Protección contra todos quienes resulten responsables de estos ilegales y arbitrarios hechos que a

nombre reservado, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, con domicilio en la ciudad de nombre reservado, quien recurre en favor de su hermano nombre reservado, pensionado, de su mismo domicilio; en contra de: a) del Jefe de la Sucursal de Castro del IPS, don nombre reservado nombre reservado; b) de los Jefes de la Sucursal del ISL, oficina Castro, don nombre reservado y don nombre reservado; c) del Jefe de la Sucursal Castro de la Caja Los Héroes, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y, d) en contra de todos quienes resulten responsables de estos ilegales y arbitrarios hechos que afectan a su hermano.

Señala que, desde el mes de mayo del año 2024, dicho servicio se ha negado a pagar la pensión a que tiene derecho su hermano y que le fue asignada oportunamente, toda vez que le fue declarada una invalidez permanente y definitiva ascendente al 92%, siendo la última negativa a pagarle su pensión el día 05 de febrero del año 2025, señalando que es la única fuente de ingresos a que tiene derecho su hermano, y la negativa del servicio recurrido le causa serios perjuicios económicos, materiales y morales que le impiden solventar en forma mínima su subsistencia, debiendo recurrir a la ayuda de familiares para mantenerse. Indica que, la conducta de la recurrida atenta no solo contra el derecho a la vida de su hermano, sino que a su salud y además a su derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria y a su derecho de propiedad, toda vez que se trata de una persona que ha sido jubilada con un 92% de incapacidad laboral, no pudiendo desempeñarse en labor alguna, ya que no puede valerse por sí mismo ni siquiera en sus necesidades personales, debiendo ser asistido por terceras personas.

Sostiene que, la conducta de la recurrida es ilegal y arbitraria y le ocasiona serios perjuicios, y además esa conducta amenaza y afecta las garantías constitucionales de su hermano, establecidas en el Art., 19 Nros., 1,2,3,9,18 y 24 de la Constitución Política del Estado, por lo que recurre para que ella sea enmendada por los recurridos y se decrete el cese inmediato de esas acciones ilegales y arbitrarias. Solicita se acoja el recurso en los términos formulados, con el objeto de que cesen y dejen sin efecto sus conductas arbitrarias e ilegales, y además se abstengan de continuar con ellas. Acompaña: 1) Resolución exenta Nro. NUM000 de fecha 16.03.2011, que estableció el grado de incapacidad de don nombre reservado, de la Subsecretaria de Salud Pública, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, Comisión Medicina Preventiva e Invalidez, Compin Subcomisión Chiloé; 2) Liquidación de Pago de la pensión de invalidez, correspondiente al mes de abril de 2024.

A folio 12, informa nombre reservado en representación del Instituto de Seguridad Laboral, solicitando el rechazo del recurso de protección, por los motivos que indica en su informe. Señala que, con ocasión del informe de auditoría a los procesos de pensiones de invalidez por parte de la Contraloría General de la República, se solicitó actualizar pensiones de incapacidad emitidas desde el 2018, por lo que, en concordancia con dicha instrucción, el Departamento de Gestión Social establece contacto telefónico con el trabajador, a quien le corresponde el procedimiento de revisión de secuelas respecto del cual el trabajador se ha negado a realizar para lo cual se activó protocolo de contactabilidad. Así, sostiene que el Sr. nombre reservado indicó que no asistirá al proceso de revisión debido a que no confía en el equipo médico, por lo que la funcionaria del servicio le explica que puede pedir cambio de prestador médico con el fin de recibir una segunda opinión respecto de su diagnóstico y tratamiento, lo que el Sr. nombre reservado rechaza.

Indica que, posteriormente, el Departamento de Gestión Social de la recurrida, en los meses de julio, octubre y noviembre establece contacto telefónico con el Sr. nombre reservado, informando que según lo establecido en el artículo 63 de la Ley N° 16.744, el servicio se encuentra obligado a realizar una revisión de su incapacidad permanente, además se solicitó la posible visita a su domicilio, lo que fue nuevamente rechazado por el Sr. nombre reservado, indicándole incluso al funcionario que su abogado se contactará con él, lo que no ocurrió.

