nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
- Fecha
- 19 de diciembre de 2023
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 1237-2023, sentencia de 19 de diciembre de 2023
Resumen
Se rechaza la protección contra la Municipalidad de Futaleufú por el cese de la recurrente como profesora encargada y su destinación a la UTP comunal: la medida se ajusta al artículo 42 del Estatuto Docente y no se acreditó menoscabo ni vulneración al debido proceso.
Texto íntegro
Puerto Montt, diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.
Visto:
A folio Nº1, con fecha 01 de octubre del año en curso, comparece el abogado Pablo Ojeda Navarro, en representación de nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ, por estimar que ésta ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°260/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, notificado con fecha 01 de septiembre de 2023, que dispone el cese de la recurrente como profesora encargada de la Escuela Rural Río Azul y la destina a la UTP (Unidad Técnico Pedagógica) comunal, por lo que estima vulneradas las garantías de igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso y el derecho de propiedad, y pide, en lo pertinente, se deje aquella sin efecto y se ordene su retorno a las labores de encargada de la escuela rural Río Azul, de la comuna de Futaleufú, con costas.
Expone que, según consta en Decreto Alcaldicio N°246/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, la recurrente se desempeña como docente encargada de la Escuela Rural Río Azul, ubicada en la localidad del mismo nombre, en el kilómetro 23 de la ruta CH-231, distante a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Futaleufú. En dicho cargo, desarrolla labores de docencia multigrado y de profesora encargada, teniendo bajo su responsabilidad los procesos educativos aplicados, actividades curriculares lectivas y no lectivas, trabajo pedagógico, de inventario, entre otros. Con anterioridad, explica, se desempeñó con el mismo cargo en la escuela rural El Espolón, igualmente de la comuna de Futaleufú, teniendo la calidad de funcionaria de la planta docente de la Municipalidad de Futaleufú.
Indica que, durante estos años desarrolló sus labores sin mayores inconvenientes, salvo por haber hecho uso de licencias médicas en los últimos meses como consecuencia de un tratamiento psiquiátrico que, sin embargo, autoriza expresamente por el médico tratante la reincorporación a sus funciones laborales, dada su estabilidad, manteniendo los controles periódicos, lo cual es conocido por la entidad edilicia. Por lo anterior, explica, le resultó sorpresivo que el día 23 de agosto fue invitada por whatsapp por el alcalde a una reunión en su oficina, donde le informaron que para solucionar problemas que estaban surgiendo en la escuela rural Río Azul, significaría que ella cesara sus funciones en dicho establecimiento. Detalla que en esa reunión, donde estaba presente también el asesor jurídico del Municipio, el alcalde le manifestó que había recibido quejas a través de cartas y por medio de la junta de vecinos del sector por la falta de continuidad de la profesora encargada durante el año escolar y también por la disconformidad de éstos con su “estilo de trabajo”, que necesitaba buscar una solución para dejar contentos a los apoderados y desahogar la situación, manifestándole expresamente “la decisión que quiero tomar es sacarte de la escuelita Río Azul y a ti destinarte a labores más bien administrativas”.
Explica que, dada la falta de certeza de los motivos, la actora preguntó directamente cuáles serían las fallas en su labor, pero ante ello el asesor jurídico le señaló que lo más grave era que los abogados querían hacer una denuncia por vulneración de derechos hacia los alumnos que no estaban recibiendo educación, y por “el solo hecho de que exista una denuncia se van a empezar a meter todos estos organismos que se meten en los temas de familia, entonces, eso es lo queremos evitar.”, y al pedir detalles, el asesor jurídico le habría indicado “a los niños no se le está entregando la educación que se les debe entregar y respecto, especialmente, de usted (Sra. nombre reservado), la falta de continuidad en la entrega de la educación, y a los niños al tener que ponerles reemplazantes se interrumpe un proceso de educación y eso atentaría contra los derechos de la educación. Yo concuerdo con usted con que eso hay que probarlo. Pero a nosotros como sostenedor sí nos preocupa, porque es una denuncia y una denuncia donde conoce el Tribunal de Familia y se empiezan a meter todos estos organismos y es público, no sería bueno tener una denuncia por vulneración derechos.”, a lo cual el alcalde habría agregado que “sus niños por los constantes cambios no habían aprendido nada.”.
