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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 118-201528 abr 2015

Protección contra Dirección de Educación Municipal

Fecha
28 de abril de 2015
Corte
Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 118-2015, sentencia de 28 de abril de 2015

Resumen

Se rechaza la protección de funcionarias de jardines infantiles contra la Dirección de Educación Municipal: no se acredita acto ilegal o arbitrario, pues el empleador justificó su actuar dentro de sus facultades y la materia excede el recurso.

Texto íntegro

Puerto Montt, veintiocho de abril de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 21 comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, Presidenta de AFUNJARI, en representación de las socias de la Asociación de Funcionarias de Jardines Infantiles VTF AFUNJARI, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, a cuyo favor interpone recurso de protección en contra de la Dirección de Educación Municipal, por las acciones ilegales y arbitrarias que se indicarán, respecto de las que se ha tomado conocimiento el pasado 2 de marzo de 2015.

En cuanto a nombre reservado y nombre reservado, expone que desde enero de 2014, se efectúa respecto de ellas sumario administrativo por acoso laboral, durante el que las funcionarias fueron derivadas a otros establecimientos, la primera, de Directora del Jardín Infantil Mundo por Crear al cargo de administrativo al Jardín Infantil Mi Pequeño Submarino y la segunda, educadora de párvulos del Jardín Infantil Mundo por Crear al Jardín Infantil Cayenel, también como educadora de párvulos.

Sostiene que el sumario concluyó sobreseído, estableciéndose que las profesionales debían regresar a sus funciones al lugar donde las cumplían con anterioridad, al no estar acreditados los hechos que sustentaban las acusaciones de acoso laboral.

Añade que sin embargo, en noviembre de 2014, se realizan acusaciones públicas sin tener pruebas en contra de las mismas socias, comprometiéndose el empleador a respetar la resolución del sumario. En ese contexto, en enero de 2015 se efectúa una reunión con el empleador con la finalidad de que se materialice el reintegro el siguiente 2 de marzo, se presentan con esa fecha ante el empleador para realizar el cambio de anexo de contrato, quien les señala que no irán al jardín señalado puesto que la comunidad está en desacuerdo, trasladándolas al Jardín Infantil Cayenel. Consigna que dos días después, nombre reservado es citada para obligarla a firmar un anexo de contrato que señala como Jardín aquel donde la querían enviar y ésta se niega.

Refiere que en la actualidad la Sra. nombre reservado regresó al Jardín Infantil mi Pequeño Submarino como administrativa y nombre reservado como Educadora de Párvulos en el Jardín Cayenel, en espera de que la Contraloría General de la República y esta Corte de Apelaciones resuelvan la situación.

Enseguida, la actora expone la situación de nombre reservado, directora del Jardín Manitos Traviesas, que cerró en los meses de septiembre y octubre de 2014, para ser reparado. Indica que aquélla se reintegra a sus funciones en noviembre, debiendo atender con la colaboración de dos apoderadas ante la ausencia de las técnicos contratadas. Agrega que desde el 17 al 21 de noviembre, la Asociación de Jardines Infantiles VTF convoca a una toma y posterior paro de actividades, realizando una marcha con el objeto de solicitar al director del DEM el despido de algunas directoras, entre ellas, de nombre reservado, quien es acusada de maltrato laboral por las mismas técnicos que no se presentan a trabajar, ante lo cual se reúnen con el Director del Dem quien informa que no existe acusación hacia la docente.

Agrega que en diciembre, se informa que probablemente se cerraría el Jardín Manitos Traviesas, ante el hallazgo de falencias en su infraestructura. Refiere que en los meses de diciembre, enero y febrero se reúnen como directiva de AFUNJARI con el director del DEM sin que se deje en claro qué sucedería con esta socia, salvo que no existiría término de funciones. Así las cosas, el 2 de marzo pasado, se le comunica su traslado al Jardín Infantil Pequeños Gigantes con el cargo de educadora de sala y que su sueldo disminuiría en 60 mil pesos debido a que ya no cumpliría labores de directora, por el cual se percibe un bono. Por ese motivo se sostuvo reunión con el recurrido, ofreciendo el Director del Dem en forma momentánea el traslado al Jardín Infantil “Pequeños Gigantes” de Alerce y que cuando concluyeran los trabajos en el establecimiento que se construye en chinquihue alto, podría asumir como directora, además de hacer esfuerzos para mantener el sueldo de la recurrente con una diferencia mínima de 16 mil pesos, sin embargo al concurrir a firmar el anexo de contrato que plasmara estos acuerdos, se percata que no contiene lo estipulado y por ello se niega a firmar. Agrega que el 11 de marzo, el abogado y coordinadora del Dem informan a la recurrente que no tiene opción, que debe firmar pues no existe otra solución, y que agradezca que no la despiden.

