Protección contra Jueza

nombre reservado, doce de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Alejandro Andrés Gómez Herrera, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; quien interpone recurso de protección en contra de la Jueza (s) del Juzgado de Letras y nombre reservado, doña María José Rojas Miranda, abogada, domiciliada en domicilio reservado.

Afirma desempeñarse como abogado asistente de fiscal, de planta, en la Fiscalía Local de Maullín y Los Muermos desde el año 2016. Indica haber ejercido funciones de fiscal adjunto subrogante en incontables ocasiones. En tal contexto, relata que el 18 de agosto de 2023 la Magistrada recurrida, utilizando su casilla de correo electrónico institucional, remitió una misiva dirigida al Fiscal Jefe don Jaime Aguayo Sánchez con el siguiente título: “Pone en conocimiento desempeño del Sr. nombre reservado abogado asistente del fiscal”. Detalla que en dicho correo electrónico, la recurrida formula una serie de expresiones peligrosamente desafortunadas referidas a su desempeño profesional en audiencias, mediante afirmaciones genéricas, infundadas y carentes de referencias fácticas, o de una descripción detallada de hechos. Precisa que el tenor del correo, es el siguiente: “Buenas tardes Sr. Fiscal, el objeto del presente correo es para dar a conocer a usted respecto de la participación del Sr. nombre reservado en audiencias en calidad de fiscal subrogante, atendido a que su conducta profesional durante los debates y solicitudes en las audiencias, ha producido la complicación en la celebración de las audiencias, en circunstancias que genera debates con fundamentos poco razonables, dilatorios, y muchas veces contradictorios. Lo anterior se ha advertido en las audiencias al Sr. nombre reservado que debe ser concreto en sus peticiones y procurar evitar comentarios fuera de lugar que no tienen relación con lo debatido, quien ha hecho caso omiso y ha continuado con su actitud. Por otra parte, el Sr. nombre reservado no se encuentra receptivo a las sugerencias realizadas por esta Jueza, por el contrario, se toma a título personal lo dicho y provoca un ambiente tenso y complejo en las audiencias respecto de los demás intervinientes; hace peticiones de aplicación de medidas cautelares con extensos argumentos de fundamentación, para luego desistirse de estas, y evitar el debate con la defensa, lo que manifiestamente es poco profesional e incide en la confusión del tribunal para resolver, y en consecuencia, podría afectar una acertada resolución. En las audiencias realizadas con fecha 17 de agosto, el Sr. nombre reservado se desconectó de la plataforma zoom sin previo aviso, en circunstancias que el Tribunal tuvo que tomar contacto con él con el objeto de averiguar que ocurrió, quien tardó en contestar señalando que hubo un corte de luz programado en su casa y que por eso se desconectó de la reunión, para luego indicar que sí tenía acceso al sistema para revisar las causas en audiencia, lo que resulta confuso y contradictorio, y que produjo un retardo en las audiencias, considerando además que no tomó los resguardos necesarios del corte de energía y que afectaría al normal funcionamiento de las audiencias del día, lo que resulta reprochable”.

“En cuanto a los controles de detención, el criterio utilizado por el Sr. nombre reservado es evidentemente ilegal, al solicitar audiencias de personas detenidas fuera de horario, sin el parte policial a la vista de la defensa ni del tribunal, trasladando la responsabilidad de sus funciones al Tribunal con el único fin de cumplir con la audiencia de control a toda costa, al parecer no se informa con certeza de las circunstancias de la detención, de los antecedentes de la causa y se excusa en que él no redactó la solicitud o no participó de las diligencias, cuestión que en caso alguno puede entenderse como motivo plausible para salvar errores o excusarse de su trabajo. El día de hoy, la funcionaria de turno me informó respecto de una llamada de Carabineros consultando qué hacer respecto de una medida cautelar de abandono del hogar común y prohibición de acercarse en causa de Familia F-86-2023, dado que procedió a la notificación del presunto agresor, sin embargo no hay constancia de dicha notificación, a cuya consulta se le dio la instrucción verbal de dar complimiento a la medida cautelar ordenada, no obstante carabineros tomó detenido a la persona informándole al fiscal de turno, que en ese día es don nombre reservado, quien comunicó al tribunal la decisión de pasar a control de detención solicitando la audiencia respectiva, sin mencionar respecto de ello la hora de detención de manera clara. Acto seguido, la funcionaria de turno le explicó al Sr. nombre reservado lo dispuesto por esta jueza en orden a cumplir con la medida cautelar, y el Sr. nombre reservado le refirió que no pasaría finalmente al detenido a la audiencia de control, dado que no fue él quien recibió el llamado de carabineros sino el fiscal de turno de macro zona; luego al parecer se arrepiente de ello, se vuelve a comunicar con la funcionaria de turno, indicándole que sí solicita la audiencia para controlar la detención de esta persona, por orden del Sr. Jaime Aguayo, y que el detenido será trasladado a la 7ma Comisaría de nombre reservado, dado que en la comisaría de Los Muermos no se encuentran las condiciones para su detención, sin ninguna petición a esta jueza al respecto. Dado lo anterior, y tornándose más confuso aún lo solicitado por el Sr. nombre reservado, es que llamo al teléfono del turno de la fiscalía local de Los Muermos, y le consulto quien es el fiscal que se encuentra de turno, respondiendo el llamado don Jaime Aguayo, quien señala que él asume el turno de macro zona a las 15:00 horas del día de hoy, sin embargo no tiene conocimiento de ningún detenido de Los Muermos, no conoce los antecedentes que he expuesto, y no le ha dado ninguna orden o instrucción al Sr. nombre reservado respecto de ninguna persona detenida. En consecuencia, me parece una falta grave e irresponsable de parte del Sr. nombre reservado la forma en que procede a tomar las decisiones en su turno, comprometiendo el trabajo de todos los funcionarios, mi propia labor y la de usted, a quien traslada la responsabilidad y falta a la verdad”.

