Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Puerto Montt, ocho de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 05 de julio de 2019, compareció nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Recurrió de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, (en adelante indistintamente “Los Andes”) y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, (en adelante indistintamente “La Araucana”). Sostuvo la afectación de su garantía consagrada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, ocasionada desde junio de 2019 con los descuentos ilegales y arbitrarios efectuados con cargo a sus remuneraciones en virtud del sistema de cobro “intercaja” con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, con causa en un crédito social contraído con ésta, cuya solución incumplió tras ser despedido.

Pidió en definitiva que, acogiéndose su acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, en especial, el cese y reintegro de tales descuentos.

Con fecha 08 de julio de 2019, se tuvo por interpuesto el recurso, ordenándose informe a la recurrida.

Con fecha 22 de julio de 2019, la abogada Yasna Vukic Zalaquett por la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, informó peticionando el rechazo del recurso de protección. En lo pertinente, negó la concurrencia de acción ilegal, arbitraria y lesiva de alguna garantía constitucional, porque hubo obrado razonablemente conforme a los artículos 1, 19 Nº7 y 22 de la Ley N°18.833; 1546, 1576, 1580 a 1586 del Código Civil y el Decreto con Fuerza de Ley N°150 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Lo anterior, pues las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de previsión social sin fines de lucro, cuya finalidad exclusiva es administrar los regímenes de seguridad social que la ley establece, entre los cuales figuran aquellos que corresponden a prestaciones de bienestar social y seguridad social. Para ello, las Cajas de Compensación administran un fondo que forman parte de sus regímenes de bienestar social, con el cual financian diversas prestaciones a sus afiliados; esto es, prestaciones adicionales, prestaciones complementarias y crédito social. Por su parte, los créditos sociales son préstamos en dinero que las Cajas otorgan a sus afiliados y que se sujetan en su cobro y pago a lo dispuesto en el artículo 22 de la citada Ley 18.833. Esto significa que el empleador está obligado legalmente a descontar la cuota del crédito social contratado con una Caja, respecto de las remuneraciones de los trabajadores. Precisó que las deudas del recurrente no han prescrito aún, pues ello debe declararse judicialmente, lo que no ha acontecido en la especie.

Con fecha 24 de julio de 2019, el abogado Sergio Abarca Vargas por la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, informó peticionando el rechazo del recurso de protección. En lo pertinente, negó la concurrencia de acción ilegal, arbitraria y lesiva de alguna garantía constitucional, pues hubo obrado razonablemente conforme a los artículos 1, 19 Nº7 y 22 de la Ley N°18.833, 1576, 1580 a 1586 del Código Civil y las circulares Nº2714, Nº2743 y Nº2839 de la Superintendencia de Seguridad Social como mandataria de la Caja de Compensación La Araucana, sobre todo, en virtud del proceso integrado de recaudación de deudas vigentes pendientes denominado: “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar” – mediante el cual, la Caja acreedora de un crédito social puede acceder a la información necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, permitiéndole acordar la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso con la Caja a la cual se hubiese incorporado el deudor.

Con fecha 25 de julio de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en lo admisible, la acción cautelar deducida por la recurrente se fundamenta en la permanente vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ocasionada por los descuentos ilegales y arbitrarios efectuados con cargo a sus remuneraciones, con causa en créditos sociales contraídos con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Al informar la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sostuvo su obrar razonable y legal, afirmando que no ha precedido acto ilegal ni arbitrario lesivo de garantía constitucional alguna.

Al informar la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes reconoció los descuentos subyacentes y sostuvo que hubo obrado razonablemente conforme a la Ley según lo dispuesto en los artículos 1, 19 Nº7 y 22 de la Ley N°18.833, 1576, 1580 a 1586 del Código Civil y las circulares Nº2714, Nº2743 y Nº2839 de la Superintendencia de Seguridad Social, como mandataria de la Caja de Compensación La Araucana en virtud del proceso integrado de recaudación de deudas vigentes pendientes denominado: “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó carga financiera otorgada el 04 de julio de 2019 por La Araucana.

La Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana acompañó: 1) ordinario Nº67989 de 13 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Seguridad Social; 2) dictamen Nº4527/093 de 2011 de la Dirección del Trabajo.

Y, por su parte la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes acompañó: 1) Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. de fecha 15 de abril de 2013; 2) Contrato y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar de fecha 15 de abril de 2013.

