CORP MUNICIPAL DE EDUCAC SALUD CHONCHI con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO PONIENTE

Puerto Montt, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos, Ingreso Corte N° 1166-2025- Protección, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de menores de la Municipalidad de Chonchi, RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Castro, representada legalmente por nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido ésta en un acto que calificó como arbitrario e ilegal, mediante la dictación del Ordinario N°1005-37394/2025, de 5 de agosto de 2025, notificado el 11 del mismo mes y año, infringiendo las garantías contenidas en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expuso que la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de menores de la Municipalidad de Chonchi es una persona jurídica de derecho privado encargada de la administración de la Atención Primaria de Salud Municipal en virtud de mandato legal de la Ley 19.378. En esa calidad, y de conformidad lo ha manifestado la Contraloría General de la República en dictámenes N°14.063-2013, 68.522-2014, entre otros, no forma parte de los Órganos de la Administración del Estado, y, por ende, las personas que trabajan en ellas no tienen la calidad de funcionarios públicos, siendo en consecuencia fiscalizados por la Dirección del Trabajo y se rigen por sus dictámenes.

En ese contexto, los trabajadores de la salud municipal consultaron a la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé si procedía efectuar el descuento íntegro de la licencia médica rechazada, es decir, por todos los días de la licencia, o en su defecto, correspondería descontar únicamente los días hábiles. Indicó que, sobre ello, la jurisprudencia uniforme de la Dirección del Trabajo ha resuelto siempre que la licencia médica rechazada debe ser descontada de forma íntegra por el empleador, por todos los días comprendidos en la licencia rechazada y sin topes, habiéndose efectuado de esa forma en la Corporación con anterioridad.

Manifestó que, pese a ello, el Inspector Provincial de Chiloé en el Ordinario N°1005-37394/2025 recurrido, resolvió que “se excluyen los días que el trabajador no tenía obligación de prestar servicios”, es decir, que estos no se deben descontar, exigiéndoles en consecuencia ajustar sus procedimientos a dicho razonamiento.

Arguyó que el razonamiento contenido en el Dictamen referido no sólo es arbitrario por carecer de sustento real, sino que ilegal conforme a la jurisprudencia contenida en el mismo Dictamen, la cual da cuenta de que el descuento del inciso 3° del artículo 58 del Código del Trabajo es obligatorio, y que debe cumplirse íntegramente, no correspondiendo el pago de la remuneración por los días que ella señala, y en el evento que se hubiere pagado, corresponderá el reembolso o reintegro por parte del trabajador afectado. En efecto, expuso que dicho criterio se mantiene en Dictamen N°3595 de 2019 y 2221 de 2020, ambos del Director del Trabajo. Así las cosas, concluyó que el actuar de la Corporación ha estado siempre ajustado a derecho.

A mayor abundamiento, relató que el acto administrativo recurrido carecería de motivación, incumpliéndose los estándares de razonabilidad, fundamentación, ponderación, etc. que ha fijado jurisprudencialmente la Excma. Corte Suprema para tales efectos, citando jurisprudencia que estimó atingente, y concluyendo que el Ordinario recurrido no es sólo un acto arbitrario, sino además desproporcionado, precisando que la interpretación efectuada por la IPT no es un acto inocuo, sino vinculante para la recurrente.

Sobre las garantías que estima vulneradas, sostuvo que la actuación del funcionario recurrido transgrede la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Carta Fundamental, por cuanto excede con creces la mera constatación de un hecho, que es lo que la ley autoriza, calificando derechamente si los supuestos de hecho descritos en la norma configuran o no el derecho que se entiende vulnerado, cuestión que es de competencia exclusiva de los Juzgados de Letras del Trabajo. Añadió que se vulnerarían además el artículo 2° de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración, y 60 y 70 de la Constitución.

Argumentó además que se vulneró el artículo 19 N°24 de la Carta Magna, por cuanto el acto administrativo recurrido obliga a la recurrente a restituir parte de los descuentos realizados, y excluir en el futuro parcialmente el descuento de las licencias rechazadas, generando un enriquecimiento sin causa para el trabajador (según ha señalado el Director Nacional del Trabajo), y privando a la recurrente de una parte importante de su patrimonio sin fundamento legal.

Solicitó se acoja la acción de protección interpuesta, y, en definitiva, se deje sin efecto el Oficio Ordinario N°1005-37394/2025 dictado por el jefe de la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé, ordenando que se abstenga de toda actividad que implique vulneración de derechos hacia la recurrente y en contra de todos aquellos que S.S.I. determine, adoptando todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos vulnerados.

Acompañó a su presentación los siguientes antecedentes: 1. Oficio Ordinario N°1005-37394/2025 de la Inspección Provincial de Castro; 2. Fotocopia Dictamen 4007 de 2018 del DT; 3. Fotocopia Dictamen 3595 de 2019 del DT; 4.-Fotocopia Dictamen 2221 del 2020; 5. Copia Mandato judicial en donde consta mi personería.

