Protección contra DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Puerto Montt, seis de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

Que a folio 1 comparece PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, Abogado, por sí y a favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, quien recurre de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, representado por don nombre reservado, en contra de notificación Código de Trámite 2423649 de fecha 10 de noviembre de 2021, que deniega el avance de solicitud de permanencia definitiva por considerar que se encuentra incompleta o insuficiente, otorgando un plazo por demás insuficiente para cumplir con lo requerido.

En cuanto a los hechos señala que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al país en calidad de turista, estando dentro del país cambio su condición migratoria, solicitando visa de residencia temporaria que le fue otorgada. Con ocasión al vencimiento de su visa temporaria, la recurrente solicita el 03 de enero de 2020 el beneficio de permanencia definitiva, siendo esta acogida a trámite. Con fecha 10 de noviembre de 2021 la recurrente recibe notificación código de trámite 2423649, donde se le informa que su solicitud no avanza en virtud de que se encuentra incompleta o insuficiente, lo anterior debido a que no se presentó el documento correspondiente a la hoja de identificación de su pasaporte, o bien el documento enviado no era el que se estaba solicitando, mientras que en el caso de la copia del contrato actual y el certificado de vigencia de contrato no contaban con la legalización notarial requerida, así como los certificados de cotizaciones de salud y AFP no contienen la información necesaria para su análisis, y finalmente el certificado de antecedentes penales del país de origen, que se encuentra vencido de acuerdo con los plazos estipulados, en razón de lo cual, se le otorga un plazo de 5 días hábiles para subsanar acompañando la documentación requerida, lo que es imposible de cumplir si se considera para ello el tiempo de tramitación que se requiere para la debida obtención de los documentos solicitados, en especial para la tramitación del certificado de antecedentes penales del país de origen.

Previas referenciales legales y jurisprudenciales, pide se acoja el recurso interpuesto y se otorgue una ampliación del plazo, para que pueda dar cumplimiento con lo requerido por la recurrida, y no permitir que quede en situación de irregularidad migratoria, para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de permanencia definitiva, y de esta manera restablecer el imperio del derecho.

Acompaña junto a su recurso los siguientes documentos: 1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva; 2. Estampado de visa de residencia temporaria; 3. Cédula de identidad para extranjeros; 4. Notificación código de trámite 2423649 de fecha 10 de noviembre de 2021; 5. Copia de hoja de identificación de pasaporte; 6. Certificado de antecedentes penales país de origen; 7. Certificado de cotizaciones de salud Fonasa; 8. Certificado de cotizaciones de AFP Modelo; 9. Resolución Exenta N°170680 de fecha 12 de noviembre de 2021; 10. Comprobante de pago de multa de extranjero.

Que a folio 8 la recurrida opone excepción de incompetencia.

A folio 9 se confirió traslado de la excepción opuesta a la parte recurrente quien a folio 14 evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso. Señala que, con fecha 03 de enero de 2020, la extranjera presenta la solicitud de permanencia definitiva. Con fecha 10 de noviembre de 2021, se notificó a la extranjera que su solicitud estaba incompleta, otorgando 5 días hábiles para poder subsanar su solicitud acompañando la documentación requerida, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley N° 19.880. Que, al respecto, a su solicitud le faltaron los siguientes documentos: Imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte, certificado de antecedentes penales del país de origen vigente, copia del contrato trabajo actual debidamente legalizado notarialmente, certificado de vigencia del contrato de trabajo debidamente legalizado notarialmente, certificado histórico de cotizaciones de AFP suficiente y certificado histórico de cotizaciones de Salud que contenga la información necesaria.

Arguye previas referencias legales que el envío de la solicitud de permiso de Permanencia Definitiva de los extranjeros, debe ser completa, ya que la autoridad de conformidad al artículo 135 del Reglamento nombre reservado, y producto del análisis de la información incorporada en la solicitud, determina la admisibilidad que permite pronunciarse sobre ella y mantener la regularidad migratoria del solicitante. En este caso, la solicitud presentada por la extranjera era incompleta por lo que se requirió que en el plazo de 5 días hábiles se acompañen los documentos faltantes para poder continuar la tramitación de su solicitud y otorgar respuesta. El plazo establecido de 5 días hábiles para subsanar la solicitud, es un plazo que se encuentra en la ley, específicamente en el artículo 31 de la Ley Nº 19.880. En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas y no existiendo acto u omisión arbitrario o ilegal que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías alegadas por los recurrentes, sino que sus alegaciones preceden de su propia conducta omisiva al no acompañar la totalidad de los documentos exigidos al momento de realizar su solicitud, debe ser rechazada la acción en todas sus partes.

Acompaña junto a su informe el siguiente documento: comunicación Electrónica N° 20099269 de fecha 10 de noviembre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Que a folio 16 y 17 respectivamente se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Que a folio 21 la recurrida hace presente que con fecha 23 de diciembre de 2021, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida la solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado, por no subsanar su solicitud dentro del plazo establecido por el artículo 31 de la Ley 19.880.

