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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1387-202125 feb 2022

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
25 de febrero de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 1387-2021, sentencia de 25 de febrero de 2022

Resumen

Se rechaza la acción de protección deducida por el titular del predio: no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Junta de Vecinos ni de la SEREMI, y la disputa sobre deslindes y cabida entre ambos títulos debe resolverse en juicio de lato conocimiento.

Texto íntegro

Puerto Montt, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece Camilo Rivas Pardo, abogado, en representación del recurrente nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de nombre reservado, presidente de la Junta de Vecinos sector Tres cumbres nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por los hechos que expone en su acción.

Sostiene que con fecha 24 de noviembre del 2021, aproximadamente a las 11:00, el recurrido nombre reservado, junto a un grupo de personas, ingresaron de manera ilegal a la parcela “Lote B-A uno”, de 2,41 hectáreas de propiedad del actor, ubicado en el sector Tres Cumbres, Maullín, la cual colinda con el camino vecinal “Tres Cumbre” que recorre diariamente este último para ingresar y salir de su propiedad, quiénes estaban sacando las grampas del alambra de púas que delimita su parcela, levantando dicho alambrado para permitir el paso de personas. Sostuvo dicho recurrido que la SEREMI de Bienes Nacionales otorgó dichos terrenos en concesión a la Junta de Vecinos, exhibiendo para ello una foto satelital que en rigor no es un plano situación informada a Carabineros de Chile, quiénes se habrían negado a dejar constancia de los hechos relatados, concurriendo solamente al lugar de los hechos.

Dicho conflicto se arrastra desde comienzos del año 2021, dado que con fecha 14 de enero del 2021 el actor recibe una carta del SEREMI de Bienes Nacionales donde se le acusaba de mantener instalaciones de cercos en terrenos fiscales, de acuerdo a información otorgada por vecinos, solicitando remitir copia del título de dominio en el plazo señalado en la misma. Ante ello, el actor se apersona en dependencias de la SEREMI, donde se le exhibe un documento sin escalas, deslindes, nombres de propietarios, denominación de los predios ni firma de algún profesional pertinente, que indicaría cuales son los límites de su propiedad, sosteniendo la autoridad que el cerco del actor se encontraba fuera de lugar.

Sostiene que su título de dominio se encuentra inscrito a fojas 435 N°434 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullín del año 2020, adquirido mediante compraventa a nombre reservado con fecha 09 de septiembre del 2020 y cuyo plano de la parcela, minuta de deslindes, certificado del SAG y certificado de asignación de roles del Servicio de Impuestos Internos se encuentran agregados en los respectivos registros conservatoriales. Por su parte, el título en favor del Fisco se encuentra inscrito a fojas 182 N°216 año 1984 del citado Conservador, donde se encuentra anotada marginalmente que 34,15 hectáreas fueron transferidas a nombre reservado.

De este modo, el actor es un poseedor legítimo, nunca ha corrido cercos, transgredido o irrumpido en propiedades de otras personas, vulnerándose de este modo las garantías del artículo 19 N°5 y 24 de la Constitución Política, mediante un actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene:

1.- Expresamente la prohibición al Sr. nombre reservado, o a cualquier otro miembro de la Junta de Vecinos de Tres Cumbres, ingresar a la propiedad de don nombre reservado.

2.- El restablecimiento del estado del cerco a su situación de normalidad y el retiro de los elementos de construcción que han sido introducidas a la parcela del Sr. nombre reservado.

3.- Se ordene al Seremi de Bienes Nacionales, cesar la remisión de cartas, de órdenes o dictámenes, sea cual sea la vía, que manden u obliguen a don nombre reservado, mover sus cercos.

4.- Se ordene a la entidad policial que se negó a recibir la denuncia, acogerla a tramitación de modo tal que se dé curso a una investigación por los delitos descritos en este libelo.

5.- Se condene en costas a la parte recurrida.

A folio 3, se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 11 y 16, consta informe de nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Lagos, quién indica que el Fisco de Chile es dueño de un inmueble inscrito a mayor cabida a fojas 182 N°216 del Registro de Propiedades del año 1984 del Conservador de Bienes Raíces de Maullín, singularizado en el plano que se indica, y compuesto por los Lotes a, de 1,08 has., y Lote B, de 3,07 has., el cual fue destinado a la Dirección de Vialidad mediante resolución exenta N°2 de fecha 09 de enero del 2006, con la finalidad de ser utilizado como pozo de lastre, derogándose dicha destinación por abandono con fecha 18 de agosto de 2017.

Posterior a ello, con fecha 02 de marzo del 2020, la informante otorgó la concesión de uso gratuito, por el plazo de cinco años, mediante Resolución Exenta N°E-6926, a la Junta de Vecinos N°52, del sector Tres Cumbres de la comuna de Maullín, para la construcción de una sede social, multicanchas y áreas verdes. Pese a ello, se informa por el Presidente de dicha Junta de Vecinos que no se había podido tomar posesión material por cuanto la colindante, nombre reservado había efectuado una compraventa al actor del lote B de su propiedad, habiendo realizado movimientos de tierra y construcción de un cerco. Dicha vendedora recibió a título gratuito del Fisco, según Decreto N°1130 del 14 de diciembre del 1999 del Ministerio de Bienes Nacionales, un inmueble fiscal en el sector Tres Cumbres de la comuna de Maullín, singularizado como Hijuela N°3 de una superficie de 34,15 has.

