nombre reservado con TESORERIA REGIONAL DE LOS LAGOS

nombre reservado, tres de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos, rol Ingreso Corte N° 1342-2024- Protección, don Mario Enrique Águila Inostroza, abogado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, en representación, de don nombre reservado, chileno, cédula de identidad nacional N°RUT reservado, dedujo acción de protección en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos, alegando que la recurrida vulneró las garantías de la igualdad ante la ley y no discriminación, prevista numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Reconoció que, actualmente, tiene la calidad de deudor en Tesorería General de la República, por un monto de $65.000.000, según consta del certificado de deuda correspondiente, motivo por el cual intentó obtener un convenio de pago y condonación de los reajustes e intereses, pero, a través de un empleado de mesón de dicha repartición, se limitaron a señalarle que habría problemas, sin dar mayores explicaciones.

A consecuencia de dicha respuesta, el 27 de mayo de 2024, remitió una carta al Tesorero Regional, con el fin que se le informara si era posible celebrar un convenio de pago y obtener la condonación de los intereses y multas adeudadas, y en caso negativo, para que se señale las razones de dicha negativa, había consideración que las condonaciones son procedentes en casos de deudas similares a la suya. Sin embargo, con fecha 29 de agosto de 2024, esto es, cuatro meses después, recibió respuesta, señalándole que no tiene derecho a convenio ni a condonación, en los términos siguientes:

“Que, se revisó el sistema informático del Servicio de Tesorerías referente a convenios de pago y condonaciones arroja que los folios señalados no tienen derecho a convenio de pago y no tienen derecho a condonación, con motivo de exclusiones del Servicio de Impuestos Internos.”

Argumentó que el servicio recurrido se desligó de su facultad de otorgar convenios y deslinda responsabilidades en el Servicio de Impuestos Internos, sin dar razón fáctica alguna para la negativa.

Respecto del derecho, expuso que el artículo 192 del Código Tributario contempla la facultad de celebrar convenios de pago y condonas multas e intereses directamente en la Tesorería General de la República.

Luego citó normas de la Ley 19.880, relativas al principio de imparcialidad, de transparencia y publicidad y sobre el derecho de las personas para obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Argumentó que la Tesorería tiene una facultad para actuar discrecionalmente para aprobar convenios y condonaciones lo cual deriva del verbo “podrá” del artículo citado. Pero precisamente en el ámbito de la discrecionalidad administrativa es donde puede darse la arbitrariedad y así ha ocurrido en este caso, porque no se ha dado explicación fáctica, ni legal, alguna, para negar el convenio y la condonación. Una mera remisión a que existiría una exclusión por parte del Servicio de Impuestos Internos no es una respuesta aclaratoria, respetuosa, legítima, ni legal, por lo cual dijo que deviene en un acto displicente, que deja al administrativo perplejo y desamparado ante el Estado de Chile, no cumpliendo con los principios señalados que rigen a los órganos de la Administración del Estado Concluyó que esta situación vulneró la garantía de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria al no dar argumentos ni motivaciones sobre la negativa arbitraria respecto a la solicitud de convenio y condonación solicitada.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional y se ordene a la recurrida que otorgue las facilidades de convenio y condonación que se les dan a todos los contribuyentes en una situación similar o toda otra medida que arbitre esta Corte, que reestablezca el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su presentación: 1.- Certificado de deuda del contribuyente y recurrente, de 3 de septiembre de 2024. 2.- Carta remitida por contribuyente a Tesorería de 27 de mayo de 2024. 3.- Respuesta de Tesorería de 29 de septiembre de 2024.

Luego de haber sido declarado admisible la acción constitucional, la parte recurrida evacuó el informe de rigor, señalando que, de acuerdo al certificado de deuda del contribuyente don nombre reservado, registra una deuda que aún no se encuentra en cobranza, que incluido el reajuste, intereses, multas, asciende a la suma de $65.785.910.

Indicó, asimismo, que en el expediente administrativo Rol N°10045-2023- Maullín, el 19 de octubre de 2023 se notificó y requirió de pago al contribuyente.

Refirió que el contribuyente realizo una presentación solicitando que se informe si su deuda califica para convenio de pago con rebaja de intereses y multas, y para el evento de una respuesta negativa, solicitó mencionar el fundamento, a lo cual dijo que el Servicio respondió el 30 de agosto de 2024, explicando que no tiene derecho a convenio de pago ni condonación, con motivo de exclusión del Servicio de Impuestos Internos, agregando que el contribuyente registra deudas que aún no se encuentra en cobranza.

Alegó la falta de legitimación pasiva del servicio, ya que la finalidad de que el Servicio de Impuestos Internos elimine toda anotación de sus sistemas informáticos y como consecuencia de ello, el Servicio de Tesorerías le permita suscribir un convenio de pago y conceder las respectivas condonaciones. Por lo que no existiría una acción directa de la Tesorería que afecte derechos fundamentales del recurrente.

Agregó que el informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos, el uso de las anotaciones se encuentra validado por lo dispuesto en el Nº16, del artículo 8 bis, del Código Tributario, y reguladas por el Oficio Circular N°2152 de 18 de julio de 1995, como una facultad exclusiva de dicho Servicio.

