nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece en estos autos nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Secretaria Suplente Regional Ministerial (SEREMI) de Salud; por el supuesto acto ilegal y arbitrario de haberla acusado de conductas deshonestas e impropias, dañando su honra y estabilidad laboral y su proyección en cualquier actividad profesional y además de haber puesto término a su contrato de trabajo.

Al efecto refiere que el 7 de julio de 2021, en circunstancias que se encontraba trabajando en la Residencia Sanitaria del Hotel Ibis, fue informada que debía prestar declaración con una abogada, por lo que se traslada al lugar, donde sin ser informada de nada se le comienza a interrogar por la situación donde funcionarios de la Residencia Sanitaria donde ella trabaja, habrían concurrido al Complejo Turístico Termas del Sol en horario de trabajo. Al respecto, sostiene que en dicha declaración no se le permitió obtener asistencia jurídica y que sólo se plasmaron partes de sus dichos, y no aquellos que ella solicitó que quedaran reflejados.

Refiere que la investigación habría sido arbitraria, ya que no se le dio la posibilidad de guardar silencio, consultar la legalidad del acto y que la declaración habría sido llevada de manera capciosa, además de sentirse intimidada por miedo a perder su trabajo y donde se le habría manifestado que dicho proceso era un mero formalismo y que no tendría consecuencias relevantes.

En ese contexto, sostiene que se le acusó y finalmente, con fecha 27 de agosto de 2021, se le aplicó la causal de despido por falta de probidad consagrada en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, lo que implica que sería una persona deshonesta, no honrada y que de todo punto de vista le causaría un perjuicio irreparable en su historia laboral, en otras palabras, sostiene que la Fiscal y la Seremía de Salud Región de Los Lagos, han vulnerado su garantía de debido proceso e igualdad ante la ley, además de su derecho de propiedad, ya que no fueron debidamente informadas de la realización de este proceso y de la gravedad de sus consecuencias.

Por lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso de protección, para que se corrija el procedimiento, estableciendo un término probatorio y formulación de cargos con hechos precisos y claros, con costas.

Informó el recurso el abogado Álvaro Olguín Richter en representación de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar alega la extemporaneidad del presente recurso, ya que es la misma recurrente quien señala que el 27 de agosto de 2021 recibió un correo electrónico por el cual se le comunicó el cese de sus funciones por la causal del artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, así, habiendo presentado el presente recurso el 29 de septiembre de 2021, el mismo fue interpuesto fuera del plazo de 30 días establecido por ley para esta acción constitucional, por lo que el mismo deberá ser rechazado.

En segundo lugar, argumenta la improcedencia de este recurso por no ser la vía establecida al efecto para su reclamación. En ese sentido refiere que si los trabajadores denuncian una eventual vulneración de derechos fundamentales con ocasión de su despido, aquello tiene que ser conocido a través del procedimiento de tutela de derechos fundamentales ante los tribunales del trabajo. Así, siendo el presente arbitrio constitucional uno de excepción y urgencia, no corresponde que se conozca por esta vía de la pretensión de la recurrente.

En cuanto al fondo, refiere que con fecha 6 de julio de 2021 se ordenó instruir una investigación sumaria por hecho relativos a la concurrencia de diversos funcionarios de la Unidad de Residencias Sanitarias a la comuna de Cochamó, al complejo turístico Termas del Sol, el 24 de junio de 2021 en horario laboral, firmada por el SEREMI don Alejandro Caroca Marazzi, designando como investigadora a la abogada Natalia Rossi Núñez.

En cuanto al proceso investigativo, sostiene que conforme lo disponen los dictámenes de la Contraloría General de la República, para el caso en que a funcionarios se les atribuya eventual participación en hechos descritos en el artículo 160 del Código del Trabajo deben ser necesariamente investigados en una indagatoria homologada a una investigación sumaria mediante la cual se establezcan fehacientemente tanto la ocurrencia de los hechos, su participación y carácter de éstos, debiendo otorgar todas las oportunidades procesales de defensa a los investigados con la finalidad de que estos puedan ejercerlas sin óbices, adicionando que dicho procedimiento debe realizarse de manera sencilla y eficaz, pudiendo utilizarse medios tecnológicos dada la situación de pandemia.

