Protección contra Instituto nombre reservado

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, compareció don Álvaro Rehbein Paredes, abogado, en representación de doña nombre reservado, en calidad de madre y representante legal del adolescente nombre reservado, quien interpuso acción constitucional protección en contra del Instituto nombre reservado, a propósito de la notificación de medida disciplinaria de cancelación de la matricula y la emisión de la resolución de 11 de septiembre de 2025 que mantuvo aquella medida, previa solicitud de reconsideración respecto de su hijo, hechos que a su juicio vulneran su derecho a la educación.

Expuso que el 29 de agosto de 2025 la recurrida dispuso la medida en cuestión luego de activar el protocolo aula segura por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025, en que el estudiante habría participado en peleas de boxeo en el interior del baño de hombres en un contexto amistoso. Resaltó que como consecuencia de aquello, nombre reservado resultó con lesiones en el cráneo y que el otro estudiante involucrado – nombre reservado - no presentó lesiones. Indicó que aquello fue calificado como una falta gravísima de acuerdo al artículo 158 numeral 9 del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. Señaló que en contra de dicha resolución presentó reconsideración, la cual fue rechazada el 11 de septiembre de 2025.

En ese contexto, destacó que a pesar de que en la pelea participaron al menos otros 15 estudiantes, solo a nombre reservado y nombre reservado se les aplicó la medida disciplinaria de cancelación de matrícula, en circunstancias que solo nombre reservado recibió golpes reiterados en la cabeza que le provocaron sangrado de boca, nariz y dolor craneal intenso.

Añadió que conforme al informe de convivencia escolar evacuado por nombre reservado, directora de convivencia escolar, las peleas eran entre amigos, que todos se llevan bien, que no había intención de dañar a otro, que también habían alumnos de 2°, 3° y 4° medio que incurrieron en hechos similares, que estas peleas ya habían ocurrido con anterioridad, que llevaban realizándose hace una semana, que se detallan nombres de otros participantes y que dos estudiantes refieren haber visto otras 5 peleas (es decir que en ellas participaron al menos 15 alumnos).

Por otro lado, señaló que fue citada a entrevista con posterioridad a la mantención de la medida, en la cual la recurrida se comprometió a enviarle las actas y el protocolo de aplicación de la medida antes del 16 de septiembre de 2025, cuestión que no sucedió.

En cuanto al derecho, sostuvo que conforme al artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República a nombre reservado le asiste el derecho de presunción de inocencia y que conforme al numeral décimo del mismo artículo y la Convención sobre los derechos del niño, es deber del Estado garantizar su derecho a la educación. En este contexto, alegó que la medida en cuestión se aplicó solo en mérito de una investigación interna del colegio, sin que se haya realizado una investigación de tipo formal que permitiese una debida fundamentación de la medida, en el marco de un debido proceso. Asimismo, arguyó que la falta gravísima invocada por la recurrida no se satisface en la especie, en tanto no se cumplen con los requisitos copulativos consistentes en “una agresión física” y la “producción de lesiones”, ya que el único que resultó con lesiones fue nombre reservado.

Agregó que ingresó al colegio a los tres años y que en dicha institución se encuentra todo su círculo social, lo que ha impactado en su estabilidad emocional y por tanto ha afectado su derecho a la integridad psíquica. Sostuvo que el actuar de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley, en tanto a los otros estudiantes involucrados se les aplicaron medidas de menor intensidad, como la suspensión de asistencia por algunos días, sin que se encuentre fundado la aplicación de la cancelación de la matrícula en el caso de nombre reservado.

En consecuencia, invocó que se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la medida de cancelación de matrícula, con costas.

Acompañó a su presentación: 1.- Notificación de mantención de resolución que mantiene medida disciplinaria de 11 de septiembre de 2025. 2.- Notificación de medida disciplinaria de 29 de agosto de 2025. 3.- Informe de convivencia escolar de 29 de agosto de 2025. 4.- Tomografía computarizada de cerebro de 12 de agosto de 2025. 5.- Solicitud de reconsideración de medida disciplinaria. 6.- Orden médica de resonancia magnética de cerebro emitida por el médico nombre reservado. 7.- Atención medica del doctor nombre reservado. 8.- Resonancia Magnética del Cerebro.

A folio 4, se declaró admisible la acción y se solicitó informe a la recurrida.

A folio 8, evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Señaló que efectivamente nombre reservado es estudiante regular del Instituto nombre reservado y que en virtud de un procedimiento sancionatorio debidamente tramitado de acuerdo al reglamento interno y manual de convivencia escolar, fue objeto de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula.

