nombre reservado CON nombre reservado

Puerto Montt, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio N° 1, el día 03 de agosto del año en curso, comparece el abogado Yordan Tavra Morales, a favor de nombre reservado, ex Subteniente de Carabineros, domiciliado en la comuna de Coelemu, e interpone acción constitucional de protección en contra del Coronel de Carabineros nombre reservado, en su calidad de Prefecto de la Prefectura de Carabineros Llanquihue, y en contra del General Director de Carabineros nombre reservado, por la dictación del Decreto RA N°2801553/2023, de fecha 06 de junio de 2023, notificado el día 3 de julio del año en curso, por el cual se dispuso aplicar el Retiro Temporal de la Institución.

Señala que el acto recurrido, emanó de un procedimiento que no cumplió con la ley ni un estándar mínimo de debido proceso, y transcribe luego íntegramente el decreto cuestionado, que dispuso su retiro temporal por estimar que estaba afecto a una inhabilidad sobreviniente según el Artículo 64 inciso tercero, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al configurarse la causal contemplada en el artículo 56, letra a), de la citada ley, por haber suscrito contratos con la Institución los años 2022 y 2023 a través de la empresa “Comercial Automotriz Monkey King SPA”, de la cual es Gerente General y Representante Legal, con 50% de participación, para la reparación de vehículos fiscales de diferentes Unidades y Servicios dependientes de la Prefectura Osorno, Llanquihue, Chiloé, respectivamente, por lo que debió haber presentado su renuncia al empleo en los términos y plazos allí descritos, según se lee del decreto.

Arguye que la causal a que se hace referencia, del artículo 56, letra a), se encuentra tácitamente derogada, por cuanto es improcedente dicha normativa en el caso en particular, pues aduce que el recurrente ya estaba en la institución al momento de realizar gestiones comerciales con ciertas unidades operativas de Carabineros, y la normativa se funda en un requisito de ingreso. Agrega que además el recurrente, en ningún caso suscribió un contrato o caución con la Institución, sino más bien realizó trabajos específicos, en momentos puntuales, más no así formándose una relación laboral permanente entre la sociedad comercial y Carabineros, pues habría accedido a la prestación de servicios por un proceso de licitación pública.

Reconoce que el recurrente es el representante legal de la empresa, pero ello es un hecho público y notorio y no devela ningún ánimo doloso de su parte, y en ningún caso se ha aprovechado de su calidad de funcionario público, lo que además era irrelevante al materializar la licitación, y nunca firmó contrato alguno, según lo ya dicho. Aduce, que por ello, se vulnera el principio de legalidad, pues el acto expulsivo no cumple los presupuestos legales para su procedencia.

Luego, contextualiza el escenario laboral del actor, dice que ingresó a la institución el año 2016, y desde febrero de 2021 se desempeñó en la 4ª Comisaría de Carabineros de Calbuco, donde a fines de ese año se desempeñó como Jefe de la Sección de Investigación Policial, hasta la desvinculación.

Reitera luego que el decreto cuestionado, se funda únicamente en una norma que se encuentra derogada; que tampoco hubo contratos o cauciones dentro del contexto de las licitaciones en las cuales participó, y cumplió rigurosamente los requisitos allí establecidos, careciendo por tanto lo resuelto de sustento normativo lo resuelto, y porque además agrega que la norma de que se trataría analógicamente (lo cual discute), tampoco se satisface porque mensualmente los pagos nunca superaron las 200 UTM. Agrega que además, en el mes de mayo fue notificado de la liberación del servicio, pero nunca se le entregó el documento fundante de dicha determinación, y sólo el día 3 de julio fue notificado del retiro.

