Protección contra COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Puerto Montt, veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto:

En folio 1, comparece ERNESTO MANUEL GONZALEZ BARRIA, Rut. RUT reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, médico cirujano con especialidad en psiquiatría de adultos, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA, en adelante “nombre reservado”, representada legalmente por su presidenta doña nombre reservado, ingeniera, o por quien la reemplace o subrogue legalmente en el cargo, ambos con domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido dicha autoridad, solicitando se reestablezca el imperio del derecho.

Expone que su representado es médico especialista en psiquiatría de adultos y desempeña en su consulta particular. Indica que el pasado día 20 de septiembre, por medio de correo electrónico, se notificaron a su representado la cantidad total de 499 resoluciones administrativas, que van desde los Ord N°548765 al Ord. 549264. En aquellas la Presidenta de la nombre reservado, dice “reiterar” una solicitud precedente y exige a su representado que en cada una de ellas, se emita un informe y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica, individualizando con el nombre del paciente, el R.U.T. del paciente y el número de la licencia, otorgándole para ello el plazo de 3 días hábiles.

Hace presente que para la elaboración de cada uno de los informes, se requiere una labor compleja de búsqueda de antecedentes, organización y análisis del material, para terminar con la redacción concientizada del mismo, previo a su envío. Sumado a lo anterior, se están solicitando antecedentes de licencias médicas emitidas desde hace más de un año a la fecha, pero sin el año de su emisión. Se requiere informes de pacientes atendidos en diversos centros médicos y que no son pacientes particulares de su mandante, información que no se obtiene de forma inmediata, pues está resguardada por mandato legal en los registros del prestador y protegidos por la Ley N° 19628, siendo las fichas clínicas datos sensibles del paciente que deben ser resguardadas por el prestador.

Aduce que la gran mayoría de dichas licencias médicas en su momento no fueron objetadas, sino que autorizadas y normalmente cursadas, pagándose los subsidios correspondientes. En otras, que fueron primeramente rechazadas, se entregaron a tiempo los informes correspondientes, por lo que estos ya se encuentran en poder y a disposición de la nombre reservado, resultando absolutamente innecesario, contraproducente e ilógico que nuevamente se requiera dicha información. La situación anterior evidencia una total falta de fundamento y, por tanto, arbitrariedad en las exigencias de la nombre reservado.

Refiere que la solicitud de la recurrida se enmarca dentro de las facultades que el artículo 2 de la Ley N°20.585 “Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas” entrega a la nombre reservado, pero a su juicio, resulta inaceptable que el ejercicio de esa facultad se ejerza de forma abusiva y descontrolada, sobrepasando la racionalidad y el espíritu de la legislación, bajo un tenor que estima sumamente sospechoso, inclinado a persuadir al profesional de la salud de la emisión de licencias médicas, persiguiendo, castigando y desprestigiando la carrera profesional de su representado.

Acusa que la situación denunciada evidencia una intencionalidad por parte de la Comisión, pues sabiendo que su representado sería incapaz de cumplir con sus imposibles exigencias, reiteró sus masivos requerimientos con el único propósito de hacerse de los requisitos que determina la ley para la aplicación de las sanciones de multa e inhabilitación de la facultad de emitir licencias médicas.

Manifiesta que en los actos denunciados se incurre en una serie de ilegalidades, a saber, en primer lugar respecto del artículo de la ley 20.585, norma que faculta a la nombre reservado para sancionar en el marco de una etapa de mera recopilación de antecedentes. Bastando constatar “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto…” para cursar una gravosa sanción. Así las cosas, existe una amenaza evidente a los derechos de su representado, pues se le ha exigido reiteradamente cumplir una labor imposible.

Asimismo aduce que una segunda ilegalidad se observa por lo vago e impreciso de los requerimientos, por cuanto, se exigen centenares de informe sin una motivación manifiesta acorde a la ley, sin fundamentos, informes de cientos de pacientes atendidos por diferentes patologías, pacientes de distintos centros médicos y respecto de licencias médicas ya aceptadas, sin siquiera un orden sistemático de ninguna índole; siendo la información contenida en la ficha clínica de los pacientes es un dato sensible, conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley N° 20.584 sobre deberes y derechos del paciente, en relación al artículo 2 de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada.

Agrega que una tercera ilegalidad que se advierte es que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando entonces el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionatoria, de conformidad con los arts. 94 y 97 del Código Penal.

