Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Castro

Puerto Montt, dieciocho de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 7 comparece don nombre reservado, técnico agrícola, Alcalde de la Municipalidad de Chonchi, quien actúa en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado interior, e interpone acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Castro, representada por doña, nombre reservado, ignora profesión, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo de Castro, todos domiciliados en domicilio reservado; solicita que las resoluciones de multas, N° 7984/15/31 y 7984/15/32, notificadas con fechas 25 de noviembre de 2015 se dejen sin efecto, por la ilegalidad que significan y que se abstenga de toda actividad que implique vulneración de derechos hacia su representada y en contra de todos ellos o de quienes este Tribunal determine, para que acaten cualquier otra resolución que adopte para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la necesaria protección de los derechos vulnerados.

Funda el recurso en que su representada se ha visto privada de las garantías de ser juzgada por comisiones especiales y derecho de propiedad, al dictarse las resoluciones de multas, N° 7984/15/31 y 7984/15/32, notificada con fecha 25 de noviembre de 2015. Agrega que en dicha fecha, en el curso de una fiscalización, su representada fue notificada de que no ha otorgado correctamente la titularidad en el cargo de los docentes nombre reservado y nombre reservado, dado que la titularidad para ambos debe otorgarse por 44 horas y no por 38. Que la Corporación ha otorgado este derecho conforme a la Ley pero en el entendido que debe hacerse por las horas de aula, que son 38.

Sostiene que la recurrida para arribar a las conclusiones que se señalan y dar por configurada la infracción, necesariamente debió entrar a calificar e interpretar las estipulaciones contractuales de los trabajadores supuestamente afectados, la naturaleza de la relación laboral y las normas laborales especiales aplicables a la materia. Cita al respecto lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo y expresa que los recurridos se constituyen en este caso como una comisión especial, que califica, determina e interpreta el alcance y extensión de los contratos, la ley aplicable a los mismos y la naturaleza de la relación laboral.

Refiere que el proyecto de titularidad docente, recogido por la Ley 20.804 contempla en lo fundamental, el paso de contrata a la titularidad de aquellos profesores que tienen un contrato de aula al 31 de julio de 2014 por un mínimo de 20 horas; durante tres años continuos o cuatro años discontinuos con el mismo empleador municipal. Esto incluye a los docentes que trabajan en aulas de recursos. De esta forma, los requisitos para acceder a la titularidad son copulativamente: a) Debe tratarse de profesionales de la educación; b) Que se desempeñen en la educación parvularia, básica o media; c) Que se encuentren incorporados a la dotación docente en calidad de contratados como docentes de aula al 31 de julio de 2014; d) Que el desempeño haya sido para un mismo municipio, por lo que el beneficio no resulta aplicable si los servicios se han prestado a distintas entidades edilicias; e) Que su calidad de contratados lo haya sido como docentes de aula a lo menos por tres años continuos o cuatro discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas semanales. Fue de este modo que a los profesores Manel y Álvarez, que tenían una relación vigente y que cumplía con las exigencias legales, se les incorporó una modificación a su contrato, asignándoles sus 38 horas de titularidad.

Sostiene que la Inspección recurrida, constituyéndose en un intérprete de la Ley ha ampliado este concepto, particularmente en lo referido al concepto de “profesor encargado”, entendiendo que estos se incluyen igualmente, lo que en su concepto, no solo es formalmente improcedente si no igualmente de fondo. Cita lo dispuesto en el artículo 5 y 6 de la Ley 19.070, en relación al concepto de docente, docente-directiva, de apoyo y aula, concluye que sólo podrán acceder a la titularidad quienes se encontraban contratados al 31 de julio de 2014 para cumplir funciones como docente de aula, quedando excluidas las designaciones como docente directivo o técnico pedagógico.

