nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO) COMPIN

Puerto Montt, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis Vistos:

A folio 1, comparece Miguel Nicolás Bronchuer Argel, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por los hechos que expone en su presentación.

Indica que el recurrente, a consecuencia de una enfermedad laboral de carácter psiquiátrico debidamente diagnosticada como depresión severa y acreditada mediante diagnósticos e informes médicos, se vio en la necesidad de hacer uso de su derecho a la seguridad social durante el periodo de cesantía involuntaria del que gozan, entre otros, los trabajadores portuarios eventuales y la gente de mar. En aquel contexto, y dada la persistencia del cuadro clínico que le impedía retomar sus funciones, se prescribió una serie de licencias médicas que, inicialmente, fueron validadas por la autoridad administrativa, a saber, cuatro de ellas desde el 27 de mayo al 21 de julio de 2024.

Sin embargo, y a pesar de mantener la continuidad del diagnóstico y de la incapacidad laboral del recurrente, se han procedido a rechazar las licencias médicas extendidas de forma posterior, en concreto las Nº 4-18834972, del 22 de julio al 04 de agosto de 2024, N° 4-18964741, del 05 de agosto al 18 de agosto de 2024 y N° 4-19090600, del 19 de agosto al 01 de septiembre de 2024, agregando que, en cuanto a la licencia médica N° 4-19280235, otorgada por 30 días entre el 06 de septiembre y el 05 de octubre de 2024, si bien fue aceptada por la autoridad, aquella no ha sido pagada.

Da cuenta de haberse agotado las vías administrativas para corregir lo señalado de forma precedente ante ambas instituciones recurridas, denunciándose en este caso lo obrado mediante Resolución Exenta N° R-01-S-169193-2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 5 de diciembre de 2025, mediante la cual se conoció y resolvió sobre un recurso de reposición interpuesto por la COMPIN Subcomisión Llanquihue-Palena, para que la autoridad fiscalizadora se pronunciara concretamente sobre la licencia médica N° 4-19280235 y si correspondía autorizar la misma, y ordenar el pago, transformando aquella instancia en uno extraordinario de revisión fundado en el artículo 60 de la ley 19.880, bajo el argumento de existir nuevos antecedentes.

Indica que en términos concretos, la resolución impugnada sostiene que, tras una revisión de los antecedentes laborales de su representado, se constató que su vínculo contractual con la empresa "Naviera Austral S.A." finalizó mediante finiquito el día 27 de mayo de 2024, indicándose que, debido a la naturaleza contractual del contrato de trabajo- de carácter indefinido- mantenido por el representado con su empleador, no le resulta aplicable la calificación de gente de mar o trabajador portuario eventual, y por lo tanto, no tendría derecho al beneficio de la cesantía involuntaria. Por ello, se aplicarían las reglas generales y sobre aquella base, la SUSESO determinó que no existe continuidad en el reposo, toda vez que la primera licencia médica (N° 18373114) fue emitida el 30 de mayo de 2024, esto es, tres días después de la desvinculación laboral, sin que existieran —a juicio de la autoridad— licencias previas que ampararon su estado de salud antes de quedar cesante, resultando improcedente, por tanto, el beneficio solicitado.

Así las cosas, la citada resolución dispone tanto el rechazo de la licencia médica objeto del recurso de reposición ante la COMPIN, como además ordena el rechazo de la totalidad de las licencias médicas emitidas entre el 27 de mayo, fecha de desvinculación, y las posteriores, que concluyen el 05 de octubre de 2024, instruyendo a la COMPIN el inicio de las gestiones para obtener el reintegro de las sumas de dineros efectivamente pagadas al calificarlas de indebidas.

Refiere que lo anterior se contradice con lo obrado por la propia SUSESO mediante la Resolución Exenta N° R-01-UJU-52676-2025, dictada con fecha 22 de abril de 2025, en la cual se acogió un recurso de reposición previo interpuesto por la actora mediante la cual validó técnicamente la pertinencia de la procedencia del pago y ordenó expresamente a la COMPIN proceder al pago de la licencia médica N°4-19280235.

Por tanto, la administración ha resuelto en contra de actos terminales y consolidados, utilizando de forma ilegal y arbitraria la vía del artículo 60 de la ley 19.880 para desconocer su propia resolución firme y ejecutoriada, vulnerándose con ello el principio de confianza legítima, sobre todo por la inexistencia absoluta de nuevos antecedentes que no se hubieran tenido a la vista en su oportunidad, alegándose en consecuencia una falta de motivación evidente en la decisión impugnada.

