Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Segurida

nombre reservado, seis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, por si, domiciliado nombre reservado, quién interpone acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social por los hechos que expone en su presentación.

Da cuenta que mantiene una licencia médica otorgada por 28 días y de las cuales solo le han pagado 7, cuestión que le ha traído diversos problemas económicos y emocionales al ser ingresos con los cuales da sustento a su familia en la cual existen cuatro hijos menores de edad, afectando con ello el pago proporcional de una segunda licencia otorgada a su respecto y de posiblemente ser despedido de su trabajo.

Solicita en definitiva que se acoja su presentación y se proceda con el pago de la licencia médica señalada.

A folio 5, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 10, consta presentación de la COMPIN Regional, dependiente de la SEREMI de Salud, Región de Los Lagos, dando cuenta que las licencias médicas reclamadas fueron tramitadas por la COMPIN de Magallanes.

A folio 11, se solicitó informe a la COMPIN Magallanes en base a lo señalado a folio 18 por la COMPIN Regional.

A folio 13, consta informe de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, la que alega, en primer término, la improcedencia de la presente acción, sosteniendo que dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos Señala el marco normativo de las licencias médicas en el país y al procedimiento para la autorización de aquellos instrumentos, sosteniendo la inexistencia de algún actuar ilegal o arbitrario de su parte, indicando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

Sobre el fondo del asunto, sostiene que la informante mediante Resolución Exenta NUM000, de 23 de septiembre de 2025, previo estudio de los antecedentes del caso, resolvió confirmar el rechazo efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del reposo prescrito en la licencia médica NUM001, extendida por un total de 28 días a partir del 07 de agosto de 2025, por no encontrarse justificado, teniendo presente el haberse autorizado de forma previa 35 días por el mismo cuadro clínico.

Al respecto, se afirma que la reclamante no aportó informe amplio y fundado emitido por psiquiatra o médico del programa de salud mental que indique evolución cronológica del cuadro clínico y sintomatología que origine alto grado de compromiso funcional, plan de tratamiento y detalle de ajustes realizados durante el periodo de reposo cursado, evolución de escala de funcionalidad, pronóstico y plan de reintegro laboral. Asimismo, no acredita derivación o espera de evaluación por especialidad en la Red de Salud Pública, ni asistencia a psicoterapia complementaria.

Sobre lo anterior, precisa que a efectos de acreditar una atención psicológica asociada a la emisión de una licencia médica, el informe de atención psicológica debe al menos dar cuenta de la fecha de inicio de sesiones, frecuencia, cantidad de sesiones al momento del informe, objetivos terapéuticos, evolución y recomendaciones generales, cuestión que no ocurre en el caso.

Que, en este caso, el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº7 de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación con los Grupos de Patologías. En ese sentido, todo reposo laboral de más de 60 días debe ser otorgado por médico psiquiatra, máxime considerando que el reposo autorizado a la fecha a la actora por salud mental.

Continua con referencias a la normativa y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, sosteniendo, además, que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada como una herramienta de protección de derechos indubitados y que, en el presente caso, la actora no cuenta con uno que haya sido vulnerado por el actuar de la recurrida, no configurándose así un derecho a la licencia médica en mérito de la revisión y estudio de los antecedentes aportados en su oportunidad.

Alega la inexistencia de derechos vulnerados en los términos indicados en la presente acción mediante un actuar ilegal o arbitrario de su parte, solicitando en definitiva que se rechace la presente acción, con costas.

A folio 16, en atención al tiempo transcurrido, se ordenó prescindir del informe solicitado a la COMPIN Magallanes.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en el rechazo de licencia médica NUM001, extendida por un total de 28 días a partir del 07 de agosto de 2025 por parte de la autoridad recurrida a través de actuación administrativa que no se encontrarían justificadas conforme el mérito de los antecedentes médicos esgrimidos por la recurrente en su oportunidad.

Cuarto: Previo al debate sobre el fondo, y tal como lo ha sostenido esta Corte de manera previa en cuanto a las alegaciones sostenidas por la Superintendencia de Seguridad Social respecto a la eventual improcedencia de la presente acción al no estar amparada bajo alguna las garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política, teniendo presente el carácter de los hechos denunciados por la recurrente y las infracciones en las que habrían incurrido los órganos administrativos en esta materia, se estima que dicho análisis impide la declaración solicitada por la recurrida en su informe, toda vez que la naturaleza de aquellos eventualmente se extendería a otras garantías constitucionales, no pudiendo zanjarse ello en una fase meramente formal, razón por la cual se descartarán los argumentos vertidos en torno a la citada excepción.

Quinto: Sobre el fondo del asunto, y en mérito de los antecedentes acompañados por las partes a esta causa, se aprecia que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió confirmar lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en orden a rechazar NUM001, extendida por un total de 28 días, por cuanto el reposo otorgado en dicho instrumento no encuentra justificación en los antecedentes médicos acompañados en su oportunidad por la recurrente de esta causa.

Que dicha decisión es adoptada al señalar que el reposo prescrito no se encuentra justificado al no aportarse por el actor un informe amplio y fundado emitido por psiquiatra o médico del programa de salud mental que dé cuenta de la evolución cronológica del cuadro clínico y sintomatología que origine alto grado de compromiso funcional, plan de tratamiento y detalle de ajustes realizados, así como tampoco evolución de escala de funcionalidad, pronóstico y plan de reintegro laboral. En esa misma línea, no se advierte plan de psicoterapia complementaria respecto de su persona.

Sexto: Que los argumentos señalados por la autoridad recurrida, a criterio de estos sentenciadores, encuentran correlato en los antecedentes fácticos contenidos en el expediente administrativo acompañado a estos autos, estimándose en definitiva que su actuar se encuentra ajustado a derecho al haber obrado dentro de sus competencias legales y con resoluciones debidamente fundadas en orden a rechazar los pagos de las licencias médicas que indican, dándose cumplimiento con ello al mandato de fundamentación exigido por el artículo 41 de la ley 19.880 de todo acto emanado de la Administración del Estado.

A su vez, es posible establecer que el actuar de la recurrida se ha ajustado al principio de imparcialidad impuesto por el artículo 11 de la citada norma, toda vez que la decisión de rechazo se funda en antecedentes objetivos que permiten arribar a la conclusión señalada, descartando cualquier indicio de arbitrariedad en el que hayan podido incurrir de acuerdo con el tenor de los hechos denunciados por la recurrente en su oportunidad.

Séptimo: En definitiva, no siendo posible imputar la comisión de un actuar ilegal o arbitrario en los términos denunciados en esta acción que se traduzca en vulneración alguna de garantías fundamentales respecto de la recurrente de esta causa, quién no logró acreditar, con la documentación pertinente y emitida eventualmente por los profesionales que correspondieran, la necesariedad del reposo otorgado a su persona, la presente acción será rechazada tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas por estimar la existencia de motivos plausibles para litigar, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez.

Redacción a cargo del abogado integrante Mauricio Cárdenas García.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso.

No firma el abogado integrante Mauricio Cárdenas García, quien concurrió a la vista y acuerdo por haber cesado su cometido funcionario Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1316-2025.