Finalmente, en cuanto a la situación de nombre reservado, directora encargada del Jardín Infantil Relmu-Coihuín inserto en la población Río Mar, en esa función desde abril de 2010, refiere que en marzo de 2014 se presenta en dicho establecimiento Juan Balboa Caico, Fiscal designado, dando a conocer el inicio de una investigación que afectaría a todo el personal del establecimiento, referida a irregularidades de tipo administrativo y de funcionamiento del citado jardín. La información les es entregada sólo en forma verbal, sin embargo, transcurridos los meses no tuvieron conocimiento acerca de este procedimiento.

Consigna que en noviembre de 2014, la asociación de funcionarias de jardines infantiles realiza una paralización de funciones, solicitando la salida de esta recurrente por supuestos eventos de acoso laboral, en tanto continuaba una investigación respecto de la que no había resolución, la que se había iniciado por anomalías administrativas y las acusaciones de la asociación era por acoso laboral. Puntualiza que por orden del fiscal, su parte es trasladada a otro establecimiento, si bien con las mismas funciones, con perjuicio para su representada, ante el alza en el costo de la movilización, puesto que su domicilio domicilio reservado. Por este motivo se realizan reuniones con el recurrido a quien se consulta sobre el estado de la investigación. El 2 de marzo de este año, se presenta la directiva de la AFUNJARI al departamento jurídico y departamento de educación, no existiendo resolución sobre el proceso sumarial. Concluye que no ha existido procedimiento legal en lo que respecta a aviso por escrito, claridad de las acusaciones y duración de la investigación.

Finalmente, cita el amago a los derechos consagrados en los numerales 1, 2, 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, aludiendo a situaciones de acoso laboral, tratos injustos y desconocimiento de las funciones.

Solicita por esta vía se resguarde la integridad laboral, psíquica y emocional de las funcionarias.

A fojas 29 se declara admisible el recurso, sólo por las garantías de los números 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución.

A fojas 64 informa don nombre reservado, Director (S) de Educación Municipal.

Con relación a las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, reconoce que efectivamente fueron objeto de un sumario administrativo, por supuestos actos de malos tratos en contra del personal del Jardín Infantil Un Mundo por Crear, el que culminó por Decreto de 12 de marzo de 2014, si bien su tramitación efectiva se produjo con posterioridad, con el sobreseimiento de las sumariadas, acogiendo de esta manera el Alcalde, la proposición efectuada en tal sentido por el Fiscal de la investigación.

Refiere que no obstante este resultado, durante todo el año 2014, el Centro de Padres y otras funcionarias del establecimiento, unidas a la Asociación de Jardines VTF, exigieron la reapertura de este proceso con supuestos argumentos de maltratos a los niños, lo que motivó a que se postergara la notificación del sobreseimiento a las funcionarias a la espera de antecedentes concretos respecto a las acusaciones en su contra, lo que en definitiva no aconteció, estando afinada la decisión absolutoria, y por ello fueron notificadas el 13 de agosto de 2014.

En cuanto a la demora en el reintegro de las docentes al establecimiento donde originalmente prestaban sus labores, puntualiza que la decisión se basa en la finalidad de resguardar su integridad sicológica puesto que existe una predisposición del centro de padres y de un grupo de funcionarias en oponerse a su regreso, por lo que no se ha querido exponerlas a un riesgo, cuestión que se les ha explicado a diversas oportunidades, con quienes se han sostenido reuniones en las que se les ha propuesto otros establecimientos donde prestar sus servicios, sin embargo no se ha podido concretar un acuerdo.

Precisa entonces que la destinación a una unidad educativa distinta no es consecuencia directa de lo obrado en el proceso disciplinario sino que obedece a la necesidad de velar porque al interior de las comunidades educativas exista un estándar de paz y armonía y tranquilidad de sus miembros, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.370 sobre Convivencia Escolar, cuyas normas pertinentes transcribe. Concluye que de haber permitido el inmediato reingreso de las funcionarias, se habría producido un recrudecimiento de las relaciones humanas. En cuanto al proceso disciplinario, éste ha quedado completamente afinado, sin que ello sea óbice para que el Director de Educación, como representante del empleador, pueda ejercer el ius variando, modificando unilateralmente el lugar donde se prestan los servicios y alterar las funciones mientras se cumpla con las exigencias que prevé el artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio de que si las trabajadoras estiman que no se ha cumplido con los requisitos legales, puedan reclamar dentro de plazo ante la Inspección del Trabajo.

En cuanto a la situación de la recurrente nombre reservado, hace presente que conforme a informe técnico de diciembre de 2014 elaborado por arquitecto del departamento de Proyectos de la Dirección de Educación Municipal, se constató que el edificio en que funcionaba el jardín Manitos Traviesas, donde ella se desempeñaba, no cumplía con las condiciones de seguridad para ser utilizado para tales fines, siendo imposible regularizar la situación. Por ello se dispuso su cierre definitivo, en tanto mediante Ordinario 61 de 27 de febrero de 2015, la Coordinadora de Jardines Infantiles informó a su parte la imposibilidad de reubicar a esta docente en otro establecimiento en que cumpliera la función de encargada de jardín infantil, aunque sí como educadora de párvulos, en un jardín cercano al que fuera cerrado, configurándose un caso de necesidades de la empresa que permitía la desvinculación de la trabajadora, sin embargo, se quiso mantener a la funcionaria, agotándose los esfuerzos para destinarla a otro jardín.

