CENTRO DE DIÁLISIS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS PUERTO VARAS LTDA. con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO METROP

Puerto Montt, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Con fecha 08 de septiembre de 2017, compareció don Jorge Martel Rayo, abogado, en representación y beneficio de la empresa Centro de Diálisis y Especialidades Médicas Puerto Varas Ltda. (Diálisis Puerto Varas Limitada), persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpuso acción constitucional de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, representada por el Inspector Comunal del Trabajo don nombre reservado, o por quien lo subrogue o represente legalmente, ambos domiciliados en la comuna de Puerto Varas en domicilio reservado, a fin de que se ordene dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas N° 100 y 101, ambas de 04 de agosto de 2017 y que le fueron notificadas el 11 de agosto de 2017, por ser contrarias a Derecho, y se ordene acoger la solicitud de reconsideración de ellas, con costas, en razón de lo siguiente:

Es una empresa que presta servicios clínicos, en enero de 2017 fue objeto de fiscalización y se le sancionó mediante Resolución de Multa N° 7715/17/7 y Resolución de Multa N° 8861/17/37, ambas de 17 de enero de 2017. Dichas resoluciones fueron objeto de recurso de reconsideración, el que fue rechazado por haberse estimado por la recurrida que fue presentado fuera de plazo, a lo cual esta su presentó recurso de reposición, el que también fue rechazado en ambos casos mediante las resoluciones N° 100 y 101 de 04 de agosto de 2017.

Mediante Resolución de Multa N° 7715/17/7 de 17 de enero de 2017 dictada por recurrida, esa Inspección del Trabajo cursó una multa de 9 U.T.M. por haber detectado el fiscalizador que habría trabajadores de la empresa cuya jornada excedería de 10 horas diarias y una multa de 9 U.T.M. porque a esos mismos trabajadores no se les otorgaría el tiempo de media hora de colación.

La notificación fue hecha a su parte el día 02 de mayo de 2017 cuando fue recibida por correo certificado en su domicilio. A partir de ese antecedente y considerando el mandato del artículo 25 de la ley 19.880, el plazo para recurrir de reconsideración en contra de ella, que es de 30 días hábiles conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día martes 13 de junio de 2017. El señalado recurso de reconsideración fue presentado en los hechos el 2 de junio de 2017, es decir, dentro de plazo legal. No obstante, la Inspección del Trabajo no dio lugar a ese recurso de reconsideración mediante Ordinario N° 182 de 2 de junio de 2017 que declaró inadmisible la presentación en que se solicitó la reconsideración de la multa señalada por entender e insistir en que la solicitud fue presentada fuera de plazo legal. En contra de ese Ordinario N° 182, dedujo recurso de reposición el 08 de junio de 2017. Sin embargo, mediante la Resolución N° 101 de 04 de agosto y que fue notificada a su representada el 11 de agosto de 2017, que es objeto de este recurso de protección, la Inspección del Trabajo de Puerto Varas rechazó el recurso de reposición interpuesto, por entender que estaría ajustado a Derecho.

Cuestión similar sucedió respecto de la Resolución de Multa N°8861/17/37 de 17 de enero de 2017, por la cual la Inspección del Trabajo de Puerto Varas cursó una multa de 9 U.T.M. por haber detectado el fiscalizador que habría trabajadores de la empresa cuya jornada excedería de 10 horas diarias y respecto de los otros trabajadores cursó una multa de 9 U.T.M. por otorgárseles períodos de colación de hasta 5 horas. Lo que culminó con la dictación de la Resolución N° 100 de 04 de agosto y que fue notificada a su representada el 11 de agosto de 2017, que es objeto de este recurso de protección, por medio de la cual la Inspección del Trabajo de Puerto Varas rechazó el recurso de reposición interpuesto.

Se encuentra la ilegalidad en una errada interpretación de la ley y la arbitrariedad en querer hacer aparecer un plazo como dependiente de esta parte para poder deducir los recursos administrativos. En efecto, el artículo 25 de la ley 19.880 ordena para el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo que los plazos de días establecidos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo.

