nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, catorce de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, compareció el abogado Marcelo Alberto Negrón Andrade, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, por don nombre reservado, agricultor, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado, quien presentó acción constitucional de protección en contra nombre reservado, empleado público, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Unidad de Fiscalización, domicilio reservado° piso, nombre reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal ejercidos en su contra.

Expuso que el recurrente es agricultor y desarrolla corretaje de ganado en la Ferias de Remate FEGOSA, correspondientes a nombre reservado, Puerto Varas, Purranque y Osorno. Dijo que su trabajo consiste en proporcionar asistencia a clientes, tanto compradores o vendedores para que, por su intermedio obtengan un buen precio y logren un mayor beneficio. Dice que esta actividad es compleja y requiere de una serie de acciones, y que se dedica al rubro porque fue martillero público por más de 12 años, habiendo trabajado por más de 45 años en la Feria de Osorno.

Refirió que en el año 1998 se independizó y empezó a trabajar en el corretaje de forma independiente y desde el 2003 empezó a sentir que es perseguido de manera personal por el funcionario recurrido, el cual también afectaba a las personas y empresas que él asesoraba. Esta persecución, señaló, no ha terminado ya que llega a las ferias de remates, debidamente autorizado por sus clientes y/o empresas propias, y el funcionario de la Feria de Osorno, que tiene cargo de agente de la sucursal de nombre reservado (Hardy Doërner) y su Secretaria (nombre reservado), se comunicaron con el fiscalizador recurrido para informarle que el recurrente está vendiendo a través de determinadas empresas.

De esta manera, expresó que don nombre reservado, haciendo uso de una norma legal (Resolución Exenta N°141 de 2019) que fue derogada por Resolución Exenta N°3.721 de 2020, habría enviado una notificación a la Feria de Osorno en que da cuenta de su incorporación en la nómina de contribuyentes de difícil fiscalización en venta de ganado, lo que tiene como consecuencia la retención del 100% del IVA y la imposibilidad de emitir documentos tributarios libremente. Lo anterior, sin fiscalización previa ni información al contribuyente afectado.

Previa solicitud de la Corte, aclaró que el acto ilegal o arbitrario que alegó que habría incurrido el funcionario recurrido, está constituido por la comunicación que el recurrido habría tenido con el Banco BCI el 24 julio de 2024 y que como consecuencia de ello, se habría producido el bloqueo de sus cuentas corrientes, agregando que estas actuaciones se habrían repetido en los meses de marzo, abril y mayo del 2024.

Reclamó vulneración a las garantías del 19 N°16, en relación con la libertad de trabajo, el 19 N°21 en relación con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el 19 N°22 por la no discriminación arbitraria en materia económica.

Solicitó se acoja el recurso, ordenando a la recurrida que cesen las acciones ilegales y arbitrarias y de esa manera restablecer el imperio del derecho, con costas.

A folio 7 se declaró admisible el recurso, se pidió informe a la recurrida.

A folio 12, se hizo parte el Servicio de Impuestos Internos y asumió la representación del recurrido, indicando que este se encuentra con licencia médica desde mayo de 2024.

A folio 13 evacuó informe la recurrida, quien expuso los antecedentes tributarios del recurrente. Así, dijo que, de acuerdo con las bases informáticas del Servicio, el recurrente, tiene la calidad de microempresario, dando aviso de inicio de actividades, el 01.01.1993, registrando actualmente como actividades económicas vigentes: (i) Cría de ganado bovino para la producción de carne o como ganado reproductor; (ii) Otras actividades de servicios personales N.C.P.

Agregó que, por sentencia de agosto de 2011, fue condenado a la pena única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los delitos tributarios reiterados, en grado de consumados, previstos y sancionados en el artículo 97 N°4, inciso 2°2, del Código Tributario, en causa RUC 0910021044-1, RIT 27-2011, emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado. Además, en la misma causa se le impuso una multa ascendente al 100% de lo defraudado, es decir, $948.138.054.

Sumó que, por sentencia de abril de 2014, fue condenado a 100 días de presidio menor en su grado mínimo, a la pena pecuniaria de 24 UTM a beneficio fiscal y a las accesorias del artículo 30 del Código Penal, como autor del delito tipificado en el artículo 97 N°83, del Código Tributario, en grado de consumado, en causa RUC 0900607656-1, RIT 4435-2009, dictada por el Juzgado de Garantía de Osorno.

