nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE

nombre reservado, veintiuno de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

Comparecen en estos autos el abogado Paul Ortiz Gómez, en representación de nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado; e interpone recurso de protección en contra de CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por el Contralor Regional de Los Lagos don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación carente de fundamentación del Oficio N°3247/20 de fecha 18 de junio de 2020, por el que se desestimó la reconsideración solicitada respecto del Oficio N°948/20 de fecha 5 de febrero de 2020, lo que habría vulnerado las garantías contempladas en el artículo 19 N°2, N°3, N°16 y N°24 de la Constitución.

Refiere que con fecha 6 de diciembre de 2019 siendo dependiente de la Municipalidad de Puyehue, en aquel entonces con desempeño en la Escuela Rural Pajaritos de esa comuna, ingresó un reclamo ante la recurrida, por cuanto esa entidad edilicia no le había otorgado el beneficio de sala cuna para su hija menor, quien padece una enfermedad que hace imposible su asistencia a un jardín infantil. Asimismo, reclamó la bonificación de profesor encargado que habría percibido, en forma ininterrumpida, desde el mes de abril de 2016 hasta febrero de 2019, además de otras asignaciones, señalada como “Código 024”, y que se le habría dejado de pagar por haberse acogido a diversas licencias médicas.

Refiere que lo anterior fue resuelto en Oficio N°948-20 que desestimó en todas sus partes el reclamo deducido. Por lo anterior, se realizó una solicitud de reconsideración, que fue rechazada en Oficio N°3247/20 de fecha 18 de junio de 2020, siendo este el acto administrativo contra el cual recurre.

Refiere que entiende que el acto recurrido carecería de motivación suficiente, en relación al no pago de beneficio de sala cuna, toda vez que no se le pidió pronunciamiento respecto de si correspondía entregarle el beneficio o no, sino, obtener pronunciamiento respecto de la ilegalidad cometida por su empleador de no entregarle dicho beneficio, a pesar de haberle puesto en conocimiento la situación de su hija y de haber acompañado las licencia de ella. En ese mismo sentido, habría omitido pronunciarse respecto de la situación de ser una funcionaria que se desempeña en zonas aisladas, lo que junto con la enfermedad de su hija, era razón suficiente para que se le entregara el beneficio de sala cuna en modalidad extraordinaria, es decir, que se le pagara el costo de la prestación.

Respecto del no pago de la Bonificación de Profesora Encargada y el no pago de “Otras Asignaciones”, refiere que la resolución impugnada razona que dicho beneficio corresponde en tanto desarrollen esa función, ya que dicho beneficio tiene carácter transitorio y se deja de percibir en caso de que pierda la calidad de encargada o pase a desempeñarse a otro establecimiento, y siendo que en el caso concreto se asignó dicha función a otro docente, no le correspondía recibir dicho estipendio. Razonamiento del que difiere, toda vez que entiende que, estando con licencia médica, tiene derecho a recibir el total de las remuneraciones que recibía y que, además, cuando volvió a su mismo puesto, luego de las licencias, siguió sin recibir dicha remuneración. Así, entiende que los argumentos del acto en comento no resultan suficientes para explicar los verdaderos motivos para rechazar su solicitud, ya que no se hizo cargo de la mayoría de los antecedentes señalados por su parte.

Entiende que con su actuación, la recurrida vulnera su garantía de igualdad, toda vez que al no hacerse cargo con un análisis exhaustivo del caso, se le negaría implícitamente su derecho a recibir un trato similar a la de otros ciudadanos que, recurriendo ante dicho institución, sus casos sí serían resueltos de esa manera. También estaría siendo tratada de manera diversa a otras trabajadoras que si han obtenido los beneficios que ella peticiona.

Sostiene que habría una conculcación de la garantía de debido proceso, toda vez que su solicitud no habría sido legalmente tramitada, ya que no se habría dado cumplimiento a las normas de fundamentación que deben contener los actos de la administración del estado.

