Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por la omisión ilegal y arbitraria consistente

Puerto Montt, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 compareció don Álvaro Seguel Pérez, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula nacional para extranjeros NUM000, quien interpuso acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de resolución de solicitud de reconocimiento de condición de refugiada que presentare el 21 de agosto de 2023, lo que a su juicio vulnera el derecho de la igualdad ante la ley y a la integridad psíquica.

Expuso que en la fecha referida solicitó el reconocimiento de calidad de refugiado y que hasta la interposición de la presente acción no ha recibido respuesta por parte de la recurrida. En cuanto al derecho, citó jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y se refirió a los principios de celeridad y economía procedimental recogidos en los artículos 4, 7 y 9 de la Ley N°19.880. Agregó que en el presente caso no procede que la recurrida alegue una situación de imprevisión respecto del volumen de solicitudes que recibe, ya que según jurisprudencia del máximo tribunal del país la situación de pandemia culminó. Al efecto, citó el artículo 27 de la ley ya mencionada y afirmó que conforme a la misma el procedimiento administrativo no puede exceder de seis meses, desde su inicio hasta la fecha en que se emite la decisión final.

En consecuencia, solicitó que se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida pronunciarse sobre su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado en un plazo perentorio de 30 días hábiles, o se adopten las medidas que esta Corte estime.

Acompañó a su presentación: 1. Copia de la notificación de que se da curso a la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado (ID NUM001) de 21 de agosto de 2023. 2. Copia del estampado electrónico recibido el 24 de agosto de 2023. 3. Copia de la cédula de identidad extranjera vigente. 4. Copia del contrato de trabajo de la recurrente como médica en la comuna de Castro, Chiloé. 5. Copia de la 3° prórroga de residencia temporal otorgada a la recurrente. 6. Copia de la Oficina Ordinaria N° NUM002 de 12 de agosto de 2025 citando a entrevista para el 30 de octubre de 2025.

A folio 4, se declaró admisible la acción y se solicitó informe a la recurrida.

A folio 8, evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, señalando en lo pertinente a la acción que el 21 de agosto de 2023 se le otorgó visa de residente temporal, la que fue renovada hasta el 24 de abril de 2026. Asimismo, indicó que el 11 de diciembre de 2024 la actora fue notificada de citación a entrevista de elegibilidad para el 26 de febrero de 2026, en dependencias del Servicio, a través de ordinario NUM003, a la cuál no asistió. Agregó que la recurrente solicitó su reagendamiento por cambio de domicilio. Indicó que el 12 de agosto de 2025 notificó a la recurrente de citación a nueva entrevista de elegibilidad ante el Servicio, en la oficina ubicada en Puerto Montt, a desarrollarse el 23 de octubre de 2025 con asistencia obligatoria, a través de oficio ordinario NUM004.

En segundo lugar, afirmó que no ha dictado sanción administrativa, orden de abandono, expulsión u otra sanción de ninguna naturaleza en contra del recurrente. Finalmente, se refirió a la regulación que rige la tramitación de solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, solicitando el rechazo de la acción y que no se le condene en costas.

Acompañó a su presentación: Oficio Ordinario N° NUM004 de 12 de agosto de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones.

A folio 10, la recurrente solicitó que se tenga presente que no fue notificada válidamente del oficio ordinario NUM004 dictado el 12 de agosto de 2025 por la recurrida y que no solicitó el reagendamiento de la entrevista.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenaza ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, en el caso sublite, se concluye de los antecedentes que obran en autos, que la recurrente solicitó en la fecha referida, solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, órgano que informó que el 11 de diciembre de 2024 citó a la recurrente a entrevista en las oficinas del Servicio ubicadas en Santiago y que el 12 de agosto de 2025, a través de oficio ordinario NUM004, citó a la actora a una segunda entrevista ante el Servicio en las oficinas de Puerto Montt, lo cual es desconocidos por la recurrente a través de presentación que obra a folio 10.

Cuarto: Que, más allá de la notificación del oficio en cuestión y la solicitud de reagendamiento de la entrevista ante el Servicio, conforme al mérito de los antecedentes, no se encuentra discutido que la recurrente presentó su solicitud de reconocimiento de condición de refugiada el 21 de agosto de 2023 y que hasta el momento no ha recibido una respuesta respecto a aquella de parte del servicio.

Quinto: Que, así las cosas, esta Corte advierte la existencia de una solicitud en la que el Servicio Nacional de Migraciones no ha emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, al no existir un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegarla, causando una excesiva demora en la tramitación pertinente, considerando la fecha de ingreso de la solicitud.

En tal sentido, también debe tenerse presente lo previsto en el artículo 7 de la Ley N°19.880 respecto al principio de celeridad, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Que, afectando la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad respecto del plazo de resolución de solicitudes de otros casos, el recurso de protección habrá de acogerse en los términos que se indicará en lo resolutivo de la presente sentencia, esto es, ordenando a la recurrida fijar y citar a la recurrente a una nueva entrevista ante el servicio a efectos de continuar con la tramitación del procedimiento administrativo en cuestión.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y acta sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Álvaro Seguel Pérez, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, debiendo el órgano recurrido fijar y citar al recurrente a una nueva entrevista ante el Servicio, a efectos de continuar con la tramitación del procedimiento administrativo en cuestión.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

No firma el Ministro señor Patricio Rondini Fernández-Dávila, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con feriado legal.

Rol Protección N°1173-2025.