Protección contra ORGANIZACIÓN SINDICAL “SINDICATO AVANCEMOS JUNTOS”

Puerto Montt, siete de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

Con fecha 17 de noviembre de 2021, compareció doña NATALY SAAVEDRA LOPETEGUI, abogada, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos trabajadores desafiliados, e interpuso recurso de protección en contra de la ORGANIZACIÓN SINDICAL “SINDICATO AVANCEMOS JUNTOS”, representada legalmente por su Presidente don nombre reservado, todos domiciliados en la comuna de Castro, por estimar que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, por su indebida separación de la referida institución.

Señala en primer término, que el día 18 de octubre de 2021, el recurrente nombre reservado, que ejerce actividades de Administrador del Polideportivo, ingresó a las dependencias de la Administración Central de la Corporación Municipal de Castro, a verificar si había correspondencia para él u otros funcionarios, y ese día tomó conocimiento de una carta de desafiliación de la Organización recurrida, de fecha 15 de octubre de 2021. Agrega que, con posterioridad a esa fecha, los afectados fueron tomando conocimiento de la desafiliación, existiendo irregularidades ya desde dicho trámite.

Refiere que la carta ingresó a la oficina de Partes de la Corporación Municipal de Castro y ni siquiera fue enviada a los domiciliados de cada afectado desafiliado, y en ella se les informa que en asamblea de 30 de agosto de 2021, se determinó por el 100% de los socios participantes en asamblea realizada vía remota, que serían expulsados del Sindicato conforme el artículo 46 del Estatuto. El motivo de la expulsión se indicó en idénticas cartas, sería la inasistencia consecutiva de actividades conducentes a lograr convenio colectivo con el empleador, las que no fueron justificadas.

Explica que, sin perjuicio de lo dicho en la carta, es un hecho público que el 27 de agosto de 2021 a mediodía se produjo una marcha del Sindicato en cuestión, no convocada por vía oficial ni con antelación debida sino en una asamblea virtual improvisada, de la cual no tuvieron conocimiento, de la forma ordenada en el artículo 7 del Estatuto. Agrega que lo anterior les impidió concurrir a la marcha, por desconocimiento, y además no se cumplió el artículo 46 del Estatuto, que les otorga oportunidad de defenderse y ello jamás se permitió. Indica que la desafiliación ilegal y arbitraria los perjudica gravemente, ya que pierden una serie de beneficios que percibían hasta esa fecha, por ejemplo don nombre reservado dejó de percibir bonos y aumento de remuneración. Además, la desafiliación les impide verse beneficiados del convenio actual vigente entre el Sindicato y la Corporación Municipal de Castro, pese a ser un derecho ya adquirido por los socios.

Estima vulnerados los derechos consagrados en el artículo 19 números 19 inciso primero, 16 inciso quinto, artículo 231 Código del Trabajo. Reitera que ninguno de los recurrentes ha manifestado su intención de dejar de pertenecer al Sindicato, han sido socios responsables, y si no han podido participar se han excusado debidamente, por ejemplo los recurrentes Vera, Zúñiga y nombre reservado, los primeros por tener hijos pre escolares y el tercero por estar al cuidado de su madre adulta mayor, cuestiones que fueron debidamente expresadas al presidente del Sindicato y éste desconoció cualquier posibilidad de defensa.

Pide, en definitiva, se deje sin efecto la resolución del acto de desafiliación de los recurrentes, sin perjuicio de otras medidas que se estime adoptar, con costas.

Acompaña al recurso, A.- Estatutos Asociación Sindical. B.- Convenio vigente entre el Sindicato y la corporación Municipal de Castro. C.- Carta defensa de Socio, a través de copia de correo electrónico. D.- Cartas de desvinculación de los socios. E.- Sobres que informan fecha de notificación.

Con fecha 19 de noviembre de 2021, se declara admisible el recurso de protección y se ordenó informar al recurrido.

Con fecha 15 de diciembre de 2021, informa don nombre reservado por el Sindicato recurrido, solicitando el rechazo de la acción intentada. Alega que la expulsión no radica sólo en la inasistencia a la marcha convocada, sino también ante las reiteradas inasistencias a reuniones programadas por la Directiva Sindical, así como a actividades previamente consensuadas por los socios. Agrega que además fue un acuerdo general, del 100% de los socios asistentes a la asamblea del 30 de agosto de 2021, que fue convocada mediante correo electrónico a todos los socios y comunicada a través de los delegados de cada estamento, cuestión que se ha hecho sin problemas en ocasiones anteriores. Dice que pese a que la carta indicaba la posibilidad de presentar descargos ante la asamblea, eso no ocurrió en ningún momento.

En cuanto a la notificación de la expulsión de cada socio, señala que se notificó oportunamente en el casillero correspondiente a cada estamento y la demora en la entrega obedece al tiempo tardío del retiro de la correspondencia, y no se envió a cada domicilio porque se da por entendido que tienen el de la organización sindical. Jamás se informó tampoco de alguna desvinculación por WhatsApp.

