Protección contra Colegio nombre reservado

Puerto Montt, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, con fecha 29 de septiembre del año en curso, comparece el abogado don Carlos Andrés Thieck León, en representación de doña nombre reservado apoderada del estudiante nombre reservado; y de don nombre reservado, padre del estudiante nombre reservado, ambos de Cuarto Medio A, interponiendo acción de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado por su rector, por estimar que incurrió en un acto ilegal y arbitrario al dictar la resolución de 11 de septiembre de 2025 mediante la cual se impusieron sanciones disciplinarias encubiertas y un procedimiento viciado que vulnera garantías constitucionales previstas en el artículo 19 numerales 1, 2 3, 4 10 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que los estudiantes fueron víctimas durante el año 2025 de hostigamiento grave, amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de compañeros, hechos conocidos por el colegio, el cual omitió activar protocolos de protección, incumpliendo la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar y su deber de cuidado, omisión que generó un contexto de revictimización y escalamiento del conflicto.

Relata que el 1 de septiembre de 2025, los adolescentes fueron agredidos en la entrada de su sala, sin intervención de las docentes presentes, debiendo uno de ellos auxiliar al otro, generando posteriormente una riña reactiva atribuida por el colegio exclusivamente a los recurrentes, pese a la existencia de legítima defensa y provocación previa previstas como atenuantes en el RICE 2025.

Sostiene que, sin investigación ni recepción de descargos, el colegio aplicó inicialmente suspensión de 5 días al amparo de la Ley Aula Segura, invirtiendo la presunción de inocencia y sancionando antes de investigar, vulnerando el debido proceso, para luego, ante la impugnación, dictar una nueva resolución el 11 de septiembre que “levanta” Aula Segura, pero impone medidas sustitutivas igualmente gravosas, consistentes en mantener a los estudiantes en modalidad remota hasta fin de año, excluirlos de todas las actividades escolares y realizar una licenciatura privada, medidas que el recurrente califica de desproporcionadas, discriminatorias, estigmatizantes y no contempladas en la normativa interna, afectando el núcleo esencial del derecho a la educación.

Agrega que el establecimiento modificó su Reglamento de Convivencia después de ocurridos los hechos, pretendiendo aplicarlo retroactivamente, lo que considera manifiestamente ilegal. Invoca la vulneración de los derechos consagrados en los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 10° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como infracciones a la Ley General de Educación, la Ley de Violencia Escolar y la Ley 21.430 sobre derechos de la niñez, acompañando un informe psicológico que descarta riesgo conductual del estudiante nombre reservado y cartas de apoderados que refuerzan su inocuidad.

Concluye solicitando tener por interpuesto el recurso, dejar sin efecto la resolución de 11 de septiembre de 2025 y todo el procedimiento disciplinario que le antecede, ordenar la reincorporación inmediata y plena de los estudiantes a clases presenciales y actividades de fin de año, incluida su ceremonia pública de licenciatura, disponer medidas de reparación y no repetición, con costas.

Acompaña: 1.- Copia de las resoluciones, pronunciadas por el Rector del Colegio recurrido, con fecha 1 de septiembre de 2025, que impone a mis 2 mandantes la sanción de suspensión, por aplicación de la ley Aula Segura (idéntica para los dos). 2.- Copia de las resoluciones, pronunciadas por el Rector del Colegio recurrido, con fecha 11 de septiembre de 2025, que impone a mis 2 mandantes la sanción de mantener remoto el cierre de año, exclusión de actividades y licenciatura privada (idéntica para los dos). 3.- Copia de presentación efectuada por doña nombre reservado, de fecha 5 de septiembre de 2025, sobre reclamo ante la Superintendencia de Educación. 4.- Copia Carta suscrita por la directiva del cuarto año A del Colegio nombre reservado, de fecha 24 de septiembre de 2025. 5.- Copia de Carta suscrita por la apoderada de nombre reservado ante el Colegio recurrido, de fecha 28 de agosto de 2025. 6.- Copia de apelación suscrita por doña nombre reservado, apoderada del estudiante nombre reservado, de fecha 4 de septiembre de 2025. 7.- Copia de apelación suscrita por doña nombre reservado, apoderada de nombre reservado, de fecha 4 de septiembre de 2025. 8.- Copia informe psicológico del estudiante nombre reservado, elaborado por el profesional nombre reservado. 9.- Copia Carta de objeción formulada por doña nombre reservado, con fecha 5 de septiembre de 2025. 10.- Copia Reglamento RICE del Colegio recurrido. 11.- Copia set de pantallazos mensajería red social, efectuado por compañeros estudiantes de mis representados.

