nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció nombre reservado, chilena, trabajadora independiente, casada, domiciliada en domicilio reservado, en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en calidad de presidenta y en representación de la Junta de Vecinos Número 4 “nombre reservado”, domiciliado en domicilio reservado, por cuanto le ha denegado la entrega de un certificado de residencia para completar trámites ante Bienes Nacionales, lo cual ha afectado sus garantías constitucionales.

Expuso que el 18 de agosto del año 2025, se solicitó a la Junta de Vecinos de nombre reservado un certificado de residencia para fines de ser presentado y regularizar su propiedad en el Ministerio de Bienes Nacionales, a lo cual la recurrida, accedió pero de forma incompleta, ya que en el momento en que debía indicar el motivo para extender el certificado, se rehusó al indicar que era para su presentación en Bienes Nacionales, excusándose en que no contaba con el timbre de la junta de vecinos, pero para luego indicarle que ella no realiza ese tipo de trámites, y le solicitó que se retire de la junta de vecinos porque no iba a entregarle ningún certificado, quedándose además con $2.000 que le cobró por el trámite.

Luego, dijo que el 25 de agosto de 2025 nuevamente pidió el certificado, lo cual le fue negado. A continuación, el 27 de agosto de 2025 nuevamente concurrió en compañía de su hija nombre reservado a intentar solicitar el certificado de residencia, o la devolución de su dinero, para lo cual nuevamente conversó con la presidenta de la junta de vecinos, nombre reservado, quien de manera injustificada y arbitraria se negó a extenderlo, argumentando que los certificados de residencia que la junta de vecinos extiende son solo para CESFAM, Registro Social de Hogares, tránsito para trabajo, y que no pueden darlo para trámites ante Bienes Nacionales, que sólo pueden dar dicho certificado previo exhibir el título de dominio de la propiedad y una autorización del vecino de al lado, ya que la unión comunal dio instrucciones expresas.

Posteriormente, indicó que concurrió a la Unión Comunal a conversar con nombre reservado, quien indicó que es rol de las juntas vecinas otorgar dicho certificado y que no existen nuevas instrucciones para prohibir entregar dicho certificado, y que en varias ocasiones vecinos de nombre reservado han concurrido por tener problemas con su presidenta, por tener actitudes abusivas.

Agregó que la obligación de extender el certificado de residencia para realizar trámites ante Bienes Nacionales, lo contempla expresamente el estatuto de la Junta de Vecinos Número 4 de nombre reservado, en el que en ningún caso distingue, ni prohíbe extenderlos.

Alegó vulnerado el derecho del numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental relacionado a la igualdad ante la ley, por cuanto es discriminada arbitrariamente frente a otras solicitudes de certificados; y al numeral 23 limitando su derecho de adquirir el dominio de toda clase de bienes.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional y se ordene a la recurrida extender el certificado de residencia respectivo para fines de Bienes Nacionales.

Acompañó a su presentación: 1.- Recibo de pago del 8 de agosto de 2025. 2.- Correo electrónico enviado a la junta de vecinos sin respuesta, con el objetivo que enviaran el acta de la directiva en donde se prohíbe la emisión de certificado de residencia con fines de Bienes Nacionales.

A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe a la recurrida.

A folio 7 evacuó su informe la recurrida. Expresó que, como directiva, plantearon como desafío el cuidado de los adultos mayores y la protección de su patrimonio frente a la apropiación ilegal de viviendas, lo cual es un hecho recurrente en el sector -como reflejan frecuentemente los medios locales- donde muchas viviendas no están abandonadas, sino en espera de resoluciones por conflictos familiares entre herederos o porque sus propietarios trabajan fuera de la ciudad. Otras han sido ocupadas irregularmente, por personas chilenas y extranjeras que se aprovechan de estas circunstancias.

Para mitigar este riesgo de fraude, indicó que la Directiva, en asamblea de socios celebrada el 9 de agosto de 2025, acordó suspender la emisión de certificados de residencia destinados a Bienes Nacionales, por ser un trámite de alto riesgo para la apropiación ilegal de inmuebles.

