nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Puerto Montt, veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1 comparecen los abogados Rodrigo Fernando Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez en representación de don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quienes interponen recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, representada legalmente por su subsecretario don Manuel Monsalve Benavides, por la actuación ilegal y arbitraria consistente en haber dictado el Decreto Exento RA N°245/1231/2022 de fecha 30 de marzo de 2022, notificado el día 6 de abril del presente año, el cual pone término anticipado al contrato de honorarios suscrito con la recurrida.

Exponen que su representado ingresó a prestar servicios para la recurrente el 1 de julio de 2021, en virtud de un contrato de honorarios, según el cual debía realizar las siguientes funciones, a saber: 1.- Visitas en terreno, dentro del marco de la Gestión Territorial de la respectiva Región o Provincia. 2.- Promoción de la participación ciudadana en instancias de Plazas y Diálogos Ciudadanos en el marco del programa. 3.- Coordinación y articulación territorial de los Servicios Públicos con presencia en la Provincia. 4.- Coordinación y gestión de las acciones administrativas, logísticas y de organización para el oportuno desarrollo de las actividades comprendidas en el Programa. 5.- Establecimiento y mantención de canales de contacto permanente con Organizaciones de la Provincia y 6.- Ejecución de otras funciones encomendadas por la Jefatura, dentro de la competencia.

Indican que tales funciones son genéricas y, en la práctica, se extendían prácticamente a cualquier necesidad que tuviera la división en la que trabajaba como, por ejemplo, el manejo de redes sociales. En cuanto al período de su contrato, exponen que el 1 de enero de 2022 celebró uno nuevo, cuyo período comprendía desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del mismo año. Afirman que éste encubrió un vínculo de subordinación y dependencia, puesto que realizó funciones esenciales del servicio, las que fueron prestadas en sus dependencias, con una jornada de 44 horas semanales, obligación de registro de entrada y salida y con directrices de sus superiores. Concluyen que la naturaleza de sus labores no es propia de un contrato de honorarios, sino que es asimilable a una contrata rigiéndose, por consiguiente, por el artículo 10 del Estatuto Administrativo.

Entienden que la decisión de ponerle fin anticipado a su contrato es ilegal, atentando contra el deber de fundamentación de los actos administrativos, puesto que su representada fue desvinculada mediante una argumentación escueta, vaga e imprecisa que no acredita los argumentos hecho y derecho en que se funda.

Luego, de analizar un extracto del dictamen N°173.171 de 2022 de la Contraloría General de la República en apoyo de sus conclusiones, de citar jurisprudencia acerca de la obligación de motivar los actos administrativos, se refieren a la vulneración de sus derechos fundamentales de integridad psíquica, la igualdad ante la ley; de propiedad y libertad de trabajo.

Piden se ordene dejar sin efecto el Decreto Exento RA N°245/1231/2022 y todo aquel destinado a poner término anticipado al contrato de honorarios de la recurrente, con costas en caso de oposición. Acompaña: 1.- Mandato judicial donde consta su personería. 2.- Carta de desvinculación. 3.- Contrato a honorarios de fecha 22 de enero de 2022. 4.- Libro de asistencia digital año 2022. 5.- Tres solicitudes de Comisión. 6.- Oficio N°63 de la Gobernación Provincial de Chiloé de fecha 15 de enero de 2021. 7.- Dos capturas de bandeja de correo institucional Delegación Presidencial Provincial Chiloé y 8.- Tres capturas de pantalla de conversación red social WhatsApp entre el recurrente y la funcionaria Cote Maldonado.

A folio 3 se tuvo por interpuesto el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida.

A folio 9, el abogado don Ignacio García Suárez, en representación del Subsecretario del Interior-Servicio de Gobierno Interior, evacua informe. Primeramente, alega la improcedencia de la acción de protección por no ser ésta la vía idónea, puesto que no existen derechos preexistentes e indubitados y no se puede emplear este arbitrio para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas.