Alega que el actor se desempeñaba como capitán de una embarcación de transporte de carga y personas, que en términos jurídicos, es personal embarcado según el artículo 96 del Código del Trabajo, resultando aplicable el derecho a presentar licencias médicas durante la cesantía involuntaria a la gente de mar y trabajadores portuarios eventuales cualquiera sea la labor que realizan, reconociendo la polifuncionalidad de sus cargos y hasta por tres meses calendario después del término de contrato. En este sentido, el poseer un contrato indefinido no excluye la involuntariedad de la cesantía si el despido se produjo por causales no imputables al trabajador, lo que concurre en la especie conforme al finiquito respectivo, contando además con el número de cotizaciones mínimas y tiempo de afiliación.

Sostiene la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 Nº2 y 24 de la Constitución Política, razón por la cual solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-S-169193-2025, dictada por la SUSESO con fecha 5 de diciembre de 2025, declarar la plena validez y vigencia de las licencias rechazadas y reconociendo el derecho del recurrente a los subsidios por incapacidad laboral derivados de ellas, junto con ordenar el cese inmediato de toda gestión de cobro, retención o solicitud de reintegro de montos ya percibidos por su representado por tratarse de derechos adquiridos incorporados a su patrimonio, junto con cualquier otra medida, con costas.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 8, consta informe de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, la que alega, en primer término, la improcedencia de la presente acción, sosteniendo que dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos Señala el marco normativo de las licencias médicas en el país y el procedimiento para la autorización de aquellos instrumentos, sosteniendo la inexistencia de algún actuar ilegal o arbitrario de su parte, indicando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

En el presente caso, señala que el actor concurrió el 30 de septiembre de 2024 ante la informante reclamando por el no pago del subsidio por incapacidad laboral, derivado de la Licencia Médica N°19280235 (por 30 días, desde el 06/09/2024 al 05/10/2024) ante lo cual se ordenó, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-162094-2024 de 16 de octubre de 2024 que la COMPIN autorizase aquella por encontrarse justificado el reposo prescrito, omitiendo emitir pronunciamiento sobre el subsidio de incapacidad laboral derivado de la misma, constatándose la autorización respectiva. Lo anterior, por cuanto el inciso primero del artículo 4° del D.F.L N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que, para tener derecho a subsidio, se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente, requisito último que equivale a tener 90 días de cotizaciones, continuas o discontinuas, dentro de los 180 días anteriores al inicio de la licencia médica. Continúa indicando que, revisados los antecedentes, el actor tenía derecho al pago del subsidio, ordenándose el pago de la citada licencia mediante Resolución Exenta R-01-UJU-52676-2025 de fecha 22 de abril de 2025.

Luego, se recurrió por la COMPIN la decisión antedicha interponiéndose un recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-52676-2025, de 22 de abril de 2025, que le ordenó autorizar con derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral la Licencia Médica N°19280235.

Hace presente que, si bien, la resolución de fecha 22 de abril de 2025 se encontraba firma, el artículo 60 de la Ley N° 19.880 señala que en contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión, cuando aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento. Al respecto, la COMPIN acompañó nuevos antecedentes que dan cuenta que la licencia en cuestión fue otorgada una vez que el período de cesantía involuntaria del recurrente ya había terminado.

Al respecto, se concluyó que el actor fue contratado por tiempo indefinido -no por viaje ni turnos- y siendo así, se rige por las reglas generales, no teniendo derecho al beneficio de cesantía involuntaria, dando cuenta que el finiquito del contrato de trabajo consigna que se desempeñó desde el 01 de diciembre de 2017 al 27 de mayo de 2024. Dicho lo anterior, la Licencia Médica N°18373114, la primera de las presentadas por el recurrente, fue emitida el 30 de mayo de 2024, esto es, con posterioridad a su desvinculación, no existiendo licencias médicas inmediatamente previas y continuas a ella.

En consecuencia, por Resolución Exenta R-01-S-169193-2025 de fecha 05 de diciembre de 2025, se resolvió acoger el recurso extraordinario de revisión, dejando sin efecto todas las resoluciones previas recaídas en las Licencias Médicas N° 18373114 y siguientes, instruyendo a la COMPIN rechazar aquella licencia y las siguientes, esto es, las emitidas desde el 27 de mayo de 2024 al 05 de octubre de 2024, por no existir vínculo laboral vigente a la fecha de su "emisión" con la empresa "Naviera Austral S.A", así como el reintegro de las sumas indebidamente pagadas.