Señaló, además, la existencia de una investigación en curso en su contra, en que el servicio es querellante, por la responsabilidad que le corresponde, en calidad de autor, en la comisión del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, N°4, inciso 2°, del Código Tributario, causa bajo el RUC 2010040544-0, RIT 322-2020, del Juzgado de Letras y Garantía de Maullín.

En relación a la persona natural recurrida, el funcionario nombre reservado, éste efectuó una denuncia el 27 de diciembre 2022, en contra de don nombre reservado, por hechos cometidos por el recurrente, consistente en amenazas simples contra personas y propiedades, delito contemplado en el artículo 296 N°3, del Código Penal, la cual se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía Local de nombre reservado, y seguida ante el Juzgado de Garantía de nombre reservado, causa RIT 1819-2023, RUC 2201303691-1, y en la cual, este Servicio, representa al funcionario, atendido el amparo previsto en el artículo 90 de la Ley Nº18.834.

Por último, en lo relativo a su situación judicial, dijo que se tramitó el recurso de protección Rol 734-2023 de esta Corte, interpuesto por el actual recurrente en contra del mismo funcionario de este Servicio, denunciando similares hechos como vulneratorios de garantías fundamentales, el cual el 22 de julio de 2023 fue rechazado, con costas.

Luego, expuso el informe del recurrido que el funcionario don nombre reservado, se encontró con licencia médica entre el 28 de mayo de 2024, hasta el 25 de agosto de 2024, fecha en la que retomó sus labores.

A continuación, alegó la falta de legitimidad pasiva del recurso de protección basado en que el recurso versa sobre un supuesto “contacto” del funcionario nombre reservado, con el Banco de Créditos e Inversiones (BCI), el día 24.07.2024, que habría gatillado, por motivos que no especifica ni acredita, el “bloqueo” de su cuenta corriente y las de empresas “ligadas” a él, sin establecer que cuentas son, ni a qué empresas se refiere. Dice que esto sería falso y además que el funcionario no habría estado en funciones en dicha fecha. Argumentó que el cierre de las cuentas es una facultad de la institución bancaria, además, y que el Servicio de Impuestos Internos no tiene nada que ver con ello.

A continuación, alegó que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de lo solicitado por el actor, siendo este un procedimiento urgente y excepcional, obliga a que esta acción sea reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, contemplándose en nuestro ordenamiento una serie de procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir, cuando la finalidad perseguida sea distinta. Estos recursos son tanto de orden administrativo como jurisdiccional.

Explicó que existe una instancia administrativa y judicial, establecida en el artículo 8 bis, inciso 2°, del Código Tributario, incorporado al Código Tributario por la Ley N°21.210, del año 2020, que moderniza la legislación tributaria, y que al efecto dispone: “El contribuyente podrá presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de un acto u omisión del Servicio…” Agrega que “De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código…”.

Arguyó que el legislador contempló expresamente en el Código Tributario una acción cautelar especial, en caso de existir una vulneración a las garantías constitucionales que la propia norma consagra y que, como tal, debe primar por sobre la acción cautelar contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política, esto es, la acción de protección.

Alegó además cosa juzgada en lo relativo a la inclusión del recurrente en la Nómina de Contribuyentes de Difícil Fiscalización, ya que esta materia fue ampliamente discutida y fallada en el recurso de protección Rol N°734-2023, seguido ante esta misma Corte, donde la discusión se centró precisamente en la circunstancia de la inclusión en la mencionada Nómina, que tuvo lugar en el año 2022, la que encuentra sustento en el inciso segundo del artículo 3°, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y habiéndose emitido la Resolución Exenta N°141, de 26.12.2019, que dispuso el cambio parcial o total de sujeto, tratándose del Impuesto al Valor Agregado, en el caso del vendedor de ganado vivo, en las ferias de ganado, que cumpliesen con ciertos requisitos estipulados en dicho acto. Citó los considerandos de la sentencia del recurso de protección pretérito, en donde se concluyó que no había derechos indubitados y que no fue posible establecer la existencia de una afectación a través de una acción ilegal o arbitraria.

