nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

nombre reservado, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, médica, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, Region de Los Lagos, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por cuanto denegó ilegal y arbitrariamente el retiro de su fondo de pensiones, afectando sus garantías constitucionales.

Expuso que la actora, por la web de la recurrida, solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, el 1 de octubre de 2025 es informado por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente:

“En respuesta a su consulta efectuada en nuestra sucursal nombre reservado, informamos que según lo establecido en el compendio de normas del sistema de pensiones, se establece lo siguiente: No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la ley 18.156 el personal contratado por organismos públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo”.

En relación con el decreto de nombramiento de la actora, argumentó que ha sido conteste la jurisprudencia en indicar que no corresponde una aplicación estricta y exegética del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en orden a incluir únicamente los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues, si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente. Es del caso que, el vínculo jurídico entre el empleador y la trabajadora se sustenta en un decreto de nombramiento a través de Resolución Exenta y como tal, es un contrato de trabajo con sujeción a estatuto especial en todo lo que proceda siendo aplicable la normativa que permite el retiro de fondos pues, es supletoria, no existe prohibición y tampoco un alcance restrictivo en los estatutos en comento.

En cuanto a la legalización del certificado de afiliación, arguyó que el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil chileno que dispone:

“La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes…. 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.”

De este modo, la administradora que se recurre obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una errónea interpretación de la norma, desatendiendo su objetivo que es que el extranjero pueda disponer de sus fondos de previsión. En ese sentido en el caso puntual y en relación con la causal de rechazo invocada es necesario precisar el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, pues están frente a una imposibilidad técnica y material de realizar la legalización de la declaración jurada, por el quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

En este orden de ideas, explicó que es un hecho público y notorio de la ausencia de representación diplomática por parte de Venezuela, existiendo una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los venezolanos a obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS que se obtenía anteriormente y que era convalidada por el Ministerio correspondiente.

Aun en consideración de ello, señaló que la parte recurrente presenta el documento debidamente apostillado a través de declaración jurada ante notaria chilena, lo que reviste al documento de la debida formalidad, y al ser emitido en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana.

Agregó que se adjuntó un certificado de aprobación de retiro de fondos por esta misma administradora AFP CUPRUM, junto a declaración jurada notariada que sirvió de sustento para dicho retiro de fondos, enfatizando que dicha declaración jurada cumplía con las mismas formalidades que las del recurrente de autos, por lo que al estar todas las AFP sin importar su denominación regidas por las mismas leyes, y la misma normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones, no corresponde a cada AFP aplicar de forma desigual y arbitraria la aplicación de las normas que rigen la materia.

A mayor abundamiento, dice que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/ que permite la búsqueda con el número de cédula de identidad venezolana, según explica.

Reitera que las constancias que emiten las páginas web indicadas son certificadas por la autoridad competente, por lo tanto, plenamente válidas, y cumplen el requisito exigido en la ley de estar afiliado a la seguridad social del país de origen.

Estimó que el obrar de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política por requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con lo exigido en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión. Cita fallos de la Excma. Corte Suprema Rol 28.881-2022, y Rol 96.380-2021; Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol 247.104-2023; Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol 325-2024, entre otros.

Pidió que se acoja la acción constitucional y se ordene que se reconozca como válido la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días o el que se estime conforme al mérito de autos; y se adopte las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña al recurso: 1. Rechazo de retiros de fondos como técnico extranjero. 2. Cédula de identidad para extranjeros. 3. Declaración Jurada suscrita ante notario. 4. Constancia de afiliación al instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS). 5. Contrato y declaración jurada de contrato. 6. Título profesional apostillado.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe a la recurrida.

A folio 6 evacuó informe la AFP CUPRUM, solicitando el rechazo del recurso con costas, por no ser la vía idónea para resolver un asunto de lato conocimiento, en que no existe un derecho indubitado, debiendo el recurrente agotar previamente las instancias administrativas pertinentes.

Sostuvo que el asunto planteado debió ser canalizado a través de un reclamo ante la propia AFP o, en su caso, ante la Superintendencia de Pensiones —ente regulador, contralor y fiscalizador del sistema de pensiones— y no mediante la interposición de un recurso de protección.

Explicó que en el recurso interpuesto por la recurrente incorpora antecedentes y referencias que no guardan relación alguna con la actuación de esta Administradora ni con el contenido de la respuesta entregada el día 1 de octubre de 2025. En particular, se hace mención a documentos tales como la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, su contenido y legalización, los cuales no fueron parte de la consulta formulada ni del pronunciamiento realizado por esta Administradora.

Dicha inclusión resulta improcedente, toda vez que el objeto del presente recurso de protección se circunscribe exclusivamente a la respuesta informativa entregada por esta Administradora en el marco de una consulta espontánea, sin que se haya emitido acto administrativo alguno que se haya pronunciado sobre la validez, suficiencia o pertinencia de los documentos mencionados por la recurrente. En consecuencia, la incorporación de tales antecedentes en el recurso no solo resulta ajena a la controversia planteada, sino que evidencia que el escrito presentado por la recurrente corresponde, en su estructura y contenido, a un modelo genérico previamente utilizado en otros casos, sin atender a las particularidades del presente.