Luego, respecto al fondo del recurso, alegó la improcedencia de la acción constitucional, ya que la presentación del contribuyente del 27 de mayo de 2024, agregada a fojas 7 del expediente administrativo Rol N°10045-2023- Maullín.

La normativa que regula los procesos de cobro del Servicio de Tesorerías, normativa establecida en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, por lo que se excluye la aplicación de las normas de la Ley de N°19.880 a la cual hace mención el recurrente en el recurso. Así, el presente recurso se ha dirigido en contra de una resolución judicial, toda vez que en este caso el Tesorero Regional, en su carácter de Juez Sustanciador, ejerce facultades jurisdiccionales en este procedimiento de cobro especial, de acuerdo a las normas del Título V del Libro III del Código Tributario.

Agregó que hay otras instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar cuestiones que se susciten durante la tramitación del proceso de cobro, previstas en varias disposiciones del Código Tributario, como el artículo 193 que en el inciso 2° indica expresamente “Los contribuyentes podrán reclamar ante el Abogado Provincial que corresponda de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Juez Sustanciador o sus auxiliares…”.

Argumentó que el Servicio de Tesorerías ha instruido a través de la Circular Normativa N°198 de 22 de agosto de 2024, la “Política de convenios y condonación permanente del Servicio de Tesorerías, para el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos sujetos a cobranza”. En dicha normativa interna se establece en su página 23 el acápite referente a los “Contribuyentes a los que no se puede otorgar condonación” y regula para el caso de las condonaciones que:

“No podrá otorgarse condonación a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N° 4 a 9.”.

En cuanto a los convenios de pago, prescribe que:

“En el caso de las exclusiones de los números 6, 7, 8 y 9 del SII, los contribuyentes, además, no tendrán derecho a acceder a convenios de pago del artículo 192 del Código Tributario.”.

En este sentido, acompañó un recuadro que da cuenta del tipo de exclusión al que está afecto el contribuyente y los folios de las respectivas deudas, registrando exclusiones por las causales de los números 6 (contribuyentes querellados) y 9 (contribuyentes en recopilación de antecedentes del 161 N°10 del Código Tributario) del Servicio de Impuestos Internos, por lo cual, no dispone del derecho a convenio de pago y menos dispone del derecho a condonación.

Agregó que el recurrente no puede pretender que la facultad otorgada a la Tesorería General de la República, referente a otorgar facilidades de pago a los contribuyentes, se ejerza de igual manera ante los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias como con los que nos las cumplen, por ellos éstos últimos registran observaciones (exclusiones) por parte del Servicio de Impuestos. Que, desatender el comportamiento de pago del contribuyente por parte de la institución recaudadora, implica un incumplimiento del mandato legal del legislador y dejar en indefensión el interés fiscal.

Explicó que el traspaso de información entre el Servicio de Tesorerías y el Servicio de Impuestos Internos tiene su origen en un protocolo suscrito entre ambas instituciones del 24 de septiembre de 2015, el cual se encuentra refrendado mediante la Resolución Exenta N°1691 de 6 de noviembre del mismo año, la que aprueba el protocolo sobre política de condonación entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República vigente a contar del 1 de octubre de 2015.

En este protocolo se establece y coordina la actuación de la Tesorería General y del Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio de la facultad para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos, incluido el impuesto territorial.

Finalmente, solicitó el rechazo de la acción de protección, ya que su actuación no ha sido ilegal, ni arbitraria, al basarse en normativa vigente relativa al 192 del Código Tributario y los protocolos mencionados.

Acompañó al recurso: 1.- Certificado de deuda del contribuyente moroso, con la deuda liquidada al mes de octubre de 2024. 2.- Copia expediente administrativo rol N°10045-2023- Maullín. 3.- Informe de Historial Exclusiones SII. 4.- Resolución Exenta N°1691 que Aprueba Protocolo sobre Política de Condonación entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República vigente a contar desde el 1 de octubre de 2015. 5.- Circular Normativa N°198 de la Tesorería General de la República.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio De lo expuesto, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que, asimismo, resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva.

Así, la intervención de esta Corte se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega, razón por la que resulta imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitado o indubitable y no se base en meras expectativas o auto atribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

Tercero: Que, atendido lo expuesto por la parte recurrente, este recurso de protección se fundamenta en la vulneración de la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, invocando afectación de su derecho de igualdad ante la ley al no dar lugar a una condonación de reajustes e intereses de una deuda tributaria.

Cuarto: Que la presente acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos cuya existencia se encuentre indubitada, no discutida, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que tanto el recurrente como la recurrida han manifestado alegaciones que, en definitive, controvierten los presupuestos que sirven de fundamento a la acción impetrada, por lo que los derechos que se invocan no pueden server de base para el ejercicio de la acción constitucional, debiendo recurrirse a otras acciones que el ordenamiento jurídico entrega a las partes.

Quinto: Que, atendido lo razonado, la acción deducida no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras que pudiere corresponder al recurrente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

Que se rechaza la acción de protección interpuesta por Mario Enrique Águila Inostroza, en representación de don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol Protección N°1342-2024.