nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, con fecha 30 de septiembre del presente año, comparece doña nombre reservado, Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas, en nombre reservado, domiciliada en esta comuna y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de doña nombre reservado, Seremi de Salud (S) Región de Los Lagos, por los hechos que expone en su libelo.

Señala que el día 27 de agosto de 2021, la Sra. nombre reservado, Encargada de la Unidad de Gestión de las Personas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, remitió un correo electrónico mediante el cual le acompañó carta de aviso de término de contrato, comunicándole el cese de sus funciones por la causal del artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, haciéndose efectivo el cese de la relación laboral desde el día 01 de septiembre de 2021, lo que habría sido acreditado mediante la Investigación administrativa ordenada por Res Exenta 15.922, de fecha 6 de julio del año 2021.

Alega que dicha investigación administrativa es resultado de la actuación arbitraria e improcedente de la fiscal doña Natalia Rossi, que el día 07 de julio de 2021, cuando se dirigía a su trabajo, recibió llamada de la funcionaria nombre reservado, quien le señaló que la fiscal estaba en el bar del Hotel Don nombre reservado, y que le tomaría declaraciones. Agrega que la interrogó sobre una denuncia en su contra por haber participado en un viaje a las Termas del Sol, desconociendo ella la razón por la cual la interrogaban, cuáles eran las consecuencias, y nada se le dijo que podía aportar antecedentes o guardar silencio, ni tampoco se le dio la posibilidad de contar con asesoría letrada.

Explica que la fiscal insistía en que reconociera los hechos, que se sintió intimidada por miedo a perder su trabajo, y terminó aceptando lo que ella decía. Incluso, dice, la fiscal le señaló que era un mero formalismo y que nada pasaría, y por ese engaño prestó declaración.

Dice que la fiscal la acusó de falta de probidad, y será difícil que encuentre trabajo, le han cortado los brazos laboralmente, vulnerando su derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, y derecho de propiedad.

Argumenta que ha debido recurrir vía acción de protección, ya que, en calidad de trabajadora contratada por el Estado, se encuentra en una situación jurídica especial, ya que la Inspección del Trabajo, como tampoco la Contraloría General de la República protegen sus derechos, y no han recogido su reclamo.

Solicita, se acoja el recurso, y se ordene efectuar una nueva investigación sumaria y se corrija el procedimiento, ordenándose dar cumplimiento al debido proceso como lo ordena la propia Controlaría General de la República en su dictamen N°64.626, para que puede realizar sus descargos dentro del marco jurídico de los derechos que le asisten, dada la gravedad de la acusación que se ha efectuado en la formulación de cargos, con costas.

Acompaña a su recurso: 1.- Contrato de Trabajo de fecha 21 de Julio de 2020. 2.- Anexo de contrato de Trabajo de fecha 1° de octubre de 2020. 3.- Anexo de contrato de Trabajo de fecha 1° de Febrero de 2021. 4.- Resolución Afecta CP N° 34/2021 de fecha 11 de Agosto de 2021, que resolvió la investigación administrativa de la Resolución Exenta 15.922 de fecha 7 de julio de 2021, y puso término a la relación laboral. 5.- Carta Aviso de Término de contrato de trabajo, enviada a su correo electrónico.

Evacuando el informe previamente solicitado a la recurrida, el día 18 de octubre, comparece el abogado Álvaro Olguín Richter, quien instó por el rechazo de la acción, con costas.

Alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso, pues la recurrente tomó conocimiento de los hechos el día 27 de agosto, tal como ella misma reconoce, y desde ese día inició el cómputo del plazo para recurrir. A mayor abundamiento, los hechos referidos a la toma de declaración, ocurrieron el día 07 de julio de 2021, lo que devela de igual modo su manifiesta extemporaneidad.

Luego, alega la improcedencia de la acción de protección, pues si bien reconoce que la Inspección del Trabajo no atiende reclamos administrativos de servidores del Estado, queda a salvo la opción de recurrir al Tribunal por denuncia de vulneración de derechos fundamentales, o en su caso, la correspondiente acción por el despido.

