nombre reservado con COMITÉ DE TRABAJO Y SEGURIDAD TRONCOS MILENARIOS

Puerto Montt, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece la abogada NICOLE DOMINIQUE VALENTINA JARAMILLO GUZMÁN, en representación de nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del COMITÉ DE TRABAJO Y SEGURIDAD TRONCOS MILENARIOS, imputándole la ejecución de actos que califica de ilegales y arbitrarios, por estimar que han perturbado y afectado el normal tránsito y el ejercicio de su derecho de propiedad, particularmente en lo relativo al acceso regular y expedito a su inmueble.

La parte recurrente sostiene, en síntesis, que el acceso a la parcelación se encuentra materialmente controlado por portones metálicos emplazados en la vía principal, cuya apertura opera mediante un sistema de llamadas telefónicas; de este modo, la habilitación de números asociados a cada parcela constituye el mecanismo habitual para ingresar.

Refiere que, en enero de 2024, se constituyó en la comunidad un comité de trabajo y seguridad, el cual administra el cobro de gastos comunes por la suma de treinta mil pesos mensuales por parcela, y además controla el sistema de acceso mediante la asignación de hasta cuatro números telefónicos por propiedad para la apertura remota de los portones.

Alega que, en reiteradas oportunidades, solicitó al comité la rendición de cuentas de los fondos recaudados por concepto de gastos comunes, invocando que ello se encuentra previsto en los propios estatutos de la organización. Sin embargo, sostiene que dicha rendición no se habría efectuado en la forma ni dentro de los plazos establecidos, limitándose la directiva a indicar que los antecedentes se exponen esporádicamente en reuniones, sin satisfacer los estándares de transparencia y control que —a su juicio— se siguen de la naturaleza de los fondos administrados y de los deberes mínimos de gestión.

Sobre esa base, expone que decidió suspender el pago de los gastos comunes hasta que el comité cumpliera con sus obligaciones de administración, tras lo cual el presidente habría reaccionado con amenazas consistentes en eliminar los números telefónicos asociados a su propiedad —cuatro en total— para impedir su ingreso al recinto.

Añade que, a principios de agosto de 2025, el comité habría materializado dicha medida, eliminando los cuatro números del recurrente del sistema central de apertura, lo que le habría impedido de hecho ingresar a la parcelación, quedando obligado a depender de la colaboración de vecinos para acceder a su propiedad.

Refuerza que la parcelación no cuenta con conserje ni portero, por lo que el acceso telefónico sería la única vía expedita y habitual de ingreso; en consecuencia, la restricción denunciada importaría una afectación directa al ejercicio de la posesión y del dominio, al limitar, en los hechos, los atributos de uso y goce del inmueble.

Desde la perspectiva jurídica, califica la conducta como una forma de autotutela o “justicia por propia mano”, por tratarse de una medida coercitiva adoptada unilateralmente, sin procedimiento racional y justo ni resolución judicial que la habilite.

En tal marco, afirma vulneradas garantías constitucionales, principalmente el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución, en cuanto se restringiría el goce y aprovechamiento del bien; invoca, además, la integridad psíquica del artículo 19 número 1, en razón del menoscabo psicológico que le provocaría la privación fáctica de acceso; y menciona el artículo 19 número 3, en cuanto proscribe la autotutela y exige sujeción a un debido proceso.

Asimismo, cita la definición de dominio del artículo 582 del Código Civil para sostener que la recurrida limita ilegítimamente los atributos esenciales del derecho real de propiedad.

Finalmente, alega la oportunidad procesal de la acción sobre la base de un efecto permanente, en cuanto la restricción se mantendría hasta la fecha, y solicita que se disponga el restablecimiento inmediato de los cuatro números telefónicos y que se adopten medidas para asegurar el libre y expedito acceso a su parcela, con costas, además de diligencias de constatación por personal de Carabineros en calidad de ministro de fe, a fin de verificar el sistema de portones, la imposibilidad actual de apertura y la inexistencia de un mecanismo alternativo de acceso.

A folio 4, se tiene por interpuesto el recurso y se pide informe a la recurrida.

A folio 17, consta informe evacuado por la parte recurrida — Comité de Trabajo y Seguridad Troncos Milenarios— quien solicita el rechazo del recurso de protección, sosteniendo, en síntesis, que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria y que, además, la acción constitucional adolece de defectos formales y carece de sustento en el mérito de los antecedentes.