En relación a la marcha convocada, dice que fue previamente consensuada en asamblea a la que no asistieron los recurrentes, conducta que es reiterada, pese a existir la posibilidad de justificar previamente, lo que no hicieron. Agrega con relación a los beneficios económicos y sociales percibidos previamente por los ex socios, que son un derecho adquirido que mantendrán en el tiempo, y los beneficios desde el mes de septiembre obedecen a un nuevo Convenio Colectivo, en donde no fueron parte. Al mencionar aquellos, dice, que no recibirán los nuevos beneficios, dejan entrever que más bien buscan una proyección económica a su favor, y no la protección de derechos laborales y sociales, a diferencia de los demás socios. Por lo demás, dice, sólo realizan convenios colectivos y por tanto, no es resorte del Sindicato extender beneficios a los asociados.

Con fecha 17 de diciembre de 2021, se trajeron los autos en relación y se agregaron a la tabla del día de hoy.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales del tribunal competente, en orden a restablecer, de un modo rápido, inmediato y directo, el imperio del derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho. En este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en el acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, se interpone la presente acción constitucional de protección a favor de los recurrentes desafiliados del Sindicato recurrido, por estimar que aquél ha vulnerado las garantías de que son titulares, por los fundamentos que se reseñaron previamente, instando la actora porque se deje sin efecto la expulsión de la organización sindical.

Señala la recurrente que la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la denunciada se funda en el hecho de no haber respetado el Estatuto de la Organización al momento de la expulsión, y que por ende, dicha conducta tiene la aptitud suficiente para vulnerar sus derechos fundamentales.

CUARTO: Que, por su parte, el recurrido alegó respecto al fondo, reconociendo los hechos, pero argumentando que la expulsión no es arbitraria ni ilegal, pues en dicha determinación se han ceñido a los estatutos, conforme la conducta de los recurrentes, y sin que éstos hubieren hecho valer defensa alguna ante la Asamblea.

QUINTO: Que, para acreditar sus dichos, indicados en el recurso de protección, la recurrente acompañó copia de cartas de expulsión a nombre de cada uno de los recurrentes, suscrita por la “Directiva Sindicato Avancemos Juntos”, en el cual se les informa que en asamblea del 30 de agosto de 2021, realizada vía zoom, en forma unánime, se decidió que fueran expulsados del sindicato en virtud de la norma del Estatuto que se transcribe: “ARTICULO 46º: Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato.

El socio expulsado no podrá solicitar su reingreso sino después de 2 años expulsión.”.

Acompañó también a su recurso, copia de sobre fechado el día 15 de octubre, que contenía las cartas, y liquidaciones de remuneraciones del mes de septiembre de 2021, donde se aprecia que ya no se realizan descuentos de cuotas sociales a los recurrentes y disminución de las remuneraciones.

SEXTO: Que, en relación a las facultades de la asamblea para aplicar la medida de expulsión antes mencionada, habrá de encontrarse la respuesta en los Estatutos que rigen al Sindicato recurrido. Que, de la lectura de éste, aparece en su artículo 46, que: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato.

El socio expulsado no podrá solicitar su reingreso sino después de 2 años pulsión.

A su vez, el artículo 4 señala: “La asamblea constituye la máxima autoridad de la institución y la componen todos los socios, los cuales tendrán derecho a voz y voto, salvo en los casos excepcionales indicados más adelante.

Habrá dos clases de asambleas: Ordinarias y Extraordinarias”.

Por su parte, el artículo 7° refiere: “NORMAS COMUNES A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias se harán por medio de avisos mediante correos electrónicos y difusión en página web de esta organización, enviados con tres días de anticipación, a lo menos, con indicación del día, hora, materia a tratar y local de la reunión, como, asimismo, si la convocatoria es en primera u otra citación. No se celebrará asamblea cuando se trate de votaciones para elegir o censurar directorio, sin perjuicio de hacer la citación respectiva mediante la colocación de carteles con tres días hábiles de anticipación a lo menos, en la forma y condiciones señaladas en este artículo”.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, la recurrida no acompañó antecedente alguno que diera cuenta de la citación a la Asamblea realizada el 30 de agosto de 2021, donde se decidió la expulsión; tampoco acompañó documentos que acrediten la asistencia a la misma, que permitieran determinar que se adoptó dicha decisión por la mayoría absoluta de los socios del sindicato, tal como exige la norma antes transcrita.

Por otra parte, tampoco se acreditó por el recurrido que se hubiere dado ocasión a los recurrentes de defenderse, previo a tomar la decisión de la expulsión, pues la carta sólo se limitó a transcribir el artículo 46 del Estatuto, y tampoco se acompañó en el informe algún antecedente que diere cuenta de que se hubiere otorgado la posibilidad de defensa a los expulsados, de manera previa a esta determinación.

OCTAVO: Que, de lo antes dicho es dable inferir que al actuar el Sindicato de la manera indicada, vale decir, sin conformarse según sus propias regulaciones, pues ello no se acreditó, y aplicando una medida disciplinaria a los recurrentes sin haberles dado la posibilidad previa de conocer los hechos y efectuar los descargos, se ha afectado el derecho al debido proceso, cuestión que se enmendará por esta Magistratura, conforme se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña NATALY SAAVEDRA LOPETEGUI, abogada, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la ORGANIZACIÓN SINDICAL SINDICATO AVANCEMOS JUNTOS, y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida disciplinaria de expulsión, y se retrotraen los antecedentes a la etapa de ser oídos los recurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 46 del Estatuto.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Rol Nº 1358-2021.-