nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Puerto Montt, doce de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, el día 09 de octubre de 2025, compareció el abogado Marco Valdés Merino a favor de nombre reservado, ciudadana dominicana, e interpuso acción constitucional de protección en contra el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, impugnando la Resolución Exenta N°2500100132892, que rechazó su petición de residencia definitiva, ordenó su abandono del país, y dispuso la prohibición de ingreso por el plazo de un año.

Explica que el 09 de noviembre de 2023 solicitó su residencia definitiva, y con fecha 10 de septiembre de 2025, fue notificada de la resolución recurrida mediante la cual el Servicio rechazó la solicitud de residencia definitiva, dispuso su abandono del país y aplicó una prohibición de ingreso a Chile por el plazo de 1 año, por no haber remitido por carta certificada el Certificado de Antecedentes Penales que ya había acompañado al momento de presentar su solicitud de residencia definitiva.

Reclama que la decisión adoptada es desproporcionada e incumple la obligación de la Administración de proteger y respetar el derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promover de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia, al rechazar la solicitud únicamente por el motivo indicado, sin adoptar antes las medidas conducentes y razonables que permitieran subsanar dicha omisión, y sin tomar en consideración que la actora vive en Chile desde el año 2019 y cuenta con arraigo laboral con el mismo empleador desde ese entonces.

Estima vulnerado derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, consagrados en los numerales 1 y 2 de nuestra Carta Fundamental, sin desarrollar de qué forma se producirían tales vulneraciones.

Reiteró que al momento de solicitar la visa la actora presentó Certificado de Antecedentes Penales de República Dominicana vigente y debidamente apostillado, cumpliendo con lo indicado en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Alega asimismo que en este caso se aplicó una orden de abandono y prohibición de ingreso al país que carecen de racionalidad, porque ha mantenido una conducta intachable desde su ingreso al país, y no tiene antecedentes penales en Chile ni en su país de origen.

Solicita: 1) Se ordene a la recurrida a dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 2500100132892 de fecha 10 de septiembre de 2025 a través de la cual se rechazó la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, se dispuso su abandono del país y se aplicó una prohibición de ingreso a Chile por el plazo de 1 año. 2) Se ordene a la recurrida a otorgar a la recurrente un nuevo plazo no inferior a 180 días para acompañar el Certificado de Antecedentes Penales requerido, para luego emitir un nuevo pronunciamiento acerca de la solicitud de residencia definitiva formulada.

Acompaña al recurso: 1) Cédula de identidad de la recurrente. 2) Resolución Exenta N° 2500100132892 que rechazó la solicitud de Residencia Definitiva de la recurrente. 3) nombre reservado a contrato estampada en el pasaporte de la recurrente. 4) Certificado de Antecedentes Penales de la recurrente. 5) Contrato de Trabajo de la recurrente. 6) Certificado de vigencia del Contrato de Trabajo de la recurrente. 7) Certificado de cotizaciones de AFP de la recurrente.

A folio 5 se tiene por interpuesto el recurso, y al folio 3 se deniega la orden de no innovar solicitada.

A folio 7 el Servicio Nacional de Migraciones evacua informe, y explica en lo pertinente, que paralelo a una solicitud de residencia temporal, el día 09 de noviembre de 2023, la extranjera solicitó el beneficio de Residencia Definitiva, trámite al cual este Servicio le asigna el N°68357072. Agrega que con fecha 02 de febrero de 2024, le notificaron de la solicitud de documentos adicionales y pago de derechos (cédula de identidad, certificado histórico de cotizaciones de AFP, pago de multa por residencia irregular).

Detalla que el día 25 de mayo de 2024 la extranjera subió la documentación al portal de trámites de extranjería. Sin embargo, sube a la plataforma un comprobante de pago de multa por la infracción migratoria del artículo 106 de la Ley 21.325, esto es, retraso en cedular (por sobre el plazo de 30 días para hacerlo) y no por residencia irregular, sanción descrita y sancionada en los artículos 107 y 119 de la Ley 21.325.

Precisa que como no fue subsanada adecuadamente la solicitud, el servicio puso en conocimiento de la recurrente, la Comunicación Electrónica Folio N° 70237437 titulada NOTIFICACION PREVIO RECHAZO, de fecha 26 de diciembre de 2024, otorgando un plazo de 10 días hábiles para realizar descargos, respecto de la causal de rechazo que era por no completar el plazo de dos años de nombre reservado a contrato y no adjuntar el certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado. Agrega que la actora acompañó sólo dos cartas explicativas.

