Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado

nombre reservado, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció el abogado Martín Molina Gallardo, cédula nacional de identidad NUM000 en representación convencional de nombre reservado, ingeniera comercial, cédula de identidad N° NUM001, y de su hijo menor de edad nombre reservado, estudiante, todos domiciliados en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quien presentó acción constitucional de protección en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada legalmente por su rector nombre reservado, Licenciado en Historia, y contra nombre reservado, este último personalmente dada su calidad de rector del establecimiento educacional, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Los Lagos, en razón de la cancelación de matrícula de nombre reservado para el año académico 2026, que ha afectado diversas garantías constitucionales establecidas en la Carta Fundamental.

Expuso el menor de edad nombre reservado, de actuales 17 años, es alumno regular del Colegio nombre reservado desde el presente año 2025 (iniciando sus clases en el mes de marzo), donde cursó segundo año de enseñanza media. Desde su incorporación al colegio ha sido víctima de actos de acoso escolar, agresiones y amenazas por parte de un grupo de estudiantes, situación que fue puesta en conocimiento del establecimiento recurrido.

Un primer hito ocurrió el día 2 de abril de 2025, cuando el menor sufrió una agresión física en los pasillos del colegio por parte de otros tres estudiantes. A pesar de ser la víctima, nombre reservado fue sancionado con la condicionalidad de su matrícula, lo que motivó a su madre, nombre reservado, a presentar una primera apelación ante el rector del Colegio Sr. nombre reservado. vía correo electrónico de 17 de abril de 2025, en la cual le requirió expresamente acceder a las cámaras del colegio y al expediente constitutivo de la investigación realizada por el colegio, incluyendo las actas de las declaraciones prestadas, con la finalidad de conocer cuáles fueron los fundamentos sobre cuya base se establecieron los hechos materia de la sanción aplicada. Dijo que nunca se le dio acceso, ni tampoco se le contestó su apelación.

Luego, el 5 de agosto de 2025, el menor nombre reservado, fue nuevamente agredido en el baño del colegio por el mismo grupo de alumnos, causándole lesiones. Los hechos fueron denunciados el mismo día en la 1° Comisaría de Carabineros de Puerto Varas iniciando la investigación RUC 2501097301-8 de la Fiscalía Local de Puerto Varas. En dicha denuncia, se realizó la constatación de lesiones del recurrente menor de edad, categorizándolas como leves, conforme constaría en el DAU N° NUM002.

Agregó que el colegio informó por correo electrónico la activación de los “protocolos correspondientes” el mismo 5 de agosto, pero desde el inicio de la investigación -y hasta la fecha- se le ha obstaculizado el acceso a la información del presunto expediente de la investigación de estos hechos, sin poder acceder a las declaraciones y a las cámaras de seguridad del pasillo donde se ubica el baño en que ocurrieron los hechos. En ese sentido, dos veces solicitó las cámaras, respondiendo el colegio que la cámara que apunta al baño no cuenta con la resolución necesaria para distinguir con precisión quién entra y sale del baño, la cual sólo se almacena por cinco días, por lo que fue eliminado, al no aportar información relevante a la investigación.

Luego, en la reunión del 20 de agosto de 2025, se comunicó la decisión de cancelar la matrícula del menor nombre reservado, para el año 2026, limitándose a enviar un correo electrónico adjuntando los archivos “Carta Cancelación de Matrícula” y “Lectura de Protocolo Aula Segura”.

Dijo que la carta de cancelación carece de fundamentos.

Luego, se presentó un recurso de apelación el 25 de agosto de 2025, a lo cual, a la fecha de presentación del recurso de protección (19 de septiembre de 2025), y excedido el plazo de cinco días establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, aún no ha recibido respuesta.

Refirió que, a la fecha, el menor nombre reservado, nuevamente fue objeto de violencia escolar al recibir amenazas escritas en el baño que dicen “estas muerto nombre reservado”. A raíz de ello, su madre inició una medida de protección en el Juzgado de Familia de Puerto Varas, en donde, si bien, se rechazó la medida, ordenó a la recurrida por resolución de 2 de septiembre de 2025: “Abordar la situación descrita de acuerdo a lo establecido en Ley 20.536, y a protocolo interno, realizando acciones que velen por la seguridad e integridad del adolescente de autos, tomando las medidas que estime pertinente para prevenir toda forma de violencia en contexto escolar, debiendo informar a este Tribunal a su respecto.” Cuestión que el colegio tampoco ha informado.

