nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, seis de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Que a folio N° 1 comparece nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quien interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, con domicilio en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos expone que es ciudadana colombiana y que el pasado 8 de junio de 2022 realizó en el departamento de extranjería la solicitud de permanencia definitiva número 2702004, la cual a la fecha de presentación del recurso de protección no ha presentado avances en el sistema de extranjería.

La garantía constitucional que estima afectada es la igualdad ante la ley consagrada en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se acoja el recurso y se ordene al recurrido que se pronuncie sobre su solicitud de permanencia definitiva, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña junto al recurso los siguientes documentos: 1. Certificado de residencia definitiva en trámite. 2. Estampado de visa temporaria. 3. Cédula de identidad para extranjero. 4. Portada de pasaporte república de Colombia.

Que a folio N° 3 se tuvo por interpuesto el recurso.

Que a folio N° 6 evacua informe el servicio recurrido, quien señala al efecto que consta que doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ingresó al país por primera vez con fecha 15 de enero de 2018, por paso fronterizo Carretera Chacalluta.

Con fecha 6 de abril de 2018, la recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, por primera vez, el beneficio de visa temporaria por motivos laborales.

Con fecha 6 de abril de 2018, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 6 de agosto de 2018.

Con fecha 13 de septiembre de 2018, mediante Resolución exenta N° 5773, de la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga visación de residente temporario a la recurrente, por el periodo de 1 año, la que se mantuvo vigente hasta el 28 de septiembre de 2019.

Con fecha 6 de agosto de 2020, la recurrente solicita ante la Gobernación provincial de Llanquihue, el beneficio de visa temporaria inversionista.

Con fecha 6 de agosto de 2020, la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga a la recurrente el beneficio de autorización de trabajo, por el periodo de 4 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 9 de abril de 2021.

Con fecha 10 de marzo de 2021, mediante Resolución exenta N° 422, de la Gobernación provincial de Llanquihue, otorga visación de residente temporario a la recurrente, por el periodo de 10 meses, la que se mantuvo vigente hasta el 28 de abril de 2022.

Con fecha 8 de junio de 2022, la recurrente solicita ante el Servicio Nacional de Migraciones, el beneficio de permanencia definitiva, código de solicitud 2702004, solicitud presentada fuera de plazo, con 42 días siguientes al vencimiento.

Afirma que la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente se encuentra actualmente en análisis de admisibilidad, no cuenta con certificado en trámite, y que su situación está más demorada porque no lo hizo dentro de los plazos establecidos en el ordenamiento de la ley 21.325 y su reglamento. Precisa que en el acto que se verifique la admisibilidad se despliega inmediatamente el certificado de visa en trámite pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredite tal situación en su correo como primera notificación o a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones: tramites.extranjeria.gob.cl.

En virtud de lo anterior, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pero requiere del certificado de solicitud en trámite para salir del país como residente nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Por otra parte, manifiesta que la recurrente no ha señalado desde cuando se produce la perturbación, y entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Finalmente, señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Por estas razones, pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña junto al informe: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

2. Oficio ordinario N° 67130, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 7 de noviembre de 2022.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

SEGUNDO: Que, motiva el presente recurso la afectación que el recurrente dice sufrir a su derecho amparado el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión ilegal y arbitraria ante la demora en la tramitación de solicitud de visa permanencia definitiva de la recurrente.

TERCERO: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172 de 1977 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “[…] Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley y Reglamento de Extranjería.”

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2 y 3 establece que “2. La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine.”, y “3. El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el decreto ley 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, decreto 1.306, de 27 de octubre de 1975. Tal atribución puede ser ejercida en forma discrecional atendiendo en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate”.

CUARTO: Que, en el caso sublite, se entiende de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente efectuó en tiempo y forma su solicitud de visa de permanencia definitiva en Chile, lo que hizo a través de los canales virtuales destinados a tal efecto, no señalando la recurrida si falta, en específico, algún documento para proceder con el trámite.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

SÉPTIMO: Que, la dilación del recurrido en el pronunciamiento de la mentada solicitud resulta ilegal, por vulnerar la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a la demora en la respuesta que ha debido dar la administración respecto de la solicitud de la recurrente, en comparación a otras que han obtenido un acto terminal conforme a derecho.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES y se ordena a la recurrida, que deberá dar celeridad al pronunciamiento definitivo de la solicitud de la recurrente sobre visa de permanencia definitiva en el país, conforme al mérito de los antecedentes administrativos pertinentes, el que deberá emitirse en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados desde la notificación de la presente sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 14-2023