“El Sr. nombre reservado cuenta con experiencia suficiente en el manejo y participación de audiencias que le exigen ética, responsabilidad y criterio, sin embargo no es posible permitir mayores condescendencias ni enseñar la forma en que debe desempeñar su labor, por lo que me veo en la obligación de poner al tanto de lo ya dicho, con el fin de buscar una solución que haga posible un trabajo colaborativo entre todos los intervinientes y que la función del Tribunal y la defensa no se vean mermadas, obstaculizadas y retardadas por el comportamiento impresentable que ha tenido el Sr. nombre reservado cada vez que debe participar en las audiencias, y así evitar un perjuicio mayor no solo en nuestro propia trabajo sino en el desempeño judicial y la afectación a los usuarios y usuarias del sistema penal. Lamento tener que efectuar la presente comunicación, pero lo hago con la intensión y buena fe de mejorar nuestra labor en conjunto, por lo que de continuar con la misma actitud y desempeño profesional no le permitiré su participación en las mismas, oficiando a la Fiscalía Regional de lo señalado y a la I. Corte de Apelaciones de esta jurisdicción, de mi decisión al ser improcedentes e impresentable su participación y trabajo ante este Tribunal. Atte. María José Rojas Miranda Jueza del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos (Sic)”.

Explica que la Fiscalía Regional inició una “investigación administrativa o sumario”, disponiendo como medida de resguardo mientras se sustancie aquél, la suspensión temporal de sus funciones. En lo referente a la actuación de la jueza recurrida, sostiene que ha desatendido sus facultades de dirección de audiencias, así como sus facultades conservadoras y disciplinarias, prefiriendo utilizar un medio comunicación informal, el que no se encuentra autorizado por ley con la finalidad de dirigirse a su superior jerárquico.

En cuanto a los hechos del 18 de agosto del año en curso, señala haber precisado con Carabineros que la medida cautelar en cuestión había sido notificada personalmente el día anterior y que, al día siguiente, los familiares de la víctima denunciaron que el imputado aún se encontraba al interior de la vivienda. Asevera que ello se comunicó al Centro de Primeras Instrucciones (CPI) macrozona, dispuesto por la Fiscalía Regional, quienes dispusieron mantener la detención a fin de que el imputado sea puesto a disposición del Tribunal, para su control de detención por un eventual delito de desacato. Relata que con posterioridad, en su labor de fiscal de turno, decidió ejercer la facultad del artículo 131 del Código Procesal Penal; todo lo cual fue explicado a una funcionaria de turno, quien es una persona intermediaria con la magistrada. Sostiene que ello, inevitablemente produce una pérdida de información ante una situación urgente, aseverando que dicha práctica en la jurisdicción de Los Muermos es abiertamente arbitraria, permitiendo explicar la tergiversación y molestia que se expresa en la misiva. Agrega que la recurrida omite señalar en el correo electrónico que las medidas cautelares previas a la formalización fueron requeridas y resueltas mediante la misma fórmula del funcionario de turno.

Aduce vulneración a su derecho a la honra, a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo, esto último, por expresarse que no se le permitirá la participación audiencias, arriesgando incluso la remoción del cargo.

