nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, siete de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra del nombre reservado, por los hechos que expone en su acción.

Indica que fue miembro de la Primera Compañía de la nombre reservado por un período de ocho años, esto es, desde el 20 de junio de 2015 al 06 de julio de 2023, señalando que fue sometido a un sumario y desvinculado de la institución sin mayores explicaciones, lo cual coincidió con el inicio de un proceso eleccionario para agosto de 2023. Da cuenta de la existencia de una serie de hechos inconexos que sirvieron de base para su desvinculación, a saber, una denuncia efectuada ante la Inspección del Trabajo y una funa realizada por un tercero en contra de la Compañía donde ejercía funciones, afirmándose que aquellas dañaron la imagen pública de la recurrida.

Sostiene que ha sido acusado de proselitismo en las dependencias del cuartel sin existir mayores antecedentes al respecto, dando cuenta de haber incurrido en incidentes menores dentro del ejercicio de sus funciones respecto a una licitación que tuvo bomberos, fiscalizando medidas de seguridad del Circo Gigante de México, donde tuvo conocimientos, de forma verbal, de un supuesto actuar temerario de su parte en hechos de fechas 11 de enero y 28 de febrero (sic), respecto de los cuales nunca se instruyó investigación alguna.

Afirma que el proceso sancionatorio se llevó a cabo sin el respeto a garantías mínimas del debido proceso, esto es, respeto a la presunción de inocencia, falta de antecedentes probatorios, la imposibilidad de ejercer una defensa legítima y en abierta contravención a las diversas normas que invoca del Reglamento de la Primera Compañía de nombre reservado.

Luego de su desvinculación, se han incurrido en una serie de actos de difusión de sus antecedentes personales para con terceras personas, lo cual ha dañado su honra y reputación, existiendo actos de funa y acoso en su contra por lo señalado de forma previa.

Da cuenta de existir un pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional en orden a declarar un actuar fraudulento en las elecciones referidas, afirmando además que ha debido acudir a la Mutual De Seguridad para realizar exámenes psicológicos dada su ansiedad y deterioro emocional por los hechos descritos previamente, siendo diagnosticado con trastorno mixto ansioso depresivo severo.

Invoca como garantías fundamentales vulneradas las del artículo 19 N°1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política, solicitando en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene el reintegro al nombre reservado señalado, dejando sin efecto la expulsión de su persona, conjuntamente con el otorgamiento de disculpas públicas a través de los mismos medios por los cuales se divulgó su información personal.

A folio 4, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 16, evacua informe Claudia Verónica Telles Vivar, abogada, en representación del nombre reservado, quién señala que el cese de funciones del recurrente se debió por una serie de acciones ejecutadas por aquel que importaron un incumplimiento a las obligaciones que mantenía encomendadas por la informante, lo cual se asentó dentro de la tramitación de un proceso disciplinario realizado conforme a derecho, el cual se inició por actos específicos de maltrato y hostigamiento dentro del contexto laboral y por la suscripción de certificado que tiene la calidad de instrumento público el cual tiene la naturaleza de fraudulento, en ejercicio del cargo de Vicesuperintendente que no permitía aquello, como además, haber efectuado acciones de influencias inadecuadas respecto de otros miembros del nombre reservado que impidieron el buen funcionamiento del mismo.

Respecto de la emisión de un certificado con fecha 11 de enero de 2023, en el cual figura la identificación de la recurrida e indicando que pertenece a la superintendencia con timbre institucional visible y signado como certificado N°02/2023, aquel fue emitido en favor del Circo Gigante de México, dando cuenta del cumplimiento de los estándares de seguridad para su funcionamiento, firmado por el actor y cuya autenticidad no ha sido desvirtuada, fue expresamente reconocido en el proceso sancionatorio y permitió al circo en cuestión tramitar las patentes de funcionamiento respectivas, a pesar que su emplazamiento estaba fuera del territorio jurisdiccional de la compañía firmante. Con todo, aquello es de competencia del Comandante de la compañía respectiva y no de un Vicesuperintendente que cumple funciones diversas, incurriendo el actor en conductas agresivas en contra de la secretaría general al advertir reuniones de aquel con el dueño del circo en dependencias de la recurrida, circunstancia no autorizada al respecto.

De forma paralela, indica que durante el mes de enero y febrero se efectúan diversas denuncias de vulneración de derechos y hostigamientos por parte de otros bomberos de la compañía en cuestión, en particular, por parte de un conductor contratado por la informante en su oportunidad, dando cuenta de amenazas de agresiones recibidas en su contra por parte del recurrente. Aquello dio pie para una fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, la que con fecha 11 de abril de 2023 dio cuenta de la ejecución de actos de maltrato, menoscabo y humillaciones en contra del denunciante referido de otro dirigente de la institución, en donde se habrían adoptado medidas pero que no implica en caso alguno el hecho de haberse desestimado la existencia de las conductas denunciadas que incluyen al actor de autos, y que dan cuenta de un ambiente deteriorado al interior de la Compañía en cuestión.

Indica que con fecha 14 de mayo de 2023, se le notifica la suspensión de su cargo como oficial y bombero por 10 días en base a los hechos señalados anteriormente, pasando los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina, lo cual impidió la renuncia que el actor trató de cursar para evitar el inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra. Luego, con fecha 11 de junio del año 2023 mediante oficio número 2 el Consejo Superior de disciplina cita al recurrente para el 20 de junio de 2023 y con fecha 08 de julio de 2023, dicho Consejo comunica su decisión en orden aplicar una amonestación escrita en contra del recurrente, inhabilitación de hasta un año para ocupar el cargo de oficial de la Compañía informante, su expulsión del nombre reservado y la inhabilitación definitiva a desempeñar cargos administrativos de la Compañía.