Relata luego, que ante su réplica de que aquello no era efectivo, porque el avance curricular consta en los libros de clases, cuadernos, y su percepción como docente, y que no podía hacerse cargo por la calidad de los reemplazos que llegaban por sus licencias médicas, habría cambiado de tono la conversación, y el alcalde le señaló: “yo podría entrar en un gallito pero de alguna forma tengo que responder no sólo a los apoderados, también a la comunidad, a la junta de vecinos, se sumó hasta el presidente de la junta de vecinos, y yo creo que el costo que significa para nosotros como municipio mantener una situación así y cuando la decisión final es mía yo prefiero tomar una decisión y a mi criterio es lo mejor para el sector y también para ti.”, y luego relata que pese a indicar que no consideraba dignas las circunstancias del cambio, y pedir explicaciones o un sumario, finalmente el alcalde le habría indicado en un tono más duro: “Es una decisión que incluso yo no tengo que dar ninguna razón, es mi facultad y no tengo porque justificar removerte del cargo, no tengo que dar ninguna razón, es una facultad del alcalde, y si en este momento es conveniente removerte y ponerte en otra posición está dentro de mis facultades.”, con lo cual se puso fin a la reunión, limitándose el alcalde a señalarle que sus nuevas funciones se las explicaría el nuevo jefe del DAEM, que aún no asumía.
Indica que posteriormente, el día 01 de septiembre de 2023, dos días después de haber recibido su representada la aprobación por el mismo alcalde de un permiso con goce de remuneración, por motivo de contraer matrimonio la semana siguiente, y justo antes de viajar a Osorno, lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia civil, le es entregada por don nombre reservado, funcionario coordinador extraescolar, copia del Decreto Alcaldicio N°260/2023 que cesaba sus funciones como docente encargada de la escuela Río Azul y la destinaba a ejercer funciones en la UTP comunal, por “problemas de salud de la profesora encargada.” Agrega que esta situación le provocó gran desazón, porque una de las semanas más felices de su vida se vio truncada por esta comunicación, que además implicaría por la distancia cambiar a sus 2 hijas de escuela.
Refiere que una vez de regreso en Futaleufú, el día 13 de septiembre, pidió copia verbalmente de la carta que había dado origen a estas medidas en el DAEM, para saber su contenido, pero sólo recibió evasivas y que debía pedirla de manera formal, pese a que en Concejo Municipal del día 29 de agosto se hizo expresa mención a ella como motivo para cambiar sus funciones, incluso entregando copia a todos los concejales, y ella sólo pudo obtenerla a través de petición por el portal de transparencia del municipio, recibiendo copia de ella y del acta del Concejo recién el día 26 de septiembre, aunque a su juicio, la carta presentaba evidentes alteraciones que se manifiestan en la diferencia de colores, el cambio de letra, la falta de asimetría entre párrafos y la escasa coherencia, por lo cual consternada, sólo con fecha 27 de septiembre de 2023, a través de una apoderada de la escuela pudo tener acceso a la verdadera carta dirigida por la “presidenta” de la Escuela Río Azul, doña nombre reservado, el concejal Antonio Vallejos y el Presidente de la Junta de Vecinos N°2 del sector Río Azul, don nombre reservado, al Alcalde y Concejo Municipal de Futaleufú, de fecha 21 de agosto de 2023, la cual contiene acusaciones como: vulneración de derechos de la educación de sus hijos debido a las reiteradas licencias de doña nombre reservado, que la profesora encargada incitaría a la violencia con sus juegos, episodios de bullying, que la profesora no separa su rol de madre respecto de su rol de profesora, que la habrían visto en estado de ebriedad mientras estaba con licencia, que la profesora no respetaría los horarios, que no hay control de la asistencia, que no enseña el himno nacional a estudiantes y no refuerza modales básicos ni el lavado de dientes. Por otra parte, mediante la misma misiva, reclaman al DAEM que no han llegado los textos escolares, que los docentes de reemplazo enviados son de enseñanza media y no de básica como debiera ser, la falta de ayudante de sala, entre otros aspectos. Agrega que esta carta, a diferencia de la enviada por el municipio, se encuentra íntegra, cuenta con timbre de ingreso a oficina de partes de fecha 25 de agosto de 2023, sin diferencias entre sus párrafos y coherente en su contenido.