En segundo lugar, asegura la improcedencia manifiesta de la acción con motivo del acto señalado como recurrido, puesto que el Decreto Exento al que se refiere la recurrente es el que aprobó su convenio a honorarios para el 2022 por lo que, si se lo dejase sin efecto, quedaría también sin efecto el acto que le dio sustento a la relación jurídica a honorarios.

Por otro lado, asegura que su actuación no es ilegal ni arbitraria, por cuanto la recurrente fue desvinculada de su convenio de honorarios, de conformidad a la cláusula tercera de éste, el que dispone que “El presente Convenio durará desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada…”.

Refuta los argumentos de la recurrente en torno a la naturaleza a contrata de los servicios prestados y que éste cuente con confianza legítima. Luego de negar afectación a las garantías fundamentales alegadas por el recurrente pide el rechazo de la acción de protección. Acompaña 1.- Resolución Exenta RA Nº 245/1799/2021, de 14 de septiembre de 2021, del Servicio de Gobierno Interior, que aprobó contrato a honorarios a suma alzada del recurrente para el año 2021. 2.- Resolución Exenta RA Nº245/1231/2022, de 1 de marzo de 2022, del Servicio de Gobierno Interior, que aprobó contrato a honorarios a suma alzada del recurrente para el año 2022. 3.- Carta de 31 de marzo de 2022, suscrita por el Subsecretario del Interior (S), que comunica el término anticipado de vinculación jurídica a honorarios; 4.- Boleta de honorarios electrónica y liquidación de honorarios a nombre del recurrente, correspondiente al mes de abril de 2022 y 5.- Resolución Exenta Nº1.081, de 17 de septiembre de 2019, del Subsecretario del Interior, que Aprueba Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato Laboral, Acoso Laboral y Acoso Sexual.

Con lo relacionado y considerando.

Primero. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo. Que, don nombre reservado ha interpuesto recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, señalando haberse desempeñado en la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé y haber sido desvinculado anticipadamente, de manera ilegal y arbitraria mediante un acto no fundado, vulnerando así las garantías constitucionales previstas en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Tercero. Que, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección por no ser ésta la vía idónea, puesto que no existirían derechos preexistentes e indubitados. Igualmente, sostiene su improcedencia porque el Decreto Exento que el recurrente pide se deje sin efecto, no lo desvinculó, sino que corresponde a aquél que autorizó su contrato de honorarios. Finalmente, alega que el contrato del recurrente tiene una naturaleza de honorarios y que en ésta se pactó expresamente la posibilidad de término anticipado sin expresión de causa; por lo que no existe un acto ilícito ni arbitrario, como tampoco afectación a los derechos fundamentales del recurrente.

Cuarto. Que, con los antecedentes allegados a la causa, así como de los escritos presentados por el recurrente y por el recurrido se encuentra asentado, en sede de protección, lo siguiente:

· Don nombre reservado prestó servicios de asesoría en la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, del Servicio de Gobierno Interior, en razón de un contrato de honorarios celebrado con fecha 22 de enero de 2022, aprobado por la Resolución Exenta RA N°245/1231/2022 del Servicio de Gobierno Interior.

· En el primer párrafo de la cláusula tercera del contrato referido se pactó lo siguiente: “El presente Convenio durará desde el 1 de Enero de 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo N°46 de la Ley N°19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”.

· El recurrente fue desvinculado mediante una comunicación, que indica como fecha 31 de marzo de 2022, y que informa al actor que con fecha 1 de abril de 2022 se decidió prescindir de sus servicios como asesor de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, transcribiéndose parte del primer párrafo de la cláusula tercera del contrato ya reseñado.

Quinto. Que, a partir del escrito de interposición de recurso, del informe de protección y de los alegatos de las partes en la vista de la causa, se desprende que el núcleo de la presente acción radica en la desvinculación anticipada del contrato del recurrente, por medio de un acto carente de la debida fundamentación, lo que implicó una vulneración de diversas garantías constitucionales indicadas en lo expositivo de este fallo.

