nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Puerto Montt, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio Nº1, compareció el abogado Pablo Peñaloza Parra, quien actuando en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpuso acción cautelar de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., por estimar que ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en que el día 09 de enero en curso, rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Expuso que el actor, por la web de AFP PROVIDA solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, y ante la falta de respuesta el día 09 de enero le comunican vía mensajería de WhatsApp que la solicitud impetrada se encontraba “Detenido” por falta de constancia de afiliación vigente y apostillada en el país extranjero.

Reclama que la recurrida desconoce la normativa especial, pues admitiría que el actor está afiliado a la seguridad social del país de origen pero rechaza argumentando que el documento no se encuentra vencido (sic), haciendo presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, e incorporan un requisito adicional, no contemplado en el artículo 1 en relación al 7 de la Ley 18.156, los cuales transcribe. Agrega que además el actor solicitó el retiro de fondos porque cumple íntegramente los requisitos exigidos.

Detalla que además de acompañar el certificado emitido por el Consulado de Venezuela y, posteriormente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, y que de una simple búsqueda, empleando las palabras “validar ivss”, te arrojará la web indicada, en la forma que explica.

Sostiene que la constancia electrónica es verificable pero la conducta omisiva de verificar dicha afiliación sería un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, pero además se acompañó el certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable también mediante código QR, expedido además por la autoridad venezolana competente.

A mayor abundamiento, dice que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, que permite la búsqueda con el número de cédula de identidad venezolana, según explica.

Reiteró que las constancias que emiten las páginas web indicadas son certificadas por la autoridad competente, por lo tanto, plenamente válidas, y cumplen el requisito exigido en la ley de estar afiliado a la seguridad social del país de origen.

Estima que el obrar de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política por requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión. Cita fallos de la Excma. Corte Suprema Rol 28.881-2022, y Rol 96.380-2021; Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol 3391-2025, entre otros.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña al recurso: 1. Capturas de pantalla del rechazo de la solicitud. 2. Cédula de identidad para extranjeros. 3. Título universitario apostillado. 4. Contratos y anexos de contratos de trabajo. 5. Declaración jurada legalizada. 6. Constancias de afiliación previsional del país de origen.

A folio 6, evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas, por no ser la vía idónea para resolver un asunto de lato conocimiento y en que no existe un derecho indubitado, y por no haber vulnerado en modo alguno las garantías que reclama el actor.

Reconoce que la AFP rechazó efectivamente su solicitud de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley 18.156, que es una norma excepcionalísima porque permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley. En este caso, explica, se denegó la solicitud del actor porque faltaba la constancia de afiliación vigente y apostillada, de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, necesarias para aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, y en ese caso sólo acompañó una constancia de cotización que no es el documento solicitado.

Precisa que en el recurso el actor aporta una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, pero éstos no pueden ser considerados, según ordena Oficio Ordinario N°5376 de fecha 28 de marzo de 2025, en donde la Superintendencia de Pensiones en un caso igual al de estos autos, resuelve no acceder a la devolución solicitada por cuanto en la especie no se cumplían con los requisitos legales y/o normativos.

Transcribe algunas normas del Decreto Ley 3500, y su Reglamento, que darían cuenta que las AFP están legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto a financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Luego, se refiere al artículo 1° de la Ley 18.156, que establece la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que cumplan los requisitos que dicha norma contempla, que debe concordarse con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas, cuales son:

a) Que detenten la calidad de técnicos, y se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile. Lo anterior debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

c) Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

De lo dicho, concluye que el actuar de AFP PROVIDA se ha ceñido a la norma citada, porque sólo observó el cumplimiento copulativo de esos requisitos, y no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile. Cita jurisprudencia en apoyo de esta interpretación.

A folio 7, se traen los autos en relación.

A folio 8, se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que en estos autos don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la negativa de la recurrida de restituirle sus fondos previsionales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156, acto que califica de arbitrario e ilegal y vulnerador de las garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, la Administradora de Pensiones fundó dicha negativa en que el recurrente no cumplía los requisitos legales para acceder a su solicitud. En concreto, porque faltaba la constancia de afiliación vigente y apostillada, de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, necesarias para aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, y en ese caso sólo acompañó una constancia de cotización que no es el documento solicitado.

Quinto: Que, atendida la naturaleza del recurso de protección, este solo puede prosperar ante la existencia de un derecho indubitado del actor, lo que constituye la base fundamental para poder adoptar la medida solicitada en el recurso de protección, cuál es, reconocer como válida la documentación acompañada, y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Sexto: Que, sin embargo, en la especie no se acreditó la existencia de un derecho indubitado del señalado recurrente, para poder hacer efectivo ese derecho, toda vez que faltaba la constancia de afiliación vigente y apostillada, de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones y que sólo se acompañó una constancia de cotización que no es el documento solicitado, motivo suficiente para rechazar el presente arbitrio.

Séptimo: Que, solo a mayor abundamiento, del mérito de los documentos acompañados por el actor, y en lo no controvertido por la recurrida, sólo se constatan los siguientes hechos:

1. El recurrente se encuentra afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida.

2. El 23 de julio de 2021 el actor suscribió un contrato de trabajo con Sociedad Gastronómica Oliva Spa, y luego el día 1 de noviembre de 2024 suscribió un anexo de contrato a través del cual se agrega una nueva cláusula al contrato de trabajo, del siguiente tenor: "SEGUNDO: "Cláusula previsional. El Trabajador declara: a) ser técnico profesional extranjero conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 18.156 y numeral primero de la Circular N° 553 de 1988 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones; )encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, el que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y, c)su voluntad de mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión en el extranjero." Octavo: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7 de la misma ley señala que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Noveno: Que, sin embargo, se advierte de los hechos establecidos en el motivo Séptimo, que en el contrato de trabajo acompañado por el actor aquel no expresó su voluntad de mantener la afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, sino sólo en un anexo de fecha muy posterior, por lo que lo que tampoco corresponde acceder a la devolución de los Fondos de Pensiones, pues la norma clara en torno a que la maifestación de voluntad de no acogerse al sistema previsonal chileno, para el no pago de las cotizaciones respectivas, la debe expresar al momento de la celebración del contrato de trabajo, por lo que la manifestación posterior, como ocurren enel caso, no produce los efectos legales pretendidos por el recurrente.

Décimo: Que, de la referida información, queda en evidencia que el actor no cumplió con los requisitos legales antes descritos, porque no logró acreditar el requisito de haber suscrito una cláusula durante la vigencia de la relación laboral, con fecha de suscripción efectiva del documento, que comprenda todo el periodo de devolución solicitado, en que el trabajador declare encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad, de forma clara e inequívoca, de mantener su afiliación a dicho régimen, en conformidad a la Ley 18.156 y, en consecuencia, quedar exento de la obligación de cotizar en el sistema chileno. Además, tampoco logró acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que para ese caso sólo acompañó una constancia de cotización que no es el documento solicitado.

Décimo Primero: Que, de este modo no advirtiendo la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, y no habiendo acreditado los presupuestos legales para acceder al retiro de fondos solicitado, el recurso de protección interpuesto necesariamente será desestimando.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por el abogado Pablo Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Redacción a cargo del ministro (S) Juan Carlos Orellana Venegas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 126-2026.