Al evacuar el informe de rigor, la recurrida solicitó el rechazo de la acción. Expuso que, el 30 de junio de 2025, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Chonchi solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé un pronunciamiento relativo a si a los funcionarios afectos a la ley 19.378 se les aplica lo dispuesto en el Dictamen 733/2021 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Manifestó que, mediante Oficio Ordinario N°1005-37394/2025, el Inspector Jefe de la Inspección del Trabajo de Castro, nombre reservado, da respuesta al requerimiento de la Asociación de Funcionarios invocando al efecto los dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre la materia en consulta, informando que el descuento a un funcionario regido por Estatuto de Atención Primaria de Salud por los días no trabajados en caso de licencia rechazada, refiere a períodos en que el funcionario no realizó un desempeño efectivo de funciones de acuerdo a su jornada de trabajo, no procediendo, por tanto, la rebaja de su remuneración de los días en que el trabajador no tenía obligación de prestar servicios.

Arguyó la improcedencia de la acción de protección interpuesta, por cuanto no tiene la aptitud para producir la conculcación que alega el recurrente. Detalló que el acto recurrido es un acto administrativo que contiene una opinión técnica, no siendo capaz de ejecutar ninguna acción privación de garantías constitucionales.

Expuso al respecto que la jurisprudencia es conteste al resolver acciones de protección en contra de actos administrativos como el de autos. Citó el fallo N°68658-2023 de la Excma. Corte Suprema, que ratifica el rechazo de una acción de protección entablada ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, por no ser la vía idónea, agregando que el dictamen fue emitido en uso de sus facultades, no pudiendo ser calificado como arbitrario o ilegal, además del fallo Rol N°6982-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, y otros ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, señaló no existir un derecho indubitado y preexistente del recurrente, no pudiendo sustituir la vía proteccional una acción de declaración de derechos.

Agregó a los argumentos esgrimidos que no existe acto arbitrario o ilegal, por cuanto el acto recurrido se emitió a petición de parte, por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y se encuentra debidamente fundado, siendo una cuestión distinta que el recurrente difiera de la interpretación efectuada, lo que en caso alguno priva de legalidad o de legitimidad a lo resuelto.

Concluyó señalando que no existe actuar ilegal ni arbitrario por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé que haya conculcado alguna garantía constitucional del recurrente, habiéndose actuado en conformidad a las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico laboral, respetando los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Acompañó junto al respectivo informe los siguientes antecedentes: 1. Correo electrónico de 30 de junio de 2025 la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Chonchi; 2. Oficio Ordinario N°1005-37394/2025 de 05 de mayo de 2025.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: Que, de lo referido, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, del examen de los antecedentes incorporados por las partes, es posible concluir que la tutela urgente que la parte recurrente solicita, se vincula con la dictación del Oficio Ordinario N°1005-37394/2025, en que el Inspector Jefe de la Inspección del Trabajo de Castro, nombre reservado, dio respuesta al requerimiento de la Asociación de Funcionarios invocando al efecto los dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre la materia en consulta, informando que el descuento a un funcionario regido por Estatuto de Atención Primaria de Salud por los días no trabajados en caso de licencia rechazada, refiere a períodos en que el funcionario no realizó un desempeño efectivo de funciones de acuerdo a su jornada de trabajo, no procediendo, por tanto, la rebaja de su remuneración de los días en que el trabajador no tenía obligación de prestar servicios.

Por tanto, el acto que la recurrente califica como ilegal y arbitrario no es más que un acto jurídico administrativo que contiene una opinión técnica, y que reproduce los dictámenes y pronunciamientos jurídicos atingentes a la materia, pronunciándose en forma genérica y no respecto de un trabajador o empleador determinado, y cuyo alcance y efectos son limitados, razón por la cual no es capaz de ejecutar ninguna acción concreta de privación de garantías constitucionales.

Lo anterior, es suficiente para desestimar la acción interpuesta.

Quinto: Que, además de lo anterior, es necesario señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, corresponde al Director del Trabajo la facultad de “…Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros Servicios u Organismos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento;…”.

Asimismo, el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, establece que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo “Las reclamaciones que procesan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social; …”.

Sexto: Que, en virtud de la normativa antes aludida, es posible concluir que acto administrativo cuestionado a través de la presente acción, fue dictado en uso de las facultades de la recurrida, dentro de sus atribuciones, estando debidamente fundado, no pudiendo ser calificado como arbitrario o ilegal, apareciendo más bien que la actora difiere de la interpretación efectuada, lo que en caso alguno priva de legalidad o de legitimidad a lo resuelto, siendo, por lo demás un asunto que excede las materias que deben ser conocidas por la vía de la acción de protección.

Séptimo: Que, en virtud de lo anterior, y no existiendo tampoco derecho indubitado que se configure en la especie en favor del recurrente, la presente acción necesariamente deberá ser rechazada por no reunirse los requisitos de procedencia para aquella.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de menores de la Municipalidad de Chonchi en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Castro.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Báez.

No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol Protección N° 1166-2025.-