BOSQUES LOS LAGOS SPA con nombre reservado

nombre reservado, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1 comparece don Andrés Edwards Schleyer, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la sociedad “Bosques Los Lagos SpA”, de giro forestal, R.U.T. N°RUT reservado, del mismo domicilio, ambos para estos efectos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, representada por doña nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado. Especifica que los actos contra los que presenta el recurso de protección son dos: 1.- Resolución N°22017/2023 de fecha 24 de octubre del año 2023, dictada por la recurrida Sra. nombre reservado, en calidad de Jefa del Departamento de acción sanitaria que desestima el recurso de reposición administrativo presentado por mi representada “Bosques Los Lagos SpA” y la resolución del 24 de agosto de 2023, “informe sanitario desfavorable”, N°2310379217, emitido por la misma recurrida Sra. nombre reservado, esta vez como Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos o por orden de ésta, las que pretenden alterar informes sanitarios favorables emitidos por el mismo Servicio Público en relación al sistema de recepción/tratamiento de aguas servidas, exigiéndole una conexión a la red pública que no tiene factibilidad y es improcedente.

Explica que mediante Actas de Juntas Extraordinarias de Accionistas efectuadas el 11 de enero de 2022, “Bosques del Sur SpA” absorbió a “Forestal Los Lagos SpA”, asumiendo la calidad de continuadora para todos los efectos legales, modificando su nombre a “Bosques Los Lagos SpA”. En tal contexto, indica que el 19 de julio de 2023 solicitó a la Municipalidad de nombre reservado la transferencia de la patente comercial rol 100119-1, de Forestal Los Lagos; respondiéndole la Dirección Jurídica que no era necesario un pronunciamiento de la Dirección de Obras, pero que debía solicitar un informe a la Seremi de Salud.

En tal orden de ideas, relata personal de la Seremi concurrió a las instalaciones de su barraca o aserradero, constatando incumplimientos al D.S. 594/99 sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo, por lo que levantó un acta con diversas observaciones y solicitudes y posteriormente, emitió un “informe desfavorable”. Al respecto, alega que dicho informe no contiene una debida fundamentación ni en los hechos ni en el derecho, razón por la que es ilegal de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 inciso 6, 8 y 11 inciso 2° de la ley 19.880. También alega que la cita que hace dicho informe al artículo 83 del Código Sanitario es ilegal porque se refiere a un supuesto de hecho distinto al de este caso, porque dicha norma dispone que antes de “otorgar patentes definitivas para la instalación, ampliación o traslado de industrias” las Municipalidades deben recibir un informe favorable de la autoridad sanitaria. Al respecto, sostiene que solo estaba pidiendo el cambio del titular de la patente, pero no la instalación, ampliación o traslado de una industria, por lo que dicho artículo 83 no es aplicable al caso y, por consiguiente, la recurrida carecía de competencia para efectuar la fiscalización y emitir el informe.

Reprocha que este último informe contradiga los informes de los años 1989 y 2010, que ya se habían pronunciado favorablemente y, la Administración está obligada a respetar sus propios actos, especialmente cuando éstos generan “derechos adquiridos” como en este caso.

Por otro lado, afirma haber efectuado la suposición que el informe fue desfavorable por no haber contado con un sistema de alcantarillado, interponiendo un recurso de reposición administrativo, que fue resuelto ilegalmente, puesto que igualmente carece de fundamentación y el reparo consistió en que no tenía conexión a la red pública de alcantarillado, pero la resolución indica que su parte no acreditó la aprobación de un proyecto de sistema particular de recolección y tratamiento de aguas servidas y la resolución sanitaria que la apruebe. Sin embargo, ni en el acta de fiscalización ni en el informe desfavorable fue ese el cuestionamiento, no pudiendo modificar los hechos constatados en la visita agregando motivos distintos, dejándolo en indefensión.

Por otro lado, señala haber acompañado un certificado emitido por Suralis S.A. que acredita que no existe factibilidad para alcantarillado al encontrarse fuera del área concesional, documento que no es analizado y ponderado, ya que la resolución solo se limita a señalar que dicho documento “solo reafirma la necesidad de contar con autorización sanitaria”.

Por último, asegura que sus instalaciones cuentan con fosas sépticas a las cuales se les realiza mantención, lo que es permitido por el artículo 26 del D.S. 594/1999 cuando no es posible conectarse a la red pública de alcantarillado como en este caso, lo que relaciona con el “Reglamento General de Alcantarillados Particulares” N°236/1926.