Agrega que habría una vulneración de su derecho a la libertad de trabajo y su protección, al privarla de derechos establecidos en la legislación, como sería el beneficio de sala cuna y de profesora encargada y de su derecho de propiedad, por cuanto ha sido privada de la percepción de beneficios dinerarios.

Por lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso, declarando ilegal y arbitrario el Oficio N°3247/20 de fecha 28 de junio de 2020 emanado de la recurrida, y se declare en su reemplazo que se le entregue a la recurrente el costo de la prestación y que se le restituya el correspondiente valor por todos los meses durante los cuales se le denegó el beneficio y que se le restituyan las prestaciones adeudadas por concepto de “Bonificación Profesora Encargada” y “Otras asignaciones” adeudados desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020, con costas.

Informó el recurso don nombre reservado en representación de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, señala que habría un problema de legitimidad activa, toda vez que, del análisis de las pretensiones de la recurrente, aparece que lo que busca es la entrega de las prestaciones supuestamente adeudadas, siendo que aquello le correspondería a la Municipalidad de Puyehue y no a ella. Por lo que el recurso no debió dirigirse en su contra.

Acto seguido, señala que el recurso sería extemporáneo, toda vez que lo atacado es el contenido del Oficio N°948 de 5 de febrero de 2020 y no el Oficio N°3247 de fecha 18 de junio de 2020, que se limitó a rechazar el recurso de reconsideración, por lo que el plazo para interponer el presente recurso estaría vencido.

También sostiene que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del presente recurso, toda vez que lo que busca la recurrente es que se reconozca su derecho a que el empleador disponga el cumplimiento alternativo de la obligación a que se refiere el artículo 194 del Código del Trabajo, entregándole directamente una suma de dinero para financiar esa prestación y que se le paguen bonificaciones, lo que no corresponde a la exigencia de un derecho indubitado, sino al ejercicio de una acción para obtener una sentencia declarativa y el posterior pago, lo que excedería el marco de la acción constitucional.

Refiere que habría ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, toda vez que la resolución impugnada ha sido emitida por ella dentro de sus competencias, emitiendo un pronunciamiento a solicitud de la peticionaria, posterior al estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, considerando la normativa vigente sobre la materia, sin que obedeciera a una conducta antojadiza o contraria a la razón. Agrega que el hecho de que la actora no comparta la decisión no transforma al acto en arbitrario.

En cuanto al fondo del asunto, señala que en ambos actos administrativos, refirió que procedía el cumplimiento alternativo de la obligación de conceder el beneficio de sala cuna, siempre y cuando la peticionaria cumpliera con las exigencias contempladas en el dictamen N°68316 de 2016, refiriendo que para recibirlo, la madre debe presentar el requerimiento respectivo ante su empleador, exigencia que, según lo informado por la Municipalidad, no se verificó y cuyo cumplimiento tampoco fue probado por la recurrente. Así, no se desestimó la petición de la recurrente, sino que se le señaló que debía hacer dicho requerimiento para recibir el beneficio.

En cuanto a la bonificación de profesor encargado, señala que resolvió que no le correspondía recibirlo a la recurrente toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N°19.715, solo corresponde recibirlo mientras desarrollen esa función, ya que tiene el carácter de transitoria. Así, se acreditó en el expediente que por Decreto Alcaldicio N°140 de 2019 se asignó dicha función al profesor nombre reservado, desde el 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020, reconociéndosele el derecho a esa bonificación, por lo que no correspondía que también lo recibiera la recurrente.

En cuanto a las otras asignaciones reclamadas, señala que nunca se precisó a qué asignaciones se refería, por lo que no fue posible emitir un pronunciamiento al respecto.

Dado lo anterior, señala que sí se ha respetado la igualdad ante la ley de la recurrente, por cuanto se le ha tratado de la misma manera que se ha tratado a otras personas en igual situación que ella. Que tampoco habría una afectación del debido proceso, ya que sus actuaciones están debidamente fundadas, considerando la normativa vigente y los antecedentes de la causa, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución.

