nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 22 de abril de 2026
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 1336-2025, sentencia de 22 de abril de 2026
Resumen
Se rechaza la protección por no existir derecho indubitado ni actuar ilegal o arbitrario, hechos indeterminados y controversias previas resueltas por sentencias firmes.
Texto íntegro
Puerto Montt, veintidós de abril de dos mil veintiséis.
Vistos:
A folio 1, comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de nombre reservado; nombre reservado; Adelia Del nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, en base a los hechos que expone en su presentación.
Señala la recurrente ser dueña de la totalidad de 15 lotes resultantes de la subdivisión de un inmueble matriz ubicado en Putemún, comuna de Castro -invidualizados en su presentación- quién hace más de 8 años sufre, en conjunto con su familia, perturbaciones y privación de su derecho de propiedad, integridad psíquica y la inviolabilidad de nuestra privacidad y hogar, lo cual, se ha materializado a través de actos de acoso, amenazas, hostigamientos, robos, hurtos, destrucción de propiedad, ataques materiales, intromisiones ilegítimas, uso sin autorización de parte de los terrenos, menoscabo a su honra y daño ambiental por parte de las recurridas, quiénes son dueños de un inmueble colindante. Estos, a pesar de contar con una servidumbre constituida a su favor con salida directa a camino público como lo es la ruta W-55, nombrada cruce Ruta 5 (Llau Llao), Putemún-Dalcahue, el cual es un camino regional principal, insisten en transitar por los caminos interiores del predio de la actora, provocando una afectación permanente y renovada del atributo de uso y goce de su dominio.
Afirma que los lotes de su propiedad provienen de un proceso de subdivisión predial certificado por el Servicio Agrícola y Ganadero según consta en el Certificado N°116 del año 2023 y al Certificado de Asignación de Roles emitido por el Servicio de Impuestos Internos, los que se encuentran archivados en el Registro de Propiedad del año 2023, y anotados marginalmente en la inscripción que rola a fojas 2647 número 2500 del Registro de Propiedad del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Castro. Indica que aquella inscripción consta marginalmente una sub-inscripción de servidumbre, ya que por escritura pública otorgada con fecha 05 de noviembre del año 2024, se constituyó servidumbre sobre los lotes B2 como predio sirviente en favor de los lotes B5, B4 y B3. Esta servidumbre es la única que se ha constituido y que consta en el Registro de Hipotecas respecto de los lotes resultantes de la subdivisión, e incluso respecto de los 4 lotes anteriores que conforman el inmueble.
En la inscripción que rola a fojas 2647 número 2500 del Registro de Propiedad del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Castro, consta que junto a sus hijos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, eran dueños en comunidad de un inmueble rural, ubicado en el sector de Putemún, de la comuna de Castro, provincia de Chiloé, región de Los Lagos, el cual tenía una superficie de 12,91 hectáreas, y estaba compuesto por 4 lotes: El lote A de 4,63 hectáreas; el Lote B de 5,55 hectáreas, el Lote C de 1,55 hectáreas, y el Lote D de 1,18 hectáreas, el cual estaba signado con el Rol de Avalúo de la comuna de Castro número 1124-20, y que, adquirimos por sucesión por causa de muerte tras el fallecimiento del marido de la actora, nombre reservado.
Todos los inmuebles en cuestión están conectados por caminos interiores de índole privada y que dan acceso a un bien de uso público, como lo es la Ruta W-55, un camino regional provincial, que forma parte de la Red Vial Nacional.
Da cuenta que hace más de ocho años existen actos que vulneran su derecho de propiedad, integridad psíquica y la inviolabilidad y privacidad de su hogar, indicando que los recurridos son hijos de nombre reservado y nombre reservado, ambos fallecidos, quiénes son dueños en comunidad del inmueble inscrito a fojas 2262 número 1947 del Registro de Propiedad del año 2024, y a fojas 2309v número 2128 del Registro de Propiedad del año 2019, ambas del Conservador de Bienes Raíces de Castro, el cual colinda con los lotes B5, B2 y B1 de propiedad de la actora. Dicho inmueble, de 7,23 hectáreas según plano Nº X-4- 7.335-SR, archivado al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Castro del año 1996, tiene entre sus deslindes, particularmente en su lado norte, un camino vecinal que lo separa de nombre reservado, en línea quebrada de 2 trazos, separado por cerco, cuestión que no es efectiva dado que entre los terrenos de la actora y de los recurridos no hay ningún camino vecinal y el cual tiene su origen en un proceso de saneamiento conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 2695 del año 1979 y que consta en título anterior de fojas 209 Nº217 del Registro de Propiedad del año 1979 del Conservador de Bienes Raíces de Castro, cuyo titular era don nombre reservado, padre de los recurrido y donde consta la existencia de una servidumbre a favor de este último predio.