Indica que la discusión de fondo en el presente asunto es la falta de concurrencia de un presupuesto habilitante previo e imprescindible para el otorgamiento del subsidio, esto es, la calidad jurídica del beneficiario al momento de emitirse las licencias y, especialmente, la procedencia del subsidio una vez terminado el vínculo laboral y no un simple cambio de criterio. Al respecto, y aun cuando exista continuidad diagnóstica, el derecho al subsidio por incapacidad laboral no se activa de manera automática por la sola constatación de una enfermedad, por lo que si el recurrente no se encuentra amparado por un supuesto legal que habilite el goce del subsidio durante la cesantía o bien, si no cumple los requisitos para ser reconocido dentro del régimen especial invocado, el diagnóstico por sí solo no transforma el reposo en jurídicamente procedente ni en pagable.

Señala que en la especie, concurrente tres antecedentes relevantes, esto es, la constatación del término efectivo de la relación laboral y su fecha; la determinación de la calidad jurídica del trabajador para invocar un régimen excepcional de licencias durante cesantía como el aplicable a gente de mar o trabajadores portuarios eventuales; y la naturaleza del vínculo contractual y la aplicabilidad de las reglas generales o especiales.

Continua con referencias a la normativa y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, sosteniendo, además, que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada como una herramienta de protección de derechos indubitados y que, en el presente caso, la actora no cuenta con uno que haya sido vulnerado por el actuar de la recurrida, no configurándose así un derecho a la licencia médica en mérito de la revisión y estudio de los antecedentes aportados en su oportunidad.

Alega la inexistencia de derechos vulnerados en los términos indicados en la presente acción mediante un actuar ilegal o arbitrario de su parte, solicitando en definitiva que se rechace la presente acción, con costas.

A folio 13, consta informe evacuado por la COMPIN Regional, indicando que el actor recurrió por el rechazo de las licencias médicas relativas a la resolución exenta N° R – 01-S-169193-2025 de SUSESO de fecha 05 de diciembre de 2025, dando cuenta que aquél mantenía 170 días de reposo otorgado, dividido en tres períodos: desde el 06 de febrero al 18 de marzo de 2024 por un total de 42 días; período desde el 27 de mayo de 2024 al 01 de septiembre de 2024 por un total de 98 días; y período desde el 06 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2024 por un total de 30 días. Da cuenta que 140 días fueron otorgados por el médico general nombre reservado, médico particular del extrasistema, los cuales indican que un médico general no puede otorgar más de 30 días de reposo.

En concreto, señala que el actor ha presentado licencias médicas por patología de salud mental, las que han sido continuas, emitidas por diversos médicos tratantes no psiquiatras, lo que evidencia a lo menos, falta de continuidad del tratamiento, lo cual es fundamental en la intervención médica de las patologías de dicha naturaleza.

Continua señalando las funciones de fiscalización otorgadas por la ley Nº 16.395 a la Superintendencia de Seguridad Social, razón por la cual lo dictaminado mediante la resolución señalada resulta vinculante y obligatoria para la informante, encontrándose en la actualidad en proceso de cumplimiento de la misma, en el sentido de dejar sin efecto todas las resoluciones previas recaídas en las licencias médicas N°18373114 y siguientes y en lo relativo a la instrucción de rechazar las licencias médicas N°18373114 y siguientes por no existir vínculo laboral vigente a la fecha de su emisión con la empresa Naviera Austral S.A., conjuntamente con el reintegro de las sumas pagadas.

Solicita en definitiva que se rechace la presente acción.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta R-01-S-169193-2025 de fecha 05 de diciembre de 2025, a través de la cual se resolvió acoger un recurso extraordinario de revisión interpuesto por la COMPIN Regional, dejando sin efecto todas las resoluciones previas recaídas respecto a las licencias médicas N°18373114 y siguientes, ordenándose, además, a dicha entidad el inicio de las gestiones para obtener el reingreso de los montos pagados de forma incorrecta, asegurando la recurrente que lo anterior vulnera el propio actuar precedente de la Superintendencia en cuestión, la que había validado previamente la autorización y pagos de las licencias otorgadas al recurrente, vulnerándose con ello el principio de confianza legítima que le asiste y en uso de una facultad revisora extraordinaria que no se sustenta en la especie.