Agrega que, de lo señalado anteriormente, se indica que, se registró inasistencia del afectado a citación a la Asociación Chilena de Seguridad con fecha 25 de octubre de 2022, 19 de enero de 2023 y 23 de enero de 2024, respecto de las cuales se registró negativa de parte del trabajador para participar en el proceso de revisión de secuelas, sosteniendo que posteriormente a estos acontecimientos, la Dirección Regional de la Región de Los Lagos, envió carta certificada, los oficios Ordinario N° NUM001 de fecha 10 de julio del 2023 y Ordinario N° NUM002 de fecha 21 de septiembre de 2023, donde le informaba cita médica en prestador ACHS Castro, a la cual nuevamente no asistió. Indica que, de acuerdo con lo señalado, y frente a la negativa reiterada del Sr. nombre reservado a presentarse ante el prestador médico para efectuar revisión de incapacidades sin causa justificada, se gestionó la suspensión de la pensión permanente del trabajador debido a su inasistencia a los controles médicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 16.744, el cual cita.

Indica que, lo anterior lo realiza en en concordancia con la letra a) numero 10 letra D, del título III, del Libro VI del compendio normativo, indicando además que la Superintendencia de Seguridad Social – desde ahora SUCESO -se pronunció al respecto con fecha 18 de diciembre de 2024 en el mismo sentido que el Instituto de Seguridad Laboral, señalando que si se verificara un cambio de actitud en el trabajador, se reanudarán los pagos por partes del servicio, por lo que, en este orden de ideas, el Instituto de Seguridad Laboral, acreditó los supuestos de hecho que dan lugar a la suspensión de pago de la pensión de invalidez.

Concluye que, el servicio ha gestionado las prestaciones y atenciones requeridas por el paciente bajo la cobertura del seguro, sin embargo, no ha podido concretarse, debido a la negativa del Sr. nombre reservado a las acciones para llevar a cabo el proceso de revisión de secuelas por parte de la unidad de Incapacidades necesaria por los porcentajes de incapacidad variables determinado por resoluciones de la COMPIN y COMERE, señalando que se han realizado numerosos intentos de contacto y citaciones, respecto de las cuales el trabajador se ha negado a participar en el proceso de revisión de secuelas, lo cual está respaldado por registros de inasistencias y protocolos de contactabilidad aplicados, por lo que, en consecuencia, se aplicó el Art. 42 de la Ley N°16.744 para el cese de beneficio económico a partir de mayo de 2024, respaldado por un dictamen SUSESO.

Por consiguiente, informa que se ha revisado el caso del trabajador que sufrió un accidente laboral en 2009, quien se ha negado a someterse a una revisión médica actualizada, necesaria para revisar sus secuelas, por lo tanto, se ha aplicado el Art. 42 de la Ley 16.744 para el cese de su beneficio económico a partir de mayo de 2024, no obstante, indica que si se verificara un cambio de actitud en el trabajador, se reanudarán los pagos de la pensión de invalidez de la cual es beneficiario, indicando además que a la fecha del informe, el trabajador tenía una cita médica agendada para el 26 de febrero con el Dr. nombre reservado, Fisiatra.

Entre otras cosas, concluye solicitando el recurso de protección interpuesto.

Acompaña: 1) Seguimiento telefónico de fecha 29 de julio de 2022 emitido por nombre reservado, Trabajadora social de la Dirección Regional de Los Lagos; 2) Seguimiento telefónico de fecha 22 de octubre de 2022 emitido por nombre reservado, Trabajadora social de la Dirección Regional de Los Lagos; 3)

Seguimiento telefónico de fecha 17 de noviembre de 2022 emitido por nombre reservado, Trabajadora social de la Dirección Regional de Los Lagos; 4)

Ordinario N° NUM001 de fecha 10 de julio de 2023 emitido por nombre reservado

Hipp, Director Regional Instituto de Seguridad Laboral, Región de Los Lagos; 5)

Ordinario N° NUM002 de fecha 21 de septiembre de 2023 emitido por nombre reservado, Director Regional Instituto de Seguridad Laboral, Región de Los Lagos; 6) Detalle del envío vía correos de Chile, de los ordinarios N° NUM001 y NUM002; 7) Memo NUM003 de fecha 21 de marzo de 2024 correspondiente a la solicitud de suspensión de la pensión de invalidez a Sr. nombre reservado emitido por Luis Carlos Tillero Yegres, encargado de Subdepartamento de Contraloría de Licencias Médicas. 8) Resolución exenta NUM004 de fecha 18 de diciembre de 2024; 9)

Comprobante de reserva – citación a paciente nombre reservado para el miércoles 26 de febrero de 2025 a las 16.30 horas, con el profesional nombre reservado cuya especialidad es fisiatría; 10) Informe de Opinión Técnica, emitido por nombre reservado, Terapeuta Ocupacional, Coordinadora de Unidad de Incapacidades del Subdepartamento de Control y Gestión de Accidentes del Trabajo.