Sobre el derecho, expuso la vulneración del artículo 19 N°3, en relación al artículo 46, letra f) del DFL N° 2 de 2009, en relación al debido proceso, ya que la normativa citada exige que todo procedimiento disciplinario escolar garantice un "justo procedimiento", citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en que se acoge un recurso de protección por no dar acceso a la prueba inculpatoria. Alegó además la vulneración del derecho al recurso, al no resolverse su apelación, infracción al propio Reglamento de Convivencia Escolar, en donde se mencionan al “Encargado de Convivencia Escolar” y al “Comité de Buena Convivencia Escolar”, los cuales no han aparecido en el procedimiento.

Luego alegó la vulneración del 19 N°2, en relación a la igualdad ante la ley, lo que se manifiesta en la diferencia de trato injustificada y desproporcionada hacia el menor nombre reservado, siendo incomprensible que la víctima de un cuadro de acoso escolar sea quien finalmente fue sancionada, existiendo una desproporción en la sanción impuesta.

Por último, alegó la vulneración del 19 N°1 de la Carta Fundamental, en relación con la integridad psíquica de la madre del menor nombre reservado, ya que ha sido sometida a un estado de angustia y estrés permanente, derivado del temor fundado y constante por la seguridad de su hijo en un entorno que debía protegerlo.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional, se deje sin efecto la cancelación de matrícula para el año 2026, ordenar al colegio y al rector recurrido adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los estudios del menor nombre reservado, y proteger su integridad física y psíquica, con costas.

Acompaño al recurso: 1.- Escrito de apelación de sanción escolar, presentado por nombre reservado, de 17 de abril de 2025. 2.- Informe académico del Primer Semestre 2025 del menor nombre reservado, de 12 de junio de 2025. 3.- Serie de tres correos electrónicos de 5 de agosto de 2025 A folio 4 se declaró admisible la acción y se pidió informe al recurrido.

A folio 8 se evacuó informe por la recurrida, quien pidió el rechazo del recurso de protección. Dijo que el menor nombre reservado, ingresó en marzo de 2025 a 2° medio. Al principio tuvo ciertas conductas que alteraban la sana convivencia, pero se consideró que era parte de su proceso de adaptación al nuevo colegio.

Refirió que el 1 de abril de 2025, a menos de un mes de su ingreso al colegio, el menor nombre reservado, se ve involucrado en una pelea en el pasillo del tercer piso del colegio con nombre reservado.

Al día siguiente, fueron citados los padres de ambos estudiantes, detallándoles lo ocurrido y notificándoles la activación de protocolo aula segura, pidiéndole a los estudiantes un relato escrito con todos los antecedentes relevantes que permitan aportar a la comprensión y análisis del hecho.

La investigación consistió en la revisión de las cámaras existentes en el pasillo del tercer piso del colegio, logrando observar secuencia de la agresión física entre los estudiantes, la cual fue en escalada, comenzando con empujones y culminando en acciones más agresivas como sujetar el cuello y palmada en el rostro. También se tomó la declaración a 11 testigos/estudiantes, además de los estudiantes implicados directamente en la pelea.

Como resultado se determinó que los hechos constituían una falta gravísima al reglamento interno, determinando aplicar medidas disciplinarias, formativas y reparatorias a ambos alumnos. Además, firmaron una carta de compromiso tanto los estudiantes, como sus apoderados y se les aplicó la medida disciplinaria de advertencia de condicionalidad a ambos.

Luego, el 22 de abril de 2025 el estudiante nombre reservado denuncia que la tarde anterior, alrededor de las 17 horas en el gimnasio Sportlife de Puerto Varas fue hostigado por varias personas, entre ellas, el menor nombre reservado; pero además señala que algunos compañeros habrían presenciado a nombre reservado manipular una manopla. Se inicia una investigación, se cita a la apoderada y en dicha entrevista, estando presente nombre reservado, reconoce portar una manopla, la cual tenía en bolsillo de su pantalón.

El informe final de cierre del caso determina que se pudo establecer infracción gravísima al reglamento interno del colegio por parte del menor nombre reservado, atendido a que portaba al interior del establecimiento educacional una manopla, exhibiéndola a otros, insinuando o amenazando con su uso en contra del estudiante nombre reservado. Fue sancionado con la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula, además de otras medidas pedagógicas, formativas y reparatorias.