La notificación de las multas N°7715/17/7 y N°8861/17/37 fue hecha a su parte el día 02 de mayo de 2017 cuando fue recibida por correo certificado en su domicilio. A partir de ese antecedente y considerando el mandato del artículo 25 de la ley 19.880, el plazo para recurrir de ellas que es de 30 días hábiles conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día martes 13 de junio de 2017.

Por lo que al aplicar el artículo 508 del Código del Trabajo la Inspección del Trabajo ha privado a esta empresa de 9 días del plazo que tenía para recurrir de reconsideración, por medio de en un acto arbitrario al no dar razones objetivas que permitan a esta parte hacer valer sus derechos válidamente por el sólo hecho de no contar en la forma correcta un plazo legal para interponer recursos administrativos, el servicio recurrido ha terminado de dejar sin medios de defensa a esta parte al decidir el rechazo de los recursos de reposición deducidos por su parte en contra de las resoluciones contenidas en los Ordinarios N° 182 y N° 181.

Sostuvo que se ha conculcado el artículo 19 N° 3° inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que se aplicará al procedimiento administrativo señalado la norma del artículo 25 de la ley 19.880, y no se hace exigible a esta parte la forma de conteo del plazo de notificación que establece el artículo 508 del Código del Trabajo, pues en loa hecho la carta certificada fue recibida el 2 de mayo de 2017 y sólo en ese momento se pudo tomar conocimiento de ella, lo que implica que entre el 19 de abril y el 2 de mayo pasaron 9 días hábiles que la empresa perdió como plazo para interponer el recurso. Por lo que, constituyen una suerte de dictamen emanado de una verdadera comisión especial, sin forma de juicio, desconociendo el principio de la bilateralidad de la audiencia que permite a los particulares defenderse de los actos de la Administración cuando los derechos y recursos de ejercen dentro de plazo legal; y cuando sin estar expresamente facultado por la Constitución y la Ley dicho organismo estatal intenta interpretar la ley en forma arbitraria y casi caprichosa y no en forma racional.

En el caso de autos, se quiere traspasar a la recurrente la responsabilidad por un hecho de un tercero, en la demora, que es el servicio de Correos de Chile, dejando a su parte en la indefensión.

Por lo tanto: pidió se dé lugar a lo solicitado por vía del recurso administrativo de reposición por haberse deducido dentro de plazo legal en su oportunidad en contra de las resoluciones contenidas en los Ordinarios N°181 y 182 y conforme al artículo 15 inciso final de la ley 19.880, se ordene dictar el acto de reemplazo de esos Ordinarios por otros que tengan por presentado el recurso de reconsideración de 2 de junio en curso y ordene seguir adelante con su tramitación, con costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de las Resoluciones N° 100 y 101, ambas de 04 de agosto de 2017, con su respectiva acta de notificación el 11 de agosto de 2017, que constituyen los actos administrativos recurridos, 2.- Copia de los Ordinarios N° 181 y 182 emitidos por la Inspección el Trabajo de Puerto Varas el 02 de junio de 2017.

Con fecha 15 de septiembre de 2017, don Jorge Martel Rayo, abogado, por la recurrente, corrigió el recurso de protección en cuanto dice que se ha deducido el presente recurso en representación y beneficio de la empresa debiendo decir que el letrado comparece a nombre y en beneficio de Centro de Diálisis y Especialidades Médicas Puerto Varas Ltda. en los términos que lo permiten el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el N°2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Con fecha 11 de diciembre de 2017, informó doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso, con costas, en razón de lo siguiente:

Improcedencia del recurso de protección en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección. La cuestión debatida radica en la interpretación acerca de la naturaleza del plazo para solicitar dicha reconsideración, la recurrente sostiene que el plazo para presentar la reclamación administrativa de multa es de 30 días hábiles, por aplicación de la Ley 19.880, en circunstancias que para la Inspección recurrida este plazo es de días corridos, discrepancia que surge de la interpretación del artículo 512 del Código del Trabajo. Se trata de resolver una cuestión de interpretación legal, para lo cual el recurso de protección no es la respuesta más adecuada. En consecuencia, no resulta ser ésta la vía idónea, por no ser un instrumento de control de la legalidad, habida consideración que la decisión contenida en el acto recurrido es consecuencia de la interpretación de las normas que aparecen aplicables, actividad inherente a la administración.

