Protección contra Instituto Profesional AIEP de Puerto Montt

Puerto Montt, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 1382-2025-Protección, doña nombre reservado, estudiante de la carrera de Topografía, dedujo acción de protección en contra del Instituto Profesional AIEP de Puerto Montt, fundado en actos que califica de ilegales y arbitrarios consistentes en discriminación por su condición de salud de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y déficit auditivo, hostigamiento sistemático por parte de una docente y omisión institucional en la adopción de medidas de resguardo y adecuaciones académicas.

Expuso, en síntesis, que al matricularse en el año 2025 se le aseguró que la enseñanza del programa AutoCAD sería desde cero, pero al ingresar constató una metodología práctica y acelerada, y que, debido a sus dificultades de aprendizaje, solicitó y obtuvo autorización para grabar clases, la que posteriormente fue revocada por la profesora, quien comenzó a hostigarla, exigirle avanzar más rápido que de forma razonable, reprenderla por tomar apuntes y realizar comentarios descalificadores tanto en privado, señalándole que fracasaría en ambas carreras y que debía congelar, como también en público, ridiculizándola frente al curso.

Añadió que, pese a haber reclamado ante el Jefe de Carrera y luego ante la Directora, las soluciones ofrecidas no se implementaron, subsistiendo una docencia sin material de apoyo, videos ni tutoriales, lo que la obliga a trabajar con “pantallazos” y agrava su desventaja, denunciando además falta de imparcialidad institucional por la relación de amistad entre la docente y la supervisora de carrera, así como una negativa de la profesora a considerar sus antecedentes médicos, llegando incluso a exigirle certificado de déficit auditivo y manifestarle que si no le gustaba el trato dejara el curso.

Sostuvo que todo ello le ha provocado afectación psíquica, debiendo iniciar terapia psicológica el 24 de septiembre, y que la situación también impactó al curso, al punto que la otra alumna mujer se retiró, indicando contar con audios de exalumnos que corroboran los hechos.

Invocó vulneración de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2, por discriminación arbitraria y falta de imparcialidad; de la vida privada y honra del artículo 19 N° 4, por humillaciones y hostigamiento; y del derecho de propiedad prevista en el artículo 19 N° 24; todos de la Carta Fundamental, por mala prestación del servicio educacional, solicitando en definitiva acoger el recurso, instruir la aplicación inmediata de adecuaciones, el cese inmediato de todo hostigamiento, ordenar una investigación formal e imparcial, y disponer las medidas académicas necesarias.

Acompañó a su presentación los siguientes antecedentes: 1.- Certificado de Diagnóstico TDAH y Déficit Auditivo; 2.- Copias de correos electrónicos y de mensajería por la aplicación WhatsApp de la recurrente con autoridades de la recurrida; 3.- Pruebas del Vínculo de Amistad y/o cambio de horarios de la profesora referida en la acción; y 4.- otros documentos a su juicio relevantes.

Asimismo, durante la tramitación del recurso se acompañó un set de registros de audios.

Al evacuar el informe de rigor, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, con costas, negando la existencia de actos ilegales o arbitrarios y sosteniendo que los hechos expuestos por la recurrente corresponden, en lo sustancial, a una disconformidad con la metodología de enseñanza y al ritmo de avance de la asignatura, más no a hostigamiento, discriminación ni omisión institucional.

Expuso que la alumna ingresó en 2025 a la carrera de Técnico en Topografía y que la enseñanza era efectivamente desde cero, sin que ello sea incompatible con una metodología práctica.

Agregó que la recurrente manifestó dificultades asociadas al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y déficit auditivo, pero que nunca formalizó tales diagnósticos por los canales institucionales, tales como, Portal de Inclusión o Dirección de Asuntos Estudiantiles, e incluso habría declarado al momento del primer contacto no presentar discapacidad, razón por la cual no podían activarse formalmente adecuaciones académicas.

Señaló, asimismo, que la autorización para grabar clases fue inicialmente concedida por la docente, pero luego se desaconsejó al advertirse que la alumna se dedicaba solo a grabar y no a realizar los ejercicios prácticos, generándose retraso en su aprendizaje.

Negó, además, los supuestos actos de humillación, hostigamiento y comentarios descalificadores atribuidos a la profesora nombre reservado, indicando que solo existieron diferencias propias del contexto académico, acompañando comunicaciones internas de la docente sobre dificultades de convivencia y participación en clases, y destacando que no registra reclamos previos por malos tratos, manteniendo buenas evaluaciones docentes y supervisiones institucionales.

