BRISON SERVICIOS PROFESIONALES SPA con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

Puerto Montt, seis de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio Nº1, el día 05 de enero del año en curso, comparece el abogado Mauricio Cárdenas García, en representación de BRISON SERVICIOS PROFESIONALES SpA, domiciliada en esta comuna, e interpone acción constitucional de protección en contra del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), por la emisión del Oficio Ordinario N° 227052023, de fecha 21 de diciembre de 2023, suscrito por nombre reservado, Jefe Subrogante del Departamento de Gestión Comercial, por medio del cual la recurrida suspendió las siguientes prestaciones: Código 0404003 hasta 0404016 y Código 0404118 hasta 0404121.

Refiere, en lo pertinente, que la recurrente se dedica al giro de prestación de servicios profesionales de medicina, y se encuentra vinculado a ésta por los convenios referidos a prestadores de la modalidad Libre Elección de FONASA. Agrega que durante el año 2023, ingresó una solicitud de actualización de antecedentes, en las oficinas dependientes de la recurrida, específicamente en lo que respecta a la dirección del lugar donde se prestan los servicios, correspondiendo actualmente al ubicado en domicilio reservado, y fue con motivo de la solicitud de actualización de antecedentes que, mediante el Oficio Ordinario N° 227052023, de fecha 21 de diciembre de 2023, la recurrida estableció suspender las siguientes prestaciones: Código 0404003 hasta 0404016 y Código 0404118 hasta 0404121. El fundamento de dicha suspensión, explica, fue que, a juicio de la recurrida, se requiere una Resolución Sanitaria que autorice la instalación y funcionamiento del establecimiento ubicado en domicilio reservado.

Sostiene que dicho Oficio es ilegal y arbitrario, porque yerra la recurrida al señalar que dada la naturaleza de las prestaciones, se requiere una Resolución Sanitaria que autorice la instalación y funcionamiento, excediendo sus facultades legales y actuando más allá de sus atribuciones, vulnerando los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, la suspensión de las prestaciones ya citadas es ilegal. Además, asevera, se infringe el principio de unidad y coordinación entre los órganos de la administración del Estado, establecido en el artículo 3° de la Ley 18.575, pues según certificación emanada de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, se establece de forma clara que el establecimiento no necesita autorización sanitaria de funcionamiento.

Argumenta que como consecuencia de la suspensión de las prestaciones citadas en el Oficio recurrido, existe un riesgo de pérdida de pacientes, por lo que resulta conculcado el derecho de propiedad sobre su patrimonio, considerando que las prestaciones médicas las viene realizando con bastante antigüedad, y la cobertura de las mismas en un derecho adquirido en virtud de los convenios existentes, e implica asimismo un menor flujo de dinero a su favor, afectando relaciones contractuales con terceros.

Por otra parte, reclama que FONASA incumplió con el debido proceso, erigiéndose en una comisión ilegal, pues del mérito del Oficio cuestionado, se aprecia lo sumario de éste, que no hubo tramitación que garantizara el derecho a defensa, sin brindarle la posibilidad de acreditar si el establecimiento requería o no de una autorización sanitaria. El Director de FONASA, indica, no es un Tribunal, y no puede aplicar sanciones sin juicio previo. Asimismo, aduce, la dictación del Oficio vulnera la igualdad ante la ley, pues otros interesados en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal fundada, conforme a un proceso administrativo previo legalmente tramitado, lo que en este caso no ocurrió, pues se suspendieron las prestaciones unilateralmente y sin previa citación.

Solicita se acoja el recurso, y se ordene a la recurrida dejar sin efecto por ilegalidad el acto recurrido, y, en consecuencia, se ordene el inmediato reintegro de las prestaciones Código 0404003 hasta 0404016 y Código 0404118 hasta 0404121 a favor de su representada, en su calidad de prestadora del convenio de Modalidad de Libre Elección de FONASA, sin perjuicio de adoptar todas las demás providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con costas.