Afirma que a fines del año 2017, los recurridos comenzaron a ocupar vehículos motorizados a través del camino privado de la actora, lo cual se ha constituido como un actuar permanente y que fue validado en su oportunidad en recurso previo interpuesto ante esta Corte, alegando que dicho camino se usa por ancestralidad, a pesar de contar con una servidumbre propia. Con ello, han efectuado destrucción de cercos, pilares y corriendo deslindes hacia el interior del predio de la actora mediante actos violentos, amenazas y hostigamientos, estacionando vehículos de forma permanente al exterior de su casa, con insultos y llegando a provocar en el esposo de la actora un accidente cerebro vascular que lo dejó postrado, así como el ejercicio de tala ilegal de árboles nativos, provocando con ello una desvalorización de su inmueble y la pérdida de un cuarto de hectárea en el año 2021 por una tercera persona de nombre nombre reservado. Además, agrega que en el año 2022, nombre reservado levantó una antena en los terrenos de su propiedad con el uso de maquinaria pesada Sostiene que ejerció en su oportunidad una acción reivindicatoria para obtener la restitución del inmueble en cuestión, en contra de nombre reservado, existiendo sentencia definitiva de primera instancia a su favor pero siendo revocada por esta Corte, así como la falta de interés por parte del Ministerio Público en las denuncias efectuadas a su respecto Invoca como garantías fundamentales vulneradas las del artículo 19 Nº1, 5 y Nº24 de la Constitución Política, razón por la cual solicita que se acoja la presente acción y se adopten las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos, con costas.
A folio 5, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.
A folio 12 consta informe evacuado por Fernanda Valentina Barudy Barría, abogada defensora de indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, en representación de los recurridos de autos, sosteniendo ante todo la extemporaneidad de la presente acción en base al tenor de la propia acción y la falta de antecedentes concretos que permitan establecer la oportunidad del mismo.
Indica, además, la indeterminación de acciones u omisiones en el recurso, resultando aquellos del todo genéricos e impidiendo un correcto análisis de los hechos, transcribiendo la forma en que fueron expuestos en estos autos.
Invoca una falta de legitimación pasiva, al resultar genéricas todas las imputaciones y no atribuir un determinado hecho a cada uno de los recurrentes, máxime si los propietarios del inmueble de los recurridos son 8 personas y solo se ejerce en contra de 5. Además, se invoca la ocupación de parte del inmueble y la construcción de una antena por terceras personas no emplazada en la especie, lo cual configura la excepción en comento.
Sobre el fondo del asunto, sostiene la falta de idoneidad del recurso al no existir un derecho con carácter de indubitado en la especie, máxime si se advierte la existencia de diversas instancias procesales previas contra personas no emplazadas en este caso -tal como lo es la causa civil Rol Nº744-2023 de esta Corte- no pudiendo la presente vía constituirse como una nueva sede del fondo, no existiendo en la especie actuar ilegal o arbitrario de los recurridos en los términos planteados por la actora, máxime si es aquella quien ha incumplido lo resuelto en causa protección rol Nº1.497-2018 de esta Corte, en donde se acogió un recurso interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, por haber incurrido éste en el ejercicio de autotutela proscrita por el orden constitucional.
Finalmente, da cuenta que el predio de los recurridos no tiene salida a la carretera como erróneamente indica la recurrente, sino que colinda con otra propiedad privada e incluso con un río que hace imposible poder utilizar la ruta que la recurrente indica existir.
Solicita en definitiva el rechazo de la presente acción, con costas.
A folio 15, consta informe de Carabineros de Chile solicitado por esta Corte en su oportunidad.
Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.
Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
Tercero: Que los hechos que se denuncian como ilegales y arbitrarios dicen relación con perturbaciones a los inmuebles de propiedad de la actora por parte de los recurridos mediante una serie de actos en los que incurren desde el año 2017 a la fecha, provocando daños a los cercos, pilares y corriendo deslindes hacia el interior del predio de la actora mediante actos violentos, amenazas y hostigamientos en su contra.