Con lo relacionado y considerando:

En cuanto a la excepción de incompetencia.

Primero: Que la recurrida antes de evacuar informe en estos antecedentes, opone excepción de incompetencia fundada en que el abogado Pablo Peñaloza presenta el recurso ante esta Corte, sin embargo, de los documentos que se acompañan en este recurso se visualiza que la recurrente tiene un domicilio distinto a la jurisdicción de esta Corte, siendo posible advertir que la materia que se discute no es de competencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, toda vez que no está comprendida dentro de lo señalado en el artículo 1 del auto acordado.

Segundo: Que en su alegato la parte recurrente evacuó traslado solicitando el rechazo de la excepción promovida, toda vez que al momento de la interposición del recurso y de los efectos del acto que estima ilegal y arbitrario la recurrente había cambiado de domicilio a la ciudad de Puerto Montt, lo que no puede ser objeto de reproche.

Tercero: Que atendida la naturaleza de los hechos discutidos y en consideración a la época en que se ingresa la solicitud de permanencia definitiva objeto del recurso y la interposición del recurso, habían transcurrido aproximadamente dos años, por lo que es del todo atendible que la recurrente haya cambiado de domicilio, tal y como se señala en su libelo, emplazada actualmente en la ciudad de Puerto Montt, otorgando competencia a esta Corte para el conocimiento y fallo de la acción cautelar, por lo que la excepción promovida será rechazada, tal y como se dirá.

En cuanto al fondo.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Quinto: Que motiva el presente recurso la afectación que la recurrente dice sufrir a su derecho amparado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al denegársele el avance de su solicitud de permanencia definitiva, presentada con fecha 03 de enero de 2020, por considerar que se encuentra incompleta, ello con fecha 10 de noviembre de 2021, otorgando un plazo insuficiente de cinco días para cumplir con lo requerido.

Sexto: Que el procedimiento establecido para este trámite es uno de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3 de la ley 19.880, y como tal debe sujetarse a lo estatuido en ella, en orden a los principios básicos que en este cuerpo legal se consagran en favor de las personas que requieren la intervención de la Administración, entre los que, por lo que a este recurso interesa, se encuentran los de celeridad, impulso de oficio de la Administración, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad y economía procedimental.

En este aspecto, de los ya citados, cabe destacar el principio de celeridad que se explicita en el artículo 7 de la ley en comento, en cuanto la administración debe impulsar de oficio los trámites, debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión, y el de economía procedimental contenido en el artículo 9 en cuanto la Administración debe propender a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, decidiendo en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. Por último, el principio conclusivo del artículo 8 en el sentido que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.

Séptimo: Que, si bien, el artículo 31 de la ley 19.880, establece que cuando una solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, la autoridad migratoria no está impedida para ampliarlo en favor del solicitante en circunstancias excepcionales, como las presentadas durante la emergencia sanitaria y las circunstancias propias del país de procedencia.

En efecto, es un hecho de la causa que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública otorgó en el caso de la ciudadana extranjera que postula al beneficio migratorio, un plazo de 5 días para la corrección de la documentación, esto es, obtener y acompañar certificado de antecedentes penales del país de origen, vigente, apostillado o debidamente legalizado, más otros antecedentes que se señalan en el recurso y el informe. Lo indicado se traduce en una vulneración del derecho constitucional de igualdad ante la ley que asiste a la recurrente, toda vez que implica una distinción, sin fundamento racional, con respecto a otras personas que se encuentra en una misma situación jurídica, a saber, extranjeros solicitantes de visa definitiva, a quienes se ha otorgado ampliaciones de plazo, como se alegó por el recurrente en estrados.

Que, no es posible soslayar, que apostillar un certificado de antecedentes en Venezuela, no es un trámite de rápida ejecución, más aún en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, por lo que el plazo de cinco días otorgado, en el presente caso, deviene en arbitrario.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que, se rechaza, sin costas, la excepción de incompetencia opuesta por la recurrida.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de doña nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y se dispone que previo al uso de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley 19.880, la recurrida otorgará a la recurrente un plazo razonable, no inferior a treinta días, para que ésta acompañe la documentación faltante, dejándose sin efecto la resolución que tuvo por desistida la solicitud de permanencia definitiva.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Mauricio Cárdenas García quien estuvo por rechazar el recurso, en consideración a que existe norma expresa que establece el plazo para subsanar los defectos de la solicitud que es la citada por el recurrido, quien actuando en la esfera de su competencia ha evacuado un acto administrativo terminal debidamente fundado en la no subsanación de las omisiones comunicadas. Por otro lado, no se acreditó en estrados la existencia de diferencias respecto del plazo concedido a otros extranjeros en la misma situación, por lo que no se ve vislumbrando vulneración de derechos fundamentales por parte de la recurrida.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez y del voto en contra su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº1357-2021