Acompaña al recurso: 1) Certificado de estatuto actualizado de BRISON SERVICIOS PROFESIONALES SpA, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de fecha 2 de enero de 2024. 2) Oficio Ordinario N° 227052023, de fecha 21 de diciembre de 2023, suscrito por nombre reservado, Jefe Subrogante del Departamento de Gestión Comercial de la recurrida. 3) Certificado de vigencia de poderes de BRISON SERVICIOS PROFESIONALES SpA, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de fecha 2 de enero de 2024. 4) Certificado de fecha 26 de diciembre de 2023, emitido por el Departamento de Acción Sanitaria, Unidad de Profesiones Médicas – Paramédicas, de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos.

A folio Nº 3, se declaró admisible el recurso, se pidió informe a la recurrida, y se dio lugar a la orden de no innovar solicitada, suspendiendo los efectos del oficio ordinario 6T N°22705/2023 de fecha 21 de diciembre de 2023. Además, se ofició al Departamento de Acción Sanitaria, Unidad de Prestaciones Médicas-Paramédicas de la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos a fin de que informe en relación con los hechos del recurso.

A folio Nº 6, evacua informe el abogado Claudio Vega Ceballos, por la Unidad de Profesiones Médicas, Paramédicas y Políticas Farmacéuticas del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, dando cuenta que el establecimiento de salud de propiedad de la actora, ubicado en Urmeneta 790, oficina 305, prestaría servicios de exámenes de imagenología, específicamente ecografías, y estos se rigen por el Decreto 283/97 que Aprueba Reglamento sobre Salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor, y conforme a sus artículos 1 y 2, el procedimiento que realizan corresponde a ecografías abdominales, de partes blandas, vasculares. Estos procedimientos son no invasivos y el impacto o riesgo sanitario es mínimo, ya que se entiende por “procedimiento no invasivo”, aquél que no involucra solución de continuidad de piel ni mucosas, ni acceso instrumental a cavidades o conductos naturales del organismo, por tanto, al no traspasar barreras naturales de la piel, no representa un riesgo para la salud individual o de la población.

Por el bajo riesgo sanitario, explica, la Unidad estableció hace aproximadamente 6 años, y como criterio técnico se han priorizado las autorizaciones sanitarias de salas de procedimientos invasivos, no siendo imperativo contar con autorización sanitaria para las salas de procedimiento no invasivos, las que de igual forma están sujetas a fiscalización y deben cumplir con la normativa sanitaria vigente. Agrega que dicha determinación técnica se tomó con el objetivo de optimizar los recursos con que cuenta la SEREMI y enfocar las fiscalizaciones a aquellas instalaciones que representan un mayor riesgo para la salud de la población, aunque de igual forma, si algún usuario solicita la autorización sanitaria de un establecimiento que realiza sólo procedimientos no invasivos, legalmente se debe tramitar, pero ellos como Unidad les indican que no solicitan dicha resolución.

Por lo expuesto, indica, a través del certificado de fecha 26 de diciembre de 2023, se indicó que la instalación consultada no requiere autorización sanitaria, pero que sí es fiscalizable. Agrega que este mismo criterio es aplicado también en otras regiones del país, y destaca que en el sitio web del Ministerio de Salud, se encuentra publicado el documento de consulta pública para de Actualización del DS N°283, que aprueba el Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor, el que expone que las salas de procedimiento no invasivas no requerirán de autorización sanitaria, motivo por el cual, la Unidad de Profesiones Médicas de la Seremi de Salud de los Lagos, continuará trabajando en la línea que el Ministerio de Salud dicte.