En relación a la medida de retiro temporal, refiere que el decreto cuestionado fue emitido por el Coronel nombre reservado, según prerrogativas que tendría el Presidente de la República, previa proposición del General Director de Carabineros, la que en todo caso, estaría justificado tal acto, según lo dispuesto en el artículo 65, letra b), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8, quedando supeditado a lo que se determine en el dictamen del Sumario Administrativo. Por ello, explica, no pudo manifestar disconformidad al ser notificado del decreto o recurrir de éste, mientras no se finiquite el sumario que se instruye. Agrega que, además, en el mismo acto se le notificó que desde esa fecha no le pagarían sus remuneraciones, se dispuso cerrar sus créditos y estado de deudas, pese a que la medida expulsiva no estaba firme o ejecutoriada.

Sostiene que el recurrente está inhabilitado de ejercer las funciones propias del cargo, lo que trajo aparejada la entrega de su uniforme, tarjeta de identificación y cese de funciones, lo que perturba además su grado jerárquico, antigüedad y tiempo de permanencia, y si bien reconoce que la medida de retiro temporal es una facultad discrecional, alude que aquella sería de carácter especialísimo, lo que exige una mayor fundamentación y motivación, conforme artículo 3° de la ley 19.880, lo que no acontece. Lo anterior, argumenta, ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, porque incluso ante casos de funcionarios formalizados y procesados por delitos con pena de crimen, siguen activos y percibiendo sus remuneraciones, pero caprichosamente en su caso se optó por el retiro, fundado además en una normativa derogada. Por otra parte, reclama que se ha conculcado su derecho de propiedad sobre las remuneraciones correspondientes al grado que detenta, así como los demás emolumentos y sistema previsional.

Por lo dicho, pide se deje sin efecto el Decreto RA N°2801553/2023 de fecha 06 de junio de 2023, disponiendo que el recurrente se mantenga en servicio activo en Carabineros de Chile, percibiendo sus remuneraciones, con su grado, cargo y antigüedad a la espera del resultado del sumario administrativo, o en subsidio, se ordene la suspensión del empleo pero sin los efectos de la desvinculación temporal, todo con costas.

Acompaña al recurso, el Acta de Notificación, suscrita por el Coronel de Carabineros señor nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Llanquihue.

A folio N° 4, se declaró admisible la acción y se negó lugar a la orden de no innovar solicitada.

A folio N° 19, evacua informe Jenny Turra Montecinos, abogada por la Prefectura de Carabineros Llanquihue Nro. 25, quien refiere en lo pertinente, que mediante oficio N° 766 del 23 de mayo de 2023, por orden del General Director, se solicitó a la Subsecretaría del Interior, División de Gestión y Modernización de las Policías, la dictación de un decreto que dispusiera el retiro temporal del citado oficial subalterno. Ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 letra a), de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros; 109 letra e), del D.F.L. (ex Interior) N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y 65 letra b), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8.

Lo anterior, indica, se adoptó considerando que el día 01 de mayo del año en curso, el señor Prefecto, al realizar una fiscalización a la 4° Comisaría de Calbuco, se entrevistó con el Comisario, quien le informó haber tomado conocimiento que el recurrente sería parte de una sociedad del rubro automotriz, que prestaría servicios a Carabineros y con dicha información, contrastada en el portal del Servicio de Impuestos Internos, se acreditó que efectivamente era socio en razón de un 50% en la empresa “Comercial Automotriz Monkey SpA”. Posteriormente, y en base a los antecedentes recabados, se realizó una revisión del portal Mercado Público, acreditando que la empresa, “Comercial Automotriz Monkey SpA”, figuraba como proveedor, habiéndose adjudicado procesos de compras ofertados por Carabineros de Chile, por un total de $30.417.003 de pesos, entre los años 2022 y 2023.

Por lo expuesto, explica, mediante oficio 197, el Prefecto de la Prefectura Llanquihue N° 25, da cuenta al Mando de la Zona de Carabineros Los Lagos entregando toda la información recopilada, Alto Mando que, por su parte, remite los antecedentes a la Dirección General de Carabineros, y finalmente, mediante Decreto Exento (Por orden del Presidente de la República) RA N° 280/1553/2023, de 06 de junio de 2023, de la Subsecretaría del Interior, se dispuso el retiro temporal del actor y fue notificado a través de Carta Certificada enviada el 04.07.2023, según da cuenta el Comprobante de Seguimiento Nro. [cuenta reservada], de la empresa Correos de Chile, encontrándose en retiro temporal de las filas de la Institución, a contar del 26 de junio de este año.