Argumenta que el acto recurrido es además arbitrario, por cuanto los requerimientos son imprecisos, sin motivo, sin fundamentos, sin indicación del año de emisión de las licencias, sin expresar cuáles son los antecedentes concretos que se requieren y solicitan en cada uno de ellos, que podrían contener o referirse a datos sensibles de los pacientes, complejizando aún más la labor del recurrente y robusteciendo la imposibilidad de dar respuesta a tan masivo e inverosímil requerimiento.

Hace presente que las acciones de la recurrida vulnera los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad; afectando dichos derechos en su esencia tal como lo dispone el numeral 26 de la norma citada.

Solicita que el recurso sea acogido, y se ordene: Que la recurrida deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a su representado mediante correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2021, absteniéndose de formular un requerimiento en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo; Que a todo evento, sea en este procedimiento u otro que inicie la recurrida en la posteridad, se limite al requerimiento a una licencia médica y que se encuentre dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, esto es, a una licencia médica por cada requerimiento y por separado, permitiendo al administrado recurrente el plazo razonable que ofrece la Ley N°20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes, análisis y elaboración de una licencia médica de manera exclusiva, y no de forma paralela para 2 o más licencias médicas. En su defecto, que el requerimiento solo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas que estime USI., debiendo precisar y mantener la nombre reservado un orden o criterio unificador para requerir informe, por ejemplo, acotando el requerimiento a licencias otorgadas respecto de un paciente, sin que corran simultáneamente varios plazos; Que, a todo evento, de mantenerse intacto el actual requerimiento de informe de centenares de licencias médicas en un solo procedimiento iniciado el 20 de septiembre de 2021, se conceda a su representado un plazo equivalente a un informe cada tres días; En su defecto, el plazo razonable y humanamente posible que se estime conveniente para dicho fin, que en ningún caso pueda ser inferior a un informe diario; A todo evento, se adopten por las medidas necesarias que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados; y que se condena en costa a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia del correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2021 remitido por la recurrida a su representado. 2.- Copia de los oficios en los que se contienen 499 resoluciones administrativas, que van desde los Ord N°548765 al Ord. N°549263, cada uno de los cuales requiere la emisión de un informe y antecedentes médicos complementarios para fundamentar la emisión de la licencia médica individualizada en cada uno de ellos.

En folio 3 se declaró admisible el recurso.

En folio 14, no habiéndose evacuado el informe solicitado a la parte recurrida, se dispuso prescindir del mismo, y se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para esos efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación, con la solicitud por parte de la nombre reservado metropolitana de 499 informes respecto de licencias médicas evacuadas por el recurrente, los que debían ser remitidos en el plazo de 3 días hábiles, lo que vulnera sus garantías fundamentales por cuanto se le hace imposible cumplir en el plazo determinado por la recurrida, siendo además antecedentes que corresponden a datos sensibles de los pacientes, que no están a su disposición inmediata.

TERCERO: Que, el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 20.585 –sobre otorgamiento y uso de licencias médicas– ordena que “las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso”.

A su turno, el inciso 2º de la misma disposición establece que “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880”.

CUARTO: Que según las normas transcritas, es una facultad de la nombre reservado solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento.

Por lo tanto, no existe ilegalidad en la solicitud de informes por parte de la recurrida.

QUINTO: Sin embargo, al recurrente de autos le fueron solicitados 499 informes, los que debían ser evacuados en el plazo de 3 días hábiles. Que si bien el artículo 2 citado le otorga a la nombre reservado la posibilidad de otorgar el plazo máximo de siete días corridos para la emisión del respectivo informe, no parece razonable que se pueda cumplir el cometido en el plazo indicado.

Además dicha norma agrega que “los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”, lo que a simple vista no se cumple en el asunto que nos convoca, puesto que es físicamente imposible que una misma persona emita la cantidad de informes solicitados dentro de tercero día, puesto que tal actividad implica recabar información, adjuntar documentación y confeccionar el respectivo informe, no apreciándose cómo pueda compatibilizar sus obligaciones laborales o profesionales en tal preciso escenario.

SEXTO: Que, por lo tanto, no existiendo razonabilidad en la solicitud de la recurrida, se concluye por estos sentenciadores que se ha vulnerado la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la implementación de la medida de emisión conjunta de 499 informes dentro de tercero día constituye un acto no razonable por ser físicamente imposible de cumplir y no permitir compatibilizar la confección de los mismos con las actividades laborales y profesionales del actor.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos por ERNESTO MANUEL GONZALEZ BARRIA, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA, sólo en cuanto se ordena a la recurrida que otorgue el plazo de tres meses para remitir los informes solicitados, contados desde que esta sentencia quede firme y ejecutoriada.

Comuníquese y archívese, en su oportunidad Rol Protección N° 1262-2021.