Sostiene que en este caso la actuación de la recurrida excede con creces a la mera constatación de un hecho, ya que califica si los supuestos de hecho descritos en la norma configuran o no el derecho que en definitiva se entiende vulnerado. Por ello y teniendo presente que la facultad de conocer sobre cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de las normas laborales y contractuales le compete de manera exclusiva a los Juzgados de Letras del Trabajo, se vulnera abiertamente la garantía contenida en el inciso 4° número 3 del artículo 19 de la Constitución Política, es decir el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por los tribunales que señala la ley y establecidos con anterioridad.

Expone que además, las autoridades recurridas han transgredido el artículo 2 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y al artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Agrega que el acto arbitrario e ilegal de las autoridades recurridas, vulnera el derecho de propiedad de su representada establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto implica un mayor costo no previsto, y que su representada sólo se limita a administrar fondos públicos previamente destinados por ley, siendo la ley quien señala en la forma que deben ocuparse dichos recursos.

Acompaña copia de resoluciones impugnadas y copia de contratos de los profesores Manel y Álvarez.

A fojas 15 se declara admisible el recurso, no se da lugar a orden de no innovar y se ordena que informen los recurridos.

A fojas 44, comparece doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, por los recurridos, quien solicita el rechazo del recurso, en atención a la improcedencia del mismo, ya que el asunto no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección, ya que esta acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional, no está destinada a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, pues se está recurriendo respecto de la resolución de multa. Si bien es cierto, la acción constitucional es sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, sucede que en la especie lo que se recurre es un acto administrativo, que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección, en el entendido que éste corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados. En la especie, se ha usado este arbitrio constitucional como un recurso jurisdiccional, lo cual no puede admitirse dado que se trasformaría en un medio de impugnar toda suerte de resoluciones de entidades administrativas, que actúan dentro del marco de sus competencias y así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema. Igualmente cita en este mismo sentido, el reciente fallo de recurso de protección Rol 100-2015 de esta Iltma. Corte de Apelaciones, confirmado por la Excma. Corte Suprema; el Rol 818-2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia; el Rol 1107-2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso; el Rol 2132-2013 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia; el Rol 5120-2011 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y Rol 555-2009 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Sostiene que de igual forma la acción es improcedente contra la Inspectora Provincial del Trabajo de Castro por no tener participación ni vinculación con los hechos invocados ya estos fueron actos dictados por el fiscalizador Walter Mascareña Santana.

Agrega que el recurso es también improcedente al carecer la recurrente de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos que se deba proteger por esta vía cautelar de urgencia. El derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, dado que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere de una discusión y tramitación en juicio de lato conocimiento.

Expone que no existe acto arbitrario o ilegal, ya que el funcionario recurrido ha cursado las multas N° 7984/84/31 y 7984/84/32, previa recepción de una denuncia efectuada por un trabajador en contra de la recurrente y previa fiscalización detectó la infracción a la normativa laboral, en el ejercicio de facultades previstas en el ordenamiento jurídico laboral, a saber: artículo 1 y 23 del D.F.L. N° 2 de 1967, artículo 505 del Código del Trabajo, y artículo único de la Ley 20.804 que renueva la vigencia de la Ley 19.648 sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata.

Sostiene que en relación a las alegaciones de la recurrente relativa a la improcedencia de considerar la 6 horas destinadas a ejercer funciones como profesores encargados respecto de los docentes referidos en la multa, resuelve indicar, que como fundamento para constatar las infracciones se ha tenido en consideración el Dictamen N°1920/032 del 20 de abril de 2015 sobre beneficio de la titularidad docente establecido en la Ley 19.648 y el Dictamen N° 159/8 del 12 de enero de 2000, en los cuales se ha establecido que el referido beneficio opera por el solo ministerio de la ley, no exigiendo al legislador ningún trámite o requisito posterior para que el mismo produzca sus efectos, sin perjuicio de la obligación que pesa sobre el empleador de consignar por escrito en el contrato de trabajo tal circunstancia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del Código del Trabajo aplicable supletoriamente al personal de que se trata de conformidad al artículo 71 de la Ley 19.070.