Afirma que con fecha 28 de agosto de 2024, se celebra junta del tribunal de apelaciones de la Compañía de nombre reservado, que confirma la decisión señalada, con lo cual se aprecia la existencia de intervención de distintos estamentos y miembros de la compañía que garantiza el debido proceso, descartándose con ello la existencia de motivación política en la decisión o una animadversión injustificada en su contra. Señala, además, que la situación con el Tribunal Calificador de Elecciones está en proceso de ser subsanada en orden a las personas habilitadas para cubrir los puestos necesarios.

Señala la inexistencia de vulneración de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual solicita el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo antes dicho, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa dice relación con el proceso sancionatorio seguido en contra del recurrente, mediante el cual se ordenó una amonestación escrita con inclusión en su hoja de vida, inhabilitación hasta por un año para ocupar cargos de oficial de Compañía o del nombre reservado, expulsión del nombre reservado señalado y la inhabilitación definitiva para desempeñar cargos administrativos en su compañía y del directorio general, al señalarse la inobservancia a la igual protección de sus derechos durante la sustanciación del mismo.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados por las partes a esta causa, es posible establecer que con fecha 12 de julio de 2023, el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado decidió sancionar al recurrente en la forma descrita en el considerando precedente, ello con ocasión de denuncias por malos tratos, hostigamientos y amenazas en su cargo de Vicesuperintendente del nombre reservado señalado, por la emisión de un certificado, utilizando timbre institucional sin la debida autorización del Directorio General y excediendo las facultades que le asistían al cargo en comento. La autorización otorgada, sin la debida comunicación al directorio general, para efectuar recepción de personal del Circo Gigante de México en dependencias del cuartel y por actos de proselitismo en el tenor señalado en el acta respectiva. Para ello, se indica haber analizado una serie de documentos y pruebas, como, además, haber oído a las personas involucradas, incluido el recurrente, en sesión de fecha 06 de julio de 2023, en donde aquel efectuó sus descargos respectivos.

Finalmente, habiendo sido apelada aquella decisión, el Tribunal de Apelaciones del nombre reservado recurrido, mediante comunicación de fecha 02 de septiembre de 2024, resuelve confirmar la sanción impuesta por el consejo superior de disciplina.

Quinto: Que, cabe señalar que la normativa atingente al caso corresponde, en primer término, al artículo 1 de la Ley N°20.564 que prescribe: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil”.

Por su parte, el artículo 553 del Código Civil dispone: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.

La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”.

Por su parte, el Reglamento General Del nombre reservado regula de forma exhaustiva, a partir del Título XIV, el régimen disciplinario de sus integrantes, resultando aplicable en la especie lo establecido a partir del párrafo cuatro en lo relativo al Consejo Superior de Disciplina, advirtiéndose que a partir del artículo 141 en adelante, se consagra el procedimiento mediante el cual se debe resolver el asunto disciplinario expuesto en esta causa.

Sexto: Que como se ha adelantado previamente, al recurrente le resultaba plenamente aplicable el régimen jurídico descrito, ello en cuanto mantenía su calidad de miembro activo del nombre reservado en calidad de oficial, lo que implica, en consecuencia, que el procedimiento llevado en su contra debía observar el conjunto de garantías procesales que conforman el principio del debido proceso que emana de una interpretación sistemática del artículo 19 N°3 de la Constitución Política.

Séptimo: Que en ese orden de ideas, no se advierte por estos sentenciadores alguna inobservancia a la garantía del debido proceso respecto del actor, por cuanto aquel pudo conocer de forma detallada los cargos que le fueran formulados, teniendo oportunidad para efectuar sus descargos y presentar los antecedentes que estimase pertinente al efecto, ejerciendo además su derecho al recurso. Asimismo, se advierte que los actos emitidos por la recurrida se encuentran debidamente fundados, cumpliéndose en consecuencia con el deber existente sobre el punto en cuestión.

En efecto, de la argumentación entregada por la recurrente en el presente recurso, se logra apreciar una disconformidad con el mérito de la decisión adoptada en su contra por parte de la institución recurrida más no algún acto que importe una vulneración a la garantía señalada, siendo improcedente, por tanto, efectuar una valoración de lo resuelto por no constituir esta acción la vía procesal pertinente a dichos efectos.

Octavo: Que luego, y encontrándose ajustado el proceso sancionatorio al régimen normativo aplicable en la especie, no se visualiza ningún acto arbitrario o ilegal que importe una vulneración del resto de garantías constitucionales invocadas, en particular, en lo que respecta a una eventual afectación de la honra del recurrente, toda vez que los antecedentes incorporados para justificar dicha alegación provienen de otras personas, no pudiendo efectuarse imputación alguna a la recurrida sobre la autoría de aquellas.

Noveno: En consecuencia, la presente acción deberá ser desestimada, al no advertirse acto ilegal o arbitrario que importe la vulneración de algún derecho con carácter de indubitado respecto del recurrente de esta causa, imponiéndose además las costas de la instancia al estimarse la inexistencia de motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, la acción interpuesta por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1369-2024.