Protección contra recurridos porque el día 21 de octubre de 2023 expulsaron al recurrente del pred
- Fecha
- 22 de enero de 2024
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 1354-2023, sentencia de 22 de enero de 2024
Resumen
Se acoge la protección y se ordena cesar todo acto que impida el acceso del recurrente al inmueble, retirar cadenas y candados y otorgar auxilio de la fuerza pública, por autotutela de los recurridos ante controversia de dominio no resuelta judicialmente.
Texto íntegro
Puerto Montt, veintidós de enero de dos mil veinticuatro.
Vistos, A folio N°1, compareció don nombre reservado, quien dedujo acción de protección en contra de 1) don nombre reservado, 2) doña nombre reservado, 3) doña nombre reservado, 4) doña nombre reservado y 5) don nombre reservado, señalando que el día 21 de octubre de 2023 éstos ingresaron forzosamente al predio donde residía el recurrente, lo expulsaron mediante amenazas del mismo, sacaron sus pertenencias al camino exterior y cambiaron cadenas y candados en los accesos, todo lo cual calificó como un acto de autotutela que lo privó de acceso al predio que adquirió legítimamente, y que constituye la base de su actividad económica y su principal fuente de ingresos, vulnerando así las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.
Expuso que en el año 2016 suscribió dos escrituras públicas de cesión de derechos hereditarios con don nombre reservado, ambas respecto del mismo inmueble ubicado en el sector rural de Morro Lobos - Isla Caucahue, comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos de 8,60 hectáreas, las cuales fueron inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Ancud a fojas 6.378, N°2028 y a fojas 6.823, N°2172, ambas del año 2016, pagando un precio total de $8.000.000. Explicó que el cedente tenía la calidad de hijo de don nombre reservado y doña nombre reservado, declarando en la escritura respectiva ser heredero único de ambos, quienes habían fallecido con anterioridad. Las posesiones efectivas de don nombre reservado y doña nombre reservado fueron inscritas en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y publicadas el año 2012.
Señaló que, en virtud de un acuerdo verbal con don nombre reservado, a este último se le permitió vivir en el predio hasta su fallecimiento dos años después, tiempo durante el cual existió una relación cercana entre ambos, asistiéndolo en su cuidado, vestuario, visitas al médico, entre otros. Fue en ese contexto que, en marzo de 2018 lo visitaron sus hijos, nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellido nombre reservado, quienes actuaron agresivamente en contra del Sr. nombre reservado, reprochándole la venta del inmueble y amenazándolo que lo golpearían, lo que decantó en una causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Ancud (RUC: 1800256612-1; RIT: 288-2018). Posterior a ese incidente, los hijos se llevaron a don nombre reservado de la propiedad, falleciendo éste en Ancud el 16 de marzo del año 2018.
Precisó el recurrente que habiéndose firmado la escritura y pagado el precio, solicitó la modificación de la PE ante el SRCeI, respondiendo éste que la escritura debía inscribirse directamente en el CBR. Sin embargo, agregó que, luego de la firma de la escritura señalada, desde el mes de octubre del año 2016, inició trabajos de maquinaria pesada para la limpieza del campo, mejoró y construyó bodegas con el objeto de guardar el forraje para el ganado en temporada invernal y adquirió estanques de recolección de aguas lluvias, creando así una red de agua para consumo personal y de animales, generó empastadas artificiales y cercó el predio, todas obras que fue realizando a costo personal durante siete años.
Respecto a la acción arbitraria e ilegal atribuida a los recurridos, explicó que el día 21 de octubre de 2023, el recurrente se enteró que doña nombre reservado habría efectuado una publicación en conjunto con los demás recurridos en redes sociales, señalando que se encontraban en la lancha camino a Cacahue, Morro Lobos, con la finalidad de recuperar la propiedad. En reacción a ello, el recurrente llamó a Carabineros, quienes no pudieron acudir por no tener lancha disponible. Más tarde y encontrándose alimentando a los animales con su hijo, observaron un tumulto de personas en el portón de acceso al predio, portando gruesos palos de madera, quienes de forma violenta les amenazaron con golpearlos, maltratándolos verbalmente. Atemorizados, el recurrente y su hijo hicieron abandono del predio por el cerco contrario, dejando todas sus pertenencias y sus animales adentro. Acto seguido, los recurridos rompieron la cadena que cerraba el portón de acceso, e hicieron ingreso a la propiedad. Posteriormente y preocupados por sus animales, el recurrente y su hijo se acercaron a la propiedad y encontraron que algunas de sus pertenencias habían sido sacadas al camino: fardos de pasto, los propios animales y los estanques de agua, habiéndose reemplazado las cadenas y candados de los accesos, todo lo cual fue difundido por los propios recurridos en redes sociales a modo de celebración, ante lo cual el recurrente efectuó la respectiva denuncia en Carabineros.