En cuanto al ejercicio de facultades propias, indica que la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de la función administrativa, no se configura un exceso en las atribuciones del funcionario recurrido, sino el ejercicio propio de todo proceso de fiscalización que requiere calificación jurídica de los hechos que constata. Destaca al respecto la sentencia dictada por el Excma. Corte Suprema en el recurso de protección Rol 2523-2013. Señala que la actuación de los fiscalizadores se enmarca dentro de los principios que rigen el derecho del trabajo dentro de los cuales cabe destacar para el caso la función social que cumple el trabajo.

Sostiene la inexistencia de conculcación de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, debido a que la definición doctrinal de comisión especial, refiere a aquellos entes que, arrogándose las facultades jurisdiccionales que la ley le ha conferido exclusivamente a los tribunales de justicia, juzgan de ipso facto. En este sentido, el servicio ha actuado en virtud de las atribuciones que la propia ley le ha conferido, quedando siempre a salvo la posibilidad del afectado de recurrir ante los tribunales para la revisión de la legalidad del acto administrativo, por ello, no puede entenderse que se haya vulnerado esta garantía constitucional. Al respecto, se entenderá juzgado por una comisión especial todo aquel que sea juzgado por un tribunal establecido por una fuente distinta a una ley o bien por un tribunal establecido con posterioridad a la comisión del hecho que ha de juzgar, lo que no ha sucedido en la especie.

Acompaña copias de las Resoluciones de Multa, con sus respectivas actas de notificación, copias de activación fiscalización de fecha 17.11.2015, carátulas de fiscalización, copias de informe de Exposición de la comisión 1005/2015/1027, copia de Dictamen 1920/032 y 159/8 ambos de la Dirección del Trabajo y copia de Dictamen 34.834 de la Contraloría General de la República.

A fojas 54 se traen los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que el recurso de protección interpuesto se funda en la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 inciso 4° y 24 de la Constitución Política de la República, mediante la dictación de las resoluciones de multa N° 7984/15/31 y 7984/15/32 cursadas por Ia recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Castro.

TERCERO: Que como cuestión previa a entrar al conocimiento del fondo del recurso, y tal como ha resuelto anteriormente este tribunal, procede analizar si la presente acción es procedente al tenor del artículo 20 de la constitución Política de la República en relación con lo que señalan los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, al tratarse de la aplicación de una sanción por la Autoridad Administrativa dependiente de la Dirección del Trabajo.

CUARTO: Que conforme al mérito de autos, no existe antecedente alguno que haga presumir que la recurrente, hizo uso de las vías ordinarias para reclamar de la multa impuesta tanto para solicitar su rebaja o para solicitar se dejen sin efecto, a fin de dar cumplimiento a las normas anteriormente citadas del Código del Trabajo.

QUINTO: Que, como lo ha reiterado la Excma Corte Suprema (entre otros rol Nº 2123-2013), la acción constitucional interpuesta no es procedente, cuando existen otras acciones judiciales para impugnar la resolución de multa, sea a través de la vía administrativa como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo, en relación al artículo 59 de la Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado o bien, haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación para ante el Juzgado del Trabajo que corresponda, según lo indica el artículo 503 inciso 3° del Código del Trabajo.

SEXTO: Que conforme a los fundamentos antes vertidos, es necesario rechazar el presente recurso pues esta acción cautelar no es la vía para impugnar la multa administrativa impuesta, y ha de ser desestimada, sin que sea necesario a entrar al fondo.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la república y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 7 por don nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y nombre reservado, y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Castro, representada por, doña nombre reservado, por las multas cursadas por el fiscalizador don, Walter Mascareña Santana.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- Rol N° 1155-2015.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por doña nombre reservado e integrada por el Ministro don Jorge Ebensperger Brito y por el Abogado Integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza la Secretaria doña Lorena Fresard Briones.

Puerto Montt, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que precede. Lorena Fresard Briones, Secretaria Titular.