Luego de alegar vulneración al artículo 19 N°3, N°21 y N°24, pide se deje sin efecto el “Informe sanitario desfavorable” del 24 de agosto de 2023, N°2310379217 y la Resolución N°22017/2023 de 24 de octubre del año 2023 que desestima el recurso de reposición administrativo; que se ordene a las recurridas abstenerse de pronunciarse sobre la materia por carecer de facultades y, en subsidio, que conforme al mérito de los antecedentes, emitan en forma inmediata un informe sanitario favorable, además, de cualquier otra medida que se estime adecuada por esta Corte; todo ello con costas. Acompaña: 1.- “Acta de fiscalización” 145863 de 01/08/2023. 2.- Cadena de correos electrónicos con respuestas y correcciones, entre su representada y la funcionaria de Seremi de Salud doña nombre reservado. 3.- “Informe sanitario desfavorable” N°2310379217. 4.- Recurso de reposición presentado en contra de dicho informe. 5.- Resolución 220172023 de 24 de octubre de 2023, que rechaza recurso de reposición. 6.- Solicitud de informe de factibilidad ingresado el 18 de agosto de 2023 a la empresa “Suralis S.A.”. 7.- Certificado negativo de factibilidad emitido por Suralis S.A. el 5 de septiembre de 2023. 8.- Solicitud de actualización por transferencia de patente, D.O.M. de nombre reservado, folio 1016/23. 9.- Certificado negativo de factibilidad de alcantarillado para aguas servidas, emitido por Sendos a Forestal Richco Limitada el 27 de septiembre de 1988. 10.- Informe sanitario N° 003/1989. 11.- Certificado de vigencia de informe sanitario, N° 0423 de fecha 22 de noviembre de 2010. 12.- copia de la escritura pública a que se redujo el Actas de Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 11 de enero de 2022, ante el Notario Público de San Miguel don nombre reservado, respecto de la sociedad “Forestal Los Lagos SpA”. 13.- Copia de la escritura pública a que se redujo el Actas de Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 11 de enero de 2022, ante el Notario Público de San Miguel don nombre reservado, respecto de la sociedad “Bosques del Sur SpA”, incluido su cambio de razón social a “Bosques Los Lagos SpA”; y 14.- copia de la escritura pública otorgada el 25 de abril de 2023 ante el Notario Público de Santiago don nombre reservado, en que consta mi calidad de Gerente General de la sociedad Bosques Los Lagos SpA.

A folio 3 se declara admisible el recurso de protección y se pide informe.

A folio 12 comparece el abogado don Sergio Alejandro Oyanader Espinoza, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y de doña nombre reservado quien, en primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso de protección respecto del Informe Sanitario de fecha 24 de agosto de 2023.

En subsidio, asegura que el informe emitido tiene el carácter de acto trámite que servirá de fundamento para un acto terminal y no es una resolución que imponga una sanción, indicando que la doctrina ha definido a los informes como la fotografía de las condiciones que fundamentan una situación o estado en un determinado tiempo.

Asegura que la competencia de la SEREMI de evacuar informes se funda en el artículo 83 del Código Sanitario, por lo que su actuar en caso alguno fue ilegal ni arbitrario, sino que por el contrario, su ejecución fue realizada a solicitud de la recurrente, dando cumplimiento a la norma. Niega que el informe sanitario de 1989 y la posterior certificación de vigencia del de noviembre de 2010 garanticen un deber de actuación coherente o que sean vinculantes como una especie de “cosa juzgada”, ya que el informe solo certifica las condiciones sanitarias del establecimiento en el momento de su emisión.

Señala a mayor abundamiento, que el D.F.L. Nº1 del Ministerio de Salud del año 1990, establece que el funcionamiento de obras destinadas a la provisión o purificación de agua potable de una población o a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros requiere autorización sanitaria, lo que es una situación de tracto sucesivo y en caso alguno la autorización para su funcionamiento puede ser considerada como un derecho adquirido.

Por otro lado, argumenta que atendido que la recurrente no acredita una Resolución Sanitaria que apruebe proyecto de sistema particular de recolección y tratamiento de aguas servidas y Resolución Sanitaria que aprueba funcionamiento sistema particular de recolección y tratamiento de aguas servidas de acuerdo a lo ordenado en D.F.L Nº1 del Ministerio de Salud, el que tiene vigencia desde el año 1990, en tanto que el Informe Sanitario Favorable N°003/1989 data del año 1989.

Que, en relación a la supuesta omisión e infracción al deber de motivación, afirma que el legislador no exige al resolutor señalar todas las razones por las que adopta una decisión ni que haga un desarrollo extenso de cada una de ellas, bastando que sea sucinta o resumida.