Agrega que no se aprecia cómo habría una afectación de su derecho a la libertad de trabajo y su protección; y que no habría afectación del derecho de dominio, toda vez que el derecho reclamado nunca ingresó efectivamente a su patrimonio o se acreditó que cumpliera todas las condiciones para que ingresara.

Dado lo anterior, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en forma previa a entrar a pronunciarse sobre el fondo del recurso, corresponde hacerse cargo de las alegaciones de la recurrida, que se hallan sustentadas, por un lado, en la falta de legitimación pasiva, y por otro, en la extemporaneidad de la interposición del arbitrio.

TERCERO: Que, en cuanto a la excepción de legitimidad pasiva, debe señalarse que independiente del petitorio del recurso de protección -que será analizado más adelante- lo cierto es que el presente recurso de protección se dirige en contra del Oficio N°3247/20 de fecha 18 de junio de 2020, por el que se desestimó la reconsideración solicitada respecto del Oficio N°948/20 de fecha 5 de febrero de 2020, por estimarlo ilegal y arbitrario. Acto que emana de la recurrida y por tanto, legitimado pasivamente para ser interpelada en el presente recurso de protección. Dado lo anterior, esta excepción debe ser rechazada.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, la presente acción de protección de garantías constitucionales se ha deducido en contra del Oficio N°3247/20 de fecha 18 de junio de 2020, de modo que respecto de esta data es que habrá de contabilizarse el plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, independiente del argumento que sostiene la Contraloría en cuanto a que el criterio que sustenta dicho dictamen habría sido manifestado con antelación, ya que, resulta improcedente el análisis de su contenido, a la luz de otros dictámenes para determinar el inicio del plazo, el que solo debe computarse desde la fecha cierta del acto administrativo que es el que motiva esta acción.

De modo que al haberse interpuesto esta acción el 18 de julio de 2020, lo ha sido dentro del plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo del recurso, debe señalarse que de su petitorio se extrae que la recurrente pretende que esta corte ordene a la recurrida que se pague el denominado “Beneficio de Sala Cuna” y que se le restituya el correspondiente valor por los meses durante los cuales se le denegó el beneficio y que se le restituyan las prestaciones adeudadas por concepto de “Bonificación Profesora Encargada” y “Otras Asignaciones” ordenando que se le pague por ese concepto lo adeudado desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020, fecha en que habría dejado de desempeñar funciones en la Escuela Rural Pajaritos, entendiendo que la recurrida hace una errónea interpretación del derecho administrativo al rechazar su pretensión en primer lugar y, luego, incurriría en falta de argumentación en la resolución de reconsideración del Oficio que negó lugar a su pretensión primigenia, toda vez que de los antecedentes acompañados por ella y las normas que regulan la materia, sí correspondía que se diera lugar a sus reclamaciones.

SEXTO: Que, de su revisión, es posible apreciar que el Oficio N°3247/20 de fecha 18 de junio de 2020, ha sido emitido por la Contraloría Regional de Los Lagos en el ejercicio de sus potestades y competencias establecidas en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en su Ley Orgánica N° 10.336. Además, se observa que cada una de sus decisiones se encuentran sustentadas en los antecedentes del proceso y en las normas que regulan la materia, expresando el razonamiento que lo llevó a rechazar la reconsideración presentada por la recurrente, por lo que no se aprecia un actuar arbitrario o ilegal en ese sentido.

SEPTIMO: Que, por lo demás, en atención a la naturaleza cautelar de la acción en estudio, y, existiendo un derecho pretendido por la recurrida que no reviste el carácter de indubitado, en cuanto, solicita la declaración de derechos determinando la forma de interpretar el acto administrativo impugnado, lo que hace menester su conocimiento en vía y sede diversa a la de marras, no resultando idónea aquella intentada a través de la presente acción constitucional para resolver la cuestión planteada, lo que de admitirse implicaría asignar una naturaleza constitutiva o declarativa a esta acción, asunto del todo inconducente, de modo tal, que aparece innecesario hacerse cargo en forma pormenorizada de las garantías constitucionales que se denuncian como vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Paul Ortiz Gómez, en representación de nombre reservado en contra de CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila.

Rol Protección 1281-2020