Protección contra Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior por la omisión ilegal

Puerto Montt, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión del decreto que pone fin al proceso de carta de nacionalización solicitada por el recurrente, afectando las garantías constitucionales que se invocan en su presentación.

Afirma que el recurrente ingresó al país en calidad de turista y estando dentro del territorio cambió su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada a dichos efectos, obteniendo posteriormente la permanencia definitiva, solicitando el 17 de octubre de 2023 la carta de nacionalización, habiendo efectuado el pago íntegro y oportuno de la orden respectiva. Sin embargo, no ha recibido respuesta por parte de la autoridad recurrida a la fecha, ello a pesar que el Servicio Nacional de Migraciones remitió los antecedentes pertinentes a la Subsecretaría del Interior, manteniéndose en un estado de preocupación e incertidumbre producto de lo anterior.

Señala que dicho actuar importa una conducta ilegal y arbitraria al desatender lo establecido en la ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo y los deberes establecidos en ellas tales como el de celeridad, impulso de oficio y eficacia, así como además del plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada norma. Agrega que en la especie no concurren las alegaciones de caso fortuito o fuerza mayor por parte de las recurridas, como, además, del silencio administrativo.

Por lo anterior, y previas citas jurisprudenciales, solicita que se acoja la presente acción, ordenándose a las recurridas que se pronuncien sobre dicha solicitud en un plazo no superior a 30 días, adoptándose las medidas que resulten necesarias, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Comprobante de solicitud de carta de nacionalización. 2.- Cédula de identidad para extranjeros. 3.- Documento de proyecto emitido por el Servicio Nacional de Migraciones al señor Subsecretario de Interior.

A folio 4, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso, previa resolución de la Excma. Corte Suprema que ordena lo anterior (Rol N°42.813-2025, Tercera Sala, de 7 de enero de 2026), que revocó la resolución de 9 de octubre de 2025 que había declarado inadmisible la acción, reingresándose los autos a esta Corte el 20 de enero de 2026 bajo este rol.

A folio 6, consta informe evacuado por la Subsecretaría del Interior, dando cuenta que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de la informante, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, previa tramitación de la misma por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

En la especie, señala que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente fueron recibidos por la informante de parte del Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 02 de septiembre de 2025, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Afirma la impertinencia del presente recurso al no existir motivos plausibles para litigar y la inexistencia de una omisión arbitraria e ilegal de su parte en atención a la especial naturaleza de la solicitud en cuestión, la cual requiere de una tramitación más extensa que otros procedimientos, considerando que aquella, además, se enmarca dentro del derecho de petición establecido en el artículo 19 Nº4Nº14 de la Constitución Política y el hecho de existir un aumento significativo de este tipo de peticiones a la fecha.

Agrega que los plazos contenidos en la ley 19.880 no son fatales para la administración, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como lo afirma la jurisprudencia que invoca.

Sostiene, además, la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de garantía constitucional alguna en la especie, toda vez que, por el solo hecho de solicitar la carta de nacionalización, el recurrente se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna.

Por el contrario, indica que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado y el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en estos autos consiste en la demora, por parte de las autoridades recurridas, en emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente en su oportunidad, el 17 de octubre de 2023, cuestión que configura un atentado contra la garantía de igualdad del artículo 19 N°2 de la Constitución Política y diversos principios que deben ser observados por la administración en la emisión de sus actos respectivos, en especial, aquellos que dicen relación con el de celeridad y conclusividad.

Cuarto: Por su parte, afirma la Subsecretaría del Interior, en su informe, que la tramitación de la solicitud en cuestión se encuentra en actual etapa de análisis y previo a la firma de la decisión final por parte de la autoridad pertinente.

Quinto: Conforme el mérito que consta en estos autos, es posible advertir la existencia de una solicitud efectuada por el recurrente en la que las recurridas no han emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, ello al no existir un acto administrativo formal y expedido por la autoridad respectiva que contenga los motivos para acceder o denegar a dicha petición, provocándose de este modo una demora excesiva en la tramitación si se observa el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud (17 de octubre de 2023) y la interposición de este recurso (6 de octubre de 2025), esto es, cercano a dos años y muy superior al plazo de seis meses del citado artículo 27.

Con ello, se advierte la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos, por cuanto no se ha ahondado mayormente en qué tipo de trámites o estudios se requieren, de forma adicional, para emitir pronunciamiento sobre la carta de nacionalización en cuestión.

Sexto: Sumado a lo anterior, se debe tener presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.880 en relación con el principio de celeridad y conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio el procedimiento administrativo que corresponda, debiendo actuar por propia iniciativa en su caso y haciendo expeditos los trámites al remover todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida resolución terminal. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Séptimo: Por lo anteriormente señalado, afectándose en la especie la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos, el recurso de protección habrá de acogerse en los términos que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se acoge, sin costas la acción interpuesta por Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de nombre reservado en contra del Ministerio del Interior, ordenándose a esta última emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, en un plazo de noventa días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Redacción a cargo de la abogada integrante Sofía Bohle Pérez.

No firma el Ministro Suplente señor Juan Carlos Orellana Venegas, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°132-2026.-