nombre reservado con COLEGIO PAIDEIA

PUERTO MONTT, Diciembre trece de dos mil dieciocho.

VISTO:

Con fecha 03 de agosto de 2018, compareció doña nombre reservado, técnico en geología, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, estudiante, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Colegio Paideia, representado por su director nombre reservado, o quien lo reemplace o subrogue, ignorando profesión, ambos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad y en contra de nombre reservado, ignora profesión y nombre reservado, ignora profesión, en su calidad de adultos responsables del niño nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en Puerto Montt, conforme a los fundamentos sucesivos.

Afirma ser madre del niño Tomas de 7 años de edad, alumno regular del segundo año básico del colegio Paideía de Puerto Montt y que el 05 de julio de 2018 a las 14:45 horas, cuando se produce la salida de los estudiantes de segundo básico del Colegio Paideia, su hijo le informó a su padre y a ella, que un compañero de curso le había molestado durante clases, en particular mientras realizaba una disertación para la asignatura de idioma extranjero inglés, indicando que el alumno de nombre nombre reservado, de 7 años de edad, le realizaba muecas, interrumpiendo su disertación a vista y paciencia de la profesora nombre reservado, quien pese a requerir al niño el cese de las acciones hostiles, no logró imponerse frente a él, quien continuó con la interrupción. Acotó que mientras les informaba de tal situación camino al vehículo de transporte familiar, que estaba estacionado en calle Icalma a un costado del establecimiento, su hijo vio al referido alumno Ángel, en los momentos en que lanzaba deliberadamente una piedra del porte de su puño al vehículo, la que impactó en perfil de la ventana del acompañante, circunstancia que causó desesperación y profundo llanto en Tomás. Luego de esta acción, como apoderada titular se dirigió al colegio divisando a la asistente técnica de nombre “Rous” quien verificó lo sucedido, hallando al alumno nombre reservado en el patio, quien tras ser interpelado, negó lo sucedido, aduciendo que solo estaba arrojando tierra. Finalmente se informó de dicha situación al inspector general don nombre reservado, sin resultados, pues no se realizó acción alguna para paliar la situación vivida por su familia y en especial por su hijo, pese al peligro que representó el impacto de la piedra en el móvil. Tras el episodio y mientras se trasladaban junto a su familia en el vehículo, su hijo con evidente afectación emocional les mencionó por primera vez que el alumno Ángel, lo acosaba constantemente, empujándolo, golpeándolo e insultándolo, con palabras como “huevón”, “huevón culiao” “conchetumadre” y descalificativos como “pedazo de mierda” e “idiota”, siendo ya costumbre que dicho niño interrumpa el normal curso de la clase en todas las asignaturas y se comporte de manera agresiva con él, otros niños y profesores. El día 09 de julio concurrió al Colegio Paideia e informó a través de documento escrito al Inspector General y encargado de convivencia escolar, Sr. nombre reservado, respecto de las situaciones de acoso de las que estaba siendo víctima su hijo por parte del niño Ángel, así mismo, puntualizó en dicho documento de conformidad al relato entregado por su hijo, que no se estaba aplicando el reglamento de convivencia escolar, citando el documento de reclamo. Agregó que recepcionada la carta, se arribó en primera instancia con el colegio al acuerdo de conversar con la profesora jefe y asistente de Aula, además, de citar a declarar a los culpables y conversar con los padres para buscar en conjunto un acuerdo. Sin perjuicio, hasta la interposición del recurso ninguno de los acuerdos se ha llevado a efecto.

El establecimiento continuó con su actitud pasiva, ya que concurrió nuevamente el día 13 de julio al colegio para entrevistarse con el inspector general con el objetivo de instar a una reunión con los padres del niño agresor. A pesar de que dicha autoridad quedó en contactarla para tal efecto, nunca recibió respuesta de tal requerimiento. Lo que ha confluido en extender la natural preocupación que siente como madre, por la seguridad y bienestar de su hijo, acentuando su desconfianza por la escasa contención que este ha encontrado en el establecimiento educacional, pues desde el episodio del 05 de julio su hijo se ha mostrado evidentemente afectado, dando cuenta en reiteradas oportunidades que no quiere asistir al colegio.

De este modo, los hechos demuestran que el Colegio Paideia, ha incumplido con su obligación de seguridad consistente en proteger la integridad física y psicológica de su hijo según se explicita en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, cuyo articulado no ha sido aplicado por el recurrido, incurriendo con esta conducta en una actuación ilegal, al no respetar las propias normas internas del Colegio.