A folio 12, evacua informe la abogada doña Margarita Campillay Caro, en representación de la Fundación Educacional nombre reservado, solicitando el rechazo con costas, y afirma que el actuar del establecimiento ha sido plena y estrictamente ajustado a derecho, sin vulnerar garantía constitucional alguna.

Expone que los alumnos fueron sancionados disciplinariamente mediante resoluciones rectorales de 1, 4 y 11 de septiembre de 2025, por conductas graves que afectaron la convivencia escolar, consistentes en agresiones físicas y altercados reiterados, actuaciones planificadas y difundidas en redes sociales.

Sostiene que, tras un altercado ocurrido el 1 de septiembre, el colegio activó los protocolos internos de convivencia escolar y de la Ley Aula Segura —previa consulta a la Superintendencia de Educación—, adoptando como medida cautelar la suspensión temporal por 5 días, para proteger la seguridad de toda la comunidad, lo que se informó oportunamente a padres, apoderados y organismos competentes, cumpliendo los plazos y exigencias legales.

Señala que la medida fue luego ampliada y posteriormente adecuadamente levantada, derivando en la decisión de mantener a los estudiantes involucrados en modalidad educativa remota hasta el término del año escolar y de organizar una licenciatura privada, fundamentado todo ello en informes psicológicos, declaraciones testimoniales, videos, informes de docentes e inspectores, y el temor fundado de nuevas agresiones o situaciones disruptivas en el colegio. Destaca que se realizó investigación interna con declaración de docentes, alumnos y testigos, respetando las etapas del debido proceso educativo —notificación, descargos, deliberación del consejo de profesores y resolución fundada—, y que todas las decisiones fueron adoptadas conforme al RICE 2025, la Ley 20.536 de Violencia Escolar, la Ley 21.128 de Aula Segura y el principio del interés superior del niño, actuando en resguardo de la integridad y seguridad no solo de los sancionados, sino de toda la comunidad.

Argumenta que no hubo vulneración a las garantías invocadas, pues los estudiantes no han sido privadas de su educación —reciben materiales, apoyo psicológico y acompañamiento pedagógico—, ni se ha afectado su integridad física, libertad, honra o trato igualitario, sino que, por el contrario, se resguardó el ambiente escolar; enfatiza que el recurso de protección es improcedente al pretender revisar sanciones disciplinarias discutibles en sede administrativa especializada, conforme a la jurisprudencia de esta Corte.

Agrega que el derecho a la propiedad alegado no tiene aplicación en este caso; concluye que no existió ilegalidad ni arbitrariedad alguna, actuando siempre dentro de las facultades disciplinarias que otorgan el DFL N°2/2009, la Ley General de Educación, y las instrucciones de la Superintendencia, solicitando sea rechazado el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña: 1.- Video pelea estudiantes. 2.- Comunicación aula segura. 3.- Correo suspensión estudiante que graba. 4.- Correos con material de apoyo. 5.- Denuncia a tribunales. 6.- Entrevistas testigos y documentos suspensión. 7.- informa aplicación aula segura estudiante nombre reservado 8.- Informa respuesta apelación levantamiento aula segura a Superintendencia de Educación. 9.- Informe de convivencia a OPD. 10.- Oficio activación aula segura a la Superintendencia de Educación. 11.- Parte de acompañamiento a nombre reservado. 12.- Respuesta apelación estudiante nombre reservado. 13.- Respuesta apelación estudiantes [JIMENEZ}. 14.- Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025.

A folio 14, se concedió orden de no innovar sólo en cuanto se suspenden los efectos de la modalidad – privada - del acto de licenciatura dispuesto para los alumnos nombre reservado y nombre reservado, en tanto se resuelva el presente recurso.