Sostiene en primer lugar, la ausencia de un derecho indubitado del actor en los hechos narrados por éste, quien aduce ostentar la calidad de servidor público y corresponderle los derechos que de dicha calidad emanan, pero en la especie no reúne las condiciones legales y reglamentarias para tal fin, evidenciando en definitiva su intención de impugnar los actos administrativos que conllevaron a la dictación de su retiro temporal, lo que no acontece en la especie. Cita en apoyo de su postura, la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 25.121-2015.

Cita la normativa aplicable respecto al retiro temporal, precisando que no constituye una sanción, sino una potestad otorgada a S.E. el Presidente de la República, mediante la cual, previa proposición del General Director, ordena el cese de un determinado Oficial, atribución que debe desligarse de las eventuales sanciones que, a la finalización de un procedimiento sumarial, pudiesen imponerse, sean o no de carácter expulsivas, pues los fundamentos que dan lugar a dicho alejamiento, están supeditados a la valoración de las circunstancias de mérito que realiza el General Director de Carabineros, según lo ha confirmado la Contraloría General de la República a través de los dictámenes Nros. 86.162, de 2016 y 5.082, de 2018, entre otros.

En lo referido a la liberación del servicio, indica que dicha actuación tiene como único objeto comunicar al funcionario la decisión de tramitar su retiro temporal de la institución conforme a lo establecido en la Circular N° 1.847 de 22.05.2020, de la Subdirección General de Carabineros, que actualiza instrucciones sobre “Toma de razón de resoluciones de término de procesos disciplinarios con sanciones expulsivas; liberación del servicio, y aplicación de medidas administrativas”, más no llamarlo a retiro de las filas de la Institución, puesto que tal medida se perfecciona con la tramitación del correspondiente decreto.

Por otra parte, dice que el hecho de instruirse un sumario administrativo, cuya finalidad es determinar responsabilidades por faltas cometidas y aplicar las sanciones respectivas, no impide que se llame a retiro temporal al personal afectado por ese proceso, quedando supeditado éste al sumario administrativo que se encuentra en tramitación. Agrega que el retiro temporal es una medida administrativa, y no disciplinaria, que tiene una condición jurídica propia respecto de lo que se resuelva en el sumario. Reiteró además que carece de un derecho indubitado, cual es la calidad de funcionario público, que contrario a lo alegado por el actor, no entra en su patrimonio como un bien del cual pueda disponer, debiendo cumplir las condiciones legales y reglamentarias para su mantención.

En cuanto al fondo, sostiene que la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, es plenamente aplicable a Carabineros de Chile, tal y como refiere su artículo 1° (con excepción del título II) y en especial lo contenido en el título III “de la Probidad Administrativa”, que en su artículo 52 establece el deber de dar cumplimiento al principio de probidad administrativa. Luego, conforme al artículo 54 letra a) del mismo cuerpo legal, entre las inhabilidades e incompatibilidades administrativas, para ingresar a cargos de la administración del Estado, se indica “a) “Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule”.

Luego, si bien la norma establece la obligación de acreditar no estar afecto a dicha inhabilidad para postular a un cargo de la administración pública, dicha obligación no desaparece una vez que el funcionario ingresa a la administración y ostenta el cargo en propiedad, lo que puede desprenderse del artículo 64 del mismo cuerpo legal, que obliga a declarar las inhabilidades sobrevinientes en el plazo que se indica, presentando además la renuncia al cargo o función, y en caso de incumplimiento será sancionado con la medida disciplinaria de destitución. Es improcedente, por tanto, lo alegado por el actor en el sentido que ya estaba en la Institución al realizar las gestiones comerciales, pues como se desprende de los artículos 7 y 13 del DFL 1-19653, los funcionarios de la Administración del Estado tienen el deber de cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y observar el principio de probidad administrativa, lo que no fue respetado por el recurrente.