En primer término, sostiene la falta de oportunidad del arbitrio, afirmando que fue interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

En tal sentido, indica que el propio recurrente alude genéricamente a “principios de agosto de 2025” como época de ocurrencia de los hechos, pero que la medida cuya eliminación de números telefónicos se invoca como lesiva habría sido aplicada con anterioridad, específicamente el 4 de junio de 2025, lo que sería demostrable mediante mensajes de mensajería instantánea que se acompañan. De ello concluye que, a la fecha de interposición del recurso (26 de agosto de 2025), habría transcurrido con exceso el término legal, lo que por sí solo impondría su inadmisibilidad o rechazo.

En segundo lugar, denuncia la falta de claridad y certeza del libelo, alegando que éste no describe con la especificidad exigible las circunstancias fácticas y jurídicas de la supuesta vulneración, dificultando una defensa adecuada.

Señala que el escrito carece de determinación temporal suficiente —al limitarse a expresiones genéricas— y que, además, presenta inconsistencias en la identificación de las garantías constitucionales supuestamente afectadas.

En particular, expresa que el recurrente menciona inicialmente el derecho de propiedad, para luego invocar también la integridad psíquica, sin explicar el nexo causal entre los hechos y esa garantía; y añade que se alude impropiamente a una “prohibición de autotutela” asociándola al artículo 19 numeral 3, sin desarrollar argumentación pertinente y, en todo caso, sin encuadrarla dentro del catálogo amparable conforme al artículo 20.

Sobre el fondo, expone que el Comité —en asamblea de 22 de octubre de 2024, debidamente notificada a los vecinos— acordó por votación el pago de una cuota de gasto común y, correlativamente, la aplicación de sanciones ante morosidad reiterada, consistentes en restricciones relativas al uso de facilidades del sistema de acceso por puerta electrónica.

Afirma que el recurrente habría sido notificado, habría asistido y participado en dicha asamblea y en la adopción de los acuerdos, por lo que no podría alegar desconocimiento ni imputar arbitrariedad externa a una decisión comunitaria adoptada por mayoría, obligatoria para los integrantes conforme a las reglas internas de deliberación.

Añade que la medida impugnada no implicaría, en los hechos, impedir el ingreso del recurrente a su propiedad, pues existirían dos mecanismos de acceso: uno mediante panel de digitación y otro mediante llamada telefónica; y que la sanción consistiría únicamente en reducir, de cuatro, a un número telefónico registrado para el acceso por llamada, manteniéndose inalterado el uso del panel.

En esa perspectiva, sostiene que el acceso efectivo nunca habría sido suprimido, tratándose sólo de una limitación de ciertas comodidades asociadas a un servicio financiado por los gastos comunes, lo que estimaría proporcional, legítimo y orientado a resguardar la equidad entre quienes contribuyen al sostenimiento del sistema.

Adicionalmente, afirma que el recurrente habría incurrido en una conducta de autotutela al suspender unilateralmente el pago de los gastos comunes, pese a contar con instancias comunitarias para conocer rendiciones y discutir objeciones, señalando que dicha información se expondría periódicamente en asambleas a las que el recurrente podía asistir personalmente o por medio de representante.

Finalmente, agrega antecedentes contextuales relativos al uso del inmueble por el recurrente y a observaciones municipales sobre actividades y permisos, con el objeto de sostener que la controversia tendría aristas ajenas a la tutela urgente propia del recurso de protección.

Concluye, en suma, que no se configura vulneración actual o inminente de garantías fundamentales y que, por ende, procede rechazar el recurso.

A folio 27, consta informe evacuado por la Sexta Comisaría de Carabineros de Chile (Alerce) donde se da cuenta de una diligencia practicada por personal SIP de esa dotación en fecha 20 de noviembre del año dos mil veinticinco, constituido en la Parcelación Los Troncos Milenarios, domicilio reservado.

En dicha inspección, consigna haber constatado que la parcelación dispone de dos accesos diferenciados.

Precisa que ambos accesos se encuentran controlados mediante portones eléctricos y que la apertura opera a través de un sistema de clave que mantienen los propietarios de cada parcelación.

Añade que tal modalidad de control de acceso se encontraría prevista en un Reglamento de Copropiedad, el cual —según se informa— sería conocido y aceptado por los propietarios de la parcelación.

Finalmente, señala que acompaña un set fotográfico como respaldo de lo constatado en terreno.