Reclama que sin perjuicio del reproche al Municipio por el actuar ilícito y de mala fe, al alterar la carta que incluso se subió al portal de transparencia, le resultan aún más agraviantes las acusaciones contenidas en ella, que reclama serían genéricas, vagas e imprecisas, relacionadas no solo con la labor docente de la actora sino además con su estado de salud y vida privada, y se dirigen más bien a todo el sistema educativo local, al DAEM y las funciones propias del sostenedor, sin entregar antecedentes de respaldo, o algún procedimiento que permitiera establecer hechos o responsabilidades, que justificaran dicha medida.
Refiere luego a sesión del Concejo Municipal fecha 29 de agosto de 2023, lo que habría ocurrido en ella en relación a la carta de la cual se dio copia a los concejales, y el alcalde reconoce que era la segunda carta que recibía, que él había decidido darle nuevas funciones, porque si bien los hechos eran complejos y algunos graves, no reunían pruebas para iniciar un sumario administrativo, pero sí hacer el cambio. Ello, según detalle de la reunión del Concejo que indica, y acompaña link de acceso, antecedente que en definitiva darían cuenta que el alejamiento de la actora de sus funciones docentes y directivas correspondía a esta carta enviada por algunos apoderados, presidente de la Junta de Vecinos del sector y un concejal, que llevaron a la dictación del Decreto Alcaldicio N°260/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, el cual indica como fundamentos: “1. Que, uno de los roles fundamentales del sostenedor es entregar una educación de calidad que garantice el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de la comunidad escolar, como asimismo la continuidad en el aprendizaje. 2. Que, a raíz de problemas de salud, la profesora encargada de la Escuela Rural Río Azul, ha tenido un ausentismo laboral durante el segundo semestre del año pasado y gran parte del primer semestre de este año, lo que ha motivado diversos reemplazos que en definitiva no son buenos para la continuidad del aprendizaje de los niños y niñas que asisten a dicho establecimiento educacional. 3. La necesidad y conveniencia de contar con un profesional de la educación que puede cumplir con todas las funciones y obligaciones que le impone el cargo de encargada de escuela rural.
DECRETO: 1.- DESTÍNASE, a doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad RUT reservado, de profesión Profesora de Educación General Básica, quien se desempeñaba como encargada de la Escuela Rural Río Azul a realizar funciones como jefa de UTP comunal, en el Departamento Administrativo de Educación Municipal de Futaleufú, a contar del 01 de septiembre de 2023.”
Reclama que más allá del fundamento formal del decreto, que es su estado de salud, se ocultan los verdaderos motivos, que a su juicio debieron ser materia de investigación, y no lo fueron, ni tampoco tendrían la entidad suficiente para fundar un acto administrativo como el dictado, sin haberse respetado el debido proceso, vulnerando su derecho a defensa, fundado en una simple misiva, intentando evitar que se involucren otros organismos para el caso de una denuncia por vulneración de derechos de niños y niñas, prefiriendo ocultar la denuncia que, si revistiera de la gravedad que le atribuye el alcalde, debiera ser informada a los organismos correspondientes y no disimulada tras un acto administrativo, ilegal y arbitrario, que se convierte materialmente en una verdadera sanción a su representada.