Relató que, iniciado el segundo semestre, el 5 de agosto de 2025, que el menor nombre reservado, se ve involucrado en un hecho de violencia al interior del baño del colegio, inmediatamente el colegio envía correo electrónico a sus padres relatando lo ocurrido y cita al apoderado junto al estudiante a una entrevista. Al día siguiente se activó protocolo de aula segura, notificando tanto al apoderado como al estudiante, ya que, de acuerdo a los antecedentes preliminares, estaría involucrado en hechos sancionados en el reglamento interno como faltas graves o gravísimas o que pudieran afectar gravemente la convivencia escolar.

Se le notificó de la suspensión de clases mientras dure la investigación, el derecho a presentar descargos y la posibilidad de recibir como sanción la cancelación de matrícula o incluso su expulsión inmediata.

La investigación consistió en la declaración de varios alumnos que estuvieron en el baño y presenciaron la pelea, finalizando con su respectivo cierre el cual es notificado personalmente el día 20 de agosto de 2025 por parte del rector, momento en que se les notifica tanto a nombre reservado como a nombre reservado la sanción disciplinaria de cancelación de matrícula para el año escolar 2026.

Luego, se presentó apelación por la madre del menor nombre reservado, la cual fue resuelta el 12 de septiembre de 2025, en donde se mantuvo la medida disciplinaria de cancelación de matrícula, dado que los hechos, por su gravedad y reiteración, constituyen una vulneración al reglamento interno de convivencia escolar.

Relató que el 1 de septiembre de 2025 el estudiante recurrente informó sobre un rayado en pared de un baño del tercer piso del colegio donde aparece escrito “nombre reservado TAI MUERTO”, con ocasión de ello, se activa protocolo con el fin de investigar quién podría haber realizado tal rayado. El baño no cuenta con cámaras, pero hay una ubicada en el pasillo y que puede determinar quién ingresa y quién sale del baño de varones del tercer piso. Pese a la declaración de varios estudiantes y revisión de cámaras no se pudo determinar el autor de tal rayado.

Se determinó entregar apoyo emocional al menor nombre reservado, a través de entrevistas de acompañamiento con el área de psicología y con el área de convivencia escolar e informar a los padres/apoderados del estudiante sobre la situación y las acciones adoptadas por el establecimiento para garantizar su seguridad y bienestar. El hecho, además, fue denunciado ante el Ministerio Público por parte del rector.

Arguyó que el actuar del colegio se ha ajustado al reglamento interno, activando los procedimientos y aplicando las sanciones correspondientes. Para el caso en particular, se aplicó lo contenido en el protocolo de aula segura el cual se encuentra inserto en el reglamento interno de convivencia escolar, pero además se revisó la gradualidad de las faltas, las atenuantes y agravantes, reiteración de medidas disciplinarias, entre otros.

Pidió el rechazo del recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la cancelación de la matrícula del estudiante nombre reservado, para el año académico 2026, sin existir razón alguna que justifique dicho actuar, sosteniendo en consecuencia las vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas en su presentación Cuarto: Que, de acuerdo con lo expresado en estrados por el abogado de la parte recurrente, como, también, por el abogado del establecimiento recurrido, el alumno nombre reservado fue matriculado en el Colegio nombre reservado, comenzando sus estudios para este año académico el 4 de marzo de 2026 y por ende, se ha dado cumplimiento al fondo del recurso interpuesto.

En este contexto, resulta que el recurso de que se trata ha perdido oportunidad, dado que no hay medida que esta Corte pueda actualmente adoptar sobre el específico aspecto, dado que el estudiante se encuentra matriculado.

Quinto: Que, siendo el recurso de protección, un arbitrio destinado a solucionar vulneraciones que se produzcan a raíz del actuar ilegal o arbitrario, y habiendo el establecimiento recurrido matriculado al recurrente para este año 2026, la conducta reprochada en autos cesó, por lo que este arbitrio ha perdido oportunidad, razón por la cual será desestimado.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza por falta de oportunidad la acción interpuesta por el abogado Martín Molina Gallardo, en representación de nombre reservado y de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado y nombre reservado.

Redacción a cargo del ministro Moisés Montiel Torres.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección 1260-2025.-