A folio 28, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente interpone acción constitucional de protección en contra del Comité de Trabajo y Seguridad Troncos Milenarios, representado por su presidente don nombre reservado, atribuyéndole la realización de actos que estima ilegales y arbitrarios, por cuanto perturbarían el ejercicio de su derecho de propiedad mediante la restricción del acceso a su inmueble.

Expone que el ingreso a la parcelación se controla por portones metálicos que se abren a través de un sistema de llamadas telefónicas, administrado por el comité, el cual además recauda gastos comunes.

Señala que solicitó rendición de cuentas conforme a los estatutos, sin obtenerla en los términos y plazos que estimas exigibles, motivo por el cual suspendió el pago.

A raíz de ello, afirma que se le amenazó y, luego, se le eliminaron del sistema los cuatro números telefónicos asociados a su parcela, lo que —dado que no existiría conserjería ni mecanismo alternativo— le impediría ingresar regularmente, obligándolo a depender de terceros.

Sostiene que dicha medida constituye autotutela, adoptada sin procedimiento ni habilitación jurisdiccional, afectando principalmente la garantía del artículo 19 número 24 de la Constitución, al limitar el uso y goce del bien, invocando además los artículos 19 número 1 y 19 número 3, y el artículo 582 del Código Civil. Alega que el acto tendría efectos permanentes.

CUARTO: Que la parte recurrida pide el rechazo del recurso, afirmando que; En primer término, el recurso fue deducido fuera del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado, pues, aunque el recurrente sitúa los hechos en principios de agosto de 2025, la restricción relativa a la eliminación o reducción de números telefónicos para el acceso por llamada se habría aplicado con anterioridad, específicamente el 4 de junio de 2025, lo que dice acreditar con mensajes de mensajería instantánea. Con ello concluye que, al interponerse el recurso el 26 de agosto de 2025, el término fatal ya habría transcurrido.

En segundo lugar, objeta la falta de claridad y certeza del libelo, indicando que la acción no delimita con precisión los hechos, sus circunstancias y su correlato jurídico, lo que dificultaría el ejercicio de defensa.

Añade que existirían inconsistencias en la identificación de las garantías afectadas, pues se invocaría el derecho de propiedad y luego la integridad psíquica sin explicitar el vínculo causal; y que se aludiría impropiamente a una prohibición de autotutela asociada al artículo 19 numeral 3, sin desarrollo argumentativo suficiente ni adecuada reconducción al catálogo amparable por el artículo 20.

Sobre el fondo, expone que el Comité, en asamblea de 22 de octubre de 2024, debidamente notificada, habría acordado por votación el pago de una cuota de gasto común y sanciones por morosidad reiterada, consistentes en restricciones de facilidades del sistema de acceso por puerta electrónica.

Afirma que el recurrente habría sido notificado y participado en dicha asamblea, por lo que la medida obedecería a un acuerdo comunitario adoptado por mayoría y obligatorio conforme a las reglas internas.

Señala, además, que la sanción no impediría el ingreso del recurrente, pues existirían dos mecanismos de acceso (panel de digitación y llamada telefónica), limitándose la medida a reducir los números habilitados para la llamada —de cuatro a uno— manteniéndose operativo el panel. En esa lógica, sostiene que no habría privación de acceso, sino una restricción de comodidades vinculadas a un servicio financiado por gastos comunes, estimada legítima y proporcional.

Finalmente, afirma que el recurrente habría incurrido en autotutela al suspender unilateralmente el pago de los gastos comunes, pese a existir instancias para conocer rendiciones y formular objeciones en asambleas.

QUINTO: Que en informe evacuado por la Sexta Comisaría de Carabineros de Chile (Alerce) se da cuenta de una diligencia practicada por personal SIP de esa dotación en fecha 20 de noviembre del año dos mil veinticinco, constituido en la Parcelación Los Troncos Milenarios, domicilio reservado.

En dicha inspección, consigna haber constatado que la parcelación dispone de dos accesos diferenciados.

Precisa que ambos accesos se encuentran controlados mediante portones eléctricos y que la apertura opera a través de un sistema de clave que mantienen los propietarios de cada parcelación.

Añade que tal modalidad de control de acceso se encontraría prevista en un Reglamento de Copropiedad, el cual —según se informa— sería conocido y aceptado por los propietarios de la parcelación.