Sexto. Que, de los hechos expuestos en el motivo cuarto, se infiere que el recurrente se encontraba sujeto a un contrato a honorarios con la recurrida, el que tenía como fecha de término el 31 de diciembre del presente año 2022, pactándose la posibilidad de su término anticipado. Luego, el actor fue desvinculado del Servicio mediante una comunicación escrita que señala que se decidió prescindir de sus servicios de manera anticipada, haciendo efectiva la cláusula tercera del contrato.

Séptimo. Que, la Administración cuenta con la habilitación legal para poner término al contrato a honorarios porque así se estipuló, sin embargo, no se han expresado las motivaciones que le impulsan a adoptar tal determinación. Al respecto, aun cuando se haya pactado un contrato a honorarios que habilita a la Administración a actuar discrecionalmente, ello no puede significar una habilitación para actuar con arbitrariedad. En efecto, los órganos de la Administración no se eximen del deber de fundamentación de sus actos, debiendo exponer las razones que determinaron la adopción del término anticipado del contrato a honorarios con el actor, por cuanto es la única manera para evitar la arbitrariedad de la decisión. De esta manera, el acto impugnado deviene en arbitrario.

Octavo Que, igualmente, se concluye que el acto de desvinculación del recurrente es ilegal porque contraviene lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N°19.880, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, por ser el recurrente discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados que, desempeñándose en cargos a honorarios, permanecen en ellos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones veraces que han de expresarse.

De igual manera, se ve afectado el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que al incurrir la institución cuestionada en un acto arbitrario e ilegal privó al funcionario de su derecho a las remuneraciones por todo el período de contratación.

Noveno. Que, las alegaciones de la recurrida en torno a que ésta no es la vía idónea por no existir derechos indubitados se descarta, por cuanto no existe controversia acerca de la existencia o no de contrato de la recurrente y del organismo recurrido. Realmente, lo que se discute es el cumplimiento del deber de fundamentación del órgano recurrido respecto de la decisión de desvinculación anticipada del contrato de honorarios que vinculaba a las partes lo cual consta a partir de los antecedentes de la causa.

Décimo. Que, se rechaza también la alegación de la recurrente acerca del error en la singularización de la resolución (o decreto) exento respecto del cual el actor pide que se deje sin efecto. Lo anterior ya que, a partir del recurso interpuesto y su desarrollo, es evidente que el acto reprochado es la desvinculación comunicada con fecha 6 de abril de 2022. Así también se explicita en la parte petitoria del recurso de protección, al solicitarse que se ordene dejar sin efecto, no solo el decreto exento en cuestión, sino también todo aquél destinado a poner término anticipado al contrato de honorarios del recurrente.

Por ende, no se vislumbra ni perjuicio ni equívocos. En el mismo sentido lo entendió la recurrida en su informe, al referirse latamente sobre el punto.

Undécimo. Que, finalmente se descarta el argumento de la recurrida cuestionando la naturaleza a honorarios -y no a contrata- de las labores prestadas por el recurrente para el Servicio por cuanto, no es necesario efectuar tal análisis o calificación, para concluir que el término anticipado del contrato del actor no cumple un estándar mínimo de fundamentación como lo exige el artículo 11 inciso 2° de la Ley N°19.880; según se ha razonado a lo largo de este fallo.

Por estas consideraciones y, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge la acción de protección interpuesta por los abogados Rodrigo Fernando Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez en representación de don nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior. En consecuencia, se dispone que el contrato de honorarios suscrito entre el Servicio de Gobierno Interior y don nombre reservado, con fecha 22 de enero de 2022, aprobado por la Resolución Exenta RA N°245/1231/2022 de dicho Servicio, se ha de mantener vigente. Por tanto, se deberán dejar sin efecto y/o dictar todas aquellas resoluciones administrativas que sean necesarias para la efectiva reincorporación del recurrente en sus funciones, sin solución de continuidad.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Patricia Belmar Stumpfoll No firma el Ministro don Jorge Pizarro Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Protección 1350-2022.