Ante la evidente inactividad del establecimiento, con fecha 12 de julio de 2018 realizó la denuncia CAS-95769-D5C6L3 ante la superintendencia de educación, entidad que recepcionó los antecedentes y solicitó información al colegio, información que evidentemente no podrá ser entregada por la absoluta falta de acciones del establecimiento respecto de las conductas denunciadas, las cuales constituyen circunstancias que requieren de acciones inmediatas y efectivas por parte de la entidad educativa a cuyo cargo se encuentra su hijo durante la jornada lectiva, a objeto de que se sienta protegido y seguro.

Dada la evidente afectación emocional, con fecha 12 de julio de 2018, decidieron iniciar atenciones psicoterapéuticas con la psicóloga nombre reservado, quien tras evaluar a Tomás concluye que su autoestima se encuentra muy disminuida y su ánimo se observa lábil, atribuyendo el cambio anímico y conductual del niño principalmente a las burlas de sus compañeros y al proceso de adaptación al cambio de la ciudad. Se indica como referentes relevantes para el proceso terapéutico a la familia y establecimiento educacional, sugiriéndose al efecto, que el Colegio refuerce conductas positivas en el niño, que refuerce su seguridad y autoestima, que los docentes fomenten su integración al grupo curso y que se establezca una pauta de trabajo para la temática de bullying que está atravesando Tomás en el contexto escolar.

De este modo, se plantea que tanto el colegio como los padres del niño agresor han incurrido en conductas arbitrarias e ilegales, pues por una parte existe nula movilización del establecimiento por ofrecer garantías de seguridad para Tomás, no aplicando normativa interna destinada a erradicar conductas de acoso escolar; por otro lado, el agresor de su hijo, denota escasa corrección, con padres que no asumen lo lesiva de las conductas del niño en el contexto escolar ni el daño que estas pueden provocar a sus pares, denotando escaso interés en asumir un rol activo en el cese de la hostilidad propiciada por el niño, siendo responsables, así mismo según establece la ley, por los actos en los que su hijo incurra.

Luego, citando el artículo 1°, 19 N° 1° y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, sostuvo la necesidad de proporcionar al niño una protección especial, citando de igual forma normativa internacional y artículo 1° y 2° de la Ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con lo cual señaló la responsabilidad de los colegios, y de los docentes, determinadamente de los directores de los establecimientos educacionales, respecto de la conducta de los alumnos que estén a su cargo, y que sólo pueden eximirse de ellas si prueban que actuaron diligentemente para evitar el daño. Así, continuó exponiendo que el manual de convivencia escolar, da cuenta de los protocolos a seguir por parte del establecimiento, ninguno de los cuales se ha cumplido en la especie, citándolos al efecto.

Agregó que, no es el primer caso donde el Colegio ha sido cuestionado en el manejo del acoso escolar, citando fallo al respecto. Por lo que, ha omitido nuevamente pasos relevantes y esenciales de actuación contenidos en su reglamentación interna, discurriendo en consecuencia en conductas ilegales y que demuestran arbitrariedad en el desarrollo de su actividad. Así las cosas, en la especie ha cometido actos u omisiones arbitrarios o ilegales al no accionar dentro de la ley, vulnerando las garantías de su hijo al no asegurar su integridad psíquica y físico, no adoptando de modo inmediato las medidas que la ley le faculta, infringiendo de esta manera el deber que dicho establecimiento tiene de constituirse como garante de los derechos de sus alumnos contexto escolar.

Luego, en cuanto a los derechos vulnerados desde la perspectiva de las omisiones incurridas por los padres del niño agresor y las acciones del propio niño, citó los artículos 234, 236 y 2320 del Código Civil, además, de la Convención de Derechos del Niño, para sostener que los recurridos, padres del niño agresor, no han dado cumplimiento a la normativa, ni a los deberes derivados de su calidad, ya que ambos se encuentran en pleno conocimiento de las conductas ilegales y arbitrarias que ha cometido su hijo, no obstante ninguno de los apoderados ha adoptado medida alguna, para dar término a los actos denunciados, los que se ha perpetuado en el tiempo y ha producido un menoscabo psicológico a su hijo Tomas, menoscabo del cual también son responsables los padres, al no impartirles o instruir a su hijo en el respeto por las reglas mínimas de convivencia, atendido su nivel de desarrollo.