En cuanto al fondo del recurso, destaca que la recurrente, en todo el curso de la investigación administrativa, ha recibido un trato acorde con el respeto y la dignidad, además de haberse observado con celo el debido proceso en la sustanciación de la aludida investigación.

En lo relacionado a la investigación misma, especifica que con fecha 06 de julio de 2021 se ordenó instruir mediante Resolución Exenta N° 15.922 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos investigación administrativa con la finalidad de investigar hechos relativos a la concurrencia de diversos servidores del Estado de la Unidad Regional de nombre reservado de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, contratados bajo las normas del Código del Trabajo, a la comuna de Cochamó, específicamente al complejo turístico Termas del Sol, el día 24 de junio de 2021, en horario hábil laboral.

Alega que dicha resolución fue dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, Sr. nombre reservado, a través de la cual ordena instruir una investigación de carácter administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el dictamen N° 64.626 de fecha 31 de diciembre de 2021, esto es instruir una investigación sumaria breve, la cual no requiere estar sujeta reglas rígidas de tramitación, sino observar el derecho fundamental del debido proceso. A su vez, agrega en la mentada resolución se designó como investigadora a doña Natalia Rossi Núñez, abogada del Departamento de Asesoría Jurídica, con la finalidad de que, en su calidad de abogada, en pleno conocimiento de las normas y principios que deben observarse, sustanciara la encomendada indagatoria.

Luego, en relación a la indagatoria, precisa que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, se trata de una investigación administrativa la cual tiene por objeto el investigar hechos que puedan ser constitutivos de alguna de las causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, siendo esta una investigación no reglada y desformalizada, en términos de que no existe normativa que establezca trámites que la administración este constreñida a cumplir, sino que únicamente exige el respeto al derecho al debido proceso, el cual se entiende completamente observado con el cumplimiento de ciertas instancias y oportunidades que se traducen en oír debidamente al investigado, darle instancias para rendir prueba, se le notifique y formulen cargos, se reciban y acojan sus descargos, se notifique de la resolución de término los cuales han sido cabalmente cumplidos en la presente investigación, y cita dictámenes atingentes.

En el caso particular de la recurrente, alega que ha sido oída para prestar declaración en el marco de la indagatoria en comento, se le formularon y notificaron cargos con fecha 14 de julio de 2021, se otorgó copia íntegra de expediente sumarial con fecha 15 de julio de 2021, mediante resolución investigativa de fecha 21 de julio de 2021 se accedió a la solicitud de ampliación de plazo para formular descargos, con fecha 29 de julio de 2021 fueron tenidos por evacuados los descargos y medios probatorios remitidos por la encartada, y se abrió un término probatorio por cinco días, quedando de manifiesto el cumplimiento y pleno respeto de todas las instancias procesales mediante las cuales se otorgó a la investigada todos los medios, y plazos razonables de defensa, accediendo incluso a solicitudes adicionales, muy por sobre el estándar que los mismos dictámenes de la Contraloría General de la República establecen Argumenta que, del dictamen N° 7.816 de 2020 de la Contraloría General de la República, emanado en razón de la actual pandemia por SARS-CoV-2, se desprende naturalmente que, en razón de presente pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, y en atención del interés público prevalente que conlleva la determinación de las posibles responsabilidades administrativas, es que la entidad fiscalizadora otorga las facilidades pertinentes a la administración activa, a través del Fiscal, para dar curso progresivos a los autos investigativos, pudiendo efectuar las diversas actuaciones propias del proceso investigativo a través de medios telemáticos, tales como correo electrónico, contacto telefónico, videoconferencias, entre otras.

Recalca que lo expuesto, es afín con los principios de economía procedimental y de la no formalización, contemplados en los artículos 9° y 13 de la ley N° 19.880, sin perjuicio de que el procedimiento de que trata en la especie es un procedimiento que no se encuentra regido por las normas específicas procedimentales.