Afirmó que se ofrecieron medidas concretas de apoyo a la recurrente, en especial un taller remedial de AutoCAD y reforzamiento académico, según registros CRM, los que habrían sido rechazados por la propia recurrente, y que también se le informó posteriormente sobre el Portal de Inclusión y canales de apoyo, negándose ella a realizar el trámite mientras esperaba el resultado del recurso.

Finalmente, descartó la imputación de falta de imparcialidad por una supuesta amistad entre la docente y una “supervisora”, precisando que la persona mencionada no ejercía dicho cargo ni intervino en la atención del caso, la que estuvo a cargo del jefe de Escuela, y concluye que no existe vulneración de las garantías de los numerales 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo del arbitrio.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consagra la acción de protección destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que son requisitos indispensables de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que para una adecuada resolución de la acción constitucional deducida, es necesario señalar, primeramente, a la luz de la normativa legal aplicable al caso, esto es, la Ley N° 20.370 General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 2 de Educación, publicado el 2 de julio de 2010; dicha ley señala en su artículo 3, que el sistema educativo chileno se inspira en varios principios, uno de los cuales es el de autonomía y en el artículo 104 de tal Decreto con Fuerza de Ley se establece que “Se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa.

La autonomía académica incluye la potestad de las entidades de educación superior para decidir por sí mismas la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio.

La autonomía económica permite a dichos establecimientos disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo con sus estatutos y las leyes.

La autonomía administrativa faculta a cada establecimiento de educación superior para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes.”

Asimismo, la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, entre sus disposiciones generales establece, de modo concordante, en su artículo 2, que uno de los principios que inspira al Sistema de Educación Superior es el de autonomía y prescribe que “El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida esta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.

Asimismo, las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.”.

Así las cosas, es derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, comprendiendo la autonomía académica, económica y administrativa.

Cuarto: Que, en lo concerniente a un supuesto hostigamiento ejecutado por una de las docentes en contra de la recurrida, consistente en exigencias mayores para la aprobación de la asignatura que imparte y la realización de comentarios descalificadores y reprenderla públicamente, lo cierto es que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica, no fue posible acreditar hecho alguno que pueda calificarse como hostigamiento, maltrato o discriminación, apareciendo que los hechos expuestos corresponden, más bien, a una disconformidad de la recurrente con la forma de trabajo y metodología de enseñanza por parte de su profesora, cuestión que forma parte de la libertad de cátedra y del principio de autonomía referido precedentemente.

De manera tal que, no registrándose tampoco reclamos previos por malos tratos, se descarta, por falta de antecedentes, un actuar vulneratorio a la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, por otro lado, si bien se desprende de los antecedentes incorporados que la recurrente padece de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y déficit auditivo, lo cierto es que no formalizó, por los canales institucionales debidos, tales diagnósticos, omitiendo dar cuenta de ellos a la recurrida por el respectivo Portal de Inclusión o a través de una reunión con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, declarando incluso, al momento del primer contacto, no presentar discapacidad, razón por la cual no es posible alegar un trato discriminatorio, fundado en su condición, debido a que la propia recurrente no utilizó las vías institucionales para dar cuenta de su situación.

Dichos canales oficiales, en virtud del principio de autonomía antes referido, constituyen la forma oficial de requerir el apoyo y las adecuaciones académicas correspondientes.

Por ello, a juicio de esta Corte, tampoco se observan vulneradas las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental, máxime si como se desprende de los antecedentes incorporados, a la actora se ofrecieron medidas concretas de apoyo, en especial un taller remedial de AutoCAD y reforzamiento académico, según registros CRM, los que fueron sido rechazados por la propia recurrente, informándole también, con posterioridad a su denuncia, sobre el Portal de Inclusión y canales de apoyo, negándose a realizar dichos trámites.

Sexto: Que, de este modo, la recurrida no ha cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna, sin que pueda considerarse que con la decisión se prive a la recurrente de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la Republica.

En razón de lo expuesto, no configurándose el presupuesto fáctico que hace procedente la acción de protección, cual es, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, pues aquello no ha logrado acreditarse, el presente recurso deberá ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se decide:

I.- Que se rechaza la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra del Instituto Profesional AIEP de Puerto Montt.

II.- Que cada parte asumirá el pago de sus costas, por existir motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad Redacción del Fiscal Judicial Báez.

Rol Protección 1382-2025.-