Refiere que se explicó a la funcionaria esta situación en el sentido de que si en definitiva era destinada a otro establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo, debía acatar esta decisión del empleador. Explica que a la fecha, se encuentra adscrita al Jardín Pequeños Gigantes con el cargo de educadora de párvulos, como lo señala su contrato de trabajo, dejando la función de encargada que era una asignación del empleador en el marco de su facultad para asignar a otras funciones de idéntica naturaleza, respecto de la que correspondía el pago de una asignación extraordinaria. Puntualiza que mediante carta de 2 de marzo del presente, entregada a la recurrente por la Directora del Jardín Pequeños Gigantes, aquélla tomó conocimiento de su destinación y de la asignación de funciones indicada, de acuerdo a lo señalado en su contrato de trabajo, por lo que no se ha incurrido en ilegalidad alguna, ni menos menoscabo económico teniendo presente que el nuevo jardín se encuentra en el mismo barrio de la dependencia donde antes se desempeñaba, percibimiento la remuneración correspondiente según el Manual de Transferencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para Jardines Infantiles con Transferencia de Fondos, en tanto que la asignación de responsabilidad está pactada en febrero de 2011 a propósito de la asignación de funciones como encargada del jardín y condicionada a ella.

Refiere que en el hipotético caso que esta recurrente estuviese percibiendo una menor remuneración, éste no sería el recurso idóneo para obtener una reparación de ello, requiriendo del ejercicio de una acción judicial declarativa.

En cuanto a la no incorporación de la promesa de ser destinada al Jardín Infantil de Chinquihue Alto cuando fuera terminado, tal aseveración demuestra que la funcionaria reconoce validez al ius variandi del empleador, pero se niega a firmar la modificación a su contrato porque éste no consigna su destinación a un jardín en construcción.

En ese orden, hace presente que los funcionarios de la Dirección de Educación son contratados por el municipio para desempeñarse en los establecimientos educacionales bajo su administración, lo mismo los jardines infantiles y la mención a un determinado establecimiento es sólo referencial, no impidiendo el ejercicio de las facultades que el empleador tiene para ejercer el ya señalado ius variandi.

En este caso, la recurrente no ha firmado las modificaciones a su contrato simplemente porque no ha querido, no obstante no significar un menoscabo moral, profesional ni económico.

Finalmente, sobre esta funcionaria, manifiesta que no puede hacerse cargo de las solicitudes o reclamos que respecto de ella hayan efectuado miembros directivos de otra asociación de funcionarias, ni se acusaciones públicas de terceros, puesto que escapan al ámbito de su competencia.

En relación a nombre reservado, que actualmente se desempeña en el Jardín Gotitas de Vida, ubicado en la escuela Miramar, a contar de marzo del presente, manifiesta que no advierte perjuicio teniendo presente que se encuentra ubicado en el sector céntrico al interior del radio urbano de la comuna, siendo una situación ajena al servicio el hecho de que ella viva en un sector alejado a 30 km de esta ciudad.

En cuanto al sumario administrativo aludido por la actora, afirma que se acuerdo a la Ley Nº 18.883 que contiene el Estatuto Administrativo señala en su artículo 135 inciso segundo, que el sumario será secreto hasta la formulación de cargos. El referido sumario, en el que declaró la actora como testigo y en el que nunca ha tenido la calidad de inculpada, se encuentra en etapa de revisión por la Unidad Jurídica de la Dirección de Educación Municipal, tras lo cual será remitido al alcalde para la dictación del Decreto que afine el proceso.

A fojas 114, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Segundo: Que, apreciando conforme las reglas de la sana crítica, los elementos de juicio acompañados por las partes y los dispuestos agregar por la Corte, cabe arribar a la convicción que no se vislumbra en forma fehaciente la ocurrencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, teniendo presente los términos en que ésta ha justificado su actuar y las facultades que como empleador puede ejercer, sin perjuicio de que a su vez, las afectadas pueden ante su disconformidad con estas medidas, reclamar ante los organismos que prevé la ley.

Tercero: Que, en ese orden, esta no es la vía para acreditar los hechos que se denuncian en el recurso, puesto que para su comprobación, se requerirían latas discusiones y la rendición de probanzas que escapan a la naturaleza del presente recurso.

Por lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto por doña nombre reservado, en representación de las socias de la Asociación de Funcionarias de Jardines Infantiles VTF AFUNJARI, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Dirección de Educación Municipal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Rol Nº 118-2015.

Dictada por la Primera Sala integrada por el Presidente don nombre reservado, el Ministro Titular don Jorge Pizarro Astudillo y el abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.

En Puerto Montt, a veintiocho de marzo de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.