A folio N°8, evacua informe el abogado Diego Montero Quezada, por la recurrida FONASA, y sin desconocer la emisión del Oficio recurrido, controvierte su supuesta ilegalidad o arbitrariedad. En cuanto a la legalidad, señala que entre otras funciones, le corresponde el financiamiento de las acciones y prestaciones médicas que contempla el Régimen de Prestaciones de Salud del mismo cuerpo legal, tanto en la “Modalidad de Atención Institucional” como en la “Modalidad de Libre Elección”, con la posibilidad de celebrar convenios con entidades o personas privadas, y en el caso de la modalidad de Libre Elección, que describe, aquella quedará bajo la tuición y fiscalización de FONASA (esto es, cuando se financian prestaciones de salud que se otorgan a los afiliados y beneficiarios del Fondo por prestadores privados que hayan celebrado convenios con FONASA).

Luego, en relación a la exigencia de Resolución Sanitaria respecto del prestador, hace presente que el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1990, que Determina Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa, en su artículo único dispone que “1°. Determínanse las siguientes materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario Requieren autorización sanitaria expresa: 4.- Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor”. En la misma línea de ideas, el Decreto N° 58, que aprueba Normas Técnicas Básicas para la obtención de autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales, de mayo de 2009, en su artículo único, número 1.2. sobre autorización sanitaria de establecimientos de salud privados, indica que “1.2.1..- Deberán solicitar su autorización sanitaria los Hospitales, Clínicas, Salas de Procedimientos, Pabellones de Cirugía Menor y los Centros de Salud de carácter privado que realicen actividades que, de acuerdo al reglamento pertinente, correspondan a aquellas que se deban realizar en Salas de Procedimientos o Pabellones de Cirugía Menor”. En el mismo orden de ideas, la Resolución 277 Exenta que Establece Normas Técnico Administrativas para la aplicación del arancel del Régimen de Prestaciones de Salud del Libro II DFL N° 1 de 2005, del Minsal, dispone en el punto “10. IMAGENOLOGIA (GRUPO O4) a) Las prestaciones del grupo O4 sólo podrán ser realizadas por Entidades de Salud, las que requerirán autorización sanitaria vigente emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud…).

De lo anterior, explica, se desprende que las prestaciones sólo las pueden realizar entidades de salud, se excluyen a los profesionales (personas naturales), y además expresamente se dispone que requieren de autorización sanitaria vigente emitida por la SEREMI, y si bien exceptúa algunas que pueden ser prestadas por un profesional o persona natural, en todos los casos es necesario contar con resolución sanitaria vigente otorgada por la SEREMI. Hace presente además, que el Fondo como parte de la Administración del Estado está sometido al principio de legalidad, por lo cual no puede sino exigir resolución sanitaria que autorice a los prestadores a otorgar prestaciones de salud, cuando la ley así lo disponga.

Por otro lado, arguye que no existe arbitrariedad al exigir presentar una resolución sanitaria al prestador, pues aquella se hace respecto de todos los prestadores de salud que quieran celebrar un convenio con FONASA en todo Chile, salvo estén exceptuados por ley, y al efecto acompaña soluciones sanitarias, emitidas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos y de otras regiones, de prestadores de salud en donde sí se les exigió y éstos sí las acompañaron. Tampoco es un mero capricho explica, sino que responde a un mandato legal que es producto de un procedimiento reglado, razonado y con evidencia técnica sobre la materia. Además, en base al principio de realidad, esta exigencia resulta una obviedad, toda vez que, sin ésta, nada inhibiría a los prestadores de salud a otorgar sus prestaciones de salud, por ejemplo, en espacios al aire libre; o podrían, por ejemplo, no tener un baño donde los médicos o tecnólogos médicos puedan lavarse las manos entre pacientes, o usar máquinas defectuosas que pongan en riesgo a los pacientes o a los propios funcionarios, o un largo etc.

Dichas exigencias, explica, están enfocadas en que los beneficiarios y pacientes afiliados a FONASA, y en general todos los pacientes que concurran a un centro de imagenología tengan la garantía que el prestador cuenta con los estándares mínimos de seguridad y sanidad para evitar poner en riesgo la salud de los pacientes.