Por su parte, en lo relativo a la afirmación que el actor no habría suscrito contratos o cauciones con la institución o que existiría una relación laboral permanente, aclara que en ningún caso la inhabilidad se refiere a algún tipo de relación laboral, que nunca fue considerada, y por otra parte, dice que efectivamente el porcentaje mayoritario de procesos en que tuvo participación el actor fue a través de licitaciones públicas, en ningún caso puede ser considerado como un “concurso público”, sino que es una modalidad de contratación dispuesta en la Ley de Compras, que en este caso culmina con la dictación del acto administrativo que aprueba la adjudicación, por su especial carácter.

Razona, por ello, que efectivamente el ex Teniente de Carabineros al ser parte de la sociedad, fue objeto de una inhabilidad sobreviniente, inhabilidad que, si bien no es de aquellas que indica la Ley 19.886 para poder contratar con la Administración del Estado (lo que queda en evidencia pues no fueron declarados nulos ninguno de los contratos suscritos por la sociedad a la que pertenecía el funcionario), sí es una inhabilidad que afecta su calidad de servidor público, inhabilidad que debió ser declarada e informada por el ex funcionario a su jefatura directa, incluso debiendo haber presentado su renuncia, situación que en la práctica no ocurrió.

Concluye señalando que no se puede afirmar la vulneración de derecho alguno bajo el actuar institucional, toda vez que la determinación adoptada se circunscribió a lo estrictamente dispuesto por el legislador, obrando la jefatura con potestad disciplinaria en todo momento bajo las facultades que le han sido otorgadas, no verificándose agravio alguno, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

A Folio 22, evacua informe nombre reservado, General de Carabineros Zona Los Lagos, quien informa en similares términos a la Prefectura de Carabineros Llanquihue Nro. 25.

En relación a los argumentos formulados por el recurrente, dice que se ha resuelto en fallo de 21.03.2019, en causa Rol N° 32.810–2018, por la Excelentísima Corte Suprema, donde se sustentó la legalidad del Oficio mediante el cual se solicita el decreto que disponga el retiro temporal de determinado Personal de Nombramiento Supremo, en tanto, la medida solicitada ha de estarse a las resultas de un sumario en el que el recurrente tendrá la oportunidad de defenderse y presentar los descargos que estime necesarios a su causa. Luego, dado que no es un acto administrativo terminal, no es posible sostener que sería una sanción disciplinaria.

En relación a la falta de motivación destaca que el procedimiento y la ponderación realizada se encuentra inserta dentro de la esfera de su competencia como una cuestión privativa, sin que sea posible su escrutinio, más cuando no se ha verificado en los hechos, que se haya obrado de tal forma por capricho de la autoridad, sino fundado en el oficio respectivo por orden de la Máxima Autoridad Institucional, se dispuso el retiro temporal de las filas de la Institución a determinado Personal de Nombramiento Supremo hasta la dictación del decreto respectivo. Luego, la ponderación de hechos por la Máxima Autoridad, a la luz del estándar determinado en el artículo 65, letra b), del Reglamento N° 8, permiten solicitar a S.E. el Presidente de la República, la dictación del decreto de retiro temporal, sin que se advierta alguna arbitrariedad en su caso, existiendo además una investigación administrativa en curso respecto de los hechos, resguardándose en forma adecuada la presunción de inocencia que le asiste, en los referidos procedimientos.

Niega de igual modo vulneración al derecho de propiedad, teniendo en consideración el dictamen Nro. 20.316 de 2018, de la Contraloría General de la República y la sentencia del Tribunal Constitucional en causa Rol N° 1.133-08-INA, que dan cuenta más bien del derecho a la continuidad de la función, pero mientras no sobrevenga una causal de cesación en el cargo.

Por otra parte, hace referencia a las inhabilidades sobrevinientes, que se habrían configurado en este caso, y si bien reconoce que no es de aquellas que indica la Ley 19.886 para poder contratar con la Administración del Estado, sí es una inhabilidad que afecta su calidad de servidor público, inhabilidad que debió ser declarada e informada por el ex funcionario a su jefatura directa, incluso debiendo haber presentado su renuncia, situación que en la práctica no ocurrió.