Respecto del derecho, arguyó el recurrente que el acto señalado es arbitrario por cuando carece de racionalidad y proporcionalidad el medio empleado para el fin buscado, puesto que sin fundamentación alguna los recurridos alteraron el uso habitual y la tenencia pacífica y tranquila del inmueble en cuestión, privando al recurrente de su derecho de dominio en forma abrupta y mediante el uso de la fuerza. Añadió que, por esa misma razón, resulta un acto ilegal, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, así como también el derecho establecido en el artículo 19 N°21, por cuanto los recurrentes obstaculizaron el ejercicio libre de la actividad económica regular del recurrente, consistente en la agricultura y la ganadería.
Concluyó expresando que su expulsión forzada del inmueble, siendo un adulto mayor de 78 años de edad, constituyó un acto de autotutela mediante el cual los recurridos ejercieron justicia de propia mano, desconociendo que el recurrente adquirió el inmueble mediante cesión del derecho real de herencia, lo que a su vez vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política En atención a lo expuesto, pidió se acoja la acción de protección, y se ordene el cese de los actos ilegales y arbitrarios de los recurridos que impiden el acceso del recurrente al predio, con expresa condena en costas.
Acompañó a su acción: 1.- Certificado de nacimiento nombre reservado; 2.- Duplicado de certificado de posesión efectiva Servicio de Registro Civil e Identificación de don nombre reservado, del año 2012; 3.- Respuesta a solicitud de rectificación de posesión efectiva presentada por don nombre reservado; 4.- Copia autorizada de la escritura pública de cesión de derechos entre don nombre reservado y don nombre reservado, de fecha 28 de octubre de 2016, respecto del inmueble de autos; 5.- Set fotográfico; 6.- Solicitud de modificación de posesión efectiva presentada ante el Servicio de Registro Civil e Identificación; 7.- Certificado de defunción don nombre reservado, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; 8.- Acta de audiencia de formalización de fecha 14 de mayo de 2018 contra Raúl y nombre reservado por el delito de amenazas simples 296 N°3 CP.
A folio 130, se declaró admisible el recurso, ordenando a Carabineros de Chile evacuar informe a efectos de contar con antecedentes necesarios para resolver la orden de no innovar solicitada.
A folio 135 Carabineros evacuó informe, señalando haber concurrido al lugar de los hechos, el cual corresponde a un predio de 8,062 hectáreas, donde existe un inmueble dañado por el curso del tiempo, con un portón de ingreso que mantiene cadena y candado, no pudiendo ingresar a la propiedad. Informaron asimismo que la puerta de ingreso al domicilio también mantiene cadena y candado, y que, al exterior, a orillas del camino público, se encuentran 07 fardos de pasto. Indicaron que, a 300 metros del acceso, próximo al límite de la propiedad, existe otro cerco de alambre que también mantiene cadena y candado nuevo, pudiendo observar que en todo el contorno de la propiedad en disputa el cerco está construido hace poco, con estacas plásticas de color negro, adjuntando set fotográfico de lo observado e informado.
A folio 150 los recurridos evacuaron informe, señalando que tienen la calidad de dueños del inmueble rural en cuestión, habiendo adquirido por herencia intestada de don nombre reservado (sic), según resolución exenta N°2.735 de fecha 7 de marzo de 2023, inscrita en el registro nacional de posesiones efectivas con el N°82.271/2023. Agregaron que el título de dominio en su favor se encuentra inscrito a fojas 4.584, N°3.046 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ancud del año 2023.
Arguyeron que el recurrente señaló haber suscrito escritura pública de cesión de derechos, sin acompañar a su acción título de dominio alguno, atribuyéndose en consecuencia una calidad que no mantiene.