Finalmente, respecto al prestador recurrente, Brison Servicios Profesionales SpA, niega la supuesta inexistencia de una tramitación que garantizara su derecho a defensa, pues fue el mismo prestador quien inició el procedimiento para actualizar la dirección de lugar de atención mediante el formulario “Entidades Asistenciales de Salud, Formulario Modificación Administrativa y/o jurídica de Convenio”, con fecha 30 de noviembre de 2023, que acompaña a su presentación, y dicho procedimiento se encuentra debidamente reglado y es de aplicación general para todos los prestadores de salud que celebran un convenio con FONASA para ingresar al Rol de la MLE. En dicho formulario el prestador acompaña documentos y solicita el cambio de dirección y, es en virtud del análisis de la solicitud y documentos acompañados que se suspenden las prestaciones codificadas ya señaladas, indicando asimismo que podía volver a presentar la solicitud una vez que contara con los documentos.

Reitera que no existe discriminación, porque FONASA a todos los prestadores de salud que celebren convenio les exige una resolución sanitaria, cuando la ley así lo exige, como es este caso.

En cuanto al certificado emitido por la SEREMI el día 26 de diciembre de 2023, y el propio informe de ésta, pide tener presente lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 58, de 2008, del Ministerio de Salud que Aprueba Normas Técnicas Básicas para la Obtención de autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales, y la Resolución Exenta N° 277, ya mencionados, y profundiza en las disposiciones contenidas en el Decreto N° 283/97, y le llama la atención que el mismo Decreto que cita la Secretaría Regional Ministerial, dispone expresamente en su artículo 4° que “La instalación y funcionamiento de las salas de procedimientos sometidos al presente reglamento requieren de autorización expresa otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud en cuyo territorio se encuentre ubicada”, agregando en su inciso siguiente “Requieren asimismo de igual autorización, los cambios de objetivo, modificación de la planta física y de traslado o cierre del local”, que es precisamente el caso de marras, dado que el prestador se traslada de domicilio. Asimismo, de la lectura del artículo, sostiene no se desprende que sea una cuestión que la SEREMI “podrá o no” realizar, sino que se expresa e imperativamente dispone que “requieren de autorización expresa otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud”. Además, el mismo Decreto en sus artículos 9 y 10 que cita la SEREMI, señalan las dependencias con que deben contar las salas de procedimientos, y otros requerimientos, Acompaña en su informe, 3 resoluciones sanitarias a prestadores de imagenología de la Región de Los Lagos, en que sí se emitió resolución sanitaria que autoriza funcionamiento de “Instalación y funcionamiento de Pabellón de Cirugía Menor y Salas de Procedimiento” y 2 de la Región Metropolitana, todas del año recién pasado.

Por otra parte, la “determinación técnica” de la Unidad de profesiones médicas de la región de Los Lagos, cuestiona que no es una determinación que esté dentro de la esfera de facultades de esa SEREMI, pues el mandato legal del caso de marras no es una cuestión que sea disponible de cumplir o no, de acuerdo a su conveniencia o consideraciones de oportunidad o por razones técnicas, es obligación de la SEREMI evaluar y eventualmente otorgar la resolución sanitaria al prestador para que pueda funcionar como centro de imagenología. Es más, el informe evacuado sostiene que este criterio se aplica en “otras regiones del país”, sin embargo, no señala en cuál o cuáles.

Acompaña al informe: 1. Resolución Sanitaria del 30 de enero de 2023, SEREMI Los Lagos. 2. Resolución Sanitaria del 13 de marzo de 2023, SEREMI Los Lagos. 3. Resolución Sanitaria del 07 de noviembre de 2023, SEREMI Los Lagos. 4. Resolución Sanitaria del 28 de junio de 2023, RM. 5. Resolución Sanitaria del 31 de agosto de 2023, RM. 6. Formulario actualización convenio del 30 de noviembre de 2023. 7. Respuesta solicitud de actualización de convenio. 8. Documento acompañado en solicitud Patente provisoria. 9. Documento acompañado en solicitud permiso municipal.