SEXTO: Que, en cuanto a la configuración fáctica mínima, el recurrente sostiene ser propietario de la parcela número 94 en la parcelación Troncos Milenarios, cuyo acceso se realiza mediante portones metálicos con apertura por sistema telefónico, afirmando que, a principios de agosto de 2025, la recurrida habría eliminado cuatro números telefónicos, impidiéndole el ingreso y obligándolo a depender de terceros.

Por su parte, el informe de la recurrida niega la privación de acceso y afirma que el sistema contempla alternativas de ingreso, precisando que la medida asociada a morosidad no suprime el acceso, sino que reduce la lista de números habilitados, manteniéndose disponible el ingreso por teclado o panel ubicado en la entrada y, además, conservándose un número habilitado para el mecanismo de llamada.

A lo anterior se suma el informe evacuado por Carabineros de Chile, en el marco de la diligencia decretada, que da cuenta de la existencia de dos accesos a la parcelación, controlados por portones eléctricos, los cuales se abren con un sistema de clave que mantienen los propietarios, conforme un reglamento de copropiedad conocido y aceptado por ellos, incorporándose un registro fotográfico de los accesos.

Tales antecedentes, apreciados conjuntamente, impiden tener por establecida, con el grado de certeza que exige la acción cautelar, la premisa central del recurso, esto es, una imposibilidad fáctica absoluta de ingreso al inmueble del actor.

En efecto, la constatación policial sugiere la existencia de mecanismos de control de acceso que dependen de claves de los propietarios y de reglas internas aceptadas, lo que, a lo menos, introduce un margen de controversia sobre si el actor carecía de toda vía de ingreso o si, por el contrario, se encontraba frente a una limitación de facilidades o modalidades de apertura remota.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, es determinante advertir que la controversia subyacente se origina en un conflicto de administración y funcionamiento comunitario relativo al cobro de gastos comunes, la rendición de cuentas, la adopción de acuerdos en asamblea y la aplicación de medidas frente a incumplimientos.

El propio recurso reconoce la existencia de un comité constituido para administrar gastos comunes y el sistema de acceso, así como la suspensión unilateral de pagos por parte del actor debido a una alegada falta de transparencia.

A su turno, el informe de la recurrida refiere la realización de una asamblea, la fijación de una cuota mensual y la aprobación de sanciones para morosos, con participación del recurrente, todo lo cual configura un escenario típico de disputa interna sobre gobernanza y disciplina comunitaria.

En este punto, aun cuando el recurso de protección puede proceder excepcionalmente en situaciones de urgencia con afectación grave e inmediata, no corresponde utilizarlo para dirimir, como regla, conflictos complejos de copropiedad o administración, en que existe un estatuto normativo especial y procedimientos aptos para otorgar plena bilateralidad, rendición de prueba y contradictoriedad.

En particular, la Ley número 21.442, que regula la copropiedad inmobiliaria, contempla un régimen de resolución de controversias entre copropietarios y órganos de administración relativo a la administración o funcionamiento del condominio, radicando su conocimiento en sede jurisdiccional específica, con reglas procesales propias.

En consecuencia, las pretensiones del actor, en cuanto cuestionan decisiones de administración comunitaria, su legalidad interna y su ejecución, exceden el marco acotado del recurso de protección y deben hacerse valer por las vías jurisdiccionales idóneas, sin que se vislumbre aquí una lesión evidente y urgente que imponga apartarse de tal institucionalidad.

OCTAVO: Que, el recurrente invoca, además, una supuesta vulneración del artículo 19 número 3 de la Constitución por prohibición de autotutela y afectación del debido proceso.

Sin embargo, la alegación no resulta atendible en la forma en que ha sido construida. En primer término, el recurso no explica de manera concreta cómo se habría conculcado una garantía amparable por la acción del artículo 20 de la Constitución, ni identifica con precisión el contenido constitucional específico cuya tutela se reclama, más allá de una referencia genérica a justicia por propia mano.

En segundo término, la constatación de Carabineros, por su parte, refiere portones eléctricos con clave de propietarios, bajo un reglamento aceptado, lo que es coherente con un sistema de control de acceso preexistente y reglado, no con una modificación unilateral del estado de hecho por la fuerza.

De este modo, la afirmación de autotutela, para producir efectos en esta sede, exigiría acreditar de manera indubitada que la recurrida se arrogó potestades coercitivas impeditivas del acceso, sin alternativa razonable y al margen de un régimen interno aceptado, cuestión que no aparece demostrada con suficiencia.