Continuando su argumentación, dijo que no existen acciones u omisiones si legales o arbitrarias del recurrido o del Servicio al que pertenece ya que el recurrente no aporta ningún antecedente que permita dar algún grado de credibilidad a sus dichos y quedó de manifiesto que es el recurrente quien ha tenido una sistemática y permanente conducta reñida con la ley.

Señaló que la consecuencia de la inclusión nómina de contribuyentes de difícil fiscalización, es que se le impone una mayor responsabilidad o una carga más gravosa, es al receptor de las facturas, como es en la especie, a la Feria de Ganado Osorno S.A., quien como contribuyente será el sujeto pasivo del impuesto a las ventas y servicios, en lugar de la reclamante, responsabilidad que le cabe normalmente a los vendedores. En efecto, la inclusión en la nómina impone el deber de emitir facturas de compra, en las que se indique el monto neto de las operaciones de los contribuyentes incluidos en la nómina, el impuesto recargado y el impuesto retenido, debiendo corresponder ambos impuestos, al 100% de la tasa vigente de IVA. Esta emisión debe efectuarse en cada oportunidad en que se opere con el vendedor respectivo. Descartó en este sentido, una afectación a las garantías que alegó vulneradas.

Solicitó el rechazo del recurso de protección intentado y acompañó al recurso los siguientes documentos: 1.- Copia de sentencia definitiva de fecha 15.08.2011, en causa RIT 27-2011, RUC 0910021044-1, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado. 2.- Copia de sentencia definitiva de fecha 09.04.2014, en causa RIT 4435-2009, RUC 0900607656-1, dictada por el Juzgado de Garantía de Osorno. 3.- Resolución Ex. SII N°141, de fecha 26.12.2019, que dispone cambio de sujeto de derecho del IVA, en las ventas de ganado vivo. 4.- Sentencia definitiva, de fecha 22.07.2023, en recurso de protección Rol N°734-2023, dictada por la Corte de Apelaciones de nombre reservado. 5.- Resolución Ex. N°1567, de 31.05.2024, dictada por la X Dirección Regional nombre reservado. 6.- Resolución Ex. N°1936, de 05.07.2024, dictada por la X Dirección Regional nombre reservado. 7.- Resolución Ex. N°2227, de 29.07.2024, dictada por la X Dirección Regional nombre reservado.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en la especie el recurrente alegó la afectación de sus derechos consagrados en la Constitución, de acuerdo a la aclaración que realizó a folio 5 de la carpeta electrónica, al hecho ocurrido el día 24 de julio de 2024, oportunidad en la que el recurrido contactó al Banco BCI en el que el recurrente es titular de cuenta corriente propia y de empresas ligadas a él, situación que condujo a que se le bloquearan las cuentas corrientes.

Cuatro: Que, sólo ese hecho debe ser considerado como constitutivo de la presente acción constitucional ya que su inclusión en la nómina de contribuyentes de difícil fiscalización ya fue materia de un recurso de protección pretérito, que se tramitó en esta misma corte bajo el Rol N°734-2023, en que por sentencia ejecutoriada se rechazó el recurso.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes que constan en el proceso y lo expuesto en la audiencia respectiva, no se acompañó ningún antecedente por parte del recurrente que permita acreditar la existencia del bloqueo de alguna cuenta del recurrente del Banco BCI. Además, ni en el recurso, ni en la aclaración posterior se señalaron cuáles serían las cuentas bloqueadas, ni en base a qué fundamentos el Banco BCI las habría bloqueado, sumado a que, además, la acción constitucional no se dirigió contra dicha institución financiera.

Sexto: Por otra parte, el recurrente tampoco acreditó la existencia de alguna comunicación entre el funcionario del Servicio de Impuestos Internos recurrido y el Banco BCI, constando además que, para la fecha de los hechos se encontraba con licencia médica, reincorporándose recién en agosto de 2024, por lo que malamente podría haber realizado acciones, dentro de la esfera de las competencias del servicio que pudiesen haber afectado al recurrente.

Séptimo: En conclusión, atendida la manifiesta falta de antecedentes fundantes de este recurso de protección, será rechazado y así se expresará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve:

I.- Que, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por el abogado Marcelo Alberto Negrón Andrade, por don nombre reservado, en contra nombre reservado, funcionario fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N°1188-2024.-