Cuarto: A su turno, las recurridas afirman la extemporaneidad de la presente acción, toda vez que los hechos relatados resultan del todo genéricos y de antigua data, no existiendo un hito que permita situar la procedencia del mismo en esta oportunidad. En base a lo anterior, sostiene la configuración de falta de legitimidad pasiva, toda vez que el inmueble ocupado por los recurridos pertenece a una comunidad formada por ocho personas, no encontrándose todos emplazados en esta acción, así como el hecho de imputar acciones de terceras personas que tampoco son objeto del presente recurso.
Sobre el fondo del asunto, indica que los hechos han sido objeto de diversas causas pretéritas, entre ellas la rol Civil Nº744-2023 de esta Corte, en la cual se revocó y rechazó una acción reivindicatoria presentada por el cónyuge fallecido de la recurrente en contra del recurrido nombre reservado, así como el recurso de protección tramitado bajo el rol Nº1.497-2018 de esta Corte, en donde este último figura como recurrente y dirige la acción en contra de nombre reservado -el citado cónyuge de la actora- el cual fue acogido, ordenándose al recurrido cesar en su conducta consistente en la instalación de un cerco con candado en el camino vecinal que corre entre los predios de las partes, al menos, en cuanto éste por su emplazamiento limite el libre ingreso al predio del actor, sentencias que se encuentran firmes y ejecutoriadas.
Quinto: Ante todo, cabe dejar asentado que el presente recurso de protección se sostiene en una pluralidad de hechos que mantendrían una continuidad temporal en su ocurrencia y que justificaría la oportunidad en la presentación de esta acción, sosteniéndose que el origen de aquellos proviene por el supuesto uso de un camino vecinal que separaría las propiedades de ambas partes provocando con ello las vulneraciones narradas en su oportunidad. Con ello, y solo desde un aspecto formal, no es posible dar lugar a las alegaciones de extemporaneidad planteada por la abogada de las recurridas en estos autos, debiendo desestimarse aquellas.
Sexto: A su turno, tampoco resulta controvertido el hecho que los predios de las partes son colindantes, logrando acreditarse por la actora las inscripciones registrales pertinentes en su favor. Por su parte, las recurridas afirman que el inmueble que ocupan pertenece a una comunidad de ocho personas y que el presente recurso solo se interpone respecto de cinco de ellas, no existiendo antecedente alguno que dé cuenta de las respectivas inscripciones que sustente lo anterior.
Séptimo: Sin embargo, no resulta controvertido la existencia de causas pretéritas entre el cónyuge fallecido de la actora y uno de los recurridos de esta causa respecto de cuestiones relativas a la extensión de los inmuebles en cuestión y la utilización de los caminos vecinales que existen en el sector, discusiones que a la fecha se encuentran zanjadas mediante la dictación de las sentencias definitivas firmes y ejecutoriadas señaladas de forma precedente.
Lo anterior da cuenta que la actora, a la fecha, no mantiene un derecho con carácter de indubitado que sea tutelable mediante el ejercicio de la presente acción, sumado a la circunstancia de indeterminación de los hechos que imputa a los recurridos de autos en cuanto a su ocurrencia, momento y atribución a cada uno de forma concreta, así como la indicación de acciones que habrían cometido terceras personas que no son objeto de este recurso -toda vez que no fueron indicados en dicha calidad en su oportunidad, no siendo emplazados en estos autos, en consecuencia- y falta de peticiones concretas.
Octavo: Abunda a ello el propio reconocimiento que efectúa la recurrente en orden a la existencia de diversas causas penales que han sido desestimadas por los organismos pertinentes y las alegaciones efectuadas por el abogado de aquella en estrados, quién sostuvo el hecho de haberse agotado las vías ordinarias y de lato conocimiento ejercidas en favor de su representada, lo cual refleja con mayor fuerza la inexistencia de un derecho con carácter de indubitado que se encuentre afectado por alguna de las circunstancias -indeterminadas, como se ha señalado- narradas en su presentación, lo cual lleva a desestimar la presente acción al no existir actuar ilegal o arbitrario atribuibles a los recurridos, en consecuencia.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por nombre reservado en contra de nombre reservado; nombre reservado; Adelia Del nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado.
Redacción a cargo del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
Rol Protección N°1.336-2025.