SALMONES AYSEN S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE QUELLON

Puerto Montt, once de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 12 de septiembre de 2017, comparece JORGE ALFREDO FFRENCH-DAVIS SALVADORES, abogado, en representación de Salmones Aysen S.A., ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Quellón, representada legalmente por su jefatura provincial don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos, sostiene que con fecha 18 de agosto de 2017 su representada fue notificada por correo certificado en virtud del artículo 508 del Código del Trabajo, por la recurrida, de Ordinario N°234 de fecha 10 de agosto del año en curso, por el que se procedió a rechazar la reconsideración administrativa deducida por su parte respecto de la resolución de multa N°1192/17/022-1 que sanciono a su representada con una multa ascendiente a 6 IMM, siendo el único e argumento vertido en dicho acto administrativo para el rechazo el que la solicitud no habría sido presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la fecha de su notificación.

Agrega que la resolución de multa reconsiderada fue notificada a su representada con fecha 24 de Junio de 2017, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, su parte presentó impugnación mediante la vía de la reconsideración administrativa con fecha 25 de Julio de los mismos conforme da cuenta el mismo acto administrativo respecto del cual recurren.

Sostiene que el acto de la recurrida es del todo ilegal, por cuanto su motivo del rechazo, consiste en que los 30 días de plazo para interponerlo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo sería de días corridos, lo que es ilegal, en razón de que con dicha teoría o postura deja de aplicar el estatuto legal aplicable a su respecto y en relación a los actos de la administración, cual es la Ley 19.880, específicamente en su artículo 25, el que establece que el cómputo de los plazos para los procedimientos administrativos es de días hábiles, estableciendo claramente que son días inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Así las cosas conforme a la acertada interpretación del artículo 512 ya citado, es que los 30 días de plazo para reconsiderar una resolución administrativa de multa es de días hábiles conforme al artículo 25 de la Ley 19.880.

Agrega que el plazo para reconsiderar vencía el día 04 de Agosto del año en curso, por lo que la recurrida de forma ilegal y arbitraria procede a aplicar normas de cómputos de plazos del Código Civil por sobre las normas que en la especie prevalecen sobre estas, al tratarse de un acto y procedimiento de naturaleza administrativa, siendo procedente, como lo ha fallado reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el computo del plazo conforme al artículo 25 de la Ley 19.880, es decir, de días hábiles de lunes a viernes. De la misma manera ha fallado la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en causa Rol 499-2017 “Salmovac Servicios Acuícolas Ltda con IPT Puerto Montt”.

Sostiene que en cuanto a las Garantías Fundamentales conculcadas, serían las del Articulo 19 N°2, esto es la igualdad ante la Ley, ya que el acto en contra del cual recurren no aplica de forma equitativa las normas de carácter público que se disponen a su respecto, estableciendo diferencias respecto de este tipo de actos administrativos con respecto a otros aplicando criterios distintos para un caso y otro, en circunstancias que debe aplicar con igualdad los criterios y disposiciones legales sobre la materia. Además, menciona el articulo 19 N°24, esto es el derecho de propiedad, ya que el actuar de la recurrida priva a su representada de su propiedad, sobre los montos sancionados como multa, ya que merma toda posibilidad de revertir o disminuir dicha pérdida patrimonial conforme lo permite la ley.

En definitiva, solicita que acogiendo el recurso de protección, declarando ilegal y/o arbitraria la actuación de la recurrida, procediendo a adoptar de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos de su parte, ordenando a la recurrida admitir el recurso administrativo y resolver respecto al fondo de éste, todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso; 1- Resolución N°234 de fecha 10 de agosto de 2017; 2.- Acta de notificación respecto de resolución N°234 de fecha 10 de agosto de 2017, mediante la cual se indica deposito en correos con dicha fecha; 3.- Resolución de multa N°N°1192/17/022-1 de fecha 12 de junio de 2017. 4.- Acta de notificación de resolución de multa N°N°1192/17/022-1, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo depositada en correos con fecha 17 de junio de 2017.

Con fecha 13 de septiembre de 2017, se declara admisible el recurso.