Argumenta que el rechazo se debe al incumplimiento de requisitos legales, pues debía remitir físicamente el certificado de antecedentes penales de su país de origen para la solicitud de residencia definitiva, y cumplir además el plazo mínimo de residencia de dos años, y no lo hizo, siendo un requisito indispensable la determinación de la ausencia o presencia de antecedentes negativos en el país de origen del postulante, que resulta necesaria de realizar además por las múltiples causales de rechazo que versan sobre la existencia de antecedentes penales en el extranjero, y al no subsanar su falta, se rechazó la petición.

Por otra parte, dice que la orden de abandono es una medida voluntaria y existen mecanismos para dejarla sin efecto, puede pedir su reconsideración, o postular nuevamente a una visa de residencia.

Detalla la normativa aplicable a las solicitudes de permanencia definitiva, y explica que una de las consecuencias del rechazo es la disposición de abandono del territorio nacional del extranjero solicitante, norma que es imperativa de lo que el Servicio debe hacer, pero al mismo tiempo una orden de carácter voluntario para el solicitante de la visa. En cualquier caso, señaló que se trata de una orden de carácter voluntario, que se distingue así de la orden perentoria de expulsión, que se debe cumplir compulsivamente por la Policía de Investigaciones, y en este caso no existe orden de expulsión decretada en contra de la extranjera recurrente.

Concluye el Servicio que su actuar se ha apegado a la Constitución y las Leyes, por lo que no existe acción u omisión de carácter ilegal o arbitraria que perturbe los derechos de la recurrente, no siendo válido atribuir a esta Autoridad Migratoria la responsabilidad por lo defectos en la solicitud de la extranjera.

Acompaña al informe: 1. Resolución Exenta N°24578432 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 16 de diciembre de 2024. 2.Comunicación Electrónica Folio N°70237437 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 26 de diciembre de 2024, titulada “NOTIFICACION PREVIO RECHAZO”. 3. Resolución Exenta N°2500100132892 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 10 de septiembre de 2025.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que, de la presentación de la actora se desprende que solicita se disponga por esta Corte se deje sin efecto la Resolución Exenta N°500100132892 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 10 de septiembre de 2025, que rechazó su petición de residencia definitiva, ordenó su abandono del país y prohibió el ingreso por el plazo de un año, retrotrayendo el proceso administrativo y dándole continuidad, permitiéndole complementar los antecedentes que dispone la recurrida dentro de un plazo que indica.

Cuarto: Que, informando el recurso el Servicio Nacional de Migraciones señaló que se rechazó la petición porque la extranjera no cumplía el plazo de residencia de dos años correspondiente al beneficio solicitado ni remitió el original del certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, dentro de los plazos establecidos por la ley, y no corrigió la infracción.

Quinto: Que, el artículo 91 de la Ley 21.325, señala expresamente que “Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo 146, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado será notificado en conformidad al artículo 146 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país, que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país, conforme al artículo 136.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieran abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente.”

Sexto: Que, así las cosas, observándose la situación fáctica descrita, los fundamentos de la resolución recurrida, la que fue informada a la recurrente, que se rechazó su petición de permiso de residencia definitiva por los fundamentos expuestos en el motivo cuarto precedente, comunicándole que debía hacer abandono del país dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de dicha resolución, conforme lo expuesto por la autoridad, permite concluir que, al negar la recurrida la solicitud de permiso de residencia definitiva de la recurrente porque no cumplía el tiempo mínimo exigido de residencia y no acompañó el documento solicitado, no se incurrió en ilegalidad, arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales.

Así las cosas, el acto administrativo impugnado emana de autoridad competente, se dictó debido al incumplimiento de los supuestos fácticos de procedencia y conforme a la normativa vigente, teniendo presente además que la recurrente contando con los recursos administrativos para revertir la decisión de la autoridad migratoria, cuando se denegó la visa y se dispuso el abandono, optó por la inactividad, conformándose con lo resuelto hasta ahora.

Séptimo: Que, respecto de la orden de abandono, conviene, asimismo, tener presente que si bien el inciso 5° de la disposición legal en análisis refiere que el Director Nacional del Servicio podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, ello es una facultad del Servicio recurrido cuyo ejercicio no importa una actuación ilegal o arbitraria, y en cualquier caso, es una orden de carácter voluntario, razones todas por las que se rechazará la acción de protección impetrada.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción cautelar de protección interpuesta por el abogado Marco Valdés Merino a favor de nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Redacción a cargo del ministro (S) Juan Carlos Orellana Venegas; quien no firma el presente fallo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista de la causa, por haber cesado su cometido funcionario.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 1371-2025.-