En cuanto a la supuesta vulneración del principio de inocencia, destacó que la Ley N°21.128 ha otorgado la posibilidad a los establecimientos educacionales de contar con estatutos y procedimientos para determinar la responsabilidad de los estudiantes en hechos que se encuentren tipificados como faltas, destacando que como institución es garante de los derechos de todos los estudiantes y que debe tomar acciones para asegurar un adecuado clima de convivencia escolar.

Por otro lado, sostuvo que aun considerando que la pelea fue organizada de forma autónoma por los estudiantes, aquello importa desde el punto de vista de la convivencia escolar una transgresión extremadamente grave, en tanto nombre reservado terminó lesionado. Asimismo, indicó que el reglamento interno no exige la constatación de un daño físico, sino la existencia de una agresión que, por su naturaleza, ponga en riesgo la integridad física o psíquica de un miembro de la comunidad.

Destacó que el recurrente reconoce en su escrito la existencia de una pelea que involucró al estudiante y que los apoderados cada año suscriben el contrato de prestaciones educacionales, cuya cláusula décimo primera establece que se obligan a acatar las normas contenidas en el reglamento interno, cuyo artículo 159 N°8 establece como falta gravísima “cualquier agresión física o psicológica que produzcan lesiones a cualquier integrante de la comunidad educativa, como también una agresión sexual y actos que afecten contra la infraestructura”.

Asimismo, recalcó que el procedimiento de expulsión y su regulación estatutaria se encuentra disponible en la página web del colegio, contenida en el reglamento interno. Señaló que aquél se encuentra diseñado de acuerdo al procedimiento aula segura y que en fallo reciente dictado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol Protección 5.676-2025 a propósito de la aplicación de una medida disciplinaria, el mismo fue validado.

A continuación, describió el procedimiento sancionatorio en la especie.

Indicó que el 14 de agosto de 2025 la directora de convivencia escolar citó a los apoderados de los estudiantes involucrados a entrevista, la cual se realizó el 19 de agosto de 2025, en la cual se le informaron los hechos acontecidos y el inicio del proceso sancionatorio, sus etapas y la posibilidad de presentar descargos. Indicó que con igual fecha se les notificó por carta el inicio del procedimiento y el 29 de agosto la resolución adoptó la medida de cancelación de matrícula. Luego, señaló que el 1 de septiembre de 2025 se sostuvo reunión con los apoderados a fin de abordar la sanción y recalcar los derechos que le asistían en el marco del proceso.

En ese contexto, indicó que el 5 de septiembre de 2025 se recibió la solicitud de reconsideración, la cual fue rechazada de forma unánime el 10 de septiembre de 2025 luego de sesión en el consejo de profesores.

En ese contexto, destacó que no ha incurrido en la vulneración de los derechos alegados en la acción y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el derecho a la educación no se encuentra dentro del catálogo de garantías que tutela la acción constitucional de protección.

Acompañó a su presentación: 1.- Actas de declaraciones de estudiantes involucrados. 2.- Set de actas de entrevista con apoderados. 3.- Notificaciones del procedimiento sancionatorio. 4.- Escrito de apelación de los apoderados. 5.- Acta consejo de profesores. 6.- Informe de cierre protocolo N° 5. 7.- Anexo VII. 8.- Reglamento interno del colegio.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que impliquen una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Segundo: Que la recurrente impugna la decisión adoptada por el Instituto nombre reservado, consistente en la expulsión del alumno nombre reservado, sosteniendo que dicha medida implica la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19, numerales 1°, 2, 3° y 10° de la Constitución Política de la República de Chile. Sostiene que la decisión adoptada por la recurrida carece de la debida fundamentación y de una ponderación racional de los antecedentes del caso, habiéndo aplicado la sanción más gravosa en circunstancias que a los otros estudiantes involucrados se les aplicaron sanciones de menor intensidad. En particular, destacó que solo nombre reservado resultó con lesiones a propósito de la pelea sucedida en el contexto escolar.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que la medida disciplinaria adoptada respecto del estudiante se encuentra plenamente ajustada al ordenamiento jurídico vigente, particularmente en lo que concierne a la normativa educacional que rige la convivencia escolar. En este sentido, arguye que la aplicación de la sanción de expulsión se fundamenta en el Reglamento Interno del establecimiento, el cual ha sido elaborado y difundido en estricta conformidad con la Ley N°21.128 y la Circular 482 de la Superintendencia de Educación, normativa que establece los criterios sustantivos y procedimentales aplicables a situaciones que comprometen gravemente el orden disciplinario y la seguridad de la comunidad escolar.

