nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos.

A folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, Juez Presidente y Calificador del Juzgado de Familia de Ancud, domiciliado en la ciudad de Ancud, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone en su recurso.

Señala funcionario del poder judicial, titular, desempeñándose como administrativo 3º, en el cargo funcional de administrativo de causas, grado XV en el Tribunal de Familia de Ancud, comenzando a trabajar dentro del poder judicial a través de suplencias en diciembre del año 2007, e ingresando a la planta en mayo del año 2010, con más de 14 años como titular, por lo que el motivo de su acción es recurrir en contra del decreto económico 202-2024 que lo remueve del cargo, a sazón de las calificaciones periodo del 01 de noviembre del año 2023 al 31 de octubre del año 2024, siendo notificado del mismo con fecha 4 de diciembre de 2024.

Señala que, el último día laboral del recurrente fue el día 30 de agosto de 2024, con feriado legal desde el 3 de septiembre y dentro de este periodo se encontraba en un periodo de alto estrés laboral, que no canalizó adecuadamente, con síntomas de ansiedad, tristeza, crisis de angustia y otros, desde el 23 de septiembre de 2024 al 11 de enero de 2025 se encuentra con licencia médica, en programa de salud mental del CESFAM de Ancud, y señala que con fecha 20 de septiembre de 2024, se contactó con el administrador, informándole que no retornaría a sus labores por problemas de salud, mensaje que nunca fue respondido por el administrador, sosteniendo que de ahí en adelante mantuvo tratamientos psicológicos y farmacológicos en el servicio público, y no estaba en condiciones de volver al trabajo, y luego, señala que mientras se encontraba en reposo, se le notifica sobre el proceso de calificaciones, con la precalificación del año 2024, reclamación de la precalificación, análisis de la comisión pre calificadora sobre apelación enviada por funcionario, calificación, apelación de calificación enviada al órgano calificador, comunicación de la resolución administrativa que rechaza la apelación de calificación, y con fecha 4 de diciembre de 2024, mediante correo electrónico, se le notifica el decreto económico que ordena su remoción.

Argumenta que, el decreto no se refiere a la precalificación ni a la apelación que hubo a su respecto, y se basa la remoción en el artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales, el cual transcribe en su recurso, señalando que no debió habérsele aplicado esta sanción por los antecedentes que latamente expone en su libelo.

En cuanto al derecho y a las garantías constitucionales que denuncia como vulneradas, indica que estima afectadas las garantías del artículo 19 N° 2, 3 inciso quinto, 16 y 24, según detalla en su recurso, explicando la forma en que habría sido vulnerada la igualdad ante la ley y debido proceso, la libertad de trabajo, y el derecho de propiedad, en los términos que latamente expone en su recurso. Sostiene que, todos los requisitos del recurso de protección se dan en la especie y hacen procedente el recurso de protección, siendo todos estos actos no solo arbitrarios, sino además, ilegales.

Solicita, en definitiva, la declaración de ilegalidad y/o arbitrariedad del acto impugnado, y que se ordene a la recurrida no reiterar o no incurrir en conductas similares en el futuro, respecto del recurrente, ante iguales supuestos de hecho.

Acompaña a su recurso: 1) Hoja de vida del recurrente, 2) Decreto 202 del año 2024, 3) Precalificaciones 2024, 4) Apelación a la precalificación, 5) Calificación, 6) Apelación y su resultado, 7) Resolución en proceso AD 108-2024, 8) Ficha clínica, 9) Historial de licencias médicas, 10) Certificado médico, 11) Nombramiento suplente interno, 11) Acta 142-2015, 12) Acta 178 – 2015, 13) Sentencia del Tribunal Constitucional.