Con fecha 28 de septiembre de 2017, evacúa informe la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, señalando en primer término que el recurso es improcedente atendida la naturaleza extraordinaria y excepcional del mismo, ya que la cuestión debatida radica en una interpretación acerca de la naturaleza del plazo para solicitar la reconsideración administrativa, respecto de una resolución que lo condena a una multa cursada por la recurrida, por tanto no es ésta la vía idónea para reclamar del acto administrativo contenido en el Ord. N°234 de fecha 10 de agosto de 2017, ya que la presente acción constitucional no es un instrumento de control de la legalidad de los actos de la administración, sino de cautela de derechos garantizados por la Constitución Política de la República, en caso que se hubiera actuado de manera arbitraria o ilegal, que no es el caso, ya que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicables, actividad inherente a la administración, considerando además que conforme al artículo 504 del Código del Trabajo el recurrente tiene otras vías para reclamar del Ord. 234, como ya lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema. Se alega en segundo término la improcedencia del recurso, ya que el actuar de la Inspección de Trabajo, es legal y racional amparado tanto en las facultades establecidas en el artículo 511 y 512 del código ya mencionado, considerando además que del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a plazos, se advierte, que por regla general cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, por tanto, como en el artículo 512 no se hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos. Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere a una materia en especial. Sosteniendo esta posición la propia jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, quien ha señalado en reiterados dictámenes que si existe norma específica que regula la materia concreta, se prefiere ésta, antes que la Ley de Procedimiento, por tener este último carácter supletorio. Es así como en atención al Dictamen N° 64.985 de la Contraloría General de la República, de fecha 20 de noviembre de 2009, el Servicio deja sin efecto la modificación al Anexo 10 de la Circular N°88 de fecha 5 de julio de 2001, hecha por la Circular N°96 de 23.09.2009, en la aparte que establecía que el plazo para reconsiderar era de días hábiles, dictando al efecto la Circular N°73, retomando la interpretación que históricamente había sostenido este Servicio respecto de la naturaleza del plazo para reconsiderar, y por ello no fue posible por parte del Inspector del Trabajo, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de la empresa recurrente, pues no cumplió con el requisito de presentar su solicitud dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación. Este criterio también es compartido por los Tribunales de justicia, citando diversos fallos al efecto. Conforme lo expuesto finalmente alega la improcedencia del recurso por no existir acto arbitrario o ilegal, que vulnere las garantías del recurrente. Acompaña al recurso; 1.- copia de resolución de multa N° 1192/2017/022-1 de 12 de junio de 2017 y acta de notificación; 2.- Copia de formulario F10 para solicitar reconsideración administrativa; 3.- Copia de Ordinario 234 de 20 de agosto de 2017 y acta de notificación; 4.- Copia de circular N° 73 de fecha 8 de junio de 2010 y Anexo N° 1; 5.- copia de Dictamen N°64.985 y N°17.344 de la Contraloría General de la República.

Con fecha 25 de septiembre de 2017 se trajeron autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía José Alfredo Ffrench-Davis Salvadores, abogado, en representación convencional de Salmones Aysen S.A., en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Quellón, invocando la ilegalidad y arbitrariedad del Ordinario N° 234 de fecha 10 de agosto de 2017, en virtud del cual se rechazó su solicitud de reconsideración de la multa, en razón de los fundamentos que latamente se han señalado en lo expositivo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que, respecto del primer asunto, para determinar la pretendida ilegalidad y arbitrariedad del acto en cuestión es indispensable analizar la naturaleza jurídica del artículo 512 del Código del Trabajo.

QUINTO: Que, en este sentido, y tal como lo ha resuelto esta Corte precedentemente, es dable concluir que la norma antes señalada establece un plazo de días hábiles y no corridos, tal como lo sostiene el recurrente, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, pues habiéndose presentado el recurso en una estadio de tramitación administrativo debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880, la que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, primando esta modalidad por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, razonamiento que por lo demás ha vertido la Excma. Corte Suprema sobre el punto que es materia de estos autos en causa rol 21.532-2014.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, puede afirmarse que la conclusión contraria no es sostenible mediante la interpretación sistemática realizada por el Servicio recurrido, pues de la lectura de las normas citadas se aprecia que cuando el legislador ha querido precisar la naturaleza de un plazo lo ha hecho expresamente, sea éste de días hábiles o corridos, por lo que no existiendo tal precisión en la norma en cuestión ha de entenderse la existencia de un vacío, el que debe ser llenado mediante la aplicación de normas generales, debiendo darse preeminencia en tal función a aquella contenida en la ley 19.880 al regular precisamente la relación entre particulares y el Estado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, al no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880 la recurrida ha incurrido en un acto ilegal, al privar al recurrente de un recurso, lo que debe ser corregido mediante esta vía.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por José Alfredo Ffrench-Davis Salvadores, abogado, en representación convencional de Salmones Aysén S.A., en contra la Inspección Provincial del Trabajo de Quellón.

II. Que, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N° 234 de 10 de agosto de 2017, ordenándose someter a tramitación la reconsideración de la multa impuesta a la recurrida.

III. Que no se condena en costas la recurrida por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redacción del Abogado Integrante don Jaime Ulloa Uribe.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1343-2017