Previas citas a los artículos 6, 7, 76 y 83 de la Constitución Política de la República, a los artículos 530 y 532 del Código Orgánico de Tribunales y artículos 132, 247, 269, 279, 287, 270 y 297 del Código Procesal Penal; pide se ordene a la recurrida a abstenerse en lo sucesivo de expresar cualquier opinión o apreciación sobre su desempeño profesional o de cualquier otro interviniente, de cualquier forma que no sea por los medios establecidos por la normativa legal. Asimismo, pide que se retracte de lo dicho, mediante oficio dirigido al Sr. Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Maullín y Los Muermos y a la Sra. Fiscal Regional de Los Lagos, con conocimiento o distribución entre el Sr. Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones, el Sr. Ministro visitador y al recurrente dentro del plazo razonable que se establezca o, en su defecto, se adopten las providencias urgentes que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mi garantías constitucionales conculcadas, con costas.

A folio 3 se declara admisible el recurso de protección y se pide informe.

A folio 5 doña María José Rojas Miranda, evacua informe. Señala que el 17 de agosto del presente año el actor participó como interviniente durante la jornada de audiencias, suscitándose una serie de inconvenientes de orden técnico y de intervención. Afirma que debido a un corte programado de energía en su casa se produjo la desconexión del Sr. nombre reservado, quien se reconectó luego de que la funcionaria de acta se lo requiriese, lo que produjo un retardo en las audiencias. Además, indica que el Sr. nombre reservado genera debates excesivamente extensos, con comentarios que no son atingentes a lo debatido y “hacía caso omiso al requerimiento” de que haga sus peticiones concretas. Agrega que, para evitar el debate con la defensa, luego de haber argumentado extensa y dilatoriamente, se desiste de sus peticiones, en particular respecto de las medidas cautelares. Asegura que lo anterior se lo ha hecho presente al Sr. nombre reservado en reiteradas oportunidades, para así no inducir a errores, sin embargo, lo interpreta a modo personal.

Afirma que el mismo día, la funcionaria de turno le comunicó que mediante una llamada Carabineros consultó qué hacer respecto de una medida cautelar de abandono del hogar común y prohibición de acercarse, en la que no había constancia de su notificación. Explica haber entregado la instrucción verbal de dar cumplimiento a la medida cautelar, pese a lo cual Carabineros lo detuvo y el Sr. nombre reservado comunicó a la funcionaria del turno la decisión de llevar al imputado a control de la detención. Acto seguido, -continúa la recurrida- la misma funcionaria tomó contacto con el Sr. nombre reservado, explicándole lo que había dispuesto, quien señaló desistirse de la solicitud de audiencia de control de la detención, indicando que quien había llamado a Carabineros no había sido él, sino que el fiscal de turno de la macrozona. Relata que con posterioridad, el fiscal volvió a llamar al Tribunal indicando que solicitaría la audiencia por orden del fiscal jefe don Jaime Aguayo, agregando que el detenido sería trasladado a la 7ma Comisaría de nombre reservado, ya que en la comisaría de Los Muermos no se encuentran las condiciones para su detención. Afirma que ante ello, llamó al teléfono del turno de la fiscalía, contestándole el Fiscal Jaime Aguayo, quien le dijo que no se encontraba de turno sino hasta las 15:00 horas, que no se había comunicado con el Sr. nombre reservado y que no le había dado ninguna instrucción acerca de un detenido; luego de todo lo cual la funcionaria de turno le dijo que el Sr. nombre reservado no pasaría a control de la detención al imputado. Por último, refiere haber recibido un correo electrónico del recurrente, solicitando medidas cautelares citando al detenido para una audiencia que no fue concedida, no siendo ordenada ninguna medida cautelar contra el detenido y no siéndole remitidos los antecedentes para resolver.

Asevera que el 1 de mayo del año en curso, fue informada que el actor solicitaba audiencia de control de detención de una persona y, llegada la hora de la audiencia, el parte policial no había sido confeccionado, la defensa desconocía los hechos, el Sr. nombre reservado no contaba con los antecedentes y Carabineros puso al detenido a disposición una hora más tarde, circunstancias bajo las cuales ordenó la libertad del detenido.

Asegura que lo anterior ha sido reiterado, por lo que en cumplimiento de su obligación legal y de procurar un buen servicio judicial comunicó lo acontecido al fiscal Sr. Aguayo. Por último, precisa que el 24 de agosto de 2023 se remitió Oficio N°IA-60-01-2023 que da cuenta del inicio de una investigación sumaria.