En cuanto al derecho, reclama que el decreto cuestionado es ilegal, al infringir los artículos 11, 16, y 41 de la Ley 19.880 y artículo 8° de la Constitución Política de la República, que exigen la fundamentación de los actos administrativos, y por vulnerar, asimismo, lo dispuesto en los artículos 22, 42, 72, 72 bis y 72 ter de la Ley 19.070 sobre Estatuto de Profesionales de la Educación. Por otra, aduce que la actuación del municipio tiene el carácter de arbitraria al no justificar en antecedentes claros o fidedignos que permitan acreditar de manera objetiva la supuesta falta de continuidad en el aprendizaje, que aquello sea a consecuencia del estado de salud de la recurrente de manera que legitime el acto cuestionado, y además mantener oculto de su conocimiento los antecedentes que llevaron a su dictación. Asimismo, estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso, pues se tomó la determinación de modificar sus funciones sin siquiera ser oída, y el derecho de propiedad respecto de su cargo, fundado en que se le priva del ejercicio propio de sus funciones docentes y directivas y, adicionalmente, le impide percibir parte de sus remuneraciones por concepto de asignaciones como profesora encargada.
En cuanto al plazo para deducir el recurso, refiere que si bien el decreto alcaldicio cuestionado le fue entregado el día 1 de septiembre, sólo pudo tomar conocimiento íntegro de la carta en que se fundó aquel, el día 27 de septiembre, o en su caso, el día 26 de septiembre, pero respecto de lo cual alegó que no fue íntegro. Agrega que, a su juicio, la interposición del recurso, no afecta el ejercicio de otros derechos que estime pertinentes, como por ejemplo en sede laboral, por lo que cualquier alegación en este sentido debiera ser desestimada, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene: 1. Que, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°260/2023 de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 31 de agosto de 2023.
2. Que, se ordene el retorno de la Sra. nombre reservado a sus funciones como profesora encargada de la escuela rural Río Azul, de la comuna de Futaleufú, dentro del plazo de 5 días, o el que S.S. Iltma. determine prudencialmente. 3. Que, se ordene al señor alcalde de Futaleufú, en caso de considerar este que existen hechos graves que lo ameriten, el inicio de un sumario administrativo que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades, con pleno respeto a las garantías del debido proceso. 4. Que se condene expresamente a la recurrida en costas.
Acompaña al recurso: 1. Decreto Alcaldicio N°260/2023 de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 31 de agosto de 2023. 2. Carta dirigida al Alcalde y Concejo Municipal de Futaleufú por presidenta de centro de padres de la escuela rural Río Azul, doña nombre reservado, concejal Antonio Vallejos y el Presidente de la Junta de Vecinos N°2 del sector Río Azul, don nombre reservado, al Alcalde y Concejo Municipal de Futaleufú, de fecha 21 de agosto de 2023, con timbre de oficina de partes de fecha 25 de agosto de 2023. (Copia íntegra). 3. Decreto exento N° 043/2023 de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 21 de marzo de 2023. 4. Decreto exento N°246/2021 de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 10 de diciembre de 2021. 5. Liquidaciones de remuneraciones de doña nombre reservado correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2023, emitidas por el Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú. 6. Informe médico de doña nombre reservado, emitido por el Médico Psiquiatra Dr. nombre reservado, de fecha 10 de agosto de 2023. 7. Permiso con goce de remuneración concedido a nombre reservado, otorgado por el Alcalde de Futaleufú Sr. nombre reservado, de fecha 29 de agosto de 2023. 8. Acta de sesión ordinaria de concejo municipal N°24 la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 29 de agosto de 2023, que contiene carta enviada por presidenta de centro de padres de la escuela rural Río Azul, doña nombre reservado, concejal Antonio Vallejos y el Presidente de la Junta de Vecinos N°2 del sector Río Azul, don nombre reservado, al Alcalde y Concejo Municipal de Futaleufú, de fecha 21 de agosto de 2023, sin timbre de ingreso a oficina de partes, remitida por la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, con fecha 26 de septiembre de 2023 (copia de carta modificada en página 7). 9. Oficio ordinario N°103/2023 suscrito por el Alcalde de Futaleufú Sr. nombre reservado, de fecha 22 de septiembre de 2023. 10. Documento comparativo que contiene carta original ingresada a oficina de partes de la Municipalidad de Futaleufú, con timbre de fecha 25 de agosto 2023, y carta remitida por la Municipalidad de Futaleufú, contenida en acta de sesión ordinaria de concejo municipal N°24 la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 29 de agosto de 2023. 11. Correo electrónico que remite acta de sesión ordinaria de concejo municipal N°24 la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, de fecha 29 de agosto de 2023 con carta contenida en la misma, recibido con fecha 26 de septiembre de 2023 en bandeja de entrada de correo Gmail.