A folio N° 16, la SEREMI evacua complementación de informe solicitada por FONASA, y ordenada a folio N°12, en el cual se solicita que se pronuncie expresamente la razón por la cual no se da cumplimiento a la Ley, en particular, al Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa. En dicho informe, se refiere al objetivo de la Unidad de Profesionales Médicas de la SEREMI, dentro de las cuales está la formalización (autorización de instalación, de funcionamiento, traslado de local, exigencias sanitarias, etc) de 33 tipos de establecimientos de salud y farmacéuticos, y también la fiscalización de establecimientos de salud que en la región superan los 100 establecimientos.

Explica que las acciones de salud públicas se plantean identificando escenarios que se han basado en el concepto de riesgo y en una relación de causalidad con base epidemiológica probabilística, y para planificarlas, se utilizan los criterios técnicos basados en el riesgo, que es una herramienta para definir y planificar las necesidades de enfoque de trabajo, con énfasis en evitar la presentación del riesgo pero también para focalizar los recursos de supervisión con que cuenta la institución, y así priorizan las actividades. Ello obedece, refiere, a los lineamientos ministeriales de las autoridades sanitarias, para enfocar la fiscalización a los riesgos reales, y en ese contexto la Unidad de Profesiones Médicas regional definió hace más de 6 años en una mesa técnica de trabajo interna la priorización de las autorizaciones sanitarias de salas de procedimiento invasivo. Agrega que los funcionarios que trabajaron en esa definición ya se jubilaron, pero los nuevos equipos han mantenido el acuerdo basado en el riesgo bajo que un establecimiento de salas no invasivo significa, como en este caso de ecografías.

Reitera que este criterio es aplicado en otras regiones del país, y destaca que en el sitio web del Ministerio de Salud está publicado el documento de consulta pública para Actualización del DS N°238, que aprueba el Reglamento sobre Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor, que expone un cambio en el decreto que va en relación al criterio de riesgo, y dicta que las salas de procedimientos no invasivas no requerirán de autorización sanitaria, por lo que la Unidad seguirá trabajando en esa línea.

Finalmente, indica que la recurrente recientemente ingresó una petición de autorización sanitaria, y se le envió la documentación sanitaria para dar curso al trámite. Agrega que le llama la atención que FONASA esté cuestionando recién ahora su determinación técnica, pues se lleva aplicando varios años en la región, o que no hubiere oficiado consultando directamente a la SEREMI antes de suspender las prestaciones a la recurrente, por lo que están abiertos a una coordinación más directa con dicha institución.

A folio Nº 17, se trajeron los autos en relación.

A folio Nº 20, se agregó extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra el Fondo Nacional de Salud, que por medio de Ordinario N° 227052023, de fecha 21 de diciembre de 2023, suspendió las siguientes prestaciones: Código 0404003 hasta 0404016 y Código 0404118 hasta 0404121, respecto de la actora, por estimar que para ello requiere una Resolución Sanitaria que autorice la instalación y funcionamiento de un centro de imagenología, en específico de ecografías.

Asevera que ello responde a un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida porque la SEREMI de Salud de la Región, emitió un certificado dando cuenta que no requiere dicha autorización sanitaria, por tratarse de procedimientos no invasivos, por lo que se vulnera sus garantías fundamentales, en particular aquellas consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que la defensa de la recurrida estriba en que aquella exigencia se hace respecto de todos los prestadores de salud que quieran celebrar un convenio con FONASA en todo Chile, salvo cuando estén exceptuados por ley, cual no es el caso de la actora.