Pide se tenga por evacuado el informe. Acompaña: causa A-16-2023, Oficio N°IA-60-01-2023, copia de correo electrónico dirigida al Sr. Jaime Aguayo, informe del turno del Tribunal, informe de las causas de agenda del día 17 de agosto de 2023 y los respectivos audios.

A folio 6 se traen los autos en relación.

A folio 7 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantía y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, la presente acción de protección se dirige contra la Magistrada (s) del Juzgado de Letras y nombre reservado en razón del envío de un correo electrónico dirigido al Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Los Muermos y Maullín, don Jaime Aguayo Sánchez. En éste, el actor asegura que la recurrida indica una serie de expresiones “peligrosamente desafortunadas” referidas a su desempeño profesional como Fiscal Subrogante de Los Muermos. Alega vulneración a su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley, a la protección de la honra y a la libertad de trabajo.

Tercero: Que, la Jueza recurrida evacua informe dando cuenta de situaciones que -en su concepto- dicen relación con un desempeño profesional reprochable del actor en los debates en audiencia. En concreto, señala la ausencia de adopción de resguardos del actor ante problemas técnicos en su conexión remota, la generación de debates excesivamente extensos, con comentarios no atingentes a lo debatido, evitando el debate con la defensa y la descoordinación y confusión en la solicitud de audiencias de control de la detención.

Cuarto: Que, no se encuentra controvertido en esta causa el envío, el tenor ni el destinatario del correo electrónico en cuestión, cuya copia se ha allegado a estos antecedentes. En aquél, la Magistrada (s) efectúa consideraciones similares a las expuestas en su informe de protección, calificando los hechos indicados como “falta grave e irresponsable” del actor en la forma en que procede a tomar decisiones en su turno, “falta a la verdad” en su comunicación con el Fiscal don Jaime Aguayo y señala que “de continuar con la misma actitud y desempeño profesional no le permitiré su participación en las mismas, oficiando a la Fiscalía Regional de lo señalado y a la I. Corte de Apelaciones de esta jurisdicción, de mi decisión al ser improcedentes e impresentable (sic) su participación y trabajo ante este Tribunal”.

Quinto: Que, en el parágrafo destinado a “los deberes y prohibiciones a que se encuentran sujetos los jueces”, el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales establece: “Se prohíbe a los funcionarios judiciales: 1°) Dirigir al Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos”. En similar sentido el artículo 4 dispone “Es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes”. Tales preceptos legales tienen como sustrato la independencia del Poder Judicial y, además, el ejercicio de las labores autónomas y propias del Ministerio Público. Como contrapartida, el artículo 71 del Código Procesal Penal establece las atribuciones de dirección de audiencias y disciplina, haciendo remisión al párrafo 3° del Libro III del mismo código. En efecto, el artículo 292 del Código Procesal Penal contempla las facultades del juez de dirigir el debate, moderar la discusión pudiendo impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles y limitar el tiempo de uso de la palabra fijando límites máximos igualitarios para todos o interrumpir a quien hiciere uso manifiestamente abusivo de su facultad. En tal sentido, el artículo 530 del Código Orgánico de Tribunales -igualmente- refiere las facultades disciplinarias de los jueces de letras para reprimir y castigar los abusos que se cometieren dentro de la sala de su despacho; todo ello sin perjuicio de normas especiales para la ausencia del fiscal a audiencia, entre otros.

Sexto: Que, de tal suerte, la misiva electrónica enviada por la recurrida -en su calidad de Jueza del Juzgado de Letras y nombre reservado- al superior jerárquico del actor, aparece como carente de razonabilidad o justificación. Toda vez que el ordenamiento jurídico prevé importantes facultades en la dirección de audiencias y disciplina a los jueces, apartándose la Magistrada recurrida de la prudencia e independencia judicial que orientan la labor jurisdiccional, motivo por el cual se acogerá este arbitrio en los términos que dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se acoge, el recurso de protección deducido por el abogado Alejandro Andrés Gómez Herrera en contra de la Jueza (s) del Juzgado de Letras y nombre reservado doña María José Rojas Miranda, solo en cuanto deberá abstenerse en lo sucesivo de expresar opiniones acerca del desempeño profesional del recurrente por medios y formas distintos de aquellos previstos por la normativa legal.

II.- Sin perjuicio de lo anterior, remítanse los antecedentes de la causa al Pleno de esta Corte de Apelaciones para los fines a que haya lugar.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección 1173-2023.