Por tanto, argumentó que no existe un acto concreto de la Administradora que haya afectado derechos fundamentales de la recurrente, ni se ha emitido pronunciamiento alguno respecto de los documentos extranjeros que se mencionan en el libelo, los cuales no fueron parte de la consulta ni del contexto fáctico que dio origen a la respuesta entregada.

Explicó que el 1 de octubre de 2025, la recurrente solicitó información respecto de los requisitos exigidos para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156. En atención a dicha solicitud, se procedió a entregar una respuesta fundada en la normativa vigente, sin que se haya presentado ni tramitado una solicitud formal de devolución de fondos por parte de la recurrente. En efecto, informó que, conforme a lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, no tienen acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 aquellas personas contratadas por organismos públicos mediante decreto de nombramiento, sometidas a estatutos especiales y no sujetas a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo.

Reafirmó que de acuerdo a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 5.963, de 16 de abril de 2007 (reafirmada en el Oficio Ordinario N° 11.880 de 1 de junio de 2017 y en el Oficio Ordinario N° 6.948, de 22 de abril de 2025), dicho organismo fiscalizador estableció que la Ley N°18.156 constituye una normativa de carácter excepcional, cuya interpretación debe realizarse de manera restrictiva. En consecuencia, tratándose de personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no regidos por el Código del Trabajo, dicha ley no resulta aplicable, toda vez que los vínculos laborales en cuestión no pueden ser asimilados a contratos de trabajo en el sentido previsto por la norma.

Concluyó que no se configura en la especie un acto ilegal ni arbitrario que habilite la interposición de un recurso de protección, toda vez que no ha existido negativa a una solicitud formal ni se ha dictado resolución alguna que afecte el legítimo ejercicio de derechos constitucionales por parte de la recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en estos autos doña nombre reservado, ha interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario consistente en la negativa a acceder al retiro de fondos de pensiones para extranjero. Al efecto la recurrente indica que cumple con los requisitos del artículo 1° de la Ley 18.156, y en lo relativo al “contrato de trabajo” señala que debe interpretarse ampliamente dicho concepto, y no de forma estricta y exegética, permitiendo que otros tipos de relación jurídicas, como la derivada de un nombramiento como funcionario, regida por el Estatuto Administrativo, también pueda quedar incluido dentro de la posibilidad de retirar fondos de pensiones, regulado en dicha ley.

Por su parte la recurrida en su informe alegó, como argumento central, que no existe ninguna solicitud formal realizada por la recurrente para pedir el retiro de sus fondos de pensiones, precisando que la respuesta que envió el 1 de octubre de 2025 por correo electrónico fue relativo a una consulta realizada por la recurrente en el marco de una consulta espontánea, sin que se haya emitido acto administrativo alguno que se haya pronunciado sobre la validez, suficiencia o pertinencia de los documentos mencionados por la recurrente.

Cuarto: Que, de la documental acompañada por la recurrente, se observa que la respuesta en que se funda el recurso es del siguiente tenor:

“Estimada nombre reservado, En respuesta a su consulta efectuada en nuestra sucursal nombre reservado, informamos que según lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; Libro II Cotizaciones Previsionales; Título XI, número 6, se establece lo siguiente:

"No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo".

Esperamos haber dado respuesta a su inquietud y estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda tener.

Para seguir mejorando, nos gustaría conocer su opinión sobre la respuesta recibida a través del siguiente link, tomará menos de dos minutos:

https://afpcuprum.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Qs1Tzty08WUJDO”

Quinto: Que, de acuerdo a lo expresado en el documento transcrito en el motivo anterior, se acredita la efectividad de lo expuesto por la recurrida, en orden a que no ha existido un pronunciamiento formal respecto a una solicitud de retiro de fondos de pensiones, ya que como se desprende de dicho documento, la respuesta se otorga a una consulta efectuada en la sucursal nombre reservado, el que tiene un carácter informativo.

Sexto: Que, por otra parte, en autos tampoco se acompañó la solicitud formal realizada por la recurrente para efectos de solicitar el retiro de fondos de pensiones de la AFP recurrida, lo que refuerza lo afirmado por la recurrida en su informe, en orden a que no ha existido negativa a una solicitud formal ni se ha dictado resolución alguna que afecte el legítimo ejercicio de derechos constitucionales por parte de la recurrente.

Séptimo: Que, por lo anterior, al no existir una negativa o pronunciamiento formal a una solicitud de retiro de fondos de pensiones, la recurrida no ha incurrido en una actuación arbitraria y/o ilegal, la que sólo ha dado una respuesta a una consulta espontánea realizada en una sede de la Administradora de Fondo de Pensiones, lo que conlleva el rechazo de la acción constitucional.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1379-2025.-