Acompaña al informe: 1.- Acta de declaración de la recurrida, 2.- Notificación de cargos a la recurrente. 3.- Solicitud de aumento de plazo efectuada por la recurrente y la resolución fiscal que lo otorga. 4.- Descargos presentados por la recurrente. 5.- Resolución Fiscal de fecha 29.07.2021.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de la presente audiencia.

Previo a la vista de la causa, el día 22 de octubre del año en curso, el abogado de la parte recurrida, solicita tener presente que en oficio N° E 23.968 de fecha 07 de octubre de 2021, mediante el cual, la Contraloría Regional de Los Lagos representó la Resolución Afecta N° 34 de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, la cual fue acompañada por la parte recurrente, por cuanto no se remitieron todos los antecedentes (por un error de sistema), y además objetó el acto terminal, ordenando la reapertura del proceso investigativo, y exigiendo una resolución exenta adicional a la ya dictada, para que se realicen las actuaciones omitidas, a lo cual está obligada a cumplir, por lo que estima ha perdido oportunidad el presente recurso. Agrega que, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, dictó la resolución exenta N° 23.754, mediante la cual, con fecha 28 de septiembre de 2021 reabrió dicha investigación, designando un nuevo investigador.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que el objeto de la presente acción cautelar, dice relación con que la actora, fue notificada por la recurrida de la terminación de su contrato de trabajo, desde el día 01 de septiembre del año en curso, por la causal del artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, cuestión que alega, fue resuelta luego de una investigación administrativa arbitraria llevada a cabo por la fiscal designada, en contravención a las normas del debido proceso y afectando su derecho a defensa, considerando que aquello constituye un acto ilegal y arbitrario de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos.

Solicita, se acoja el recurso, se ordene efectuar una nueva investigación sumaria y se corrija el procedimiento, ordenándose dar cumplimiento al debido proceso como lo ordena la Controlaría General de la República en su dictamen N°64.626, para que pueda realizar sus descargos dentro del marco jurídico de los derechos que le asisten.

TERCERO: Que, luego de evacuado el informe solicitado, en el cual pidió el rechazo de la acción por los fundamentos que en ella indicó, la recurrida realizó una presentación, que en lo pertinente indica que por oficio N° E 23.968 de fecha 07 de octubre de 2021, la Contraloría Regional de Los Lagos representó la Resolución Afecta N° 34 de 2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, la cual fue acompañada por la parte recurrente, por cuanto no se remitieron todos los antecedentes (por un error de sistema), y además objetó el acto terminal, ordenando la reapertura del proceso investigativo, y exigiendo una resolución exenta adicional a la ya dictada, para que se realicen las actuaciones omitidas, lo cual está obligada a cumplir, por lo que estima ha perdido oportunidad el presente recurso. Agrega que, dando cumplimiento a lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, dictó la resolución exenta N° 23.754, mediante la cual, con fecha 28 de septiembre de 2021 reabrió dicha investigación, designando un nuevo investigador.

CUARTO: Que, por ello, la recurrida deberá dar estricto cumplimiento a lo ordenado en oficio N° E 23.968 de fecha 07 de octubre de 2021, de la Contraloría Regional de Los Lagos, en especial, reabrir el proceso investigativo, realizar las actuaciones omitidas que en el mismo documento se detallan, y en especial, dictar una nueva resolución exenta en que determine poner término a los contratos de trabajo de los afectados y en contra de la cual, luego de su notificación, se podrán interponer los medios de impugnación que establece la normativa, debiendo remitirse, en su oportunidad, las piezas faltantes a dicho órgano contralor.

Lo anterior, implica en todo caso, que la recurrida deberá respetar todos los derechos laborales que asisten a los recurrentes, en tanto no se ponga término a la relación laboral, conforme lo instruido por la Contraloría General de la República.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, Seremi de Salud (S) Región de Los Lagos, por haber perdido oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior la recurrida deberá respetar todos los derechos laborales que asisten al recurrente, en tanto no se ponga término a la relación laboral en un procedimiento legalmente tramitado, conforme a lo instruido por la Contraloría General de la República.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº 1192-2021.