En efecto, el afectado por la dictación de un acto administrativo como el de la especie puede reclamar ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 504 del Código del Trabajo. En este sentido, cita jurisprudencia.

Luego sostuvo la improcedencia del recurso de protección, por inexistencia de acto arbitrario o ilegal. Previo dar cuenta de las resoluciones recurridas, expuso que el recurso de reposición intentado por la recurrente se basó en que habría sido notificado de las multas antes indicadas el 02.05.2017 y que en la especia debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880 que establece las Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado para contabilizar el plazo de la reconsideración de las multas cursadas, argumentos que reitera en la acción de protección. En este punto, cita el artículo 508 del Código del Trabajo, respecto a que la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito. En este sentido, establece una presunción simplemente legal, respecto de las notificaciones efectuadas por carta certificada, por la Dirección del Trabajo y resulta claro que el plazo de 6 días establecidos es de días hábiles, sin que resulte posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley N° 19.880, al tenor del cual los plazos de días previstos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Al respecto citó jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República Si bien es efectivo que el artículo 508 del Código del Trabajo establece una presunción simplemente legal, respecto de las notificaciones efectuadas por la Dirección del Trabajo por carta certificada, y que, por consiguiente, admite prueba en contrario, en este caso, el recurrente en la instancia administrativa y en la presente acción, solo afirma que fue notificado en ambos casos el día 02 de mayo de 2017 y no acompañó antecedente alguno que pruebe aquello y que dé cuenta que fue notificado con posterioridad al 6º día hábil de depositada la carta certificada en Oficinas de Correos de Chile, debiendo operar en consecuencia la presunción legal.

De esta manera, del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil. De acuerdo a lo anterior, como el precepto en examen, artículo 512, no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Corrobora esta interpretación la regla que establece el artículo 435, inciso tercero, ubicada, al igual que esa norma, en el Libro V del Código del Trabajo, conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro. Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere a una materia en especial. De igual forma sustenta lo anterior una interpretación histórica de la ley 20.087. Citando al efecto jurisprudencia administrativa y judicial.

Finalmente, expuso la improcedencia del recurso de protección por inexistencia de conculcación de garantías constitucionales. El Servicio ha actuado en virtud de las atribuciones que la propia ley les ha conferido. En consecuencia, no ha afectado de manera alguna la garantía constitucional señalada.

Por lo tanto: solicitó rechazar el presente recurso por improcedente y por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno por cuanto el Inspector Comunal del Trabajo de Puerto Varas actuó dentro del marco legal y la órbita de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección tiene por objeto restablecer el imperio del Derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes para lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque tal perturbación o amenaza.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación, con que se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 100 y N° 101, de fecha 04 de agosto de 2017 que resolviendo recursos de reposición no dio curso a la reconsideración presentada contra la Resolución Multa N° 7715/17/7 y Resolución Multa N° 8861/17/37, respectivamente, ambas de fecha 17 de enero de 2017, por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la notificación.

TERCERO: Que, de los antecedentes aportados por ambas partes, y lo señalado en cada una de las presentaciones, se constata que la recurrente en enero de 2017 fue objeto de fiscalización y se le sancionó mediante Resolución de Multa N° 7715/17/7 y Resolución de Multa N° 8861/17/37, ambas de 17 de enero de 2017. Dichas resoluciones fueron objeto de recurso de reconsideración, el que fue rechazado por haberse estimado por la recurrida que fue presentado fuera de plazo, a lo cual su parte presentó recurso de reposición, el que también fue rechazado en ambos casos mediante las resoluciones N° 100 y 101 de 04 de agosto de 2017. Lo anterior, por cuanto la Inspección del Trabajo considera que el cómputo del plazo para ejercer la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo es de día corridos, interpretación contraria a la sostenida por la actora quien sostiene que es de días hábiles.

