nombre reservado con SECRETARIA MINISTERIAL DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES REGION DE LOS LAGOS

Puerto Montt, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos, impugnando la Resolución Exenta N° 2381/2025, de 12 de agosto de 2025, notificada, según indica, con fecha 18 del mismo mes y año, por cuyo mérito se dispuso la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Refiere, en síntesis, que por sentencia de 7 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas en causa RIT N° 1249-2023, fue condenado como autor del delito de abuso sexual sin contacto a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, sustituida por libertad vigilada intensiva, imponiéndosele, además, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con menores de edad; añade que posteriormente cumplió satisfactoriamente el programa de intervención dispuesto por Gendarmería. Sostiene que la resolución recurrida aplica retroactivamente la Ley N° 21.733, publicada con posterioridad a la comisión del delito, a la condena y al cumplimiento de la pena, conculcando las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3, N° 16, N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita dejarla sin efecto y ordenar su reincorporación al registro ya referido.

A folio 8 evacuando informe, la recurrida solicita el rechazo del arbitrio. Expone, en lo sustancial, que la cancelación impugnada se ajusta a la normativa vigente que regula el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros, particularmente a la Ley N° 21.733, que incorporó el artículo 87 bis a la Ley de Tránsito y modificó el artículo 3° de la Ley N° 18.696, estableciendo la inhabilidad para desempeñarse como conductor de transporte público de pasajeros respecto de quienes hubieren sido condenados por determinados delitos sexuales, e imponiendo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el deber de cancelar la respectiva inscripción de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos legales. Agrega que, en cumplimiento de la Circular N° 375/2025 y de las instrucciones impartidas desde el nivel central, se detectó que el actor se encontraba dentro de la nómina de conductores vigentes afectos a dicha inhabilidad, motivo por el cual se dictó la resolución recurrida. Sostiene, además, que no existe retroactividad ilícita, pues no se ha impuesto una nueva pena criminal, sino que se ha dado cumplimiento a una consecuencia administrativa prevista por la legislación actualmente vigente para el mantenimiento de un registro público y de una actividad especialmente regulada. Rechaza, asimismo, la existencia de trato discriminatorio, señalando que la medida fue adoptada respecto de todos quienes se encontraban en la misma situación.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de determinadas garantías fundamentales frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que las priven, perturben o amenacen, tramitándose conforme al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. Asimismo, la jurisprudencia del máximo tribunal ha reiterado que esta acción no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de tutela de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, aparezcan afectados por una actuación ilegal o arbitraria.

Segundo: Que la Ley N° 21.733, publicada el 5 de abril de 2025, incorporó a la Ley de Tránsito el artículo 87 bis, conforme al cual los conductores con licencia profesional clase A-1, A-2 o A-3 que hayan sido condenados por los delitos previstos en el Libro Segundo, Título VII, párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal no podrán desempeñarse en ninguna modalidad de servicios de transporte público de pasajeros. Del mismo modo, su artículo segundo agregó al artículo 3° de la Ley N° 18.696 la obligación de los operadores de acreditar semestralmente que sus conductores no se encuentran afectos a dicha inhabilidad, disponiendo expresamente que el Ministerio cancelará la respectiva inscripción en el registro de aquellos conductores que no cumplan con los requisitos.

Tercero: Que, de este modo, la resolución recurrida no importa la imposición de una nueva pena criminal ni la modificación retroactiva de la sentencia condenatoria pronunciada en sede penal. Lo decidido por la autoridad administrativa no recae sobre la punibilidad del hecho pretérito ni altera las sanciones fijadas por el tribunal penal, sino que se limita a constatar que, bajo la normativa actualmente vigente, el actor no reúne las exigencias legales necesarias para mantenerse inscrito como conductor en un registro público habilitante del servicio de transporte público de pasajeros. Se trata, por ende, de una medida administrativa dictada por autoridad administrativa competente, vinculada al régimen jurídico vigente de una actividad regulada, y no de un castigo penal adicional.

