INMOBILIARIA POWER CENTER LTDA. CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CASTRO

Puerto Montt, primero de agosto de dos mil dieciséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a fojas 13, con fecha 1 de julio de 2016, comparece don nombre reservado, en representación de INMOBILIARIA POWER CENTER LIMITADA, ambos con domicilio en domicilio reservadoo piso, Centro Comercial Paseo Costanera, comuna de Puerto Montt, interponiendo recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL EL TRABAJO DE PUERTO MONTT, representada por su Inspector Provincial doña nombre reservado, del cual desconoce profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado; solicitando que se deje sin efecto la Resolución Multa N° 358, de fecha 10 de junio de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada por su representada respecto de la Resolución Multa N° 4306/16/16, con costas.

Funda lo anterior en que con fecha 29 de abril del presente año se solicitó la reconsideración administrativa de una multa cursada por un fiscalizador dependiente de la recurrida, mediante Resolución Multa N° 4306/16/16, notificada a su parte el 28 de marzo del año en curso; que con fecha 16 de junio de 2016 recepciona un sobre cerrado con el Ordinario N° 358, de fecha 10 de junio de 2016, mediante el cual se le comunicó que no se dio curso a tramitar su solicitud por no haberse presentado dentro de plazo legal, esto es, de 30 días corridos desde la fecha de su notificación.

Expone que el acto de la administración consistente en el Ordinario N° 358 es ilegal y arbitrario, pues el plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no corridos como lo sostiene la recurrida; que se trata de un recurso que se presentó en una etapa administrativa respecto del cual al no haber norma expresa que establezca lo contrario al referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles y que prima por sobre las normas generales del Código Civil; que el Ordinario N° 670 reconoce que el la reconsideración fue presentada con fecha 29 de abril de 2016, conforme a lo razonado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de fecha 28 de marzo de 2016; que califica la actuación de la contraria como ilegal y arbitraria afectando la garantía del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, indicando finalmente que así lo han resuelto los Tribunales Superiores de Justicia.

Acompaña Ordinario N° 358, de fecha 10 de junio de 2016, junto con el sobre, Ordinario N° 670, de fecha 2 de mayo de 2016, Resolución Multa N° 4306/16/16.

Que, con fecha 4 de julio de 2016, se declaró admisible el recurso de protección, y se concedió orden de no innovar.

Que, con fecha 20 de julio de 2016, comparece la abogada Francisca Massri Negrón, en representación de la recurrida, evacuando el informe de rigor; solicitando que se rechace por no existir una actuación, arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno, por cuanto la Inspectora Provincial del Trabajo de Castro actuó dentro del marco legal, y la órbita de sus competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que le son propias.

Argumenta que la improcedencia de la acción cautelar en atención que el asunto no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por ella atendida su naturaleza excepcional y extraordinaria; que no está destinada a reemplazar procedimiento específicos contemplados en la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa; que se trata de resolver un asunto de interpretación del artículo 512 del Código del Trabajo, no siendo la respuesta adecuada para ello el recurso de autos ni tampoco la vía idónea para ello; y que no se puede usar como un instrumento de control de legalidad de los actos de la administración, existiendo otras vías para reclamar respecto del Ordinario N° 358 en virtud de lo establecido en el artículo 504 del Código del ramo, y según lo resuelto en causa Rol N° 1155-2015por esta Corte y confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 7088-2016 a modo de ejemplo.

Añade que el recurso es improcedente por la inexistencia del acto arbitrario e ilegal; que lo recurrido es el Ordinario N° 358 dictado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo; que esta última norma no indica si el plazo para presentar la reconsideración debe ser de 30 días corridos o no, debiendo recurrirse al Código del Trabajo para ver el tratamiento que le ha dado a la materia; que en su contenido se encuentra el artículo 312 referido a la negociación colectiva y a los plazos establecidos en el Libro IV Título I del Código del Trabajo, distinto del contenido en el Título Final del mismo cuerpo legal donde está la reconsideración; que el artículo 435 se refiere a los plazos del Título I del Libro V; que el artículo 9 no distingue si los plazos son de días hábiles o no; que el artículo 162 dispone un plazo de 30 días corridas para enviar la carta de despido; que los artículos 168, 171, 223, 282, 360, y 412 201 inciso final establecen días hábiles; que el artículo 503 que se ubica dentro del capítulo de la reconsideración habla de días hábiles; que lo anterior permite advertir que la regla general es que cuando el legislador ha querido imponer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente siguiendo la norma del artículo del artículo 50 del Código Civil; y que en consecuencia como el precepto del artículo 512 no hace tal mención corresponde entender que el plazo es de días corridos, corroborando ,lo anterior el artículo 435 inciso tercero conforme la cual se establece que los términos de días se entenderán suspendidos durante los feriados, quedando fuera el artículo 512 por pertenecer a otro título y libro.