A folio Nº 3, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.
A folio Nº 9, se evacúa informe por la recurrida, que en lo pertinente al recurso, explica la trayectoria laboral de la recurrente, que se desempeña como docente para el Municipio desde el año 2006, y en diciembre de 2021 fue destinada como Profesora Encargada de la Escuela Rural Rio Azul, desde el 01.01.2022 hasta el 28.02.2023, y por problemas de salud, no pudo desarrollar su función con la continuidad deseada, por las reiteradas licencias médicas que prácticamente la mantuvieron con mayor tiempo de reposo médico que aquel efectivamente desempeñado en el cargo de profesora encargada, hecho que provocó un trastorno administrativo, pues la designación como Encargada de la Escuela también conlleva la función de docencia multigrado, siendo muy difícil contar con un profesor que asuma la subrogancia por un periodo corto (menos de un mes), sin tener la certeza de su continuidad, ya que las licencias médicas en muchos casos eran por 30 días y sólo la recurrente sabía si continuaría con reposo médico o volvería a sus funciones.
Hace presente que es una comuna de zona extrema, con condiciones climáticas adversas y falta de conectividad, lo cual hace más difícil aún contar con docentes que quieran trabajar en la comuna, sumado a la incertidumbre del tiempo del contrato. Agrega que la situación se fue agravando, siendo en primera instancia los padres y apoderados de la escuela Río Azul quienes hicieron llegar sus inquietudes, preocupados por la falta de continuidad de la profesora encargada, y porque la alternancia del profesor que hacía las clases, estaba afectando el rendimiento escolar de sus hijos, especialmente en el primer ciclo escolar, donde comienzan a leer y escribir. Al efecto, detalla que durante el primer semestre de este año, la actora presentó 81 días de licencia médica, lo que motivó reiterados reemplazos, debiendo incluso concurrir docentes de dotación del DAEM a cubrir las ausencias, indicando a modo ilustrativo que durante octubre de 2022 y primer semestre de este año, fueron contratados 3 docentes distintos para reemplazarla, lo que daría cuenta de la alternancia del profesor encargado. Ello, sumado a otras circunstancias, según lo expresado por los propios apoderados a través de su Presidenta, con el apoyo del Presidente de la Junta de Vecinos del Sector Río Azul y Concejales incidiría o afectaría el aprendizaje de los alumnos, quienes no percibían un avance en su educación sino más bien un estancamiento, relatando incluso que niños que por su edad deberían saber leer, aún no lo lograban.
Reconoce que si bien tiene razón la actora, en que no puede hacerse a ella responsable de la mala calidad de los reemplazos, no priva de su deber como sostenedor de buscar una solución real, oportuna y eficaz al problema, acorde a sus facultades y sin afectar los derechos ni de los alumnos como de la profesora. Al efecto, aclara que la decisión de traslado no pasó concretamente por las denuncias en contra de la profesora, que incluso afectan su honra y dignidad, y que necesariamente debe ser acreditado o desvirtuado en un proceso sumarial, y que para el caso en cuestión no daba ninguna solución (además que podía extenderse en el tiempo). Agrega que, además, la actora omite señalar que su nueva destinación es como Jefa de la UTP comunal, no para desarrollar labores de apoyo, como hizo en su oportunidad cuando fue removida como Encargada de la Escuela Rural “El Espolón” y destinada al DAEM en diciembre de 2020, cosa que curiosamente nunca impugnó, ni estimó injusta o constitutiva de restricción o perturbación de sus derechos, como pretende demostrar hoy en día.
