Región, XV Región, de las provincias de Chiloé y Palena, en la X Región, de la XI Región y de la XII Región, equivalente al 17% de la parte de las remuneraciones imponibles que no exceda de $182.000 pesos, que ellos paguen a sus trabajadores con domicilio y trabajo permanente, incluso aquellos con jornadas parciales, en la Región o provincia respectiva. Para la correcta aplicación del beneficio, el artículo 4 de la Ley faculta expresamente al Tesorero General de la República para dictar las instrucciones que sean necesarias, entre las cuales, precisamente se encuentra la circular N°195 de 05 de febrero de 2016 acompañada a estos antecedentes y que regula la fiscalización del pago de bonificación a la contratación de mano de obra en zonas extremas. En ella, se establece un plan anual de fiscalización a cargo del Tesorero Regional o Provincial respectivo, distinguiendo aquélla que se verifica en Tesorerías de la que se desarrolla en terreno para constatar que el beneficio cumplió con lo establecido legalmente.

En tanto, para el aspecto temporal de las competencias fiscalizadoras de las que es titular la recurrida, corresponde considerar que la Ley 19.853 tiene su antecedente en el artículo 2 del Decreto Ley N°3.625 de 1981, respecto del cual, el artículo 61 de la Ley 18.768 establecía el plazo de un año para que los organismos correspondientes efectúen la comprobación definitiva de los antecedentes relativos a que el empleador solicitante se encuentra al día en las cotizaciones previsionales y que el monto del beneficio cuyo pago hubiese impetrado, lo hubiere determinado conforme a la normativa vigente; agregándose, que al efecto la Tesorería contará con la facultad para recabar las revisiones respectivas de la Dirección del Trabajo. Pues bien, resulta del análisis comparativo entre el tenor literal del inciso segundo del citado artículo 61 de la Ley 18.768 con la Ley 19.853, que tal limitación temporal no se relaciona directa y específicamente con el Servicio de Tesorerías, por lo que no puede prosperar la alegación de extemporaneidad de la fiscalización que antecedió a las resoluciones materia de este recurso de protección. Inclusive, si resulta ser condición para el pago del beneficio, la falta de cumplimiento oportuno de los pagos previsionales que deban efectuar los empleadores solicitantes a sus trabajadores y que; constituya simple delito de fraude al Fisco, la obtención de la bonificación a través de la inclusión en planillas de trabajadores inexistentes o con domicilio en otra zona, la falsedad en cuanto al monto de las remuneraciones efectivamente pagadas e imponibles por la empresa para poder impetrar el beneficio ha contado el empleador solicitante; se concluye que el Servicio de Tesorerías ha contado con el lapso de cinco años desde que se efectuó el pago de la bonificación para el ejercicio de sus competencias fiscalizadoras, como ha acontecido en los hechos que subyacen a este proceso.

Por otra parte, las decisiones concretadas mediante la resolución exenta N°39 y por el oficio ordinario N°00406, se han fundado precisamente en el motivo que resultó de la fiscalización llevada cabo por la Tesorería Provincial recurrida en observancia de la Ley 19.853, consistente en el hecho de haberse pagado remuneraciones inferiores en un 20% al salario mínimo mensual vigente en el país, aspecto fáctico que no ha sido controvertido por la recurrente, pues no negó que efectivamente hubiese pagado más.

Consecuentemente con lo concluido y lo establecido en el considerando quinto anterior, no ha precedido la acción ilegal o arbitraria denunciada, condición insoslayable para procedencia de este recurso.

OCTAVO: Que, no resulta idóneo este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo para defender y garantizar, frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales. Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario, sumario o administrativo correspondiente.

Además, conviene establecer que tampoco procede pretender eludir el ejercicio de las competencias fiscalizadoras de la Administración representada en esta sede por la Tesorería Provincial de Chiloé, en una supuesta confianza legítima de haberse obrado de buena fe en la solicitud y percepción del pago de la bonificación a la contratación de mano de obra de estos antecedentes. En efecto, dicha confianza legítima constituirá un límite a la potestad pública invalidatoria respecto de situaciones y derechos consolidados, lo cual no corresponde al mérito de los antecedentes ni al obrar de la recurrente, pues precisamente ha podido y debido fiscalizarse la correcta aplicación del beneficio, sobre todo, por montos que no han cumplido las exigencias legales dispuestas en el inciso final del artículo 2 de la Ley 19.853 que, por aplicación del artículo 8 del Código Civil, se presume conocida por todos incluso por la recurrente.

NOVENO: Que, en consecuencia al no mediar acción ilegal o arbitraria alguna y al no aparecer que se ha ocasionado en el recurrente, la conculcación de las garantías que esta acción resguarda y que ameriten la intervención de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; conforme se ha razonado precedentemente, estos sentenciadores rechazarán el recurso interpuesto.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 19 N°3 y N°24 y, 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley 19.853; en el artículo 2 del Decreto Ley N°3.625 de 1981; en el artículo 61 de la Ley 18.768 y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en representación de la CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD y en contra de la TESORERÍA PROVINCIAL DE CHILOÉ.

II. Que se exime al recurrente del pago de costas, por haber tenido motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL 1403-2017 PROTECCIÓN. –