Protección contra Instituto Profesional AIEP SpA

Puerto Montt, veinte de abril de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 24, comparece doña nombre reservado, egresada de psicopedagogìa, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Instituto Profesional AIEP SpA., representado por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, toda vez que éste ha incurrido en un acto y/o omisión arbitrario e ilegal, que ha significado privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en especial las previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a fin de que se adopten todas aquellas medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.

En cuanto a los hechos, señala que es egresada de la carrera de psicopedagogía del Instituto Profesional AIEP, sede Puerto Montt, habiendo rendido y aprobado todas y cada una de las asignaturas del plan de estudio de la carrera, según se acredita con el documento que acompaña, y solo le resta realizar la práctica profesional, para así, poder obtener el correspondiente título académico.

Indica que para poder hacer su práctica profesional, debe matricularse ante la institución recurrida, aun cuando la practica es realizada ante un tercero y no ante el instituto, y además ya acordó un lugar donde realizarla.

Menciona que el día 04 de marzo del presente año, al momento de intentar concretar los trámites para poder dar inicio a su práctica profesional, el recurrido, le manifestó que presentaba una deuda por concepto de arancel del año 2013, por lo cual le era imposible realizar su practica mientras no pague, en su totalidad, sin posibilidad de cumplir en cuotas la deuda, y ante su situación económica le informó a la recurrida que le era imposible realizar el pago total de la deuda.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, dice que con el acto arbitrario e ilegal, se vulnera su derecho de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, pues por razones ajenas a capacidades académicas e intelectuales, se están poniendo trabas de carácter económico, en virtud de lo cual y a través de una decisión arbitraria, se prohíbe realizar la práctica profesional, lo que produce una diferencia que carece de razonamiento lógico respecto de los demás alumnos, lo que no solo conculca la garantía mencionada, sino que repugna a toda actividad educativa.

Por otra parte, dice que la imposibilidad de realizar la práctica profesional lesiona lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 19, de la Carta Fundamental, pues se torna imposible el ejercicio de un trabajo, para el cual cumple con requisitos de idoneidad y calificación académica, y ello atendido a las trabas económicas que le impone la recurrida.

Argumenta que el método por el cual la recurrida persigue obtener el pago de la deuda, constituye una forma de autotutela, no permitida en nuestro derecho y aún cuando exista una norma en el Reglamento Interno de la recurrida. Agrega que de esta manera se ha pronunciado esta misma Corte en causa Rol 69-2011.

Además la conducta de la recurrida, lesiona lo establecido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, puesto que cada vez que un alumno adquiere un determinado grado académico, dicho grado ingresa a su patrimonio, como un derecho incorporal, de acuerdo a los artículos 582 y 583 del Código Civil. Agrega que es por ello que se priva de la posibilidad de ejercer la práctica profesional, lo cual tiene como antecedente previo y directo el haber obtenido el grado académico de egresado, así lo ha manifestado la I. Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol 903-2011.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso, y en definitiva se declare que la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales mencionadas, permitiendo a la recurrente matricularse, sin ulterior interés o recargo alguno, para poder rendir o llevar a efecto la práctica profesional de su carrera, con costas.

A fojas 1 y siguientes, la recurrente acompaña a su recurso, los siguientes documentos:

1.- Certificado de egreso, de la recurrente de 04 de marzo de 2015;

2.- Contrato de prestación de servicios educacionales de 12 de marzo de 2014;

A fojas 29, se acoge a tramitación el presente recurso solicitando informe al recurrido.

A fojas 83, don Rodrigo Paredes Aro, abogado, en representación del Instituto Profesional AIEP, evacúa el informe solicitado, señalando que existen una serie de circunstancias que se han omitido por parte de la recurrente, pues las instituciones de educación sólo pueden ofrecer y prestar servicios educacionales, pero no pueden ofrecer, ni menos garantizar puestos de trabajo, pues la práctica profesional es realizada con una tercera persona, y para poder obtener el grado académico que señala la recurrente es una vez realizada la práctica.

Señala que jamás la recurrida ha obstaculizado que se efectúe la práctica, pues la actora pretende desconocer las cláusulas 4º y 10º del reglamento interno de la recurrida.