Precisa al efecto, que al día de hoy, la recurrente ocupa un cargo de jefatura, con atribuciones por sobre los demás docentes y administrativos que se desempeñan en el DAEM, algunos con mayor antigüedad que ella, correspondiéndole incluso subrogar al jefe DAEM cuando este se ausenta, no advirtiéndose de esta forma algún menoscabo personal o perjuicio económico, ya que mantiene sus remuneraciones, todo lo cual da cuenta el Decreto Alcaldicio Nro. 260, de 31.08.2023 de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú.
Finalmente, refiriéndose a las imputaciones realizadas por la actora, señala que es grave, irresponsable y falso que el municipio hubiere alterado la carta, porque lo solicitado por transparencia fue el Acta de la Sesión del Concejo, donde el Secretario Municipal dio lectura a un extracto de la misiva, cuidando precisamente el no afectar la honra ni el prestigio de la Profesora, que fue acompañada por la propia recurrente. En la carta, agrega, se denuncian hechos graves supuestamente cometidos por la actora, tales como juegos violentos, episodios de Bullying, no distinción de su rol de madre y profesora, observada en estado de ebriedad mientras se encontraba con licencia médica, etc., lo cual este sostenedor no puede dar por acreditado o descartado sin antes haber instruido un proceso investigativo, lo cual determinó no hacer, porque lo esencial era buscar una solución al problema, hecho que no necesitaba ser acreditado por sumario o investigación alguna.
En cuanto al derecho, niega haber incurrido en un actuar ilegal o arbitrario, pues lo obrado se enmarca dentro de las facultades del artículo 38 de la Ley 19.070, norma que dispone que los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda. Agrega esta norma que, no obstante, si producida la destinación se estimare que se ha causado menoscabo, se podrá reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio de ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, sin que ello implique paralizar la destinación. Agrega que la actora no impugnó lo resuelto, conforme dispone la normativa, y además se fundó en una necesidad administrativa de buen servicio, cuya finalidad fue dar solución a un problema urgente, no siendo en caso alguno la intención vulnerar o afectar algún derecho de la actora. Tampoco hubo detrimento en sus remuneraciones, pues se ordenó a la Unidad de Finanzas efectuar los cálculos respectivos para que dicha profesional mantuviera sus remuneraciones y las 44 horas pedagógicas, por lo que en definitiva solicita el rechazo del recurso.
Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.
Y considerando:
Primero: Que la presente acción se dirige contra la dictación del Decreto Alcaldicio N°260/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, que dispone el cese de funciones de la recurrente como profesora encargada de la Escuela Rural Río Azul y la destina a la UTP (Unidad Técnico Pedagógica) de la comuna de Futaleufú, por lo que estima vulneradas las garantías de igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso y el derecho de propiedad, y pide, en lo pertinente, se deje aquella sin efecto y se ordene su retorno a las labores de encargada de la escuela rural Río Azul, de la comuna de Futaleufú, con costas.
Arguye la recurrente que el citado decreto es ilegal, al infringir los artículos 11, 16, y 41 de la Ley 19.880 y artículo 8° de la Constitución Política de la República, que exigen la fundamentación de los actos administrativos, y por vulnerar, asimismo, lo dispuesto en los artículos 22, 42, 72, 72 bis y 72 ter de la Ley 19.070 sobre Estatuto de Profesionales de la Educación. Por otra parte, aduce que la actuación del municipio tiene el carácter de arbitraria al no justificar en antecedentes claros o fidedignos que permitan acreditar de manera objetiva la supuesta falta de continuidad en el aprendizaje, que aquello sea a consecuencia del estado de salud de la recurrente de manera que legitime el acto cuestionado, y además mantener oculto de su conocimiento los antecedentes que llevaron a su dictación.
Segundo: Que en primer lugar, debe asentarse que el acto impugnado data de 31 de agosto de 2023, y notificado el día 1 de septiembre del año en curso, mientras que la acción deducida ingresó a tramitación el día 01 de octubre del año en curso, no obstante que la recurrente dice haber tomado conocimiento cierto de la carta en que se fundó el día 26 de septiembre, cuestión que importa entregar a ésta la determinación de la fecha en que ello ocurre, lo que a su vez torna ilusoria la exigencia del artículo 1º del Acta Nº 94-2015.