A folio 8 evacúa informe la parte recurrida, don nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, indicando que, lo que se alega por el recurrente, no es la ilegalidad del acto que recurre, sino la arbitrariedad del mismo, basado en el proceso previo de calificación, y del cual el decreto N° 202 del 4 de diciembre de 2024 es consecuencia. Niega la existencia de tal arbitrariedad, y entre otras cosas, señala que conforme a lo establecido en el Acta 142-2025 de la Excma. Corte Suprema, la calificación se concibe como un procedimiento a través del cual, se evalúa la conducta funcionaria y el desempeño laboral observado durante un determinado periodo, con el fin de establecer el nivel de eficiencia del personal, para ser considerado, en conjunto con el expediente disciplinario, en eventuales nombramientos del Poder Judicial, agregando que, no es procedente las referencias que hace el recurrente a los periodos anteriores y la circunstancia de no contar con medidas disciplinarias y notas de mérito como forma de justificar una supuesta arbitrariedad de los fundamentos de su calificación. Argumenta que las consideraciones de la recurrida no solo se basan en la apreciación del magistrado, sino además de en los criterios adoptados por la comisión precalificadora, los argumentos señalados por el Sr. nombre reservado en su evaluación y los informes evacuados por el Administrativo Jefe de la Unidad de Causas y Jefe de Unidad de Causas y Cumplimiento, dando cuenta del desempeño deficiente del funcionario, basados en los antecedentes señalados en su calificación, conforme al adecuado procedimiento de precalificación, considerando incluso la apelación formulada por el recurrente, lo que igualmente llevó a la conclusión de la calificación debidamente fundada. Explica en detalle los motivos de sus faltas y responsabilidad del recurrente en el cumplimiento de sus funciones, conforme se desglosa en presentación respectiva.

Estima no existir una acción u omisión arbitraria y/o ilegal que prive, amenace o perturbe al recurrente de alguna de las garantías constitucionales conculcadas, por lo que solicita tener por rechazado el recurso de protección en todas sus partes, por estimar no concurrir en la especie los supuestos que den lugar a la acción cautelar. Acompaña: 1) Informe de Jefe de Unidad de Causas y Cumplimiento, 2) Informe actualizado del periodo calificado elaborado por Jefe de Unidad de Causas y Cumplimiento, 3) Informe elaborado por Administrador de Tribunal de Familia de Ancud, 4) Precalificación, notificación, apelación y resolución de la misma, 5) Evaluación de administrador y calificación, 6) Calificación, notificación de ésta, apelación, resolución que la tiene como extemporánea.

A folio 15 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, regulado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a resguardar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que las priven, perturben o amenacen. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo de cautela que procede cuando los derechos afectados aparecen indubitados y requieren de la intervención jurisdiccional para restablecer su pleno ejercicio.

Segundo: Que, el acto que la parte recurrente denuncia como ilegal y arbitrario, consiste en la dictación del Decreto Económico 202-2024 que lo remueve del cargo en el Juzgado de Familia de Ancud, a sazón de las calificaciones correspondientes al periodo del 01 de noviembre del año 2023 al 31 de octubre del año 2024, siendo notificado del mismo con fecha 4 de diciembre de 2024.

Tercero: Que, la recurrida pide el rechazo del recurso de protección, negando toda acción y/o omisión de ilegalidad o arbitrariedad en lo obrado, conforme a lo que indica en su respectivo informe, señalando en cada uno de sus argumentos, que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho.

Cuarto: Que, tal como se puede advertir de los antecedentes que obran en la presente causa, el acto respecto del cual se recurre, Decreto Económico 202-2024 que declaró la remoción del cargo del recurrente, se encuentra debidamente fundado, evidenciándose la existencia de un debido proceso en cada una de las etapas de precalificación, calificación, con las correspondientes instancias recursivas ejercidas por la parte recurrente, por lo que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en tal sentido, razón por la cual la acción se desestimará.

Quinto: Que, en consecuencia, no se aprecia arbitrariedad ni una contravención a la legalidad en los términos que plantea la parte recurrente en su recurso, por cuanto la recurrida actúa conforme a derecho, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, correspondiente a lo regulado en el artículo 278 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y Acta 142-2015, como explica también en detalle en su informe. A mayor abundamiento, el referido artículo 278 indica lo siguiente: “La calificación comenzará con la relación que hará el secretario del órgano calificador sobre todos los antecedentes de cada una de las personas que deban ser evaluadas. A continuación de cada una de las relaciones individuales, los integrantes del órgano calificador procederán, separadamente, a entregar por escrito al secretario la evaluación que aquéllos les merezcan.