Finalmente, alega la ausencia de derecho indubitado, pues la circunstancia en contra de la cual se recurre, no se condice con los actos administrativos tenidos a la vista y los fundamentos legales que inequívocamente advierten que el oficio que solicita su llamado a retiro temporal de las filas de la Institución, esto es, el Oficio N° 817 de 01.06.2023, de la Dirección Nacional de Personal, fue correctamente confeccionado atendida la finalidad del mismo, esto es, comunicar que la Máxima Autoridad Institucional formó su convicción respecto de los hechos que lo involucraron, requiriendo se tramite su retiro temporal de la Institución.

Acompaña al informe: Orden de Sumario N° 18573/1, de 06.05.2023, de la Zona Carabineros Los Lagos; Acta de Notificación de Liberación de Servicio de Personal de Nombramiento Supremo llamado a Retiro Temporal, de 15.05.2023, de la 4°. Comisaría Calbuco; Decreto Exento RA N° 280/1553/2023, de 06.06.2023, de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Circular N° 1.847 de 22.05.2020, de la Subdirección General.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, en estos autos, don nombre reservado, ha deducido acción de protección de derechos constitucionales en contra del Prefecto de Carabineros de Llanquihue y el General Director de Carabineros de Chile, señalando como acto arbitrario e ilegal, la dictación del decreto que dispuso su retiro temporal de la institución, y el cese del pago de sus remuneraciones y demás emolumentos asociados al cargo.

Señala que dicho actuar es ilegal y arbitrario, puesto que además de hacer referencia el mismo a una norma derogada, niega encontrarse en la situación fáctica alegada de la supuesta inhabilidad sobreviniente, por los fundamentos reseñados latamente en lo expositivo, lo que vulnera el artículo 19 Nº 2 y N° 24 de la Constitución Política, y solicita se deje sin efecto el decreto, disponiendo que se mantenga en servicio activo a la espera del resultado del sumario, o en subsidio, se suspenda el empleo pero sin los efectos de la desvinculación temporal en el pago de sus remuneraciones.

Tercero: Que los recurridos, reclaman que el actor carece de un derecho indubitado, cual es la calidad de funcionario público, pues contrario a lo alegado por éste, no entra en su patrimonio como un bien del cual pueda disponer, debiendo cumplir las condiciones legales y reglamentarias para su mantención, y consecuente pago de sus remuneraciones.

Alegan además, que la determinación de retiro temporal se dispuso dados los antecedentes que daban cuenta de faltas graves a la probidad, al prestar servicios para la institución a través de una empresa de la cual era socio y representante legal, en base a los cuales se dispuso la apertura de un sumario administrativo, en actual tramitación.

Cuarto: Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes documentales que se han allegado, son suficientes para tener por acreditado los siguientes hechos, respecto de los cuales no existe controversia:

Que el mando de la Zona de Carabineros dispuso la instrucción del respectivo Sumario Administrativo, mediante la Orden de Sumario N° 18573/1, del 06 de mayo de 2023, contra el recurrente, por mantener una sociedad automotriz a través de la cual proveyó servicios a Carabineros durante los años 2022 y 2023.

Con posterioridad, el día 15 de mayo del año en curso, fue notificado de la liberación de servicio, hasta la notificación del decreto que disponga su retiro temporal.

Luego, mediante Decreto Exento (Por orden del Presidente de la República) RA N° 280/1553/2023, de 06 de junio del año en curso, de la Subsecretaría del Interior, se dispuso el retiro temporal del actor; el que fue notificado con fecha 03 de julio de 2023.

Quinto: Que, de esta forma, y al tenor del libelo del recurso, corresponde resolver si los recurridos, que han dispuesto el retiro temporal del actor, han incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria con dicha decisión, o durante la tramitación de la misma.

