nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Puerto Montt, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Yerko Marcelo Yáñez Maldonado, abogado, en calidad de mandatario judicial de nombre reservado, docente, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, piso dos, oficina N°20, de la comuna de Castro, quién interpone acción de protección en contra de Contraloría Regional de Los Lagos por el acto ilegal y arbitrario contenido en el Oficio E174992/2025, de fecha 15 de octubre de 2025, notificado con fecha 16 de octubre de 2025 y que rechaza la reconsideración del Oficio E134118/2025, manteniendo efectos jurídicos derivados de un acto sancionatorio, ello en base a los hechos que expone en su presentación.

Afirma que el acto impugnado tiene por origen la solicitud efectuada por la Municipalidad de Chaitén de pronunciamiento sobre inhabilidad para el ingreso a la administración pública de la actora, por cuanto se tuvo conocimiento de que mientras aquella era funcionaria de la Municipalidad de Quemchi, habría sido sancionada en un sumario administrativo con la medida de término de la relación laboral por infracción grave al principio de probidad administrativa, según da cuenta el decreto alcaldicio N°2655, de 12 de abril de 2022 de esta última entidad edilicia, sin que, al momento de postular al cargo que actualmente ejerce, hubiese dado a conocer dicha circunstancia a su nueva empleadora.

Frente a ello, se otorgó traslado a la actora y, con fecha 12 de junio de 2025, la recurrida señaló que “revisados los antecedentes presentados y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de esta Entidad Fiscalizadora, consta la existencia del acto administrativo mencionado en el párrafo anterior, pero no existe certeza de si tal documento fue notificado a la señora nombre reservado, si esta hizo uso de la respectiva instancia recursiva, ni cuál fue el acto terminal que confirmó tal medida.”

Finalmente, y previa solicitud de informe a la Municipalidad de Quemchi, la recurrida emitió pronunciamiento, señalando, en lo que corresponde, que la actora estaba “(…)inhabilitada para ejercer cargos públicos de acuerdo a sumario administrativo (…); (…) que la Municipalidad de Chaitén deberá poner término a la relación laboral de tal persona, dejando sin efecto el acto de su nombramiento (…); (…) ese municipio debe tomar las acciones necesarias para que ésta restituya las remuneraciones percibidas en el periodo en que ejerció labores indebidamente (…); y remitir los antecedentes a Ministerio Público.”

Sostiene que la actora efectivamente fue objeto de un sumario administrativo que derivó en la destitución de aquella por graves faltas a la probidad administrativa y encontrándose inhabilitada para ejercer cargos de administración pública por un período de 5 años, afirmando que el decreto de destitución no fue sometido a trámite obligatorio de toma de razón, no existiendo registro en SIAPER de aquella sanción sino hasta dos años después y no siendo notificada válidamente aquella del término del sumario, con lo cual no pudo interponer los recursos pertinentes.

Por ello, al momento de postular y asumir el cargo en la Municipalidad de Chaitén, la actora no tenía conocimiento alguno de sanción, ni existía antecedente público que le permitiera advertirlo, asumiendo funciones de Jefa del Departamento de Administración de Educación de Chaitén con fecha 01 de marzo de 2024.

Indica que se interpuso recurso de reconsideración respecto de la decisión emanada por la Contraloría Regional, afirmando que los argumentos no fueron analizados en el acto que se impugna y que, en síntesis, dan cuenta de la existencia de un decreto sancionatorio incompleto e ineficaz por las razones señaladas de forma precedente, así como la imposibilidad de generar inhabilidad o restitución sin un acto eficaz, no existiendo base legal para generar la inhabilidad de cinco años, así como la restitución de remuneraciones y la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Agrega la existencia de un marco normativo especial dictado por el órgano contralor que no se observó en la especie respecto de la toma de razón establecida en Resolución N°6/2019 la cual era una instrucción obligatoria y la petición de una revisión de la legalidad del acto, peticiones que fueron rechazadas sin dar razones para ello.

Afirma, en consecuencia, la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, vulnerándose con ello las garantías del artículo 19 Nº2 y Nº24 de la Constitución Política, solicitando en definitiva que se acoja la presente acción y se ordene la realización del control preventivo del trámite de Toma De Razón respecto del decreto alcaldicio N°2655, de 2022 de la Ilustre Municipalidad de Quemchi de fecha 12 de abril de 2022, abstenerse de exigir restitución de remuneraciones o cualquier consecuencia derivada del supuesto acto sancionatorio y la adopción de todas las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, con costas.