Por otra parte, en relación a la exigencia de Resolución Sanitaria respecto del prestador, hace presente que aquella se desprende del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1990, que Determina Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa, en su artículo único dispone que “1°. Determínanse las siguientes materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario Requieren autorización sanitaria expresa: 4.- Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor”. En la misma línea de ideas, el Decreto N° 58, que aprueba Normas Técnicas Básicas para la obtención de autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales, de mayo de 2009, en su artículo único, número 1.2. sobre autorización sanitaria de establecimientos de salud privados, indica que “1.2.1..- Deberán solicitar su autorización sanitaria los Hospitales, Clínicas, Salas de Procedimientos, Pabellones de Cirugía Menor y los Centros de Salud de carácter privado que realicen actividades que, de acuerdo al reglamento pertinente, correspondan a aquellas que se deban realizar en Salas de Procedimientos o Pabellones de Cirugía Menor”. Asimismo, la Resolución 277 Exenta que Establece Normas Técnico Administrativas para la aplicación del arancel del Régimen de Prestaciones de Salud del Libro II DFL N° 1 de 2005, del Minsal, dispone en el punto “10. IMAGENOLOGIA (GRUPO O4) a) Las prestaciones del grupo O4 sólo podrán ser realizadas por Entidades de Salud, las que requerirán autorización sanitaria vigente emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud…), por lo que no ha existido actuación ilegal o arbitraria de su parte, al ajustarse plenamente sus exigencias al principio de legalidad Tercero: Que, por su parte, y requerido informe, la SEREMI de Salud explica que efectivamente emitió el Certificado acompañado por el actor, que indica que las salas de procedimientos no invasivas no requieren de autorización sanitaria, sin perjuicio de quedar sujetas a fiscalización. Agrega que este criterio técnico es aplicado en otras regiones del país, y destaca que en el sitio web del Ministerio de Salud está publicado el documento de consulta pública para Actualización del DS N°238, que aprueba el Reglamento sobre Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor, que expone un cambio en el decreto que va en relación al criterio de riesgo, y determina que las salas de procedimientos no invasivas no requerirán de autorización sanitaria, por lo que la Unidad seguirá trabajando en esa línea.

Además, hace presente que la recurrente ingresó una petición de autorización sanitaria, y se le envió la documentación sanitaria para dar curso al trámite.

Cuarto: Que para dilucidar si la actuación de la recurrida FONASA no es arbitraria y se ha ceñido a la Ley, debe estarse a lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1990, que Determina Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa, en su artículo único dispone que “1°. Determínanse las siguientes materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Sanitario Requieren autorización sanitaria expresa: 4.- Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor”. En la misma línea de ideas, el Decreto N° 58, que aprueba Normas Técnicas Básicas para la obtención de autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales, de mayo de 2009, en su artículo único, número 1.2. sobre autorización sanitaria de establecimientos de salud privados, indica que “1.2.1..- Deberán solicitar su autorización sanitaria los Hospitales, Clínicas, Salas de Procedimientos, Pabellones de Cirugía Menor y los Centros de Salud de carácter privado que realicen actividades que, de acuerdo al reglamento pertinente, correspondan a aquellas que se deban realizar en Salas de Procedimientos o Pabellones de Cirugía Menor”. Asimismo, la Resolución 277 Exenta que Establece Normas Técnico Administrativas para la aplicación del arancel del Régimen de Prestaciones de Salud del Libro II DFL N° 1 de 2005, del Minsal, dispone en el punto “10. IMAGENOLOGIA (GRUPO O4) a) Las prestaciones del grupo O4 sólo podrán ser realizadas por Entidades de Salud, las que requerirán autorización sanitaria vigente emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud…).

Quinto: Que, de las normas aludidas, se desprende que las prestaciones de imagenología sólo las pueden realizar entidades de salud, se excluyen a los profesionales (personas naturales), y además expresamente se dispone que requieren de autorización sanitaria vigente emitida por la SEREMI de Salud correspondiente, y si bien la normativa exceptúa algunas que pueden ser prestadas por un profesional o persona natural, en todos los casos es necesario tener resolución sanitaria vigente otorgada por la SEREMI, cual es la exigencia que realizó la recurrida FONASA para el prestador recurrente, que desea celebrar o mantener el convenio de modalidad de Libre Elección, y con ello realizar las prestaciones cuyos códigos se encuentran suspendidos.