En relación con el procedimiento sancionatorio, enfatiza que el actuar institucional se ha ceñido de manera rigurosa a los principios del debido proceso, asegurando la notificación formal a la apoderada del estudiante respecto de la apertura del procedimiento, la posibilidad efectiva de ejercer su derecho a defensa mediante la presentación de descargos y pruebas, así como la posterior revisión de la sanción en sede interna por el Consejo de Profesores.

Cuarto: Que, el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República consagra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo en cualquier instancia sancionatoria, lo que impone la obligación al órgano que ejerce potestades sancionatorias de observar los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad.

En la especie, conforme a la notificación de la medida disciplinaria de 29 de agosto de 2025 agregada a estos antecedentes por la recurrida, es posible advertir por estos sentenciadores que esta adolece de fundamentación suficiente para aplicar la cancelación de la matrícula del estudiante. En efecto, la misma se limita a indicar la fecha de los hechos – mas no los refiere - y la norma del reglamento interno, sin explicar ni detallar la forma específica en que aquellos constituyen una infracción gravísima a la convivencia escolar y cuáles fueron los elementos de prueba ponderados para arribar a dicha conclusión. Así, la falta de fundamentación provoca que la medida disciplinaria aplicada devenga en arbitraria, pues no es posible controlar el razonamiento que permite arribar a la conclusión que en ella se expresa ni permite desplegar una defensa adecuada.

Quinto: Que, como se dijo en el motivo anterior, toda medida disciplinaria aplicada en el contexto escolar debe además ser proporcional a los hechos que la motivan. En ese contexto, no existe contradicción entre las partes y así emana de las declaraciones de los estudiantes que fueron entrevistados por el departamento de convivencia escolar, que en las peleas de boxeo sucedidas desde inicios de agosto del presente año en el baño de hombres de la institución, participaron al menos diez alumnos de diversos cursos de la sección media, siendo los únicos sancionados con la medida disciplinaria de cancelación de matrícula el hijo de la recurrente y el estudiante nombre reservado, sin que se explique la razón que motiva aquella diferencia en la entidad de la sanción aplicada respecto al resto de los estudiantes involucrados. En efecto, el resto de los estudiantes que participaron en los encuentros fueron objeto de sanciones diversas, como la suspensión de clases, sin que se aprecien motivos para dicho trato desigual, máxime considerando que tampoco se tiene certeza de que nombre reservado y nombre reservado hayan sido los alumnos que organizaron los encuentros y con ello, poder imputarles un mayor grado de participación que permita la aplicación de un régimen de sanción diferente y de mayor intensidad.

Sexto: Que, asimismo, se observa que la recurrida se limitó a aplicar el artículo 159 N°8 del Reglamento interno y de convivencia escolar, sin ponderar las circunstancias atenuantes del estudiante ni su historia académica y de comportamiento en la institución, cuestiones que se encuentran reconocidas en el mismo instrumento. En este sentido, no fue contradicho por la recurrida la circunstancia de que nombre reservado asiste al establecimiento educacional hace más de diez años y que no presenta antecedentes previos que impliquen infracciones a la convivencia escolar, tratándose en consecuencia este evento el primero de esta naturaleza en el que se ve involucrado.

Lo anterior, importa una ponderación limitada de todos los antecedentes e importa que la medida disciplinaria aplicada devenga en desproporcional en el caso concreto, en tanto aquella es de última ratio, atendida su entidad y las consecuencias académicas y psicosociales que trae aparejada para el estudiante.

Séptimo: Que, atendidos los fundamentos precedentemente expuestos, se concluye que la decisión impugnada adolece de manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, al vulnerar garantías constitucionales de debido proceso e igualdad ante la ley. Asimismo, la transgresión de principios fundamentales, como la proporcionalidad, configuran un acto viciado que contraviene los estándares exigidos por el derecho constitucional y administrativo en materia de sanciones disciplinarias en el ámbito educativo. Así, dada la gravedad de las irregularidades detectadas en la fundamentación de la medida y con el propósito de restablecer el imperio del derecho, resulta imperativo acoger la presente acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1 y siguientes del Acta Nº94- 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

I.- Que se ACOGE, con costas de la instancia, la acción constitucional de protección deducida por el abogado Álvaro Rehbeine Paredes, en favor de nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado.

II.- Que se deja sin efecto la medida de cancelación de matrícula decretada por el Instituto nombre reservado en contra del estudiante nombre reservado, ordenando su plena reincorporación al régimen académico ordinario 2026 del establecimiento.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1352-2025.