En consecuencia, no se constata un acto ilegal o arbitrario que, por sí mismo, configure una vía de hecho constitucionalmente reprochable en los términos alegados.

NOVENO: Que, en lo tocante a la garantía del artículo 19 número 24 de la Constitución, el derecho de propiedad protege, ciertamente, el dominio y sus atributos esenciales de uso, goce y disposición, en los términos del artículo 582 del Código Civil, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la ley y del derecho ajeno.

Sin embargo, para que prospere la acción cautelar, no basta invocar la propiedad en abstracto, sino que debe acreditarse una afectación actual, concreta y atribuible a un acto ilegal o arbitrario del recurrido, que incida en el ejercicio legítimo de los atributos dominicales.

En el caso, el núcleo del reproche es la supuesta imposibilidad de ingreso a la parcela por eliminación de números telefónicos. Empero, los antecedentes del proceso no permiten concluir que se haya impedido el acceso material al inmueble como tal, sino, a lo más, que se ha controvertido el mantenimiento de ciertas facilidades de apertura remota vinculadas a la administración de un sistema común.

Si, como sostiene la recurrida, el recurrente conserva alternativas de acceso y el ingreso no se suprime, entonces el conflicto se desplaza desde una privación del uso hacia una discrepancia sobre condiciones de prestación de un servicio comunitario, financiado colectivamente, cuya regulación interna fue adoptada en asamblea.

Incluso en la hipótesis de una restricción parcial, ello no necesariamente importa una afectación constitucional del dominio, en la medida que no se acredite impedimento real y absoluto de ingreso, y que el debate requiera determinar derechos y obligaciones recíprocas, lo que excede esta vía.

Además, la verificación policial relativa a portones eléctricos con claves de propietarios bajo reglamento aceptado sugiere que el control de acceso se rige por reglas comunitarias preexistentes, no por una intervención material sorpresiva destinada a despojar al actor del uso de su propiedad.

Por consiguiente, no se configura con claridad la privación, perturbación o amenaza al derecho de propiedad en los términos constitucionalmente exigidos para la tutela de urgencia.

DÉCIMO: Que, finalmente, aun comprendiendo que la acción se deduce dentro de un contexto de tensión comunitaria y que el acceso al inmueble constituye un aspecto relevante del ejercicio dominical, la decisión de acoger un recurso de protección requiere, además de la constatación de un acto ilegal o arbitrario, la aptitud de las medidas solicitadas para restablecer el imperio del derecho sin sustituir los procedimientos ordinarios previstos por el legislador.

En el caso, la pretensión de restitución de cuatro números telefónicos supone, necesariamente, resolver si el actor se encuentra obligado al pago de cuotas, si la suspensión unilateral de pagos es jurídicamente atendible, si la rendición de cuentas se ha cumplido o no, si los acuerdos de asamblea fueron válidos, si la sanción fue adoptada conforme estatutos y reglamentos, y si resulta proporcional.

Tales cuestiones demandan debate probatorio y contradicción, y cuentan con vías idóneas para su discusión.

En este marco, y atendido, además, que la prueba reunida no acredita una privación absoluta de acceso, sino una disputa respecto de modalidades de apertura y de prestaciones comunitarias, no se justifica que esta Corte, por la vía excepcional del recurso de protección, intervenga para modificar la regulación interna del sistema de acceso o para imponer a un órgano comunitario una determinada configuración de números telefónicos, sustituyendo las instancias institucionales diseñadas para resolver este tipo de controversias.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas de la instancia, la acción constitucional de protección interpuesta a folio 1 por la abogada NICOLE DOMINIQUE VALENTINA JARAMILLO GUZMÁN, en representación de nombre reservado, en contra del COMITÉ DE TRABAJO Y SEGURIDAD TRONCOS MILENARIOS.

Acordado lo anteriormente resuelto con el voto en contra del Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien fue del parecer de acoger la presente acción de protección, por estimar que se han alterado las condiciones de acceso existentes a la propiedad del recurrente sin que exista esa facultad en el reglamento de copropietarios y se erige como una autotutela, debiendo zanjarse las diferencias por las vías jurisdiccionales idóneas y, en tanto, manternerse el estatus quo.

Redacción de la decisión de mayoría a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda, y de la disidencia por su propio autor.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°1150-2025.