En cuanto a la solicitud de factibilidad para dotar de servicio de agua potable y alcantarillado de aguas servidas al terreno ubicado en sector Cardonal S/N de nombre reservado, emitido por la empresa SURALIS ingresado por BOSQUES LOS LAGOS SPA., solo reafirma la necesidad de contar con autorización sanitaria.

Afirma que si la recurrente hubiese contado con la Resolución de Aprobación del Proyecto y la Resolución que Aprueba el Funcionamiento de Sistema de Aguas Servidas, el Informe Sanitario de fecha 24 de agosto de 2023 hubiese sido favorable. Niega vulneración a las garantías fundamentales de la recurrente, insta por el rechazo del recurso de protección con costas.

A folio 13 se traen los autos en relación.

A folio 19 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que la acción cautelar impetrada se dirige contra de un Informe sanitario desfavorable emitido el 24 de agosto de 2023, N°2310379217 y la Resolución N°22017/2023 de 24 de octubre del año 2023, que desestimó el recurso de reposición administrativo deducido por la recurrente, actos administrativos dictados por la Seremi de Salud de esta región, que solicitan sean dejados sin efecto al considerar que dichas actuaciones son ilegales y arbitrarias, ya que la recurrida carece de las facultades legales para pronunciarse sobre la materia, conforme a los antecedentes que invoca.

Tercero: Que, la recurrida alega como primera defensa, que el presente recurso de protección sería extemporáneo, ya que se dedujo en contra de un informe sanitario solicitado por la propia recurrente, el que se emitió con fecha 24 de agosto pasado, en circunstancias que la acción fue presentada con fecha 23 de noviembre de 2023, esto es, más allá del plazo 30 días que autoriza el auto acordado sobre tramitación del recurso, pretensión que será rechazada por cuanto al haber deducido la recurrente un recurso de carácter administrativo en contra de dicha actuación del servicio recurrido, a juicio de esta Corte corresponde a una misma actuación administrativa, siendo ella en su conjunto la que el recurrido califica de ilegal y arbitrario.

Cuarto: Por otra parte, es necesario tener presente el contexto de los hechos que fueron esgrimidos por la recurrente, que dicen relación con una actuación provocada por ella misma, consistente en su solicitud a la Ilustre Municipalidad de nombre reservado para formalizar la transferencia de la patente comercial rol 100119-1, de Forestal Los Lagos a la continuadora legal de aquella, Bosques Los Algos SpA. En efecto, es precisamente el municipio ya referido el que por medio de su Dirección Jurídica remitió a la Seremi de Salud los antecedentes para su informe, conforme a documento que rola a folio 32 de la carpeta judicial virtual.

Quinto: Que, de esta forma y tal como lo señaló la recurrida en estrados, su actuación fue provocada por una decisión de la Dirección de Obras Municipales del Municipio de nombre reservado, siendo los fiscalizadores de la Seremi de Salud de esta ciudad los que constataron las condiciones actuales de los servicios de agua potable y alcantarillado del establecimiento sobre el cual recae la patente comercial que la recurrente pretende transferir en los términos ya expuestos, de manera que su actuación fue requerida por el municipio, siendo en definitiva aquel quien debería responder de la legalidad o no de su solicitud de informe a la recurrida.

Que, además, los cuestionamientos respeto de las facultades de que detenta la recurrida sobre la materia o de sí son aplicables o no las normas del Código Sanitario, no permiten reprochar la legalidad del actuar de la Seremi recurrida, desde que la norma del artículo 83 del Código de la materia, le concede la facultad para inspeccionar el cumplimiento de las exigencias reguladas en el D.S. N° 594 de 1999, sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas que deben cumplir los lugares de trabajo. A saber, el artículo 2° del ya referido decreto señala “Corresponderá a los Servicios de Salud, y en la Región Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud”, lo que implica que el servicio recurrido al actuar de la manera que lo ha hecho, ha obrado conforme a sus facultades legales.

Sexto: Que, de lo expuesto resulta que la recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia al fiscalizar las condiciones sanitarias y ambientales del establecimiento de propiedad de la recurrente, siguiendo el procedimiento previsto en la ley. Es así como, al tener antecedentes concretos, de carácter objetivo, valorados por el órgano, el acto no puede ser tildado de ilegal ni arbitrario, pues no responde al mero capricho de la autoridad recurrida, sino que, como se dijo, es una decisión razonada y fundada en antecedentes de carácter imparcial verificados por fiscalizadores en el ejercicio de sus facultades legales.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta a folio N°1 por el abogado don Andrés Edwards Schleyer, en representación de la sociedad “Bosques Los Lagos SpA”, en contra de doña nombre reservado, Jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos.

Redacción del Abogado integrante don Claudio Fernández Melo.

No firma el Abogado integrante don Claudio Fernández Melo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 1392-2023.-