Sobre el caso, señaló que la recurrente solicitó un certificado para el domicilio domicilio reservado. Su negativa fue un deber legal, pues la solicitud es engañosa, ya la Sra. nombre reservado figura en el libro de socios con su domicilio en la casa contigua, Callao N° 1352.

Agregó que el domicilio al que hace referencia la recurrente se encuentra en la parte posterior de la sede comunitaria. Desde allí, tanto miembros de la directiva como vecinos del sector han podido observar cómo la recurrente modificó el cerco perimetral de su propiedad, extendiéndolo hacia el inmueble contiguo con la aparente intención de que éste figure como parte de su propiedad. Este hecho fue advertido por residentes del sector, quienes dieron aviso a la Junta de Vecinos por considerar esta acción como irregular. Además, el inmueble solicitado (Callao N°1384) está inscrito a nombre de un tercero, el Sr. nombre reservado (documentación TGR y Título del CBR), por lo que la recurrente busca que la directiva cometa un acto contrario a la ley para facilitar su apropiación.

Sobre el dinero retenido ($2.000), expresó que corresponde al valor administrativo de un certificado anterior que se le emitió a su hija, nombre reservado (29 años). Una semana después, la recurrente solicitó un nuevo certificado, pero al preguntarle el destino del documento, le indicó que era para Bienes Nacionales, por lo que se le denegó. Ella se molestó, aduciendo que la directiva anterior sí los otorgaba y que era su derecho.

La tercera vez, regresó con su hija mayor, en donde volvió a informarle que no podía entregar el documento. Luego, dijo que su hija, nombre reservado, abogada, le indicó que había consultado en la Unión Comunal, donde le dijeron que era su obligación entregar el certificado, a lo que le respondió que la Junta no pertenece a ninguna Unión Comunal y que las decisiones de la asamblea deben respetarse. Por último, expresó que se molestaron y manifestaron que la iban a demandar a lo que les respondió que estaban en su derecho y que, si traían el título de dominio a su nombre, no tendría inconveniente en entregar el certificado, pero que ningún otro documento servía.

Sobre el derecho, dijo que Ley N° 20.718 obliga a certificar la veracidad de los datos, y penaliza a quienes emiten información falsa. Al existir un conflicto de dominio y discrepancia de domicilio, su negativa es un deber legal y no un acto arbitrario. Además, dijo que la Ley N° 19.418 en su artículo 11 indica que el acceso a las actas es exclusivo para socios inscritos en el registro de la organización, mientras que la hija de la recurrente, quien hizo la solicitud del acta por correo electrónico, no es socia ni reside en el sector. Por último, dijo que la Ley 19.418 sólo sanciona al dirigente que niega información a un socio con derecho, no a terceros.

Pidió el rechazo de la acción de protección.

Acompañó al informe: 1.- Acta de la Asamblea de 9 de agosto de 2025. 2.- Registro de socios asistente a asamblea 9 de agosto. 3.- TGR Propiedad Callao 1384 4.- Título de Dominio del Sr. nombre reservado, del domicilio de Callao 1384 5.- Carta de la hija de la recurrente con firma y timbre de abogada. 6.- Versión mutilada sin firma enviada al tribunal. 7.- Conversación por chat con la hija que solicitó certificado y pago los $2.000.- 8.- Registro de Socios con domicilio real de la recurrente. 9.- Certificado de Residencia que emite la JJ.VV. verifique al pie de documento Ley 20.718. 10.- Carta a la Corte de la Sra. nombre reservado, secretaria JJ VV y testigo. 11.- Página 6 del estatuto, artículo 10 letra d) sobre derechos de los socios.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, en la especie, el conflicto entre las partes dice relación con los fundamentos para denegar la entrega de un certificado de residencia para realizar trámites ante el Ministerio de Bienes Nacionales que fuera solicitado por la recurrente a la junta de vecinos recurrida.