Señala que por la naturaleza del artículo 512 del Código del Trabajo no le es aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, estableciéndose así por la jurisprudencia administrativa como el Dictamen N° 21025, de la Contraloría; que además existe una interpretación histórica de la Ley 20.087 donde en la Segunda Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados se estableció como título diverso a la reclamación de multa administrativa, sacándola del Título I del Código del Trabajo, y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435; que lo anterior fue recogido por la Circular N° 73, de fecha 8 de junio de 2010, que entró en vigencia el 14 de junio de 2010, indicando que el plazo de reconsideración administrativa se extiende por 30 días corridos, lo que seguido por el Dictamen N° 64.985, de 2009 de la Contraloría; que por tales pronunciamientos se decidió declarar inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración; que la Inspectora del Trabajo de Castro calificó de extemporánea la reconsideración teniendo presente la fecha de notificación de la misma, siendo presentada el 29 de abril de 2016, esto es, ya transcurrido el plazo de días corridos; que aplicando la Circular N° 73 de fecha 8 de junio de 2010 se declaró inadmisible el reclamo; que por lo anterior no es posible establecer la existencia de un acto ilegal al haberse actuado conforme a derecho, y razonablemente; y que así se ha resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 162-2012, y 58-2011 sobre autos laborales, y por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la causa proteccional Rol N° 173-2011.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso por la inexistencia de la conculcación de las garantías constitucionales, al no quedar claro de qué manera el Ordinario N° 358 está dictado contra la legalidad vigente, de manera tal que pudiera afectar al derecho a la igualdad ante la ley.

Adjunta copia de la Resolución Multa N° 4306/16/16 de fecha 16 de marzo de 2016, el Ordinario N° 358 de fecha 10 de junio de 2016, la solicitud de reconsideración administrativa, la Circular N° 73, de fecha 8 de junio de 2010 junto con el Anexo N° 1, y copia del Dictamen N° 64.985 y 17.344 de la Contraloría.

Que, con fecha 27 de julio de 2016, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación, con que se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 358, de fecha 10 de junio de 2016 que no dio curso a la reconsideración presentada contra la Resolución Multa N° 4306/16/16, por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la notificación; vulnerándose con ello el derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile.

TERCERO: Que, de los antecedentes aportados por ambas partes, y lo señalado en cada una de las presentaciones, se constata que la recurrida dictó la Resolución Multa N°4306/16/16 aplicando una multa por la cantidad de 8 IMM a la actora, la que fue notificada, con fecha 28 de marzo de 2016; que la recurrente solicitó su reconsideración, con fecha 29 de abril de 2016, siendo rechazada por extemporánea. Lo anterior, por cuanto la Inspección del Trabajo considera que el cómputo del plazo para ejercer la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo es de día corridos, interpretación contraria a la sostenida por la actora quien sostiene que es de días hábiles.

CUARTO: Que, previo al examen de los requisitos del recurso de protección, y considerando la alegación formulada por la contraria respecto de la falta idoneidad de esta vía recursiva para resolver un problema de interpretación de norma, cabe hacer presente que si bien el recurso de protección es una acción de urgencia y excepcional que pretende entregar tutela judicial a derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución y descritos en el catálogo del artículo 19; su aplicación se ha extendido por la vía de una amplia interpretación de derechos protegidos a otros no consagrados en el citado artículo 20, lo mismo ha sucedido con el hecho de que ha abarcado áreas que -en su génesis- no se consideraban, a saber, lo contencioso administrativo, o también denominada justicia administrativa. Supuestamente esta materia, según la Constitución de 1925, debía ser conocida por los tribunales administrativos cuya organización y atribuciones debían ser determinadas por ley, la cual nunca se llegó a dictar; lo anterior significó que el Poder Judicial carecía de competencia para conocer dichas materias, salvo cuando una ley especial específicamente le confiriera la posibilidad de juzgar y resolver sobre aquello. La Constitución del 1980 vino a solucionar el problema una vez modificado el inciso segundo del artículo 38 (tras la modificación de 1989), al dejar entrever que frente a la falta de creación de los tribunales contenciosos administrativos, la justicia ordinaria podía conocer de las acciones administrativas, dentro de los cuales los administrados buscan la nulidad del acto, a través de los juicios de nulidad de derecho público, y las indemnizaciones frente la responsabilidad del Estado en sus actuaciones; pero en también hay casos en los que el resguardo se intenta, a través del recurso de protección, lo cual ha sido aceptado jurisprudencialmente por los Tribunales Superiores de Justicia.

QUINTO: Que, en consideración a lo expuesto, es pertinente analizar el primer requisito de la acción, en este caso, si el Ordinario N° 358 reviste de la ilegalidad o arbitrariedad de la cual se le acusa; para tales efectos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se desprende que se trata de un acto dictado en una etapa administrativa, y no judicial; la calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo, debiendo recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto sobre cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. (Corte Suprema, Rol N° 2418-2012). En consecuencia, y ante la falta de precisión de la naturaleza del plazo del artículo 512, existe un plazo especial del citado artículo 25, el cual prima por sobre la normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

SEXTO: Que, siguiendo con lo razonado, el plazo para solicitar la reconsideración de multa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, el cual -en el caso sublite- no había transcurrido al haber sido notificado de la Resolución Multa el recurrente el 28 de marzo de 2016, y presentar la reconsideración el día 29 de abril del mismo año; por consiguiente, la declaración de extemporaneidad del recurso constituye una ilegalidad, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes a aplicar, se declara:

I.- Que, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 13, y se deja sin efecto el Ordinario N° 358, de 10 de junio de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multa N° 4306/16/16, de fecha 16 de marzo de 2016.

II.- Que, no se condena en costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

III.- Que, atendido a lo resuelto, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada a fojas 19.

Comuníquese, regístrese, y archívese en su oportunidad.

Rol N°1278-2016.