En cuanto a la deuda que mantiene con la institución, la cual es reconocida por la recurrente y declara conocer el reglamento interno, pero nada dice del contrato de prestación de servicios educacionales Nº 1490961, suscrito por doña nombre reservado y doña nombre reservado, pero además dice que la deuda la mantiene del año 2013 por $626.618 y también una deuda vencida del arancel año 2014 por $175.163, por lo que pretende matricularse sin haber regularizado su situación financiera de los años 2013 y 2014, lo que nada tiene que ver con que la actora efectúe su práctica profesional, pues el instituto no ha accionado bajo autotutela, sino más bien en cumplimiento de las obligaciones que fueron suscritas por la recurrente que hoy pretende desconocer.

Alega la no concurrencia de los presupuestos para que prospere esta acción, lo que hace improcedente el recurso de protección, pues el contrato suscrito por la actora es de carácter civil, y no vulnera artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, pues jamás se le ha impedido realizar su práctica profesional, sino que lo que solicita la institución al momento de matricularse para seguir con el proceso de titulación, lo que no es otra cosa que una relación civil contractual, y desde ya la recurrida facilitó a la actora para que cursara con esta deuda repactada el año académico 2013 y deuda vigente del año académico 2014.

En cuanto a la supuesta vulneración al numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política, no se dan los presupuestos, ya que la recurrente como egresada de su carrera puede ejercer su trabajo tanto en el área de su desempeño, como en otras, ya que no ha negado la práctica profesional, asimismo, tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad, pues no hay un acto u omisión ilegal ni arbitario.

Menciona que entre las partes hay un contrato de prestación de servicios educacionales de 12 de marzo de 2014, por ende la actora y su apoderada que suscriben dicho contrato, conocen cada uno de los derechos y obligaciones, en especial el referido a los pagos indicados en la cláusula 4º, que detalla en forma expresa los montos y pagos de la carrera de psicopedagogia, es más conoce el monto del crédito CAE, con el cual la recurrente financió en parte su arancel. Agrega que además, se incorporan en este contrato, unos anexo I de cobranza y anexo II pagaré, en donde se señala como gastos administrativos por matricula y reprogramación de deuda, indicando además gastos por cambio de carrera, jornada o sede, etc.

A su turno, dice que el reglamento de titulación, en su título XII del egreso y titulación, menciona la práctica profesional y en dicha regulación, no existe ningun requisito previo de matricula para llevar a cabo la práctica.

En consecuencia, dice que la acción judicial no es la vía idónea, pues recurrida ha cumplido a cabalidad con cada una de las obligaciones, ni se han vulnerado derechos constitucionales de la recurrente, quien no ha cumplido con obligación dineraria que hoy pretende desconocer, por lo que el presente recurso debe ser rechazado con costas.

A fojas 49 y siguientes, la recurrida acompaña los siguientes documentos:

1.- Certificado de egreso de la recurrente;

2.- Resumen de matricula;

3.- Copia contrato de prestación de servicios educacionales, con sus anexo I de cobranza, anexo II pagaré y anexo III de gastos para alumnos;

4.- Copia de reglamento académico del instituto por decreto Nº 15 de 3 de noviembre de 2011;

5.- Copia de certificado de deuda de la recurrente por $966.285.- A fojas 106, se concede la orden de no innovar solicitada por la recurrente, por la Segunda Sala de esta Corte, en el sentido que la recurrida debe suspender los efectos de la negativa a matricular a la recurrente el presente año, la cual fue aclarada a fojas 123 de autos, en el sentido que se impone a la recurrida la obligación de matricular a la recurrente.

A fojas 119, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquier persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del tribunal a quien el propio constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que la acción cautelar deducida, se fundamenta por la recurrente en que se habrían afectado gravemente las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 2, 16 y 24, por cuanto el instituto recurrido se ha negado a matricularla, por tener una deuda pendiente, que dado su situación económica no puede pagar, y en consecuencia ello impide que pueda realizar su práctica profesional con un tercero.

CUARTO: Que corresponde establecer si la medida adoptada por el Instituto Profesional AIEP, al negarse a matricular a la recurrente por una deuda impaga, y en consecuencia no poder realizar su práctica profesional, se encuentra ajustada a la normativa legal.

QUINTO: Que del merito de los antecedentes acompañados al presente recurso, se puede concluir que la recurrente es egresada de la carrera de psicopedagogía del Instituto Profesional AIEP, con quien firmó un contrato de prestación de servicios educacionales, de fecha 12 de marzo de 2014, y de acuerdo a lo que reconocen ambas partes, efectivamente existe una deuda de la actora con el instituto, que éste avalúa en $966.285, por concepto de deuda vencida arancel 2014, deuda de arrastre 2013, honorarios de cobranza y multas, según certificado de deuda al 02 de abril de 2015.