Tercero: Que, así, aun cuando el recurrido no hizo referencia alguna a la fecha de la notificación del acto impugnado, de los dichos del propio actor se desprende que éste tuvo conocimiento cierto de haberse resuelto al menos el día 01 de septiembre de 2023 y que, en cualquier caso, la comunicación se llevó a cabo de manera personal, según ella misma reconoce.
Por lo razonado y siendo un requisito de procesabilidad de la acción que debe examinar necesariamente esta magistratura, aquella aparece como extemporánea, motivo suficiente para que sea desestimada.
Cuarto: Que, a mayor abundamiento, el fundamento de la recurrente para estimar ilegal y arbitraria la conducta que le reprocha a la recurrida descansa en que sería contraria a las normas citadas, que la decisión carece de fundamento y no fue adoptada luego de un debido proceso, y que además el cambio de destinación afectó sus remuneraciones.
Que sin embargo, el cuestionado Decreto se encuentra debidamente fundado, pues en él consigna los motivos del cambio de destinación, esto es: “2. Que, a raíz de problemas de salud, la profesora encargada de la Escuela Rural Río Azul, ha tenido un ausentismo laboral durante el segundo semestre del año pasado y gran parte del primer semestre de este año, lo que ha motivado diversos reemplazos que en definitiva no son buenos para la continuidad del aprendizaje de los niños y niñas que asisten a dicho establecimiento educacional. 3. La necesidad y conveniencia de contar con un profesional de la educación que puede cumplir con todas las funciones y obligaciones que le impone el cargo de encargada de escuela rural.”
Vale decir, la decisión se adoptó dadas las circunstancias no controvertidas de las reiteradas ausencias de la recurrente en sus labores de profesora encargada de la Escuela Rural Río Azul, por gozar de licencias médicas, lo que impidió otorgar la debida continuidad del servicio educativo, por los constantes reemplazos, siendo por ello suficientemente fundada y razonable atendidas las circunstancias del caso.
Quinto: Que, por otra parte, no se advierte un menoscabo en su situación laboral o profesional, considerando que sus remuneraciones no han disminuido luego del cambio de funciones, y porque además detenta un cargo de jefatura en la Unidad Técnico Pedagógica comunal, según se expuso en estrados y no fue controvertido por la actora. Además, se advierte del mismo Decreto cuestionado, que éste dispone que la Unidad de Finanzas del DAEM efectúe los cálculos y demás prestaciones que pudieran corresponderle por el nuevo cargo y conforme al Estatuto Docente.
Tampoco se advierte una eventual vulneración al debido proceso, desde que la resolución de destinación se adoptó de conformidad a la posibilidad que otorga el artículo 42 del Estatuto Docente, que establece la facultad de la destinación de los profesionales de la educación a otros establecimientos dependientes de un mismo Departamento de Administración Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda.
Por otra parte, la misma norma establece la posibilidad de reclamo si se estimare que producida la destinación le ha causado menoscabo, pero no consta que la actora hubiese ejercido la acción contemplada en el inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo ni ejerció derecho a reclamo ante la Contraloría General de la República.
Sexto: Que, finalmente, aun cuando la recurrente alega que la carta en que supuestamente se fundó el cambio de destinación, habría sido alterada de mala fe por el municipio, ello no fue acreditado en estos antecedentes, y en cualquier caso, no incide en lo previamente resuelto, pues como el recurrido expresó en su informe, la destinación se realizó en uso de la facultad establecida en el Estatuto Docente, y fundada en la situación de salud de la recurrente, que provocó largas ausencias en el cargo de profesora encargada, cuestión que hizo necesaria la nueva destinación, en aras de entregar el servicio educativo de la mejor manera posible a los alumnos de la escuela rural Río Azul.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:
I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por el abogado Pablo Ojeda Navarro, en representación de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ.
II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivo plausible.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
Rol Protección Nº 1237-2023.-