Conforme a los antecedentes relacionados con precedencia, solicitó que se declare que los recurridos han cometido acciones u omisiones arbitrarias e ilegales que vulneran las garantías constitucionales de su hijo nombre reservado, además, que se ordene al Colegio Paideia ejecute acciones concretas tendientes a poner término al ambiente hostil percibido por su hijo, dentro de la sala de clases y durante los recreos, aplicando al efecto de manera inmediata los Protocolos sobre denuncias frente a sospecha o evidencia de violencia escolar, física y/o psicológica entre alumnos, disponiendo al efecto medidas efectivas tendientes a otorgar seguridad y contención a su hijo e instruya a los padres del niño nombre reservado a objeto de que estos asuman un rol activo en el cese de la conducta hostil de su hijo y que se ordene a los padres del niño nombre reservado, señores nombre reservado y nombre reservado, instruyan a su hijo en el cese de sus conductas hostiles y de agresión hacia el niño nombre reservado, y que acrediten que se ha consultado con profesionales pertinentes, los mecanismos más adecuados para el tratamiento de la agresividad de su hijo, con costas.

Con fecha 11 de agosto de 2018, informó don nombre reservado, abogado, por la Corporación Educacional Paideia, representado por su Director don nombre reservado, en el sentido que se indica a continuación.

Analizó los hechos expuestos en el recurso, para sostener que el Colegio mantiene un manual de convivencia escolar, además mantiene un reglamento interno, que tiene como finalidad implementar, promover medidas de restauración enfocadas principalmente en resolver cualquier hecho coincidente y así poner término o lo que se denomina una solución pacífica de conflicto cuando estos hechos sucedan.

En este caso el Colegio ha hecho todo lo humanamente posible, en especial se ha trabajado con el cuerpo docente y profesionales externos, actuando de conformidad al manual de convivencia escolar en forma íntegra. En consecuencia, siempre se ha hecho lo que el manual de convivencia escolar sugiere, cuestión que detalló, para sostener que no ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales del menor y alumno, además, que ha tomado un acuerdo con fecha 10 de agosto, donde se firma y se llega a la conclusión que el establecimiento tomará las medidas para que así no vuelvan a ocurrir estos hechos entre los padres de segundo básico, sosteniendo reuniones y entrevistas con los padres del presunto agresor; se ha interpuesto una denuncia en la Quinta Comisaría de Carabineros de Chile Puerto Montt bajo la Ley 20.536; se ha instruido a la profesional doña nombre reservado para que se evalué, diagnostique las dificultades e implemente un plan de intervención para el plan escolar de convivencia y así mejorar las normas educativas del establecimiento, además el apoyo que se ha implementado por parte de este recinto y apoderados es aumentar la vigilancia en el recreo con los asistentes de educación entre los alumnos involucrados que son: salir al recreo 10 minutos antes para que no interactúen los alumnos en las salidas ni en los baños y vigilar a los menores en horarios de almuerzo y recreos acompañados con la profesora jefe en conjunto con la profesora nombre reservado. En este sentido, agregó que estas medidas que ha tomado el colegio son exclusivas para el menor nombre reservado y que dan cuenta que acorde a la edad y al ciclo estudiantil hacen que se refuercen las medidas y así tener una solución pacífica a los hechos señalados.

En consecuencia, el Colegio ha utilizado y activado todos los mecanismos en ayuda de poner término a una situación hostil y se ha hecho aplicar el manual y protocolo de violencia escolar y bullying según lo implementado por la Ley N°20.536.

Por lo tanto: solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Con fecha 16 de agosto de 2018, informó don nombre reservado, administrador público, domiciliado en domicilio reservado, en Puerto Montt, en calidad de adulto responsable del niño nombre reservado, en el siguiente sentido:

Es padre del niño que tiene 7 años de edad y es alumno regular del Segundo año básico del colegio Paideia Puerto Montt, estando inserto dentro de una familia bien constituida en un ambiente de amor y respeto.