A folio 5, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 9, consta informe evacuado por la Contraloría General de la República, dando cuenta que la Municipalidad de Chaitén ingresó una denuncia relativa a una presunta inhabilidad para ingresar a la Administración del Estado que afectaría la recurrente, quien se desempeñaba como jefa del DAEM de dicha comuna desde el 1 de marzo de 2024. En respuesta a la señalada presentación, la informante emitió el oficio N°E134118, de 8 de agosto de 2025 , el cual comprobó el término de la relación laboral de la señora nombre reservado al término de un procedimiento disciplinario, por infracción grave al principio de probidad administrativa cuando era docente de la Municipalidad de Quemchi , conforme con la causal del artículo 72, letra b), de la ley N°19.070.

Se constató, además, que el decreto alcaldicio N°2655, de 12 de abril de 2022, que afina el aludido proceso disciplinario, le fue notificado en la misma fecha, quedando a firme desde el día 27 de abril de 2022, tras no haberse interpuesto recursos en su contra.

En razón de tales antecedentes, el oficio concluye que la señora nombre reservado no puede reincorporarse a la Administración del Estado entre abril y de 2022 y abril de 2027, por lo que no procedía que hubiese asumido un cargo en el DAEM de Chaitén en el año 2024. Lo anterior, teniendo como fundamento normativo lo dispuesto en el inciso primero, numeral 5, de la ley N° 19.070 que consigna que para incorporarse a la dotación del sector municipal se requiere “No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.”

Agrega que para aquellos exfuncionarios que han sido desvinculados de algún organismo público por aplicación de la medida disciplinaria de destitución por haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, no pueden reincorporarse a la Administración del Estado, con independencia de la calidad jurídica a través de la cual se materialice esa determinación, incluyendo el régimen del Código del Trabajo, el Estatuto Docente o el contrato a honorarios, mientras no hubiere transcurrido el término de cinco años desde el cese.

Sostiene que el citado pronunciamiento ordenó a la Municipalidad de Chaitén ejercer las acciones necesarias para que recurrente restituya las remuneraciones percibidas en el período en que ejerció labores indebidamente, en atención a que fue notificada de un acto terminal de un sumario administrativo, que dispuso una medida expulsiva en su contra, respecto del cual no podía desconocer. Ello, toda vez que, conforme con el artículo 63 de la ley N° 18.575, la designación de una persona inhábil será nula y donde la invalidación no obligará a la restitución de las remuneraciones percibidas por el inhábil, siempre que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea imputable, lo que no concurre en la especie.

Indica que la recurrente efectuó solicitud de reconsideración, la que fue atendida por el oficio N° E174992 de 2025 el que ratificó las conclusiones aludidas precedentemente, señalando que, habiendo transcurrido el plazo de invalidación que establece el artículo 53 de la ley N° 19.880, no procede revisar ninguno de los aspectos relacionados con el procedimiento sancionatorio alegados; así como tampoco la toma de razón de actos administrativos que dicten los municipios conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 18.695.

Alega la extemporaneidad del presente recurso, ya que si bien aquel se dirige autos se dirige formalmente en contra del oficio N° E174992, de fecha 15 de octubre de 2025, de sus términos es posible constatar que la actuación que eventualmente, pudo haber causado el supuesto agravio alegado por la actora estaría constituida por el decreto alcaldicio de la Municipalidad de Quemchi, el cual está en conocimiento de la actora, al menos, desde el 12 de abril de 2022. A mayor abundamiento, estimándose que lo objetado es lo resuelto por la informante, ello estaría constituida por el oficio N° E134118, de 8 de agosto de 2025 y no por el oficio N° E174992, de fecha 15 de octubre de 2025, pues este último se limitó a ratificar lo obrado en el primero.

Agrega que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, toda vez que se busca un pronunciamiento sobre la legalidad de la sanción de destitución aplicada por la Municipalidad de Quemchi a través del decreto alcaldicio N°2 655 de 12 de abril de 2022, ello en el marco del sumario administrativo que señala, cuestión de importa una determinación jurídica que excede al mecanismo de rapidez y urgencia de estos autos.

Afirma la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en lo resuelto en lo resuelto en el oficio N°E174992 de 2025 de su parte, toda vez que fue emitido de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas por ley para ello y transcribiendo las normas pertinentes.