El calificado será evaluado globalmente en base a las pautas y rubros establecidos en los artículos 277 y 277 bis. El resultado de la calificación se expresará en un puntaje de 1 a 7 que se asignará al calificado y que podrá contener hasta dos decimales. En caso que el órgano calificador sea colegiado, esto es, integrado por dos o más personas, cada uno de sus miembros hará una calificación separada. El puntaje calificatorio definitivo será el cuociente que resulte de dividir la suma total de los puntajes individualmente asignados al calificado por el número de calificadores.

El puntaje definitivo determinará la lista en que figurará el calificado por el año inmediatamente siguiente al de la calificación, conforme a la siguiente pauta: Lista Sobresaliente, de 6,5 a 7 puntos; lista Muy Buena, de 6 a 6,49 puntos; lista Satisfactoria, de 5 a 5,99 puntos; lista Regular, de 4 a 4,99 puntos; lista Condicional, de 3 a 3,99 puntos y lista Deficiente, menos de 3 puntos. Ello no obstante, por el solo hecho de que el calificado obtenga una nota promedio inferior a 3 en responsabilidad o eficiencia, automáticamente quedará calificado en lista Deficiente; y, si obtiene puntaje igual o inferior a 3 en dos o más de cualquiera de los otros rubros, no podrá quedar calificado en lista superior a la Condicional.

El calificador que asigne, en cualquiera de los rubros a que se refiere el artículo 277 bis, un puntaje igual o superior a 6 o inferior a 4 deberá señalar los hechos que fundamentan su apreciación.

El calificado que, durante el año que se califica, hubiese sido objeto de medida disciplinaria, cualquiera sea el puntaje que obtenga, no podrá figurar en lista Sobresaliente y, en caso de haber sido objeto de medida disciplinaria superior a la de amonestación privada, no podrá figurar en lista Muy Buena. De igual manera, el que hubiese sido objeto de dos o más medidas disciplinarias, siempre que ninguna de ellas hubiese sido superior a censura por escrito, no podrá figurar en lista Satisfactoria; el que hubiese sido objeto de tres o más medidas disciplinarias, siempre que alguna de ellas hubiese sido superior a censura por escrito y ninguna superior a multa, no podrá figurar en lista Regular, y el que hubiese sido objeto de tres o más medidas disciplinarias o de dos o más, siempre que una de ellas hubiese sido de suspensión de funciones, quedará calificado en lista Deficiente.

Las reglas anteriores se observarán también por los órganos a los que corresponda conocer las apelaciones.

Para todos los efectos legales, se considerarán en lista de méritos a todos aquellos funcionarios que, conforme a su calificación anual, hubiesen sido incorporados a la lista Sobresaliente o Muy Buena.”

Por su parte, el Acta 142-2015 en la parte pertinente, señala que: “la calificación se concibe como un procedimiento a través del cual, se evalúa la conducta funcionaria y el desempeño laboral observado durante un determinado periodo, con el fin de establecer el nivel de eficiencia del personal, para ser considerado, en conjunto con el expediente disciplinario, en eventuales nombramientos del Poder Judicial, agregando que, no es procedente las referencias que hace el recurrente a los periodos anteriores y la circunstancia de no contar con medidas disciplinarias y notas de mérito como forma de justificar una supuesta arbitrariedad de los fundamentos de su calificación.

Sexto: Por todo lo anterior, el presente recurso se protección será rechazado, por manifiesta falta de fundamentos, por cuanto la recurrida, actúa conforma a las atribuciones que le concede la normativa aplicable al caso, y -en consecuencia- no se estiman vulneradas las garantías que denunciadas por el recurrente.

Séptimo: Que, al no apreciarse la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que deba cautelarse mediante esta acción constitucional, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado, Juez Presidente y Calificador del Juzgado de Familia de Ancud.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

No firma el Fiscal Judicial (S) don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°14-2025.