Luego expuso en cuanto a los hechos del recurso, que respecto a lo ocurrido durante la disertación, algunos compañeros le informan a la profesora que su hijo Ángel realizaba muecas durante la presentación de Tomas, situación que no pudo ser observada por la profesora debido a la posición de ella en la sala, frente a esto la profesora llama la atención a Ángel quien no niega el hecho y no se establece más interacción entre su hijo y el niño Tomas. Además, que su hijo no niega haber realizado una mueca puesto que como vio a Tomas en evidente inseguridad parado al frente de la sala, intentó animarlo con una sonrisa y en su mano realiza el gesto de pulgar arriba intentando manifestarle que todo saldrá bien, frente a este hecho no se puede responsabilizar a su hijo de provocar la ansiedad e inseguridad en la presentación del niño, ya que, como lo indica la profesora desde el inicio de la evaluación el niño presentó estos síntomas, no provocando su hijo la frustración de su compañero de clases. Respecto al haber lanzado una piedra al vehículo familiar por un espacio entre el muro y el portón metálico, de aproximadamente 5 centímetros, requiere que el niño este prácticamente pegado al muro para mirar hacia al interior del colegio y que se identificó a su hijo jugando, en ningún caso lo ve arrojando una piedra, además, que el Colegio no tiene registro escrito de este reclamo, solamente es notificado a través de carta de reclamo el día 09 de agosto 2018 entregado por la recurrente. Finalmente, señaló que su hijo no presenta actitudes agresivas, presenta un lenguaje acorde a su edad y que en ningún caso es un lenguaje soez, además, que durante el 1° semestre no registra observaciones ni anotaciones que indiquen conductas hostiles, lenguaje soez, ni violencia escolar, física y/o psicológica entre alumnos.

En consecuencia, su hijo mantiene una conducta normal de un niño de siete años dentro del hogar y dentro del establecimiento educacional y como padres no han infringido ninguna garantía constitucional frente al niño Tomas. Además, que desde el momento en que se enteraron del reclamo hecho por los padres de Tomas, estuvieron dispuestos desde el primer minuto a reunirse con la recurrente y su familia ya que sus acusaciones le parecían bastante graves, por lo que solicita se rechace el recurso, con costas.

Con fecha 16 de agosto de 2018, informó doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en Puerto Montt, en calidad de adulto responsable del niño nombre reservado, en el mismo sentido que don nombre reservado.

Con fecha 28 de agosto de 2018, informó, por petición de oficio realizada durante el transcurso de la tramitación de la presente causa, doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Educación, Dirección Regional Los Lagos, domiciliada en domicilio reservado, en Puerto Montt, en el siguiente sentido:

El 12 de julio de 2018 ingresó a la Dirección Regional denuncia interpuesta por doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio Paideia y otros, del establecimiento educacional Colegio Paideia, de la comuna de Puerto Montt. La denunciante, funda su reclamo en torno a situaciones de acoso escolar por parte de un compañero de curso de su hijo correspondiente al 2° año básico del establecimiento educacional. Agrega la otrora denunciante que, el establecimiento al tomar conocimiento de los hechos, no habría iniciado proceso investigativo o disciplinario al efecto, generando con ello un estado incierto en pos de solucionar las situaciones de conflicto o convivencia.

Con ocasión de los hechos descritos, la Dirección Regional, con fecha 17 de julio de 2018, mediante Ordinario N°0987-2018, solicita informe a la Dirección del establecimiento educacional respecto de la situación denunciada, la cual pudo ser notificada al establecimiento con fecha 13 de agosto, teniendo presente el periodo en receso de actividades y funcionamiento producto de vacaciones de invierno. Que, el Ordinario antes indicado, otorgaba un plazo perentorio de 5 días para la entrega de la documentación y antecedentes pertinentes y cuyo plazo para el cumplimiento de la obligación expiró con fecha 20 de agosto de 2018, sin que el establecimiento educacional presentare la información previamente solicitada durante el termino otorgado.

Que, por sí, la transgresión antes señalada, constituye infracción grave de acuerdo a lo prescrito en el artículo 76 letra b) de la Ley N°20.529 el cual establece que son infracciones graves: b) No entregar la información solicitada por el Ministerio, la Agencia o la Superintendencia.

En consecuencia, al no existir antecedentes suficientes que permitan llegar a la convicción que el establecimiento educacional adoptó los procedimientos correspondientes, de manera debida y en la oportunidad necesaria de acuerdo a la naturaleza de los hechos denunciados, en donde además se requiere de una pronta intervención y entrega de información a los entes comprometidos, es que, la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación, regional Los Lagos, estimó pertinente, acoger la denuncia y derivarla a la Unidad de Fiscalización para su consiguiente instrucción de proceso administrativo sancionatorio, según lo prescrito en el artículo 66 y siguientes de la Ley N°20.529 del Ministerio de Educación, por eventual infracción a la normativa educacional.