Sostiene, en definitiva, la ausencia de vulneración de derechos constitucionales en los términos planteados por la recurrente, solicitando la desestimación del presente recurso en todas sus partes.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la solicitud efectuada por la Municipalidad de Chaitén de pronunciamiento sobre inhabilidad para el ingreso a la administración pública de la actora, por cuanto se tuvo conocimiento de que mientras aquella era funcionaria de la Municipalidad de Quemchi, habría sido sancionada en un sumario administrativo con la medida de término de la relación laboral por infracción grave al principio de probidad administrativa, quedando impedida de desempeñarse en calidad de funcionaria pública por el lapso de 5 años.

Cuarto: Que, la recurrida, Contraloría Genetral de la Repúblca, explica que la Municipalidad de Chaitén ingresó una denuncia por inhabilidad para ingresar a la Administración del Estado respecto de la recurrente, quien se desempeñaba como jefa del DAEM de esta Municipalidad, desde el 1 de marzo de 2024 y que , respondiendo a esa solicitud, por medio del del oficio N° E134118, de 8 de agosto de 2025 , dando cuenta que se comprobó el término de la relación laboral de la señora nombre reservado, por medio de un procedimiento disciplinario, por infracción grave al principio de probidad administrativa, cuando era docente de la Municipalidad de Quemchi, conforme con la causal del artículo 72, letra b), de la ley N° 19.070; agregando que el decreto alcaldicio N°2655, de 12 de abril de 2022, que afina el aludido proceso disciplinario, le fue notificado a la recurrente en la misma fecha, quedando firme desde el día 27 de abril de 2022, tras no haberse interpuesto recursos en su contra.

Quinto: Que, atendida la naturaleza del recurso de protección, este solo puede prosperar ante la existencia de un derecho indubitado del actor o actora, lo que constituye la base fundamental para poder adoptar la medida solicitada en el recurso de protección.

Sexto: Que, sin embargo, en el caso que nos ocupa, queda meridianamente claro que la recurrente fue sancionada en porceso disciplinario por la Municipalidad de Quemchi, por infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que conllevó a su destitución en el cargo que ejercía, cuestión que le fue debidamente notificada, por los medios que se dispusieron en la tramitación de aquel sumario administrativo y sin que se haya recurrido de los resuelto, por lo que la decisión quedó firme y ejecutoriada, siendo consecuencia directa de aquella sanción, la imposibilidad absoluta de volver a ingresar a la administración pública a ejercer un cargo público durante el lapso de 5 años, hechos que denotan el conocimiento directo de la sanción por parte de la recurrente y sus efectos jurídicos y administrativos.

Séptimo: Que, solo a mayor abundamiento, del mérito de los documentos acompañados por el actor, y en lo no controvertido por la recurrida, el hecho que el decreto de destitución no fue sometido a trámite de toma de razón, es una cuestión que no resulta obligatoria, pues se sujeta a las reglas generales de los actos que requiere de toma de razón conforme la Ley Orgánica de Municipalidades y este no lo requería por tratarse de un decreto alcaldicio y estar exento de ese trámite, como lo dispone expresamente el artículo 53 del mencionado cuerpo legal. En cuanto al registro en SIAPER de aquella sanción sino hasta dos años después, como lo asevera la recurrente, es un mecanismo de carácter interno que no invalida la actuación del sumario y el conocimiento directo de sus resultados y consecuencias por parte de la actora. Por último, quedó acreditado en los alegatos de estrados que la recurrente fue notificada válidamente del término del sumario, la decisión adoptada en él y las consecuencias de la misma, al quedar registrada su firma en el libro respetivo del hecho de haber sido notificada, con lo cual no pudo interponer los recursos pertinentes y no lo hizo.

Octavo: Que, de lo que se viene razonando, queda en evidencia que la actora no cumplió con los requisitos legales para ingresar a desempeñarse nuevamente a la adminstración del Estado, por estar sancionada con la destitución, por infracción grave al principio de probidad administrativa en un sumario sustanciado ante la Municpalidad de Quemchi, del cual tomó conocimiento directo de sus resultados y consecuencias y no osbtante ello, no efectuó aquella declaración al postular en un cargo en el DAEM de la Municipalidad de Chaitén, vulnerando con ello los principios y normas del derecho administrativo, contenidos en las leyes orgánicas de la Contraloria General de la Republíca, la de Bases Generales de la Admistración del Estado y de Municpalidades.

Noveno: Que, de este modo no advirtiendo la existencia de un acto ilegal y arbitrario y vulneratorio de los derechos de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, por parte de le recurrrida, el recurso de protección interpuesto necesariamente será desestimando.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por Yerko Marcelo Yáñez Maldonado en representación de nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Los Lagos.

Redacción a cargo del Ministro (s) Juan Carlos Orellana Venegas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 131-2026.