A folio 19, la recurrida informa que producto de la orden de no innovar decretada, se determinó junto a apoderados de los estudiantes involucrados en la situación de agresiones físicas entre pares, dar lugar a la ceremonia con su asistencia, tomando el compromiso de hacerlo dentro de un clima de respeto y dignidad de todos quienes asistan.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación. Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenaza ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el motivo de la acción de protección radica en que los actores sostienen que el colegio recurrido incurrió en un acto ilegal y arbitrario al imponer, medidas disciplinarias sustitutivas consistentes en mantener a los estudiantes en modalidad remota hasta el término del año escolar, excluirlos de todas las actividades escolares y disponer una licenciatura privada, decisiones que —afirman — fueron adoptadas sin investigación previa, con vulneración del debido proceso educativo, aplicando retroactivamente un reglamento modificado, y omitiendo activar los protocolos de protección frente a hostigamientos sufridos por los alumnos.

Cuarto: Que, a su turno, la recurrida sostiene que el actuar del establecimiento fue ajustado a derecho, pues las medidas disciplinarias aplicadas derivaron de conductas graves que alteraron la convivencia escolar, activándose oportunamente los protocolos de la Ley de Violencia Escolar y de Aula Segura, con suspensión temporal, investigación interna, declaraciones de docentes, alumnos y testigos, y resoluciones fundadas conforme al Reglamento Interno y al principio del interés superior del niño.

Quinto: Que, examinados los antecedentes, consta que las medidas impugnadas se adoptaron mediante resolución de fecha 11 de septiembre de 2025, dictada por el rector del establecimiento. Tales decisiones fueron posteriormente objeto de revisión en sede administrativa por la Superintendencia de Educación, encontrándose además vigentes al momento de interposición del recurso. Sin perjuicio de ello, durante la vista del presente recurso, la parte letrada recurrente refirió que la ceremonia de licenciatura general del curso se realizaría con la asistencia presencial de los estudiantes recurrentes, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada por esta Corte, ceremonia que cual se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2025, fecha en la que los alumnos ya detentan la calidad de egresados formalmente de enseñanza media, resultando por ello consumado el proceso educativo cuya protección se solicitaba en esta acción cautelar.

Sexto: Que, en este sentido, aun cuando estos sentenciadores advierten que las medidas disciplinarias sustitutivas aplicadas por el colegio —la exclusión anticipada del espacio escolar, la modalidad remota forzada y la realización de una licenciatura privada— resultan desproporcionadas en relación con los hechos atribuidos, por cuanto en la riña participaron varios estudiantes, según el video acompañado en autos a folio 12, las medidas carecen de sustento normativo expreso en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y configuraron una reacción institucional que excedió el marco del debido proceso educativo, lo que pudo generar afectación al derecho a la educación, a la honra y a la igualdad de trato de los adolescentes involucrados, conforme a lo dispuesto en los numerales 2°, 3° y 10° del artículo 19 de la Constitución y la Ley Nº20.536 sobre Violencia Escolar.

Con todo, la desproporción detectada, aunque reprochable desde la óptica del estándar que deben observar los establecimientos educacionales, no permite ya otorgar una tutela efectiva, por cuanto el acto recurrido ha agotado íntegramente sus efectos.

Séptimo: Que, en tal sentido, atendido que el año escolar ha concluido para los estudiantes por quienes se recurre, que la licenciatura del curso se materializó con participación de los estudiantes el 20 de noviembre del año en curso, y que se produjo el egreso formal de la enseñanza media, no es posible retrotraer los efectos de la medida adoptada ni tampoco otorgar las órdenes restitutorias pretendidas, por haberse verificado una pérdida de oportunidad en la protección del derecho invocado. En estas condiciones, aun frente a una eventual constatación de excesos disciplinarios o defectos procedimentales, el recurso pierde su finalidad, pues la acción de protección no tiene naturaleza declarativa ni punitiva, sino exclusivamente cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando ello aún es posible.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1 por don Carlos Andrés Thieck León, en representación de los estudiantes nombre reservado y nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 14.

Redacción a cargo del Ministro Titular Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Rol N° 1296-2025.