CUARTO: Que, previo al examen de los requisitos del recurso de protección, y considerando la alegación formulada por la contraria respecto de la falta idoneidad de esta vía recursiva para resolver un problema de interpretación de norma, cabe hacer presente que si bien el recurso de protección es una acción de urgencia y excepcional que pretende entregar tutela judicial a derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución y descritos en el catálogo del artículo 19, su aplicación se ha extendido por la vía de una amplia interpretación de derechos protegidos a otros no consagrados en el citado artículo 20, lo mismo ha sucedido con el hecho de que ha abarcado áreas que, en su génesis, no se consideraban, a saber, lo contencioso administrativo, o también denominada justicia administrativa. Supuestamente esta materia, según la Constitución de 1925, debía ser conocida por los tribunales administrativos cuya organización y atribuciones debían ser determinadas por ley, la cual nunca se llegó a dictar, lo anterior significó que el Poder Judicial carecía de competencia para conocer dichas materias, salvo cuando una ley especial específicamente le confiriera la posibilidad de juzgar y resolver sobre aquello. La Constitución del 1980 vino a solucionar el problema una vez modificado el inciso segundo del artículo 38, tras la modificación de 1989, al dejar entrever que frente a la falta de creación de los tribunales contenciosos administrativos, la justicia ordinaria podía conocer de las acciones administrativas, dentro de los cuales los administrados buscan la nulidad del acto, a través de los juicios de nulidad de derecho público y las indemnizaciones frente la responsabilidad del Estado en sus actuaciones, pero también hay casos en los que el resguardo se intenta, a través del recurso de protección, lo cual ha sido aceptado jurisprudencialmente por los Tribunales Superiores de Justicia.

QUINTO: Que, en consideración a lo expuesto, es pertinente analizar el primer requisito de la acción, en este caso, si los actos recurridos revisten de la ilegalidad o arbitrariedad de la cual se le acusa, para tales efectos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se desprende que se trata de actos dictados en una etapa administrativa, y no judicial. La calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo, debiendo recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto sobre cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Fundamento el anterior que ha sostenido la Corte Suprema, en causa Rol N° 2418-2012. En consecuencia, y ante la falta de precisión de la naturaleza del plazo del artículo 512, existe un plazo especial del citado artículo 25, el cual prima por sobre la normas de carácter general.

SEXTO: Que, siguiendo con lo razonado, el plazo para solicitar la reconsideración de multa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, el cual en el caso de autos si había transcurrido al haber sido notificado de las Resoluciones Multa el recurrente el 18 de abril de 2017, en aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo, y presentar la reconsideración el día 02 de junio del año en curso, por consiguiente, la declaración de extemporaneidad de los recursos no constituye una ilegalidad, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado fuera del plazo legal, no afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de la recurrente de haber sido notificado con fecha 02 de mayo del presente año, al llegar la carta respectiva a su domicilio, cuestión que generaría que no cobrara aplicación en el presente caso la presunción simplemente legal contenida en el artículo 508 del Código del Trabajo, dice relación con un antecedente de hecho que debe ser sometido a prueba y no sustentarse en sus solos dichos, lo que deja de manifiesto que no se constituye a su respecto el carácter de indubitado, lo que lleva necesariamente a rechazar esta petición, por escapar a los fines propios del recurso de protección.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes a aplicar, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don Jorge Martel Rayo, abogado, a nombre y en beneficio de la empresa Centro de Diálisis y Especialidades Médicas Puerto Varas Ltda. (Diálisis Puerto Varas Limitada), en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Varas, representada por el Inspector Comunal del Trabajo don nombre reservado, todos ya individualizados.

II.- Que, no se condena en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para litigar.

III.- Que, atendido a lo resuelto, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Redactó el Ministro Suplente don Jaime Rojas Mundaca.

Regístrese y archívese.

Rol Protección 1321-2017