Sexto: Que así las cosas, para analizar la conducta reprochada a FONASA, ha de tenerse en consideración que al iniciar el procedimiento para actualizar la dirección de lugar de atención mediante el formulario “Entidades Asistenciales de Salud, Formulario Modificación Administrativa y/o jurídica de Convenio”, ingresado por el prestador recurrente con fecha 30 de noviembre de 2023, con el objeto de modificar el lugar de prestación de servicios de exámenes de imagenología, específicamente ecografías, debía contar necesariamente con la autorización sanitaria previa respecto de dicha ubicación, a efectos de celebrar el convenio correspondiente con FONASA, precisamente porque la normativa vigente no permite prestar servicios de ecografías sin autorización sanitaria previa para sala de procedimiento no invasivo, que es la actividad comercial que ejerce la recurrente.

De esta manera, no se aprecia un actuar ilegal ni arbitrario de la recurrida al suspender las siguientes prestaciones: Código 0404003 hasta 0404016 y Código 0404118 hasta 0404121, porque aquella negativa se funda únicamente en la exigencia de resolución sanitaria previa que autorice la instalación y funcionamiento de las dependencias a las cuales desea trasladarse la recurrente, a que se ha hecho alusión previamente, motivos por los cuales la acción será desestimada.

Séptimo: Que lo razonado, es sin perjuicio que, como la Unidad de Profesiones Médicas, Paramédicas y Políticas Farmacéuticas del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos, informa, la recurrente ingresó una petición de autorización sanitaria, y se le envió la documentación sanitaria para dar curso al trámite, por lo cual podrá solicitar la autorización de los códigos suspendidos una vez cuente con la resolución sanitaria correspondiente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por don Mauricio Cárdenas García, en representación de BRISON SERVICIOS PROFESIONALES SpA, domiciliada en esta comuna, que interpone acción constitucional de protección en contra del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA).

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivo plausible para accionar.

III.- Déjese sin efecto la orden de no innovar dispuesta a Folio N°3.

Lo anterior, acordado con la prevención del Ministro Titular don Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien estuvo además por disponer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° inciso tercero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, que se acoja el recurso de protección contra la Unidad de Profesiones Médicas, Paramédicas y Políticas Farmacéuticas del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos, en su calidad de tercero que pudiere resultar afectado por la sentencia de protección, ordenando dejar sin efecto el Certificado de fecha 26 de diciembre de 2023, emitido por dicho organismo, y tramitar a la brevedad la solicitud de autorización sanitaria presentada por la recurrente.

Lo dicho, fundado en que de conformidad a los principios de legalidad y juridicidad imperantes en nuestra legislación, resulta improcedente que dicho organismo emita certificados eximiendo de requisitos legales de autorización sanitaria, por resultar aquello contrario a la normativa vigente, a que se hizo referencia en el considerando segundo del presente fallo, fundado además en supuestas cuestiones o criterios técnicos que no tienen asidero legal ni reglamentario, pues la ley ordena precisamente lo contrario, esto es, que debe otorgar la correspondiente resolución sanitaria que autorice la instalación y funcionamiento de las dependencias donde la actora desea prestar sus servicios, y hacer efectivo su convenio con FONASA.

Lo anterior no sólo pugna con el ordenamiento jurídico actualmente vigente, sino además crea falsas expectativas en los usuarios, en orden a que no requieren autorización sanitaria, y además implica una dilación y perjuicio indebido para éstos, que están supeditados a hacer efectivos sus Convenios con FONASA, y con ello percibir los montos correspondientes por las prestaciones que estén reguladas en éstos, por el actuar contrario a Derecho de dicho organismo.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez y de la prevención su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº 12-2024.-