nombre reservado CON nombre reservado

Puerto Montt, trece de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

A folio Nº1, comparece nombre reservado, contador, domiciliado en Dalcahue, e interpone acción constitucional de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de nombre reservado, y nombre reservado., en su calidad de director general del Servicio de Impuestos Internos y director regional del mismo servicio, por los antecedentes que expone.

Señala que durante los días 02 y 03 de enero del año en curso, don nombre reservado, en su calidad de contribuyente, se presentó a la oficina del S.I.I., unidad de Castro, a requerir solución al problema de su acceso a la página web del servicio, que se encontraba bloqueada. Fue derivado a la unidad de fiscalización, lugar en que lo atendieron dos funcionarias, quienes luego de requerirle información en su calidad de fiscalizadoras, de dos facturas emitidas por él durante el año 2012, le pidieron el nombre del contador que lo atiende, a lo cual él contestó que era su persona (recurrente). Dice que, en ese acto, ambas fiscalizadoras le señalaron que esa persona no estaba habilitada para ejercer en la Provincia de Chiloé, por lo que debía buscar otro contador que lo asesore, cualquiera del mercado menos el recurrente.

Agrega que, producto de la gestión realizada por el señor nombre reservado, fue necesario que la administradora del negocio de éste, doña nombre reservado, se comunicara telefónicamente con la unidad de fiscalización del S.I.I., ocasión en que le reiteraron que el recurrente no estaba habilitado para ejercer en Chiloé y debían buscar otro contador.

Expone que, preocupado por esta situación, personalmente indagó con otros clientes y ex clientes, que sin motivo aparente habían terminado sus servicios, y se enteró que lo anterior fue una actitud reiterada del S.I.I. en denuesto de su persona, entre ellos con su cliente don nombre reservado.

Alega que el servicio recurrido no puede juzgar a un profesional, estableciendo su capacidad para ejercer en un determinado lugar, pero aquello no lo entiende el contribuyente común que acude a sus oficinas, quien se siente motivado a actuar según la sugerencia de la autoridad tributaria.

Argumenta que su derecho al trabajo se ve gravemente vulnerado, al conminar o sugerir a sus clientes que cambien de contador, con el perjuicio inherente que ello conlleva. Esa actitud además afecta a sus clientes, quienes se sienten inhibidos de tramitar ante el servicio, por el solo hecho del nombre de su contador, sintiéndose incluso discriminado como es el caso del señor nombre reservado.

Estima vulnerado su derecho al trabajo y no discriminación, consagrado en el artículo 19 N°16, discriminación que se extiende además a su clientes, quienes son objeto de mayor análisis y hasta de atención hostil por los funcionarios del Servicio requerido. Pide arbitrar las medidas necesarias para terminar con las vulneraciones que denuncia.

Declarado admisible el recurso, se le pidió informe a los recurridos, siendo evacuado éste por el Director Regional del S.I.I., quien solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

Alega en primer lugar la improcedencia de la acción deducida, por la imprecisa e incompleta exposición de los hechos, pues de la simple lectura del libelo no se puede apreciar alguna vulneración al actor, ya que se fundamenta en dichos de terceros y apreciaciones del propio recurrente.

Sin perjuicio de ello, señala que se harán cargo de los dichos del recurrente, a fin de esclarecer sus acusaciones.

Respecto a la supuesta atención a don nombre reservado, dice que éste se presentó en la Unidad de Castro los días 30 y 31 de diciembre de 2019, y el día 02 de enero de 2020, de manera voluntaria, pues no podía facturar y necesitaba emitir documentación tributaria. Se le informó que presentaba inconsistencias en sus declaraciones de impuestos mensuales en diversos periodos de los años 2017, 2018 y 2019, indicándole las acciones a realizar para solucionarlas, pues no se encontraba inscrito como facturador electrónico. Éste se contactó con doña nombre reservado, quien trabaja para él y ve sus asuntos tributarios, para que conociera las observaciones que mantenía y recibiera las instrucciones destinadas a habilitar su facturación electrónica. En esas oportunidades el señor nombre reservado fue atendido por dos funcionarias que indica el informe evacuado, quienes en ningún caso efectuaron los comentarios que el recurrente menciona.

Respecto de los otros clientes, dado que no menciona sus nombres, señala la recurrida que nada puede informar al respecto. En el caso de nombre reservado, dice que no existe constancia de haber sido atendido en las oficinas de Castro.

Alega que jamás un funcionario de la Unidad de Castro, o de cualquier unidad el S.I.I. ha señalado que el recurrente de autos se encuentre inhabilitado para ejercer su actividad como contador en nuestro país, no pudiendo entonces prosperar la presente acción, porque mal pudo haberse afectado la garantía constitucional que alega el actor, quien incluso declara mantener actualmente clientes.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente alega que funcionarios del S.I.I. de la Unidad de Castro, habrían indicado a distintos contribuyentes, entre ellos a su cliente don nombre reservado, que él no se encontraría habilitado para ejercer en la provincia de Chiloé, por lo que debían buscar otro contador que los asesore, lo que conculcaría su derecho al trabajo y no discriminación arbitraria.

Tercero: Que, evacuando informe el servicio recurrido, más allá de reconocer las visitas efectuadas a las oficinas de Castro por don nombre reservado, niega expresamente cualquier dicho de la fiscalizadoras o funcionarios del servicio, relativo a que el recurrente se encontraría inhabilitado para ejercer su actividad como contador en nuestro país.

Cuarto: Que, el procedimiento por el que se conoce de las acciones de protección es altamente desformalizado, propendiendo así a materializar el mandato contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en línea con lo dispuesto a este respecto en el Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema y sus modificaciones posteriores; y, ello, resulta coherente con la naturaleza eminentemente breve y concentrado de aquel, de forma de brindar tutela diferenciada de derechos fundamentales, de manera urgente y con finalidad cautelar.

No obstante, dicha desformalización que informa el procedimiento de protección no implica soslayar que a efectos de adoptar una decisión que busque asegurar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de los afectados, se debe contar con un mínimo de antecedentes que permitan a esta Magistratura formarse la convicción sobre la existencia de un derecho indubitado, de una amenaza o vulneración de las garantías invocadas y que ello pueda ser imputado a una actuación ilegal o arbitraria de los denunciados, poniendo de cargo de esta Corte adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho quebrantado.

Quinto: Que en la especie, no existen otros antecedentes sobre las supuestas conductas vulneratorias de los derechos del actor, ni de la existencia de éstos, más que los dichos de éste; sin que se haya incorporado a la causa documento alguno de respaldo de su exposición, que pueda siquiera servir de base para formar la convicción en estos sentenciadores de la naturaleza de las conductas desplegadas por el servicio denunciado y, en especial, de los derechos que le asisten al recurrente, a efectos de brindar la tutela cautelar solicitada.

Sexto: Que, así las cosas, habiendo el recurrido entregado una versión discordante de los hechos y que encuentra relativo sustento en los antecedentes documentales que permiten establecer un indicio de corroboración de la tesis de aquella, la presente acción cautelar no podrá prosperar, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por estimar que en la especie no concurren los requisitos de procedencia de la misma, en especial, no existen antecedentes de corroboración de actuación ilegal o arbitraria alguna del recurrido, que haya podido amagar el ejercicio de los derechos fundamentales del denunciante.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por estimar que recurrió con motivo plausible.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Cristian Oyarzo Vera.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº122-2020.