SEXTO: Que en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios educacionales, se establece el valor de matricula por $120.000 y arancel anual de $1.060.000, debiendo considerarse en caso de mora los gastos de cobranza de anexo I, y en su cláusula quinta se establece la obligación de pagar lo antes señalado, estableciendose una serie de garantías que resguardan el pago de las deudas a favor del instituto, como en cláusula duodécima en que se otorga una mandato para suscribir un pagaré con el objeto de documentar cualquiera obligación pecuniaria que asume por el contrato antes mencionado, así también en cláusula décimo tercera, la recurrente se constituye en fiador y codeudor solidario de todas y cada una de las obligaciones contraidas por el aceptante.

Asimismo, del reglamento académico de fojas 62 y siguientes, se establece en su artículo 17, que una vez inscritos en el Registro de matrícula, los postulantes adquirirán la calidad de alumnos regulares del instituto. En cuanto a el egreso y titulación, de acuerdo al artículo 42 del reglamento, para obtener el Título Técnico de nivel superior los alumnos deberán aprobar la práctica profesional , así como también aprobar el exámen de título.

SÉPTIMO: Que de lo antes reseñado, se puede establecer que para tener la condición de alumno regular y realizar la práctica profesional es necesario estar matriculado, y en ninguna parte del contrato de prestación de servicios educacionales, ni en el reglamento academico del instituto, aparece la posibilidad de negar la matricula a algún alumno por mantener deudas con la misma, por lo que el acto recurrido es ilegal, pues no se ampara en ninguna normativa académica.

Pero además dicho acto es arbitrario, por cuanto en el contrato de prestación de servicios académicos se establecen una serie de garantías para que el instituto cobre su acreencia en caso de deudas de la recurrente, por lo que se estima que el intituto puede perseguir el pago de deuda por otros medios legales, y no mediante la negativa de la matrícula a la alumna, lo que consecuentemente afecta su posibilidad de realizar su práctica profesional, que si bien no es negada por el instituto, indirectamente se ve afectada al no poder matricularse y ser considerada como alumna regular de dicho instituto.

OCTAVO: Que por lo antes señalado, y así lo reconoce el mismo instituto, es que se trata de un contrato de carácter civil, por lo cual puede obtener su cumplimiento por los medios que arbitra la ley mediante el ejercicio de acciones de cobro ante tribunales ordinarios y no con la negativa de la matrícula, lo que constituye un medio de presión ilegítimo para obtener el cumplimiento de posibles deudas, y así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en causa Rol 3.071-2011, de fecha 28 de abril de 2011.

NOVENO: Que por lo anterior, se estima que el instituto recurrido vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley de la recurrente, por cuanto priva a la recurrente de la posibilidad de matricularse, supeditándola al pago de una deuda, lo que en consecuencia, le impide hacer su práctica profesional, pese a que puede obtener lo mismo, pero ejerciendo las acciones judiciales de cobro pertinentes, pero asimismo, se estima que también se vulnera el artículo 19 numeral 3 inciso 5º de nuestra Constitución Política, por cuanto la recurrida, autotutelándose en los derechos que considera que le asisten, pretende el cumplimiento de una obligación contractual, mediante una acción de presión al negar la matricula a la recurrente, sin agotar previamente a las acciones de cobro pertinentes, asi como también hacer efectivas las garantías a su favor.

DÉCIMO: Que atendido lo anteriormente expuesto, y concluyendo estos sentenciadores que el instituto recurrido ha incurrido en un actuar ilegal y arbitrario, en relación a la negativa a matricular a la actora por tener deuda vigente, forzosamente se deberá acoger el presente recurso, de acuerdo a lo que se señalará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 18, por doña nombre reservado, en contra del Instituto Profesional AIEP SpA., representada por doña nombre reservado, Prorrectora y don nombre reservado, Secretario General, en cuanto la recurrida deberá matricular a la actora para el año académico 2015 y abstenerse de realizar actos que puedan impedir que la recurrente realice su práctica profesional, bajo apercibimiento de aplicar en su contra alguna de las medidas que establece el Numeral 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que pueda ejercer el instituto para perseguir el cobro de la deuda.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 120- 2015.- Pronunciada por la Segunda Sala presidida por la Ministra Titular doña Teresa Mora Torres, e integrada por la Ministra Suplente doña Patricia Miranda Alvarado y la Fiscal Judicial doña nombre reservado. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt, a veinte de abril de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.