Cuarto: Que en cuanto de la alegación de la Superintendencia de Seguridad Social, referida a la improcedencia de la acción, esta Corte sistemáticamente ha desechado esta defensa, teniendo presente que no es el derecho a obtener una prestación de servicio o derecho propio de ese ámbito lo que se persigue con la acción incoada en estos autos, sino que la legítima pretensión de obtener de la Administración una resolución que se encuentre suficientemente y razonablemente fundada en el mérito de los antecedentes, descartando así el actuar arbitrario de los órganos estatales, al omitir formal o sustancialmente la motivación y fundamentación racional que avale las decisiones que adopta en la esfera de sus competencias y que materializan el ejercicio legítimo de las potestades públicas residenciadas en ellos.

Lo anterior, se ve refrendado por el hecho que esta magistratura ha entendido que la garantía que se alega como vulnerada es aquella consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, tal como consistentemente lo ha manifestado en sede de admisibilidad de los recursos de protección sobre esta materia.

Quinto: Que, ahora bien, en cuanto al fondo del recurso, de los antecedentes acompañados por las partes a esta causa, se aprecia que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió acoger un recurso de revisión extraordinario interpuesto por la COMPIN regional, dejando sin efecto todas las resoluciones previas recaídas en las Licencias Médicas N°18373114 y siguientes, mediante las cuales se habían autorizados los pagos respectivos asociados al descanso laboral otorgado a través de ellas, en virtud de los nuevos antecedentes entregados a la entidad fiscalizadora y que dicen relación con el hecho que la licencia señalada -y las posteriores que fueron otorgadas al recurrente- fue emitida una vez que el período de cesantía involuntaria del actor había terminado. Asimismo, se aprecia que el recurrente fue contratado por un tiempo indefinido, por lo que, en aplicación de las reglas generales, no tenía derecho al beneficio de cesantía involuntaria, teniendo presente la existencia de un finiquito de fecha 27 de mayo de 2024 y que la primera de las licencias cuestionadas fue emitida el 30 de mayo de 2024, esto es, con posterioridad al término de su relación laboral.

Sexto: Que los argumentos señalados por la autoridad recurrida, a juicio de estos sentenciadores, encuentran correlato en los antecedentes contenidos en el expediente administrativo acompañado a estos autos, estimándose en definitiva que su actuar se encuentra ajustado a derecho al haber obrado dentro de sus competencias legales y con resoluciones debidamente fundadas en orden a rechazar los pagos de las licencias médicas que indican, dándose cumplimiento con ello al mandato de fundamentación exigido por el artículo 41 de la ley 19.880 de todo acto emanado de la Administración del Estado.

Lo anterior, toda vez que el artículo 60 del citado cuerpo normativo, al consagrar la existencia del recurso de revisión extraordinario de una determinada decisión administrativa, fija entre sus presupuestos de procedencia el hecho que “b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento.”

De esta manera y tal como se sostiene en el acto administrativo impugnado, tal circunstancia se ha verificado en la especie, toda vez que la Superintendencia de Seguridad Social, tomando conocimiento de los nuevos antecedentes aportados por la COMPIN regional en orden a la naturaleza del vínculo laboral del recurrente y la fecha de término del mismo, adoptó una nueva decisión en el sentido señalado precedentemente, no advirtiéndose por estos sentenciadores la comisión de algún exceso por parte de las entidades recurridas en orden a sus facultades y prerrogativas, descartándose por tanto una actuación arbitraria o ilegal.

Séptimo: Que, a su vez, es posible establecer que el actuar de la recurrida se ha ajustado al principio de imparcialidad que impone el artículo 11 de la citada normativa, toda vez que la decisión de rechazo se funda en antecedentes objetivos, descartando cualquier indicio de arbitrariedad en el que se haya podido incurrir de acuerdo con el tenor de los hechos denunciados por la recurrente en su oportunidad.

Octavo: Que, en definitiva, no siendo posible imputar la comisión de un actuar ilegal o arbitrario en los términos denunciados en esta acción que se traduzca en vulneración de alguna de las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, quién, a mayor abundamiento, no logró acreditar la necesariedad del reposo otorgado, toda vez que existe un cuestionamiento por la COMPIN Regional en la extensión de las licencias médicas, en atención a que la emisión de aquellas lo fueron por diversos médicos del extrasistema, lo que evidencia a lo menos, una falta de continuidad del tratamiento, lo cual tampoco fue refutado, por lo que la presente acción será rechazada tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Miguel Nicolás Bronchuer Argel en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez.

Redacción a cargo del Ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°13-2026.