A folio 13 informa Rosario Infante Medina, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes solicitando el rechazo del recurso, por los argumentos que indica en su recurso. En síntesis, sostiene que para los efectos del pago de pensiones y otros beneficios de seguridad social, el Instituto de Previsión Social informa mensualmente a su representada el total de los beneficios que en dicho mes deben ser pagados, la fecha de pago y la nómina de los beneficiarios, transfiriendo los fondos para tal efecto, indicando que, conforme el aludido contrato no corresponde a su representada decidir cuándo paga una pensión, pues es el IPS quien entrega mes a mes un archivo con el detalle de todas las pensiones a pagar, archivo que contiene los datos de individualización del pensionado, su pensión y monto a pagar, y en paralelo, nos transfiere los fondos para pagar esas pensiones.

Agrega que, estos archivos se cargan en sus sistemas, para que el personal de cada sucursal de Los Héroes tenga acceso a esta información, digite el número de cédula de identidad del pensionado que se presenta a cobrar su pensión, y una vez comprobada la identidad del pensionado, o de su apoderado cuando corresponda, y la existencia de un pago disponible, proceda a imprimir un comprobante de pago para que sea firmado por el cliente, y finalmente, se realice el pago. Agrega que, si el personal de cajas no logra identificar al pensionado o no aparece un pago disponible para él, no es posible efectuar pago alguno, por lo que de acuerdo con lo expresado precedentemente, CCAF Los Héroes efectuó el pago de pensión al señor nombre reservado desde enero a abril de 2024, tal como fue encomendado por el IPS, no correspondiendo el pago de pensión al pensionado a contar del mes de mayo de 2024, no teniendo incidencia alguna su representada en la procedencia del pago, así como tampoco en la forma o montos de los respectivos pagos, puesto que su función es únicamente de entidad pagadora, pero no administradora de pensiones.

Argumenta que, por tal razón, cuando en el mes de mayo de 2024, y los meses siguientes, el recurrente se presentó con el beneficiario en su sucursal de Castro, se le indicó que no existía pago disponible, pues el IPS no había instruido ningún pago de pensión para el señor nombre reservado, por lo que, en consecuencia, no existe ni ha existido de parte de CCAF Los Héroes conducta arbitraria alguna, sino que, tal como se ha señalado, ésta ha ajustado su actuar a los términos de un contrato válidamente celebrado, informando al recurrente que no existía pago disponible para pago según lo instruido por el IPS como entidad administradora de su pensión.

Concluye que, no corresponde a su entidad, ni tiene ella posibilidad alguna, de reconocer o denegar al recurrente el derecho al pago de su pensión, ya que tales decisiones corresponden a su entidad administradora de la pensión, esto es, el IPS.

Acompaña: 1) Documentos “Comprobante recibo de pago” de los meses de enero a abril de 2024 del beneficiario nombre reservado.

A folio 21 informa Susana Roa Gutiérrez, en representación del Instituto de Previsión Social (en adelante IPS), solicitando el rechazo del recurso, alegando entre otras cosas la extemporaneidad, falta de legitimación pasiva, falta de derecho indubitado, indicando entre otras cosas que, la acción constitucional deducida no constituye el medio idóneo para la solución de un conflicto jurídico como el de autos, ya que lo que realmente pretende la recurrente es que se ordene al Instituto de Seguridad Laboral y al Instituto de Previsión Social, se le restituya la pensión, suspendida conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 16.744, ello por estimar que existe un actuar ilegal y arbitrario de su representada IPS, sin reconocer que dicho actuar, obedece a una reticencia del propio actuar del recurrente, exponiéndose innecesariamente a dicha suspensión.

Sostiene que, el recurso de protección constituye una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, cuya protección debe ser inmediata sin necesidad de esperar el completo desarrollo de un juicio, evitando que su ritualidad y formalismo termine por privar de la debida protección a los derechos que se busca resguardar, los que dada su importancia requieren de una protección rápida y eficaz, por lo que la acción constitucional de protección debe limitarse a aquellos casos en los que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales se esté frente a una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el caso de autos no responde a una situación de ese tipo.