Por la denuncia efectuada, se procedió a realizar un contraste de los planos fiscales con los de la citada vendedora, verificando con navegador GPS que el actor había efectivamente cercado con estacones y alambres parte del terreno fiscal singularizado como Lote B y entregado en concesión a la Junta de Vecinos N°52. Por ello, se le solicitaron los títulos de dominio al recurrente en virtud del artículo 10 del D.L. 1939, y de los antecedentes aportados, se concluyó por la informante que lo adquirido por el actor se encuentra inserto en el Lote B de la Hijuela N°3, lo que no corresponde a lo cercado en dicho terreno, motivo por el cual, a través de ordinario N°112 de fecha 19 de enero de 2021 se le notificó para que hiciera retiro de los cercos señalados y que no ha ocurrido a la fecha, siendo el recurrente quién no tiene certeza de donde se encuentra emplazado su inmueble.

Previas citas legales respecto de la actuación de su parte, sostiene que aquella no es ni ilegal ni arbitrario, no existiendo así una amenaza a las garantías invocadas, solicitando en definitiva el rechazo de la presente acción.

A folios 15 y 27, consta informe de nombre reservado, presidente de la Junta de Vecinos N°52 de Manecita de la Comuna de Maullín, indicando que por gestiones del Municipio de Maullín, con fecha 07 de febrero del 2020, se presentó una solicitud ante la SEREMI de Bienes Nacionales de Los Lagos, solicitando concesión gratuita de un terreno ubicado en el sector Manecita de la citada comuna, con el fin de efectuar una sede social, multicanchas y áreas verdes, el cual correspondía a un antiguo pozo de lastre donde vialidad extraía áridos para la mantención de caminos en la comuna, el cual estaba en desuso. Así, con fecha 02 de marzo del 2020 se aprobó la citada concesión por espacio de cinco años un terreno denominado Pozo Lastre Guerrero de dicho sector, inscrita a nombre del Fisco según consta en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullín inscrito a fojas 182, N°216 del año 1984, de una superficie de 41,5 metros cuadrados.

Sin embargo, la directiva anterior de la junta de vecinos indicada no tomó posesión de inmediato del terreno, dado el problema suscitado con el actor, no obstante, toda la superficie otorgada en comodato se encontraba cercado tanto en su parte norte, que colinda con el camino público, como en sus deslindes laterales, por lo que no hubo necesidad de hacer cierres. Así, se informa el 18 de diciembre del 2020 a la SEREMI de la compra realizada por el actor y que afectaría al inmueble entregado, la cual con fecha 19 de enero del 2021 indica que los cercos instalados por aquel recaen sobre el predio fiscal dando un plazo de 15 días para que los retire.

Una vez asumida la nueva directiva, se comenzaron a reunir los materiales para ejecutar la construcción de la sede social, la cual se encuentra en un avanzado estado y así tomar posesión y cumplir con las condiciones por las cuales se pidieron dichos terrenos.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa constaría en el hecho de que los recurridos habrían ocupado parte del inmueble de propiedad del actor, realizando levantamiento de cercos y la construcción de una sede social para la Junta de Vecinos indicada, sin contar con derecho para la realización de dichas acciones.

CUARTO: De conformidad a los antecedentes aportados a la presente causa, valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se aprecia por estos sentenciadores que los recurridos no han incurrido en algún actuar ilegal al haber obrado de conformidad a los documentos fundantes que invocan en los respectivos informes, ello por cuanto se establece que efectivamente el Fisco de Chile es el titular del dominio del inmueble dado en concesión a la Junta de Vecinos recurrida singularizado en la Resolución Exenta N°E-6926 de fecha 02 de marzo del 2020 de acuerdo a inscripción a fojas 182 N°216 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullin del año 1984, descartándose por tanto de este modo alguna vía de hecho que alterase el status quo existente entre las partes.

QUINTO: Lo anterior, sin perjuicio del título invocado por la actora respecto del bien denominado Lote B-a Uno inscrito a su nombre bajo la inscripción de fojas 435 N°434 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullin del año 2020, que aparentemente mantendría conflictos respecto de los deslindes y de cabida con los terrenos otorgados en concesión por la SEREMI de Bienes Nacionales de esta región a la Junta de Vecinos recurrida, cuya discusión y resolución debe necesariamente ser conocida mediante alguna acción de lato conocimiento y ante el Tribunal competente por exceder con creces la finalidad que persigue la presente acción cautelar.

Ello, por cuanto ambas partes invocan antecedentes pertinentes para acreditar sus pretensiones, debiéndose en consecuencia proceder mediante la forma señalada atendido a que no se observa ilegalidad ni arbitrariedad de las recurridas en su actuar que implique alguna vulneración de las garantías invocadas por el actor en su acción.

SEXTO: De este modo, despejada alguna actuación ilegal o arbitraria de las recurridas, tampoco se advierte la existencia de un derecho indubitado del actor que haya sido vulnerado por aquellas y que deba ser protegido a través de este mecanismo de tutela constitucional de urgencia, ya que precisamente lo que se está discutiendo es la extensión de los dominios de ambas partes respecto de los inmuebles indicados, cuestión que tal como ya se observó, escapa a la finalidad de la presente acción, procediendo en consecuencia esta Corte a rechazarla tal como se indicará en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se rechaza la acción interpuesta por Camilo Rivas Pardo en representación del recurrente nombre reservado en contra de nombre reservado, presidente de la Junta de Vecinos sector Tres cumbres nombre reservado y del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

II. Que no se condena en costas a la recurrente por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redacción a cargo del abogado integrante, don Mauricio Cárdenas García.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1387-2021.