Cuarto: Que lo anterior conduce a descartar la alegación de sanción retroactiva en los términos propuestos por el recurrente. En efecto, la ley impugnada no sanciona nuevamente el hecho ya juzgado, sino que establece una inhabilidad legal sobreviniente para el ejercicio futuro de una función determinada dentro del transporte público de pasajeros, materia que el legislador puede regular en atención al interés público comprometido en la seguridad de los usuarios del sistema. La circunstancia de que el antecedente fáctico que activa esa consecuencia sea una condena pretérita no transforma, por sí sola, la medida administrativa en una pena criminal retroactiva.

Quinto: Que tampoco se advierte conculcación de la garantía del artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, desde que el propio texto constitucional asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. De ello se sigue que el ejercicio de actividades económicas especialmente regladas, como ocurre con el transporte público remunerado de pasajeros, se encuentra necesariamente subordinado al cumplimiento permanente de los requisitos que el legislador establezca para acceder y mantenerse en ellas.

Sexto: Que, en la misma línea, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad que se invocan no pueden entenderse, en la especie, como comprensivos de un derecho adquirido a permanecer indefinidamente inscrito en un registro administrativo, prescindiendo de la normativa vigente que disciplina esa habilitación. La inscripción en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Público de Pasajeros constituye una situación jurídica reglada y sujeta al cumplimiento continuo de las condiciones legales que la autorizan, de manera que la pérdida sobreviniente de tales requisitos impide estimar lesionado un derecho patrimonial indubitado en los términos que esta acción cautelar exige.

Séptimo: Que tampoco se configura la vulneración a la igualdad ante la ley que se denuncia, toda vez que del informe de la autoridad recurrida aparece que la medida cuestionada obedece a la aplicación general de la normativa introducida por la Ley N° 21.733 respecto de todos los conductores que se encontraban en la hipótesis legal descrita, sin que se advierta un trato diferenciado arbitrario dirigido singularmente en contra del actor.

Octavo: Que, en cuanto a los reproches construidos sobre el artículo 19 N° 3 de la Constitución, cabe señalar, en primer término, que el artículo 20 sólo ampara de dicho numeral lo relativo a su inciso quinto, esto es, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, hipótesis que manifiestamente no concurre en la especie, desde que el acto impugnado emana de la autoridad administrativa legalmente facultada para mantener y actualizar el registro de que se trata. En segundo término, en cuanto el recurrente pretende cuestionar la constitucionalidad misma de la ley aplicada por la Administración, esa pretensión excede el objeto de esta acción cautelar y debe encauzarse por la vía específica prevista en el artículo 93 N° 6 de la Constitución, que entrega al Tribunal Constitucional la atribución privativa de resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente resulte contraria a la Carta Fundamental.

Noveno: Que, por lo demás, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que el recurso de protección no es la vía idónea cuando la controversia exige resolver una discusión de fondo acerca de la correcta interpretación y aplicación de un régimen legal específico o persigue, en los hechos, obtener una declaración de derechos que excede la tutela urgente de garantías indubitadas. Tal criterio resulta plenamente aplicable en la especie, en que el actor busca, en definitiva, dejar sin aplicación el nuevo estatuto legal que regula su permanencia en un registro administrativo, cuestión que no puede ser resuelta por esta vía cautelar en los términos solicitados.

Décimo: Que, en consecuencia, no se aprecia que la Resolución Exenta N° 2381/2025 constituya un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado mediante la presente acción constitucional, desde que ella se limita a ejecutar una consecuencia administrativa expresamente prevista por la ley vigente para una actividad económica de carácter regulado, sin imponer una sanción penal retroactiva ni configurar, en la forma planteada, una afectación cautelable de los derechos fundamentales invocados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20,en la Ley N° 21.733; en la Ley N° 18.696; en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito; y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que al recurrente pudieren corresponder por las vías jurisdiccionales pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Mario Madrid Mc-innes Rol Protección N° 1250-2025.