Agrega que, el caso de autos no existe un derecho indubitado de la recurrente, porque la normativa que le es aplicable al recurrente dispone expresamente que se puede suspender el pago de la pensión cuando el pensionado se niegue a ser evaluado nuevamente, lo que ha ocurrido en la especie. En efecto, señala que la normativa aplicable dispone la necesidad y obligación tanto del ente administrador del seguro de Accidentes del trabajo, por un lado y por el otro, el pensionado, se encuentra obligado a realizarse los exámenes y evaluaciones que sean requeridos por el ente administrador, no pudiendo negarse a realizarlo. Agrega que, si se niega, la entidad está facultada para suspender el pago de las pensiones, sin perjuicio que el recurrente pueda revertir la situación, accediendo a ser evaluado por el Instituto de Salud Laboral o la ACHS, según sea pertinente.

Refiere que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se vislumbra vulneración alguna de derechos fundamentales, toda vez que su representado ha actuado con apego a la normativa legal vigente, ha ejercido sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada, no siéndole imputable hecho arbitrario o ilegal que pueda constituir transgresión de garantías constitucionales amparadas por este recurso.

Acompaña: 1) Resolución Exenta N° NUM004 de fecha 18 de diciembre de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social. 2) Certificado de afiliación de fecha 18-03-2025 3) Certificado de página de la Superintendencia de Pensiones de fecha 18-03- 2025.

Encontrándose en estado ver, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada por el recurrente, se ha hecho consistir en que, las recurridas habrían incurrido en un actuar ilegal y/o arbitrario, por cuanto se le habría negado arbitrariamente el pago de la pensión correspondiente.

Cuarto: Que, entrando derechamente al fondo y desestimando cualquier otra alegación, según se advierte, la recurrente no acompañó ningún antecedente que dé cuenta de algún actuar arbitrario e ilegal por parte de las recurridas, en los términos formulados en su recurso.

Por su parte, los informes evacuados por las recurridas, tampoco dan cuenta de algún actuar arbitrario e ilegal en los términos que plantea la recurrente, sino que permite establecer que actúan dentro de la normativa que les rige, en el marco de la revisión periódica de las circunstancias que se dan lugar al respectivo pago de las pensiones correspondientes, lo que a su vez permite velar adecuadamente por los recursos públicos.

Quinto: Que, en la especie, se advierte por estos sentenciadores, que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas, por cuanto ha sido la propia parte recurrente la que se ha negado a comparecer a las reiteradas citaciones médicas de evaluación a la que ha sido citado, no mostrando ninguna voluntad o disposición en tal sentido, ni menos ha permitido ser visitado en su domicilio para dicho efecto.

Que, por lo anteriormente expuesto, no existiendo antecedentes que den cuenta de los dichos de la parte recurrente, y por ende, ante la ausencia de fundamentos que permitan advertir a estos sentenciadores la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de las recurridas; la acción cautelar será rechazada.

Sexto: Lo anterior, por cuanto se tiene especialmente presente lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 16.744, que señala: “Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehúsen, sin causa justificada, a someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean indicados. El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.”

Que, constando en autos que ha sido el recurrente el que constantemente se ha negado, sin causa justificada, a realizar los necesarios exámenes o controles que les sean ordenados, las recurridas suspendieron el pago de la respectiva pensión, atendido a lo dispuesto en la norma legal antes citada, informando incluso las recurridas, que la situación podría incluso cambiar si existiera un cambio del actuar del recurrente en tal sentido, que luego de las evaluaciones médicas correspondientes les permita reanudar el pago, si procediere.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94- 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara;

Que, se rechaza, sin costas, la acción cautelar interpuesta por don nombre reservado, en favor de su hermano nombre reservado, en contra de: a) del Jefe de la Sucursal de Castro del Instituto de Previsión Social, don nombre reservado

nombre reservado; b) de los Jefes de la Sucursal del Instituto de Seguridad Laboral, oficina Castro, don nombre reservado y don nombre reservado; c) del Jefe de la Sucursal Castro de la Caja de Compensación Los Héroes, don nombre reservado.

Se deja constancia que no firman los Ministros Titulares don nombre reservado y don nombre reservado quienes concurrieron a su vista y acuerdo por encontrarse con feriado legal y en cometido funcionario respectivamente.

Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez.

Regístrese y comuníquese y archívese, en su oportunidad. Rol Protección Nº 133-2025.