Expusieron que las capturas de pantalla sobre publicaciones en redes sociales que fundan el recurso carecen de todo valor probatorio, que se encuentran descontextualizadas y cuyos autores no se encuentran verificados.
Sostuvieron que no existe acto vulneratorio que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales del recurrente, por cuanto los recurridos son libres de realizar lo que estimen conveniente en el predio en sus calidades de dueños del mismo.
Acompañaron a su informe: 1.- Copia del mandato Judicial; 2.- Copia del título de dominio vigente en favor de los recurridos; 3.- Copia del plano al que alude la inscripción del inmueble emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales; 4.- Copia de certificado de exención de impuesto a la herencia; 5.- Copia de consulta de antecedentes del bien raíz en el Servicio de Impuestos Internos; 6.- Duplicado de posesión efectiva de fecha 28 julio de 2023 respecto del causante, don nombre reservado.
A folio 168, y por resolución de fecha 1° de diciembre de 2023, la orden de no innovar fue rechazada en atención a los antecedentes expuestos.
Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.
nombre reservado: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
Tercero: La presente acción se dirige en contra de los recurridos porque el día 21 de octubre de 2023 expulsaron al recurrente del predio ubicado en sector Morro Lobos - Isla Caucahue mediante amenazas e intimidaciones, dejando parte de sus pertenencias en el camino público exterior e instalando cadenas y candados de su propiedad, impidiendo el acceso del Sr. nombre reservado al inmueble.
Evacuando informe los recurridos no niegan los hechos, sino únicamente justifican o fundan su actuar en mantener un título de dominio inscrito, reprochando al recurrente no haber acreditado dicha circunstancia, arrogándose una calidad o estatus jurídico respecto del predio que no mantiene.
Cuarto: De lo expuesto por el recurrente, el informe emitido por Carabineros y el propio informe evacuado por los recurridos, que como reseña el considerando precedente, en ningún caso niega los hechos del 21 de octubre de 2023 relatados por el recurrente, se tiene por acreditado que estos últimos efectivamente expulsaron mediante intimidaciones al Sr. nombre reservado del predio en el cual él se encontraba residiendo, sacando parte de sus pertenencias al camino exterior e impidiéndole fácticamente el acceso al mismo (y al resto de sus pertenencias) al modificar cadenas y candados en los portones de acceso al inmueble.
Quinto: En dicho contexto, no se puede sino concluir que los recurridos han alterado el statu quo vigente, incurriendo así en una actuación arbitraria e ilegal, toda vez que mediante actos de autotutela han expulsado al recurrente de su lugar de residencia, impidiéndole el acceso al mismo y al resto de los bienes muebles de su propiedad que ahí se encontraban.
Sexto: En efecto, la legislación contempla diversos procedimientos para establecer y resolver controversias respecto del dominio de un inmueble, ninguna de las cuales ha sido ejercida por los recurridos a la fecha. Mientras ellos no sean ejercidos y sea dispuesto lo pertinente por el tribunal competente, no es lícito valerse de vías de hecho para expulsar al recurrente de un inmueble en el que residió durante siete años, ni mucho menos impedir el acceso a sus pertenencias y bienes muebles existentes en el interior de dicho domicilio, acto que no ha sido desmentido por los recurridos.
Séptimo: Con lo señalado se hace patente que la parte recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, pues nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. Ello por cuanto en la práctica se ha asumido la función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los Tribunales de justicia. Asimismo, se afecta la garantía constitucional de propiedad prevista en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al verse impedidos el recurrente de acceder sin impedimentos al predio del cual era poseedor, y a los bienes muebles de su propiedad que en él se encuentran.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se resuelve:
I. Se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, ordenando el cese inmediato de todo acto que impida u obstruya el ingreso del recurrente al inmueble objeto de la presente acción, debiendo retirar cadenas y candados instalados en los accesos, debiendo abstenerse de realizar nuevos actos que impidan el acceso del recurrente al inmueble, otorgando desde ya el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario, todo ello sin perjuicio del derecho de los recurridos de accionar por la vía ordinaria.
II. No se condena en costas a la parte recurrente atendida la naturaleza del recurso de protección.
Redacción a cargo de del Ministro Suplente Sr. Francisco del Campo.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol Protección 1354-2023.