En lo relativo a las alegaciones del recurso, sostiene que la investigadora tomó contacto de manera presencial con cada uno de los investigados, explicando las razones de su presencia en dicho lugar, el motivo de la investigación, procediendo los investigados a prestar declaración de manera voluntaria y jurando decir verdad. Sostiene que se le preguntó por la situación ya referida y que luego, la recurrente pudo leer su declaración, procediendo a firmarla.

Sostiene que los interrogatorios de estos casos no se encuentran regulados, como ocurre en el proceso penal, y que se permite libertad para el fiscal o investigador para llevar a cabo dicha labor, dado el interés público preminente que reviste la determinación de responsabilidad administrativa, resguardando el debido proceso.

En lo relativo al resguardo del debido proceso durante la indagatoria, señala que para su cumplimiento es necesario el oportuno conocimiento de la acción para ejercer la defensa, la bilateralidad de la audiencia, la aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto. Sostiene que lo anterior se cumplió en este caso, dándole el derecho a ser oída a la recurrente, se formularon los cargos en términos claros y precisos, se le otorgó plazo para efectuar descargos y término probatorio para acreditarlos, accediendo a las diligencias probatorias solicitadas por ella, así, se respetaron todas las garantías del debido proceso antes de aplicar la sanción que se viene impugnando.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

La causa quedó en estado de ver.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en el caso particular, el acto ilegal y arbitrario que se denuncia es la desvinculación por la causal del artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, la que estima se habría realizado con vulneración de las garantías de debido proceso, especificando que su entrevista se habría llevado de manera irregular, sin permitirle obtener asesoría legal en el momento oportuno, solicitando en definitiva que se deje sin efecto el despido antes reseñado y que se corrija el procedimiento, ordenando cumplir con el debido proceso y que pueda realizar sus descargos dentro del marco jurídico correspondiente, con costas.

TERCERO: Que, consta de los antecedentes acompañados por la propia recurrente que con fecha 7 de octubre de 2021 la Contraloría General de la República emitió el dictamen ES N°23968 que en su parte considerativa estableció que “...cabe anotar que la SEREMI de Salud no dictó la resolución exenta en que determina poner término a los contratos de trabajo de los afectados y en contra de la cual, luego de su notificación, se podrían interponer los medios de impugnación que establece la normativa, vulnerando, de esta forma, el derecho a defensa de los inculpados (aplica criterio contenido en dictamen N° 11.383, de 2020).

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, se representa el instrumento del epígrafe, devolviéndolo a esa superioridad, con el objeto de que se ordene la reapertura del proceso investigativo, se realicen las actuaciones omitidas, para luego continuar con su tramitación normal, debiendo remitirse, en su oportunidad, las piezas faltantes.”

Documento que no fue controvertido por la recurrida y que da cuenta de que en el presente caso se resolvió por la autoridad competente dejar sin efecto el término del contrato de trabajo de la recurrente, debiendo corregirse el procedimiento y dictar el correspondiente acto terminal, conforme lo disponen las normas del derecho administrativo que regulan la materia.

CUARTO: Que, así las cosas, aparece que el presente conflicto ya estaba en conocimiento de la repartición competente para revisar los actos administrativos, como es la Contraloría General de la República, quien, a través de la resolución antes citada, resolvió dejar sin efecto el término del contrato de trabajo objeto del presente recurso y corregir el procedimiento en cuestión.

Así, debe concluirse que la presente causa ha perdido oportunidad, toda vez que no hay medidas adicionales que esta Corte pueda determinar para reestablecer el imperio del derecho en los términos señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo anterior sin perjuicio de los recursos que procedan en contra del acto terminal que deberá dictarse una vez corregido el procedimiento que se revisa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE RECHAZA, sin costas, recurso de protección presentado por doña nombre reservado en contra de nombre reservado por pérdida de oportunidad.

Lo anterior, con la aclaración, de que habiéndose dejado sin efecto la desvinculación de la recurrente por parte de la Contraloría General de la República, corresponde que se mantenga en sus funciones con respeto de todos los derechos laborales que le asisten hasta que no se resuelva lo contrario en un procedimiento legalmente tramitado.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Rol Protección N°1185-2021.