Con fecha 31 de octubre de 2018, informó, por petición de oficio realizada durante el transcurso de la tramitación de la presente causa, doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Educación, Dirección Regional Los Lagos, en el siguiente sentido:

Como nuevo antecedente, indica que la Unidad de Jurídica, el 04 de octubre, dicta la Resolución Exenta N°2018/FC/10/971 que formula cargos al establecimiento educacional, los cuales fueron notificados por correo electrónico el 05 de octubre de 2018. Además, que el establecimiento educacional presentó sus descargos el 09 de octubre de 2018, los cuales se encuentran en etapa de análisis por parte de la fiscal.

Con fecha 23 de noviembre de 2018, informó, por petición de oficio realizada durante el transcurso de la tramitación de la presente causa, doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Educación, Dirección Regional Los Lagos, en el siguiente sentido:

Que el establecimiento educacional presentó sus descargos con fecha 09 de octubre de 2018. Con dicha información la Fiscal instructora emitió informe, proponiendo confirmar los dos cargos formulados, sancionando al establecimiento educacional con multa de 51 unidades tributarias mensuales, sanción contenida en Resolución Exenta N° 2018/PA/10/843 que fue notificada al sostenedor con fecha 22 de noviembre de 2018, encontrándose pendiente el plazo para hacer uso del recurso contemplado en la Ley N° 20.529.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, y que permite, en definitiva, poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales del Tribunal competente, en orden a restablecer, de un modo rápido, inmediato y directo, el imperio del derecho y las garantías fundamentales de cualquier persona.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en este sentido, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en acto, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado por la norma constitucional, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en este sentido, la acción de protección tiene como particularidad ser cautelar y no principal, ello quiere decir que la resolución que recaiga en ésta, produce cosa juzgada formal y solo substancial respecto a otras acciones de protección posteriores, lo que entrega la posibilidad de hacer valer otros derechos en materias y procedimientos distintos.

CUARTO: Que, el acto ilegal y arbitrario alegado por la recurrente radica en que el Colegio ha cometido actos u omisiones arbitrarios o ilegales al no accionar dentro de la ley, vulnerando las garantías de su hijo al no asegurar su indemnidad psíquica y física, no adoptando de modo inmediato las medidas que la ley le faculta, infringiendo de esta manera el deber que dicho establecimiento tiene de constituirse en garante de los derechos de sus alumnos en el ámbito escolar. Además, los padres del niño agresor, no han dado cumplimiento a la normativa, ni a los deberes derivados de su calidad, ya que ambos se encuentran en pleno conocimiento de las conductas ilegales y arbitrarias que ha cometido su hijo, no obstante ninguno de ellos han adoptado medida alguna, para dar término a los actos denunciados, los que se han perpetuado en el tiempo y han producido un menoscabo psicológico al menor nombre reservado, menoscabo del cual son responsables, como se viene diciendo los padres, al no impartirles o instruir a su hijo nombre reservado en el respeto por las reglas mínimas de convivencia, atendido su nivel de desarrollo.

La recurrida Colegio, a su respecto, sostuvo que ha utilizado y activado todos los mecanismos en para poner término a esta situación hostil y aplicó el manual y protocolo de violencia escolar y bullying según lo dispuesto por la Ley N°20.536. A su vez, los padres del niño sindicado como agresor, han señalado que su hijo mantiene una conducta normal, propia de un niño de siete años dentro del hogar y dentro del establecimiento educacional y como padres no han infringido ninguna garantía constitucional frente al niño Tomas. Además, que desde el momento en que se enteraron del reclamo hecho por los padres de Tomas, estuvieron dispuestos desde el primer minuto a reunirse con la recurrente y su familia ya que sus acusaciones les parecían graves.

QUINTO: Que, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 2° inciso 1° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005 del Ministerio de Educación, que establece que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. A su vez, en el artículo 3 letra n), dispone que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, entre otros, en el principio de la dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, constituyendo un deber del Estado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo cuerpo legal. En este contexto, los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.

SEXTO: Que, en este sentido, se debe establecer en primer lugar la existencia de la conducta lesiva de garantías constitucionales denunciada, por lo que, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. No obstante, del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la omisión ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si el Colegio Paideia de Puerto Montt ha protegido y reestablecido suficientemente los derechos del niño alegados como vulnerados por la recurrente, esto es, del acoso escolar reiterado cometido por otro alumno del mismo curso y establecimiento educacional. Al respecto los elementos de juicio incorporados por el establecimiento educacional recurrido no permite tener por acreditado que éste hubiese protegido en forma suficiente las garantías que aparecen amagadas, según el lato desarrollo precedente. Alternativa que también es predicable respecto de los padres del menor denunciado.

SÉPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, si bien el establecimiento educacional cuenta con un reglamento interno que regula las relaciones entre el colegio y los distintos actores de la comunidad escolar, con protocolos de actuación frente a faltas a la buena convivencia escolar, no logró establecer en forma suficiente que le diera aplicación en términos tales de asegurar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, con interrelación positiva entre ellos para el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. En efecto, el hostigamiento sufrido por Tomas ha sido constitutivo de acoso escolar, el cual se entiende como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición, según el artículo 16 B del citado cuerpo legal. En este sentido, ha existido la omisión arbitraria, denunciada, condición insoslayable para la procedencia de este recurso.

Así las cosas, el obrar atribuido a la parte recurrida ha sido arbitrario, pues tal omisión carece de justificación y razonabilidad conforme a los hechos materia de este recurso de protección, en la medida que su pasividad no resulta proporcionada a la entidad de la afectación psicológico-emocional sufrida por el niño. A su vez, los padres del niño sindicado como agresor, no han dado cumplimiento a la normativa aplicable a su respecto, ni a los deberes derivados de su calidad, ya que ambos se encuentran en pleno conocimiento de las conductas ilegales y arbitrarias que ha cometido su hijo, no obstante ninguno de los apoderados ha adoptado medida alguna, para dar término a los actos denunciados, los que se han perpetuado en el tiempo y han producido un menoscabo psicológico al niño Tomas, menoscabo del cual también son responsables los padres, al no impartirles o instruir a su hijo en el respeto por las reglas mínimas de convivencia, atendido su nivel de desarrollo.

OCTAVO: Que, en segundo lugar se debe establecer que la recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, por el obrar arbitrario establecido precedentemente, por lo que, corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó, permiten, a su vez, dar por establecido que el actuar de la recurrida ha vulnerado de manera injustificada la integridad psíquica del niño Tomas, quien ha sufrido angustia, temor, ansiedad, vergüenza, baja autoestima y sentimientos de culpa por el hostigamiento cometido, percibiendo a la institución como un ambiente hostil en que no se siente protegido.

NOVENO: Que, a la luz de lo reflexionado precedentemente, al erigirse la protección constitucional como una acción cuyo objeto es poner urgente remedio a la vulneración actual o potencial de un derecho fundamental, lo que, como ya se ha dicho, se ha acreditado, de modo que existen omisiones ilegales y arbitrarias por parte de la recurrida, de modo que han afectado la garantía constitucional señalada por la actora, por lo que esta acción de cautela constitucional debe prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA: Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de su hijo mejor de edad nombre reservado, en contra del Colegio Paideia, representado por su director don nombre reservado, y en contra de don nombre reservado, y de doña nombre reservado, en su calidad de adultos responsables del niño nombre reservado, ya individualizados, y en consecuencia.

I.- Se ordena a la parte recurrida Colegio Paideia que efectúe todas las acciones tendientes a dar término al ambiente hostil en que se desenvuelve el menor nombre reservado, mediante la oferta de redes de apoyo efectivas, un horario diferenciado para pausas entre clases, mayor supervisión del personal del establecimiento, capacitaciones, intervenciones y unidades especializadas en la prevención y represión del acoso escolar a fin de que todos los niños, niñas y adolescentes que desarrollan su proceso educativo, no sufran afectaciones en su integridad psíquica y emocional. Debiendo informar a esta Corte, en el primer trimestre del año académico 2019, las medidas decretadas y efectivamente adoptadas a la fecha del informe.

II.- Asimismo, se ordena a los padres del menor nombre reservado, señores nombre reservado y nombre reservado, procuren la asistencia de su hijo y de ellos mismos, conjunta o separadamente al psicólogo del colegio, a propósito de ser sometidos a una terapia que busque disminuir y en definitiva terminar con las acciones violentas y de menoscabo ejecutadas en contra del hijo de la recurrente, como de las demás terapias o sesiones que hubiese determinado dicho profesional en cumplimiento de su cometido. De estas sesiones o terapias deberá informarse durante el primer trimestre de clases del año académico 2019 por cualquiera de los padres.

El psicólogo del colegio, de igual modo deberá informar durante el primer trimestre de clases del año académico 2019, de las terapias realizadas y las demás que hubiese determinado en cumplimiento de su cometido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente don Jaime Rojas Mundaca.

No firma el Ministro Suplente don Jaime Rojas Mundaca, quien concurrió a la vista, acuerdo y redacción del fallo por haber cesado su cometido funcionario.

Rol Corte N° 1263-2018