Tercero: Que, se extrae del mérito de los antecedentes, que la recurrida sujetó su negativa al otorgamiento del certificado de residencia destinado a realizar trámites ante el Ministerio de Bienes Nacionales en un acuerdo adoptado en asamblea de socios, con fecha 9 de agosto de 2025, según fluye del acta de asamblea acompañada, donde se lee: “se acordó que no se emitirán certificados de residencia para ser presentados en Bienes Nacionales, con el fin de evitar irregularidades o la ocupación indebida de inmuebles debido al incansable trabajo que se ha hecho estos últimos tres años con las casas y terreno ocupas en el sector.

Sólo en casos que el solicitante acompañe la petición con el título de dominio vigente a nombre de su persona y emitido por el barrio sin importa el tiempo se entregará para:

· Cesfam o atención de salud · Trámites municipales (Direccion de Transito, Protección Civil)

· Trabajo u otros fines sociales justificados” (sic)

Cuarto: Del contenido del acta indicada, se aprecia que la seguridad de los vecinos fue un punto tratado en extenso en la misma, previo a la adopción del acuerdo antes transcrito, de manera que resulta evidente que la suspensión en la emisión de certificados de residencia destinados a efectuar solicitudes ante Bienes Nacionales estuvo motivada por evitar conceder un antecedente escrito que pudiera facilitar la apropiación ilegal de inmuebles, lo que explica la negativa por parte de la recurrida a emitir el certificado requerido.

Quinto: Adicionalmente, del mérito de los documentos acompañados surge que la actora solicitó un certificado de residencia respecto del domicilio ubicado en domicilio reservado, siendo que figura en el libro de socios con su domicilio registrado en la casa ubicada en domicilio reservado, es decir, una dirección diversa, motivo que justifica aún más la negativa de emisión del certificado, en que se debe dar fe de un hecho cuya veracidad consta a quien lo emite, circunstancia que a todas luces no concurre en esta situación.

Lo anterior además se ve refrendado de los demás antecedentes -emanados de la Tesorería General de la República y Conservador de Bienes Raíces- de los que se desprende que el inmueble ubicado en domicilio reservado se encuentra inscrito a nombre de un tercero, don nombre reservado, cuya relación con la solicitante no se vislumbra.

Sexto: Sobre esto último, debe considerarse que la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, en su artículo 43 número 4 letra f) dispone que: “Para el logro de los objetivos a que se refiere el artículo anterior, las juntas de vecinos cumplirán las siguientes funciones: (...) 4.- Procurar la buena calidad de los servicios a la comunidad, tanto públicos como privados. Para ello, entre otras, podrán: (...) f) Emitir certificados de residencia, siéndole aplicable al requirente que faltare a la verdad en cuanto a los datos proporcionados al efecto, las sanciones contempladas en el artículo 212 del Código Penal”, de manera tal que, ante indicios de dudas acerca de la veracidad respecto de los datos proporcionados por la requirente del certificado, se encuentra justificada la negativa a su emisión, teniendo como antecedente que la ley otorga esta facultad con el fin de procurar una buena calidad de servicios a la comunidad, lo que necesariamente no implica una coincidencia con los fines particulares de cada uno de los miembros de la comunidad.

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Séptimo: Conforme a lo razonado, no se aprecia que se haya dado un trato discriminatorio a la recurrente, pues las razones en que asiló la negativa a proporcionar el documento exigido se sujeta al cumplimiento de un acuerdo adoptado en el seno de la asamblea de la junta de vecinos, a través del sometimiento del asunto a votación de los partícipes, y que no apuntan a la situación particular de la actora, sino a motivaciones que dicen relación con el beneficio de la generalidad de los vecinos, excluyéndose por ende cualquier vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la recurrente.

Así las cosas, al no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, la acción de protección interpuesta debe necesariamente ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de nombre reservado, en representación de la Junta De Vecinos Número 4 “nombre reservado”.

Redacción del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

No firma el Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1278-2025.-