CUARTO: Que, Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que, con fecha 25 de octubre de 2011, el recurrente contrató crédito social folio N°103-000906296 con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ascendente a $806.841.- pesos pagaderos en 24 cuotas mensuales más los montos de pólizas de seguros de desempleo, desgravamen y de vida, tomando conocimiento de sus términos y aceptando su securitización, continuándose con su modalidad de cobro y pago mediante descuentos por planilla conforme a las normas de las cotizaciones previsionales contempladas en las leyes 17.322 y 18.833. Al respecto se registra pago de 10 de sus cuotas.

2º Que, La Araucana informó las cuotas impagas mediante el proceso integrado de recaudación de deudas vigentes pendientes o “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”; descontándose en junio de 2019 $20.039.- pesos de las remuneraciones del actor en virtud de la diputación para el pago de Los Héroes.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos constan concordante y literalmente en los instrumentos acompañados por las partes, no han sido objetados ni observados de manera alguna; por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión técnica, sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente, en especial, considerando la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SEXTO: Que, debiéndose establecer en primer término la existencia de la acción lesiva de garantías constitucionales denunciada, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si procedía o no concretar los referidos descuentos de las remuneraciones del recurrente de protección, con causa en el crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833: “…Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales…”. A su turno, conforme al artículo 21 de la misma Ley, aquéllas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que, les corresponde su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal. En tanto en cuanto su pago y cobro se sujetan al estatuto de normas de las cotizaciones previsionales, deben enterarse oportunamente dentro de los 10 primeros días de cada mes por los respectivos empleadores; de lo contrario, se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las remuneraciones correspondientes a los trabajadores, por lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo primera parte de la Ley 17.322.

Conforme a los hechos y circunstancias establecidos en el motivo cuarto que precede, la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada al revivir el beneficio que el artículo 22 de la Ley 18.833 le ha concedido mediante el descuento materia de estos antecedentes; el cual, sólo resulta razonable tratándose de un cobro oportuno, de lo contrario se fuerza unilateralmente el conjunto de condiciones fácticas que han prevalecido en el contexto espacio temporal previo al descuento materia de estos antecedentes. En efecto, considerando que dio claras señales de desinterés en perseguir judicialmente su solución, su acción y actual decisión deviene en antojadiza; sin perjuicio del derecho de la Caja de Compensación para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

SÉPTIMO: Que, debiéndose establecer en segundo término que el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, por el obrar arbitrario establecido precedentemente; corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a su vez, dar por establecido que el actuar de la recurrida ha vulnerado de manera injustificada el derecho de propiedad del recurrente de protección.

En efecto se le ha privado del derecho de propiedad respecto de la parte de sus remuneraciones que ha sido descontada de manera improcedente, subsistiendo también por su obrar una amenaza constante que afecta tal garantía fundamental. Por lo tanto, no puede establecerse que las consecuencias del obrar arbitrario precedentemente establecido haya cesado, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional. Dicho obrar produce sus efectos permanente e ininterrumpidamente en tanto no cesen, ya que alteran la composición de activos correspondiente al patrimonio de la parte recurrente.

En consecuencia, toda esta situación debe ser corregida por la vía de acoger la presente acción cautelar y disponer las medidas correctoras que se señalarán en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, por lo tanto, con la configuración y concurrencia de los dos elementos típicos y fundantes de la procedencia de esta acción constitucional, se resolverá acogerla, como así se declarará.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley 18.833; en la Ley 17.322 y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA; en consecuencia, se ordena a las recurridas dejar sin efecto los descuentos efectuados y reflejados en la liquidación de remuneraciones del mes de junio de 2019 con causa en el crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana procediendo, en su caso, a su reintegro; sin perjuicio de los derechos que le asistan a ésta última para impetrar su cobro por medio de las acciones jurisdiccionales que correspondan.

La restitución precedentemente ordenada deberá concretarse mediante depósito, transferencia electrónica u otro medio similar, en la cuenta bancaria de la parte recurrente o la de su apoderado cuyo poder haga expresa mención a la facultad de percibir, la que deberá ser señalada en el menor plazo posible; siempre que no se hubiere proporcionado con anterioridad. Una vez materializado el depósito, la recurrida deberá comunicarlo a esta Corte de Apelaciones a la brevedad; a menos que, se acredite fehacientemente la total restitución de los descuentos que se hubiesen efectuado respecto de las remuneraciones de la actora a la fecha en que esta sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

II. Que, no se condena en costas a la recurrida por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN N°1320-2019.-