Sexto: Que, el retiro temporal se encuentra regulado en las siguientes normas: En el artículo 109 letra e) del DFL- (I) N° 2, de 1968 que dispone: “Serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales y Personal Civil de Nombramiento Supremo que se encuentran en alguno de los siguientes casos: e) “A quienes el Presidente de Ia República conceda o disponga su retiro a proposición del General Director”. Por su parte en el párrafo 6° del Título Segundo de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, se regula el “Término de la Carrera” estableciéndose que se deja pertenecer a Ia referida institución por retiro o fallecimiento. El retiro puede ser absoluto o temporal, señalando el artículo 40 letra a) que serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales y el Personal Civil de Nombramiento Supremo a quienes el Presidente de República conceda o disponga su retiro a proposición del General Director de Carabineros.

Por otra parte, el Capítulo VIII del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8, que trata sobre “Eliminaciones”, prescribe, en el artículo 65, letra b), que: “No podrán continuar en servicio activo: b) Los que hubieren incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia en las filas sea inconveniente para el prestigio institucional. Las condiciones de retiro, en estos casos, se supeditarán al dictamen del sumario administrativo correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado, que será llamado a retiro temporal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 109°, letra e) del D.F.L. Nº 2, de 17 de octubre de 1968.”

Séptimo: Que, de esta forma, puede concluirse que es la ley que otorga la facultad al Presidente de la República para disponer el retiro de la institución de un funcionario de Carabineros a proposición del General Director, tal como ha ocurrido en la especie, por lo que el acto cuestionado se ajusta en lo formal a la legalidad que regula dicho acto administrativo. Pero además, de la sola lectura del decreto aludido, este también cumple con los requisitos de fundamentación que le exige la Ley N° 19.880, pues previas citas legales, se indican todos los argumentos fácticos que condujeron a adoptar la decisión, en especial en los numerales 1 a 1.5 del referido decreto, lo que lleva a descartar también la arbitrariedad, concebida ésta como una falta de razonabilidad.

Octavo: Que, tal como reconoce el propio recurrente, no impide la facultad de disponer el retiro temporal, la circunstancia de encontrarse pendiente el sumario administrativo que se sustancia en la institución policial y que según consta del punto 2 del decreto que dispone el retiro temporal, puesto que tal como se señala en el mismo decreto en su numeral 6 la decisión de retiro temporal queda supeditada a lo que en definitiva se determine en dicho sumario.

Además es relevante tener presente que para que el actor promueva su alegación por la vía de la acción de protección, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones. No existiendo tal derecho en este caso debido a que existe un sumario en curso que determinará si hay o no responsabilidades y las eventuales sanciones que aplicar.

Noveno: Que, comparten estos sentenciadores lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 2922-2020, en cuanto “…la desvinculación dispuesta antes de concluir el sumario administrativo ordenado instruir, es una facultad especial y, aunque ciertamente inusual en el ámbito del poder público, explicable por la importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste, en relación con la naturaleza y objetivo de sus funciones.

Es relevante reparar en que la mencionada separación no tiene carácter de irreversible, pues queda supeditada, como el mismo artículo 127 citado lo dispone, al resultado final del sumario administrativo que se tramite.

Así, no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la Institución se produce, entre otras causales, “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación del funcionario se producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha de seguirse”.

Décimo: Que, atento a lo razonado precedentemente, no se configura en la especie la actuación ilegal ni arbitraria que se denuncia, por lo que no existe motivo para acoger la presente acción, debiendo desestimarse, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1o y siguientes del Acta No94- 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio N°1, por el abogado Yordan Tavra Morales, a favor de nombre reservado, en contra el Coronel de Carabineros nombre reservado, en su calidad de Prefecto de la Prefectura de Carabineros Llanquihue, y en contra del General Director de Carabineros nombre reservado.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por haber recurrido con motivo plausible.

Redacción a cargo del Ministro don Jorge Pizarro Astudillo.

No firma el Ministro don Jorge Pizarro Astudillo, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con permiso y el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con licencia médica.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección 1149-2023.